Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia, 13382 de 17 de Octubre de 2014

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  • Órgano: Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia
  • Fecha: 17 de Octubre de 2014

Normativa

Resumen

Límite deducible de las cantidades abonadas a las mutualidades de previsión social como régimen alternativo al régimen especial de la Seguridad Social.

Cuestión

El consultante es un abogado en ejercicio que desarrolla la actividad por cuenta propia (como profesional independiente). Según afirma, no se encuentra integrado en la Seguridad Social, sino que tiene la consideración de mutualista de la Mutualidad General de la Abogacía, Mutualidad de Previsión Social a prima fija, la cual actúa como alternativa al Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos de la Seguridad Social. Determina el rendimiento neto de su actividad mediante la modalidad normal del método de estimación directa.

Desea saber cuál es el límite aplicable a las aportaciones que realiza a la Mutualidad General de la Abogacía, de cara al cálculo del rendimiento neto de su actividad económica. Si el previsto en el artículo 27.1 de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (de 4.500 €), o el fijado en la disposición adicional cuadragésima sexta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social (del 50% de la cuota máxima por contingencias comunes establecida, en cada ejercicio, en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos de la Seguridad Social), considerando el carácter de legislación básica que tiene la citada Ley 27/2011, de 1 de agosto, según lo indicado en su disposición final quinta.

Descripción

Con respecto a la cuestión planteada en el escrito de consulta, es de aplicación, en primer lugar, lo dispuesto en el artículo 6 del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco (el Concierto Económico), aprobado mediante la Ley 12/2002, de 23 de mayo, en el que se prevé que: 'Uno. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es un tributo concertado de normativa autónoma. Su exacción corresponderá a la Diputación Foral competente por razón del territorio cuando el contribuyente tenga su residencia habitual en el País Vasco'.

 

De donde se deduce que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es un tributo concertado de normativa autónoma, cuya exacción corresponde a esta Hacienda Foral cuando el contribuyente tenga su residencia habitual en el Territorio Histórico de Bizkaia.

 

Así se recoge en el artículo 2 de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (NFIRPF), según el cual: 'Lo dispuesto en esta Norma Foral será de aplicación a los siguientes obligados tributarios del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 1. A título de contribuyente: a) A las personas físicas que, conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente, tengan su residencia habitual en Bizkaia. (...)'.

 

A todos estos efectos, debe tenerse en cuenta que, tal y como expresamente se señala en su Exposición de Motivos, el marco jurídico-positivo en el que se encuadra el  Concierto Económico tiene su elemento fundamental en la disposición adicional primera de la Constitución, en virtud de la cual se amparan y respetan los derechos históricos de los territorios forales, a la vez que se ordena la actualización general del régimen foral en el marco de la propia Constitución y del Estatuto de Autonomía. En cumplimiento de este mandato constitucional, el Estatuto de Autonomía para el País Vasco aprobado por Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, establece el principio esencial en esta materia, conforme al cual las instituciones competentes de los Territorios Históricos del País Vasco pueden mantener, establecer y regular su propio sistema tributario.

 

Según los datos aportados, el consultante reside en Bizkaia, por lo que debe tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ante esta Hacienda Foral, aplicando lo dispuesto en la NFIRPF y en sus disposiciones de desarrollo, y no lo previsto en la normativa tributaria de territorio común.

 

Aclarado lo anterior, en lo que se refiere específicamente a la pregunta formulada, el artículo 27 de la repetida NFIRPF, correspondiente a la determinación del rendimiento neto en la modalidad normal del método de estimación directa, regula que: 'En la determinación del rendimiento neto mediante la modalidad normal del método de estimación directa serán de aplicación las reglas generales establecidas en el artículo 25 de esta Norma Foral y lo dispuesto en la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades, teniéndose en cuenta, además, las siguientes reglas especiales: 1. No tendrán la consideración de gasto deducible los conceptos a que se refiere el apartado 4 del artículo 31 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades, ni las aportaciones a mutualidades de previsión social del propio empresario o profesional, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 70 de esta Norma Foral. No obstante, tendrán la consideración de gasto deducible las cantidades abonadas en virtud de contratos de seguro concertados con mutualidades de previsión social por profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuando a efectos de dar cumplimiento a la obligación prevista en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, actúen como alternativas al régimen especial de la Seguridad Social mencionado, en la parte que tenga por objeto la cobertura de contingencias cubiertas por la Seguridad Social, con el límite anual de 4.500 euros. (...)'.

 

De manera que, con carácter general, atendiendo a lo indicado en este artículo 27.1 de la NFIRPF, las aportaciones a mutualidades de previsión social del propio empresario o profesional no tienen la consideración de gasto deducible en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sin perjuicio de que puedan ser reducidas de la base imponible general, en los términos establecidos en los artículos 70 y 71 del mismo texto legal.

 

No obstante, sí tienen la consideración de gasto deducible de los rendimientos de actividades económicas, las cantidades abonadas en virtud de contratos de seguro concertados con mutualidades de previsión social por profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuando, a efectos de dar cumplimiento a la obligación prevista en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (en vigor atendiendo a lo indicado en la disposición derogatoria del Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados), las mismas actúen como alternativas al citado régimen especial de la Seguridad Social, en la parte de dichas cantidades que tenga por objeto la cobertura de contingencias cubiertas por la Seguridad Social. Según la normativa actualmente en vigor en el Territorio Histórico de Bizkaia, la deducción de estas aportaciones como gasto de la actividad tiene un límite máximo de 4.500 euros anuales (sin perjuicio de lo señalado en los artículos 70 y siguientes de la NFIRPF, en materia de reducciones por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social).

 

En resumen, esta excepción afecta a profesionales que ejercen una actividad por cuenta propia, para la cual deben estar incorporados a un Colegio Profesional cuyo colectivo no ha sido integrado en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y que han optado por cubrir sus contingencias mediante la contratación de pólizas de seguro con mutualidades de previsión social en lugar de con la Seguridad Social, en los términos y con las condiciones establecidas en la citada disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre.

 

Estas mutualidades de previsión social alternativas al Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos de la Seguridad Social se encuentran reguladas, hoy día, en la disposición adicional cuadragésima sexta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, en vigor desde el pasado 1 de enero de 2013 (según lo previsto en la disposición final duodécima del mismo texto legal), en la que se indica que: '1. Las Mutualidades de Previsión Social que, en virtud de lo establecido en la  Disposición adicional decimoquinta   de la  Ley 30/ 1995, de 8 de noviembre de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, son alternativas al alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos con respecto a profesionales colegiados, deberán ofrecer a sus afiliados, mediante el sistema de capitalización individual y la técnica aseguradora bajo los que operan, de forma obligatoria, las coberturas de jubilación; invalidez permanente; incapacidad temporal, incluyendo maternidad, paternidad y riesgo del embarazo; y fallecimiento que pueda dar lugar a viudedad y orfandad. 2. Las prestaciones que se otorguen por las Mutualidades en su condición de alternativas al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, cuando adopten la forma de renta, habrán de alcanzar en el momento de producirse cualquiera de las contingencias cubiertas a que se refiere el punto anterior, un importe no inferior al 60 por 100 de la cuantía mínima inicial que para la respectiva clase de pensión rija en dicho sistema de la Seguridad Social, o si resultara superior, el importe establecido para las pensiones no contributivas de la Seguridad Social. Si tales prestaciones adoptaran la forma de capital, éste no podrá ser inferior al importe capitalizado de la cuantía mínima establecida para caso de renta. Se considerará, así mismo, que se cumple con la obligación de cuantía mínima de la prestación, si las cuotas a satisfacer por el mutualista, cualesquiera que sean las contingencias contratadas con la Mutualidad alternativa, de entre las obligatorias a que se refiere el punto 1, equivalen al 80 por 100 de la cuota mínima que haya de satisfacerse con carácter general en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 3. Las aportaciones y cuotas que los mutualistas satisfagan a las Mutualidades en su condición de alternativas al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, en la parte que tenga por objeto la cobertura de las contingencias atendidas por dicho Régimen Especial, serán deducibles con el límite del 50 por 100 de la cuota máxima por contingencias comunes que esté establecida, en cada ejercicio económico, en el citado Régimen Especial'.

 

Por otro lado, la disposición final quinta de la citada Ley 27/2011, de 1 de agosto, establece que: 'Esta Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.17.ª  de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, salvo la disposición final primera, que se dicta al amparo del artículo 149.1.7.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación laboral'.

 

A lo que la disposición derogatoria única de la misma Ley 27/2011, de 1 de agosto, añade que: 'Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Ley. (...)'.

 

En el Territorio Histórico de Bizkaia, la deducción de las aportaciones objeto de consulta se encuentra regulada en el artículo 27 de la NFIRPF, el cual no puede considerarse afectado por lo previsto en el apartado 3 de la disposición adicional cuadragésimo sexta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto (aplicable, en su caso, en territorio común), ni por lo señalado en la disposición derogatoria única del mismo texto legal.

 

En lo que se refiere a la disposición final quinta de la repetida Ley 27/2011, de 1 de agosto, relativa al título competencial al amparo del que fue aprobada dicha Ley, debe tenerse en cuenta que la competencia del Estado para dictar el texto legal objeto de consulta sólo se extiende sobre las cuestiones relativas a la Seguridad Social y a la legislación laboral tratadas en el mismo, pero no puede afectar a los aspectos tributarios recogidos en él (como el regulado en el apartado 3 de su disposición adicional cuadragésimo sexta, correspondiente a la deducción de las aportaciones a las mutualidades que nos ocupan).

 

Mutualidades de previsión social
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Trabajador autónomo
Rendimientos netos
Concierto económico
Estimación directa
Residencia habitual en Bizkaia
Gastos deducibles
Estatutos de autonomía
Impuesto sobre sociedades
Empresario individual
Contingencias comunes
Contrato de seguro
Prima fija
Actividades económicas
Residencia habitual
Obligado tributario
Persona física
Mandato
Regímenes Forales
Gastos deducibles IRPF
Base Imponible General
Rendimientos de actividades económicas
Colegios profesionales
Reducciones por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social
Asegurador
Maternidad a efectos laborales
Paternidad
Incapacidad permanente
Viudedad
Orfandad
Colegiado
Incapacidad temporal
Maternidad
Ejercicio económico

Ley 27/2011 de 1 de Ago (Actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 184 Fecha de Publicación: 02/08/2011 Fecha de entrada en vigor: 01/01/2013 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 30/1995 de 8 de Nov (Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 268 Fecha de Publicación: 09/11/1995 Fecha de entrada en vigor: 10/11/1995 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

RDLeg. 6/2004 de 29 de Oct (TR. de la ley de ordenación y supervisión de los seguros privados) DEROGADO PARCIALMENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 267 Fecha de Publicación: 05/11/2004 Fecha de entrada en vigor: 06/11/2004 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

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