Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia, 13421 de 10 de Diciembre de 2014

TIEMPO DE LECTURA:

  • Órgano: Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia
  • Fecha: 10 de Diciembre de 2014

Normativa

Arts. 9, 15, 16, 19, 106, 107, 108 y 109 de la Norma Foral 13/2013, de 29 de diciembre.

Arts. 7, 16, 87 y 88 del Decreto Foral 47/2014, de 8 de abril.

Resumen

IRPF. Rendimientos del trabajo. Despido por causas objetivas. Rentas exentas e irregulares. Retenciones.

Cuestión

La consultante es una asociación sin ánimo de lucro, constituida al amparo de la Ley 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi, y de la Ley Orgánica 1/2012, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, que se dedica a diversas actividades y tareas relacionadas con la cooperación internacional. Prácticamente la totalidad de los recursos económicos con los que cuenta para llevar a cabo sus proyectos proviene de distintas Administraciones públicas. Debido a la crisis económica y a los reajustes que las Administraciones públicas están haciendo en sus presupuestos, ha visto reducidos sus ingresos en alrededor de un 84 por 100. Como consecuencia de lo anterior, ha tenido que ajustar su plantilla. Según informa, la indemnización por despido que va a pagar a los trabajadores afectados por el ajuste será de 30 días por año de servicio, superior a los 20 días establecidos en el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, para los despidos por causas objetivas. Así, el pasado 31 de marzo de 2014, la consultante despidió a uno de sus trabajadores por este motivo, sin llegar a tramitar ningún Expediente de Regulación de Empleo, al no sobrepasar los umbrales fijados para ello en el Estatuto de los Trabajadores. Este despido se llevó a cabo de conformidad con lo dispuesto en la letra e) del artículo 52 del repetido Estatuto de los Trabajadores, relativo a la extinción de los contratos indefinidos concertados por entidades sin ánimo de lucro para la ejecución de planes y programas públicos determinados, sin dotación económica estable y financiados por las Administraciones públicas mediante consignaciones presupuestarias o extrapresupuestarias anuales consecuencia de ingresos externos de carácter finalista, por la insuficiencia de la correspondiente consignación para el mantenimiento de los mismos (de los citados contratos de trabajo).  

Desea conocer si la indemnización por despido abonada se encuentra íntegramente exenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.5 de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aun cuando se haya llevado a cabo al amparo de lo previsto en la letra e) del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, y no en la letra c) del mismo precepto.

Descripción

Con respecto a la cuestión planteada en el escrito de consulta, es de aplicación, en primer lugar, el artículo 15 de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (NFIRPF), de conformidad con el cual: 'Se considerarán rendimientos del trabajo todas las contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que deriven directa o indirectamente del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria del contribuyente y no tengan el carácter de rendimientos de actividades económicas. (...)'.
A lo que el artículo 16 de la misma NFIRPF añade que: 'Se considerarán rendimientos del trabajo de naturaleza dineraria, entre otros, los siguientes: (...) e) Los premios e indemnizaciones derivados de una relación de las enumeradas en el artículo anterior'.
Consecuentemente, la indemnización abonada por el despido o cese de la relación laboral tiene la consideración de rendimiento del trabajo de naturaleza dineraria, y se encuentra sujeta al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
No obstante lo anterior, estos artículos 15 y 16 de la NFIRPF deben ser analizados conjuntamente con lo dispuesto en el artículo 9.5 del mismo texto legal, en el que se recoge que: 'Estarán exentas las siguientes rentas: (...) 5. Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa reglamentaria de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato. Asimismo, estarán exentas las indemnizaciones que, en aplicación del apartado 2 del artículo 103 de la Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi, el socio perciba al causar baja en la cooperativa, en la misma cuantía que la establecida como obligatoria por la normativa laboral para el cese previsto en la letra c) del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos de despidos colectivos realizados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, o extinciones de contratos producidas por las causas previstas en la letra c) del artículo 52 del citado Estatuto, siempre que, en ambos casos, se deban a causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor quedará exenta la parte de indemnización percibida que no supere los límites establecidos con carácter obligatorio en el mencionado Estatuto para el despido improcedente. Con los mismos límites quedarán exentas las cantidades que reciban los trabajadores que, al amparo de un contrato de sustitución, rescindan su relación laboral y anticipen su retiro de la actividad laboral. A los efectos de lo dispuesto en este número, se asimilarán a los despidos colectivos y despidos o ceses por causas objetivas señalados en el párrafo anterior los planes estratégicos de recursos humanos de las Administraciones públicas basados en alguna de las causas previstas en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. El importe de la indemnización exenta establecida en este número no podrá superar la cantidad de 180.000 euros'.
Este precepto se encuentra desarrollado en el artículo 7 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (RIRPF), aprobado mediante Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 47/2014, de 8 de abril, en virtud del que: 'El disfrute de la exención prevista en el número 5 del artículo 9 de la Norma Foral del Impuesto quedará condicionado a la real y efectiva desvinculación del trabajador con la empresa. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que no se da dicha desvinculación cuando en los tres años siguientes al despido o cese, el trabajador vuelva a prestar servicios a la misma empresa o a otra empresa vinculada a aquélla en los términos previstos en el apartado 3 del artículo 42 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades, siempre que en el caso en que la vinculación se defina en función de la relación socio-sociedad la participación sea igual o superior al 25 por 100 o al 5 por 100, si se trata de valores admitidos a negociación en alguno de los mercados regulados de valores definidos en el Título III de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004 relativa a los mercados de instrumentos financieros. La cantidad máxima exenta de 180.000 euros será única por cada despido o cese del trabajador, con independencia de la forma en que se abone la indemnización'.
Por lo tanto, como regla general, las indemnizaciones por despido o cese del trabajador se encuentran exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas hasta la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa reglamentaria de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, y con un máximo por cada despido o cese de 180.000 € (al margen de cómo se abone la indemnización). El disfrute de esta exención queda, no obstante, condicionado a la real y efectiva desvinculación del trabajador con la empresa, en el sentido de lo dispuesto en el artículo 7 del RIRPF.
Sin embargo, en los supuestos de despidos colectivos realizados según lo previsto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, así como de extinciones de contratos producidas por los motivos recogidos en la letra c) del artículo 52 del citado Estatuto, debidos, en ambos casos, a causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor, se halla exenta la parte de la indemnización percibida por el empleado que no supere los límites fijados con carácter obligatorio en el mencionado Estatuto para el despido improcedente, con un máximo de 180.000 € por despido o cese.
A todos estos efectos, el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, define qué debe entenderse por despido colectivo y cuáles son las causas (económicas, técnicas, organizativas, de producción, y de fuerza mayor) que lo justifican. En concreto, dicho precepto determina que: 'A efectos de lo dispuesto en la presente Ley se entenderá por despido colectivo la extinción de contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción cuando, en un período de noventa días, la extinción afecte al menos a: a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores. b) El 10 por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquéllas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores. c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores. Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior. Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado. Se entenderá igualmente como despido colectivo la extinción de los contratos de trabajo que afecten a la totalidad de la plantilla de la empresa, siempre que el número de trabajadores afectados sea superior a cinco, cuando aquél se produzca como consecuencia de la cesación total de su actividad empresarial fundada en las mismas causas anteriormente señaladas. (...) 7. La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de la extinción de los contratos de trabajo, deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de los trabajadores afectados, previo procedimiento tramitado conforme a lo dispuesto en este apartado y en sus disposiciones de desarrollo reglamentario. (...)'.
Por su parte, el artículo 52 del mismo Estatuto de los Trabajadores, relativo a la extinción individual de los contratos por causas objetivas, indica que: 'El contrato podrá extinguirse: a) Por ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad a su colocación efectiva en la empresa. (...) b) Por falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo, cuando dichos cambios sean razonables. (...) c) Cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo 51.1 de esta Ley y la extinción afecte a un número inferior al establecido en el mismo. Los representantes de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en la empresa en el supuesto al que se refiere este apartado. d) Por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el cinco por ciento de las jornadas hábiles, o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un período de doce meses. (...) e) En el caso de contratos por tiempo indefinido concertados directamente por entidades sin ánimo de lucro para la ejecución de planes y programas públicos determinados, sin dotación económica estable y financiados por las Administraciones Públicas mediante consignaciones presupuestarias o extrapresupuestarias anuales consecuencia de ingresos externos de carácter finalista, por la insuficiencia de la correspondiente consignación para el mantenimiento del contrato de trabajo de que se trate. Cuando la extinción afecte a un número de trabajadores igual o superior al establecido en el artículo 51.1 de esta Ley se deberá seguir el procedimiento previsto en dicho artículo'.
De lo regulado en este artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, se deduce que existen dos tipos de causas que justifican los despidos individuales de carácter objetivo: 1) las comprendidas en las letras a), b) y d), relativas al propio trabajador y a su aptitud para el desempeño de las tareas encomendadas; y 2) las recogidas en las letras c) y e), referidas a la situación en la que se encuentra el empleador, sea éste una empresa o una entidad sin ánimo de lucro.
En este último supuesto, de despidos por causas referidas al propio empleador (y no directamente a la aptitud del empleado), si la extinción afecta a un número de trabajadores igual o superior al previsto en el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores, debe tramitarse el oportuno expediente de regulación de empleo, en la medida en que, en ese caso, nos encontramos ante un despido colectivo. Todo ello, con independencia de que los contratos en cuestión se extingan al amparo de lo establecido en la letra c) del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, o de lo dispuesto en la letra e) del mismo precepto.   
De conformidad con todo lo anterior, esta Dirección General entiende que la referencia que efectúa el artículo 9.5 de la NFIRPF a la letra c) del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, debe entenderse igualmente realizada a lo previsto en la letra e) del mismo precepto, toda vez que, en ambos casos, se trata de despidos individuales por causas objetivas no imputables al contribuyente que, si afectaran a un mayor número de trabajadores, exigirían la tramitación del oportuno expediente de regulación de empleo.
Todo ello, en el bien entendido sentido de que el motivo regulado en la letra e) del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores (de insuficiencia de la correspondiente consignación presupuestaria o extrapresupuestaria para el mantenimiento de los contratos de trabajo de que se trate), no constituye sino una causa económica, al menos desde un punto de vista amplio, que justifica la extinción de los citados contratos, circunstancias no imputables a los empleados.
Consecuentemente, esta Dirección General considera que, en los supuestos de extinciones de contratos por los motivos recogidos en la letra e) del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, se encuentra exenta la parte de la indemnización percibida por el empleado que no supere los límites establecidos con carácter obligatorio en el citado Estatuto de los Trabajadores para el despido improcedente, con un máximo adicional de 180.000 €, en los mismos términos y con iguales condiciones que si la extinción se produjera por las causas específicamente reguladas en la letra c) del citado precepto (del citado artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores).
Sobre este particular, el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, prevé, con carácter general (para los contratos indefinidos que no se encuentren sujetos a regulación especial), que: '1. Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización equivalente a treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades. La opción por la indemnización determinará la extinción del contrato de trabajo, que se entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo. (...)'.
Este precepto debe completarse con lo indicado en la disposición transitoria quinta de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma laboral, según la cual: '1. La indemnización por despido prevista en el apartado 1 del artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en la redacción dada por la presente Ley, será de aplicación a los contratos suscritos a partir del 12 de febrero de 2012. 2. La indemnización por despido improcedente de los contratos formalizados con anterioridad al 12 de febrero de 2012 se calculará a razón de 45 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a dicha fecha, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, y a razón de 33 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior, prorrateándose igualmente por meses los períodos de tiempo inferiores a un año. El importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a 720 días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el período anterior al 12 de febrero de 2012 resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a 42 mensualidades, en ningún caso. 3. En el caso de los trabajadores con contrato de fomento de la contratación indefinida, se estará a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Sexta de esta Ley'.
A este respecto, el 10 de febrero de 2012, se aprobó la reforma laboral mediante Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero (ratificada por la citada Ley 3/2012, de 6 de julio), con entrada en vigor el 12 de febrero de ese mismo año. Dicha reforma laboral modificó, entre otras cuestiones, el importe de la indemnización legalmente establecida, con carácter general, para los casos de despido improcedente. No obstante, conforme a lo indicado en la disposición transitoria 5ª, tanto del Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, como de la Ley 3/2012, de 6 de julio, la indemnización por despido improcedente que corresponde a los contratos formalizados con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma (el 12 de febrero de 2012) se calcula a razón de 45 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a dicha fecha (al 12 de febrero de 2012), prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, y a razón de 33 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior, prorrateándose igualmente por meses los períodos de tiempo inferiores a un año. El importe indemnizatorio resultante de estas operaciones no puede ser superior a 720 días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el período anterior al 12 de febrero de 2012 resulte un número de días superior, en cuyo caso se aplica éste como importe indemnizatorio máximo, sin que, en ningún caso, pueda exceder de 42 mensualidades.
Consecuentemente, esta Dirección General entiende que la renta objeto de consulta estará íntegramente exenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en la medida en que su importe no supere el menor de los siguientes importes: a) la cuantía establecida con carácter obligatorio para un supuesto como el planteado en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores y en la disposición transitoria quinta de la Ley 3/2012, de 6 de julio; y b) 180.000 €, con independencia de cómo se abonen.
Las cantidades, en su caso, cobradas por encima de los límites de la exención tienen la consideración de rendimientos del trabajo sujetos al Impuesto, si bien sobre ellas cabe aplicar los porcentajes de integración del 60 ó del 50 por 100 regulados en el artículo 19.2 a) de la NFIRPF, siempre que se perciban en forma de capital, y que el contribuyente haya trabajado durante más de 2 ó 5 años, respectivamente, para la entidad que le despide. La cuantía de los rendimientos sobre los que se pueden aplicar estos porcentajes de integración inferiores al 100% no puede exceder de 300.000 €.  
En concreto, el artículo 19 de la NFIRPF estipula que: '1. El rendimiento íntegro del trabajo estará constituido, con carácter general, por la totalidad de los rendimientos definidos en los artículos anteriores de este Capítulo. 2. No obstante, en los supuestos que se relacionan en este apartado, el rendimiento íntegro del trabajo se obtendrá por la aplicación de los siguientes porcentajes al importe total de los rendimientos definidos en los artículos anteriores de este Capítulo: a) Cuando los rendimientos de trabajo tengan un período de generación superior a dos años y no se obtengan de forma periódica o recurrente, el 60 por 100; este porcentaje será del 50 por 100 en el supuesto de que el período de generación sea superior a cinco años o se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo. El cómputo del período de generación, en el caso de que estos rendimientos se cobren de forma fraccionada, deberá tener en cuenta el número de años de fraccionamiento, en los términos que reglamentariamente se establezcan. La cuantía de los rendimientos sobre los que se aplicará el conjunto de porcentajes de integración inferiores al 100 por 100 a los que se refiere este apartado no podrá superar el importe de 300.000 euros anuales. El exceso sobre el citado importe se integrará al 100 por 100. Cuando se hayan percibido rendimientos a los que sean de aplicación distintos porcentajes de integración inferiores al 100 por 100, a los efectos de computar el límite de 300.000 euros previsto en el párrafo anterior, se considerarán en primer lugar aquéllos a los que correspondan los porcentajes de integración más reducidos. (...)'.
A lo que el artículo 16 del RIRPF añade que: 'La cuantía máxima de 300.000 euros sobre la que se aplicarán los porcentajes de integración inferiores al 100 por 100, a los que se refiere el artículo 19 de la Norma Foral del Impuesto, se computará de manera independiente a cada uno de los siguientes tipos de rendimientos: a) El conjunto de los rendimientos a los que se alude en la letra a) del apartado 2 del artículo 19 de la Norma Foral del Impuesto. b) El conjunto de los rendimientos a los que se alude en las letras b) y c) del apartado 2 del artículo 19 de la Norma Foral del Impuesto'.
En lo que respecta a la obligación de practicar retención sobre los importes abonados, el artículo 107 de la NFIRPF establece que: '1. Estarán obligados a practicar retención e ingreso a cuenta, en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al perceptor, en la cantidad que se determine reglamentariamente y a ingresar su importe en la Diputación Foral en los casos previstos en el Concierto Económico en la forma que reglamentariamente se establezca: a) Las personas jurídicas y entidades, incluidas las entidades en atribución de rentas, que satisfagan o abonen rentas sujetas y no exentas a este Impuesto. (...)'.
Por tanto, la entidad pagadora deberá practicar retención sólo sobre las cantidades abonadas que no se encuentren exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En cuyo caso, si así ocurriera, es decir, si se abonaran cantidades no exoneradas de gravamen, por exceder de los límites de la exención, debería atenderse a lo regulado en el artículo 87 del RIRPF, según el cual: '1. La retención a practicar sobre los rendimientos del trabajo será el resultado de aplicar a la cuantía íntegra de las rentas del trabajo que se satisfagan o abonen el porcentaje que corresponda de los siguientes: a) Con carácter general el que, en función de la cuantía de los rendimientos y de las circunstancias personales del contribuyente, resulte de acuerdo con la tabla e instrucciones contenidas en el artículo siguiente. (...) 2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, si a determinadas rentas del trabajo les resultasen de aplicación los porcentajes a los que se refieren los artículos 19 o 20 de la Norma Foral del Impuesto, la cuantía íntegra de dichas rentas se obtendrá por la aplicación de los citados porcentajes. (...). 4. El porcentaje de retención se calculará teniendo en cuenta las retribuciones dinerarias y en especie tanto fijas como variables que sean previsibles. (...)'.
Por último, el artículo 88 del RIRPF recoge la tabla del porcentaje de retención y las reglas para su aplicación, y en él se establece que: '1. Tabla general de porcentajes de retención. (...) 2. Reglas generales para la aplicación de la tabla: (...) 2.ª El volumen de retribuciones a tener en cuenta para la aplicación de la tabla se determinará en función de la percepción íntegra, teniendo en cuenta las retribuciones dinerarias y en especie que, de acuerdo con las normas o estipulaciones contractuales aplicables y demás circunstancias previsibles, vaya normalmente a percibir el contribuyente en el año natural. La percepción íntegra anual también incluirá tanto las retribuciones fijas como las variables previsibles. Si entre las retribuciones anteriores se incluyese alguna a la que resulte de aplicación lo dispuesto en los artículos 19 o 20 de la Norma Foral del Impuesto, para el cálculo del porcentaje de retención se computará como rendimiento el resultante de aplicar el porcentaje de integración que corresponda de los señalados en los citados artículos. 3.ª El porcentaje de retención así determinado se aplicará a la totalidad de las retribuciones que se abonen o satisfagan. Si entre las retribuciones anteriores se incluyese alguna a la que resulte de aplicación lo dispuesto en los artículos 19 o 20 de la Norma Foral del Impuesto, el porcentaje de retención calculado se aplicará sobre el rendimiento resultante de aplicar el porcentaje que corresponde de los señalados en los citados artículos 19 y 20. Cuando durante el año se produzcan variaciones en la cuantía de las retribuciones, se calculará un nuevo porcentaje teniendo en cuenta las alteraciones producidas. Este nuevo porcentaje se aplicará, exclusivamente, a partir de la fecha en que se produzcan las referidas variaciones. (...)'.
De acuerdo con todo lo anterior, en los supuestos en los que resultan de aplicación los porcentajes de integración del 60 ó del 50 por 100, el tipo de retención se calcula teniendo en cuenta las retribuciones percibidas durante el año y el importe de la indemnización no exenta que deba integrarse efectivamente en la base imponible del Impuesto. El porcentaje de retención así determinado se aplica, igualmente, sobre la cuantía a integrar en la base imponible (es decir, una vez practicada la reducción que corresponda). De modo que los importes exentos y los no integrados en la base imponible, no se tienen en cuenta ni para calcular el porcentaje de retención, ni para fijar la base sobre la que aplicar dicho porcentaje.
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Rendimientos del trabajo
Despido colectivo
Indemnización por despido
Causas económicas
Fuerza mayor
Cese del trabajador
Extinción del contrato de trabajo
Despido improcedente
Entidades sin animo de lucro
Expediente de regulación de empleo
Sociedad cooperativa
Ejecución de la sentencia
Contrato indefinido
Cuantía de la indemnización
Prestación de servicios
Despido por causas objetivas
Derecho de asociación
Sin ánimo de lucro
Jornadas hábiles
Extinción del contrato
Reforma laboral
Rendimientos de actividades económicas
Contraprestación
Premios
Despido individual
Actividad laboral
Prueba en contrario
Impuesto sobre sociedades
Valores admitidos a negociación
Instrumentos financieros
Indemnización por despido improcedente
Causas económicas, técnicas, organizativas y de producción
Causas técnicas
Actividades empresariales
Ineptitud del trabajador
Autoridad laboral
Causas organizativas
Causas de producción
Faltas de asistencia al trabajo

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Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 36 Fecha de Publicación: 11/02/2012 Fecha de entrada en vigor: 12/02/2012 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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DF. 47/2014 de 8 de Abr Bizkaia (Reglamento del IRPF) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial de Bizkaia Número: 76 Fecha de Publicación: 23/04/2014 Fecha de entrada en vigor: 24/04/2014 Órgano Emisor: Departamento De Hacienda Y Finanzas

RDLeg. 1/1995 de 24 de Mar (Estatuto de los Trabajadores) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 75 Fecha de Publicación: 29/03/1995 Fecha de entrada en vigor: 01/05/1995 Órgano Emisor: Ministerio De Trabajo Y Seguridad Social

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