Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia, 5628 de 23 de Abril de 2009

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  • Órgano: Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia
  • Fecha: 23 de Abril de 2009

Normativa

Artículo 9 de la Norma Foral 6/2006, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de Bizkaia

Resumen

Rentas exentas.Pensión por incapacidad permanente del Régimen de Clases Pasivas.

Cuestión

Rentas exentas.Pensión por incapacidad permanente del Régimen de Clases Pasivas. Asimilación a incapacidad permanente total cualificada.La actora es perceptora de una pensión de incapacidad permanente del Régimen de Clases Pasivas, si bien la lesión o enfermedad no le inhabilita por completo para toda profesión u oficio, sino que le inhabilita únicamente para el desempeño de las funciones propias de su Cuerpo, Escala, plaza o carrera, por cuanto no puede asimilarse a efectos del impuesto a las pensiones por invalidez permanente absoluta satisfechas por el Régimen general de la Seguridad Social.No obstante lo anterior, la parte actora supera los 55 años de edad, y no obtiene ningún rendimiento del trabajo personal ajeno a la pensión ni es titular de actividad económica alguna, por cuanto su situación puede asimilarse a la de los pensionistas por incapacidad permanente total cualificada del régimen General de la Seguridad Social. 

Descripción

En la Villa de Bilbao, a 23 de abril de 2009, reunido el Tribunal Económico-administrativo Foral de Bizkaia integrado por los miembros arriba señalados ha adoptado el siguiente

 

ACUERDO

 

Vistas las actuaciones seguidas en la reclamación económico-administrativa n.º 1126/2008, promovida por DOÑA XXX contra Acuerdo del Servicio de Tributos Directos por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2007.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

PRIMERO.- La parte actora presentó en fecha 20 de mayo de 2008 declaración por el concepto y ejercicio anteriormente señalados, en la que consignó una cantidad a devolver de 6443,72 euros.

 

SEGUNDO.- El Servicio de Tributos Directos practicó liquidación provisional en la que rectificó la declaración anteriormente citada, con un resultado final a ingresar de 1232,75 euros.

 

TERCERO.- Contra el citado acuerdo se promueve en fecha 29 de julio de 2008 la presente reclamación económico-administrativa, solicitando la parte actora la rectificación de la liquidación provisional practicada, aportando cuantos documentos estima pertinentes en defensa de su derecho.

 

CUARTO.- En la tramitación de las presentes actuaciones han sido observadas todas las formalidades de procedimiento obligadas.

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 

PRIMERO.- Este Tribunal Económico-administrativo Foral es competente para el conocimiento y la resolución en única instancia de la presente reclamación por aplicación de lo prevenido en los artículos 234 y 236 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, habiendo sido deducida con personalidad bastante y en tiempo hábil a tenor de lo preceptuado en los artículos 238 y 240 de la Norma Foral citada.

 

SEGUNDO.- La cuestión planteada en la presente reclamación equivale a determinar si procede o no exenta la pensión de jubilación Ley 50/84 por Incapacidad Permanente Total percibida por la parte actora.

 

TERCERO.- La contribuyente presenta declaración-liquidación en el que consigna en concepto de ingresos de trabajo personal la cantidad de 4500,00 euros, cantidad que es modificada por la Administración de Tributos Directos que señala en su lugar 36.752,08 euros en base a 'Ingresos de trabajo no consignados por el declarante y/o su cónyuge que constan en esta Hacienda Foral'. La parte actora presenta interpone reclamación económica-administrativa en la que alega que de conformidad con la Norma Foral 6/2006, la citada percepción debe considerarse como exenta al provenir de pensiones por incapacidad total permanente de clases pasivas.

 

CUARTO.- La Norma Foral 6/2006, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de Bizkaia, considera, entre otras, rentas exentas '2. Las prestaciones reconocidas al contribuyente por la Seguridad Social, o por las entidades que la sustituyan, como consecuencia de incapacidad permanente total cualificada de mayores de 55 años, absoluta o gran invalidez.

Asimismo, siempre que se trate de prestaciones por situaciones idénticas a las mencionadas en el párrafo anterior, estarán exentas:

-Las prestaciones reconocidas a los profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativa al régimen especial de la Seguridad Social mencionado.

-Las prestaciones que sean reconocidas a los socios cooperativistas por las entidades de previsión social voluntaria.

En los dos casos previstos en el párrafo anterior, la cuantía exenta tendrá como límite el importe de la prestación máxima que reconozca la Seguridad Social por el concepto que corresponda. El exceso tributará como rendimiento del trabajo, entendiéndose producido, en caso de concurrencia de prestaciones de la Seguridad Social y de las mutualidades o entidades de previsión social voluntaria antes citadas, en las prestaciones de estas últimas.

3. Las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente del régimen de clases pasivas, siempre que la lesión o enfermedad que hubiera sido causa de aquéllas inhabilitara por completo al perceptor de la pensión para toda profesión u oficio'

 

QUINTO.- De conformidad con la documentación obrante en el expediente, la parte actora ha percibido en el ejercicio debatido la cantidad de 32.252,08 euros en concepto pensión de jubilación de Ley 50/84 por incapacidad permanente total, tal y como se desprende del certificado emitido por la Jefa de la Sección de Clases Pasivas, en la delegación de Hacienda de Vizcaya, en funciones.

De la documentación obrante en el expediente se desprende que mediante Resolución de 8 de febrero de 2005, de la Directora de Gestión de Personal, del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, se declara la jubilación por incapacidad permanente total a Dña. XXX. En la citada Resolución se pone de manifiesto que la parte actora se encuentra incapacitada de forma total para el ejercicio de sus funciones.

El Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, aprueba el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado. El citado texto, en su artículo 28 dispone que el hecho causante de las pensiones es la jubilación o retiro del personal correspondiente, pudiendo ser la referida jubilación o retiro, entre otros, 'c) Por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad, que se declarará de oficio o a instancia de parte, cuando el interesado venga afectado por una lesión o proceso patológico, somático o psíquico que esté estabilizado y sea irreversible o de remota o incierta reversibilidad, cuya lesión o proceso le imposibiliten totalmente para el desempeño de las funciones propias de su Cuerpo, Escala, plaza o carrera, de acuerdo con el dictamen preceptivo y vinculante del órgano médico que en cada caso corresponda'.

Están exentas del Impuesto las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente del Régimen de Clases Pasivas, siempre que se cumpla una condición, a saber: que la lesión inhabilite para el ejercicio de toda profesión u oficio.

En tal caso, la exención no está sometida a ningún condicionante añadido, en la medida en que se corresponde con los supuestos de incapacidad permanente absoluta y de gran invalidez del régimen de la Seguridad Social y éste es el tratamiento que reciben en la actualidad las prestaciones consecuencia del acaecimiento de estas contingencias, y siempre y cuando se acredite que el titular de la misma padece una incapacidad que le inhabilita para toda profesión u oficio y no solamente para el desempeño de sus propias tareas funcionariales.

En este sentido se ha manifestado el Tribunal Supremo en su sentencia de fecha 19 de junio de 2003, recurso 1093/1998. La citada sentencia recoge en su fundamento tercero que:

'Importa reproducir la correcta doctrina recogida en las sentencias acabadas de mencionar y enfrentada a la de la sentencia aquí impugnada, en que las Salas de Madrid y Extremadura analizan el alcance de la sentencia constitucional y su incidencia en el supuesto ahora enjuiciado.

En efecto, en la Sentencia de la Sala de Madrid de 14 de noviembre de 1996 se afirma -Fundamento de Derecho Segundo- que «La cuestión planteada ha recibido, como señala el actor, cumplida respuesta en el fallo del Tribunal Constitucional de 22 de julio de 1996 que, como no puede ser de otra forma, la Sala acepta ajustando sus pronunciamientos al contenido del mismo... La decisión del Alto Tribunal anula el precepto cuestionado 'sólo en la medida en que viene a suprimir, únicamente para los funcionarios de las Administraciones Públicas que se hallen en situación de incapacidad permanente absoluta, la exención de dicho Impuesto'.

«Pues bien, la incapacidad permanente absoluta -sigue la sentencia- viene definida en todas las normas vigentes (texto refundido de la Ley de la Seguridad Social aprobado por Decreto de 30 de mayo de 1974, en la actualidad Real Decreto Legislativo de 20 de junio de 1974 y Ley de Seguridad Social de los Funcionarios Públicos de 27 de junio de 1975) como la situación que 'inhabilita por completo al trabajador para toda profesión y oficio'. Sin embargo, la calificación recibida por el actor se hizo de acuerdo con una norma que no requiere dicha situación sino que se ampara en la más amplia de la incapacidad permanente cuya inhabilitación toma como referencia exclusivamente las tareas funcionariales según se desprende del art. 28.2 del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, que aprueba el Texto Refundido de Clases Pasivas. Es cierto, no obstante, que no existe un pronunciamiento contrario a la apreciación de una incapacidad superior -la absoluta- que daría como resultado la exención de la pensión de jubilación, puesto que tal exclusión no se ha producido al no requerirlo el acto jurídico que pretendía -la jubilación por incapacidad- pues para éste era suficiente la parcial, y en este sentido no cabe oponer acto consentido a las pretensiones del actor. No lo es menos sin embargo que el hipotético derecho a la exención del actor nacería de una incapacidad del tipo descrito como absoluto, y que este hecho debió ser probado por el actor en virtud de carga de prueba que le incumbe tal y como señala el art. 114 de la Ley General Tributaria y que dicha prueba se ha omitido en la impugnación de los actos que ahora se examina, razón por la que la Sala no puede sino confirmar los actos impugnados no ya por la legalidad constitucional de las normas aplicadas, criterio que tampoco sostuvo la Sala en los fallos anteriores al pronunciamiento constitucional, sino por falta de acreditación de la circunstancia que haría aplicable la inconstitucionalidad apreciada y opera tanto después del fallo que así lo ha hecho como con anterioridad al mismo, en cuanto determinante de la relevancia de la cuestión de constitucionalidad que en su caso se hubiera planteado.

Por su parte, la Sentencia de la Sala de Extremadura, de 7 de mayo de 1997, añade: «Ello significa que para el Tribunal Constitucional las prestaciones que perciben los funcionarios cuando se encuentran en una situación de incapacidad que les impida ejercer cualquier otra función, profesión u oficio, deben recibir el mismo trato que reciben las pensiones (de) quienes estén en situación de incapacidad permanente absoluta reconocida por la Seguridad Social. Por tanto, de esta declaración de inconstitucionalidad no se van a poder beneficiar todos los funcionarios que se encuentren en una situación de incapacidad permanente, pues la sentencia sólo afecta a los funcionarios públicos, civiles o militares, incluidos en el régimen de clases pasivas perceptores de pensiones de jubilación o de retiro por incapacidad permanente absoluta, interpretada de forma equiparable a la laboral, esto es, cuando exista objetivamente la situación de incapacidad permanente absoluta, pues como apunta la Sentencia del Tribunal Constitucional 134/1996, de 22 de julio, la coherencia del ordenamiento en su conjunto impide 'que el legislador tributario aproveche los desajustes normativos entre los regímenes de protección social de los trabajadores y funcionarios para excluir, siquiera sea parcialmente, sin justificación razonable, a estos últimos del sistema de exenciones previsto en relación con las percepciones por invalidez devengadas'. Esta interpretación ha sido acogida también por el legislador cuando ha dado una nueva redacción al art. 9.c) de la vigente Ley del IRPF, mediante la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales Administrativas y del Orden Social, pues ha precisado que las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente para el servicio de los funcionarios de las Administraciones Públicas están exentas 'siempre que la lesión o enfermedad que hubiere sido causa de las mismas inhabilitare por completo al perceptor de la pensión para toda profesión u oficio', consciente de que en el régimen de clases pasivas sólo se contempla la situación de incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. Pues bien, en el supuesto que estamos enjuiciando, el recurrente no acredita que la inutilidad que padece le inhabilita por completo para toda profesión u oficio, ni siquiera se describen las lesiones sufridas en su día, ya que se ha limitado a manifestar que la inutilidad se produjo en acto de servicio, no habiendo acompañado ni un solo documento acreditativo del tipo de tales lesiones a los efectos pretendidos. En vía administrativa y en esta jurisdiccional, el recurrente ha tenido la posibilidad de proponer y, en su caso, practicar prueba encaminada a ese fin, cosa que no ha hecho, y, por tanto, hemos de considerar que no concurren en el caso que estamos enjuiciando las circunstancias a las que está supeditada la exención, puesto que no se ha probado que la situación del actor es equiparable a una situación de incapacidad permanente absoluta, y, por tanto, nos hallamos ante una renta sobre la que procede practicar la retención correspondiente, a tenor de lo dispuesto en los arts. 98 de igual Ley 41 y siguientes del Reglamento del Impuesto.

 

SEXTO.- A la vista de lo expuesto, no hay duda que si el titular de la pensión de Clases Pasivas acredita que se encuentra inhabilitado para la realización de toda profesión u oficio, la pensión percibida se encuentra exenta de tributación. No obstante, la Norma Foral 6/2006, contempla otro supuesto de exención a los preceptores de pensiones incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social que es las prestaciones reconocidas al contribuyente por la Seguridad Social como consecuencia de incapacidad permanente total cualificada de mayores de 55 años.

El Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba la Ley General de la Seguridad Social, preceptúa en su artículo 137 que '1. La invalidez permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará con arreglo a los siguientes grados:

b) Incapacidad permanente total para la profesión habitual.

2. Se entenderá por profesión habitual, en caso de accidente, sea o no de trabajo, la desempeñada normalmente por el trabajador al tiempo de sufrirlo. En caso de enfermedad común o profesional, aquella a la que el trabajador dedicaba su actividad fundamental durante el período de tiempo, anterior a la iniciación de la incapacidad, que reglamentariamente se determine.

4. Se entenderá por incapacidad permanente total para la profesión habitual la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta'.

Por su parte, el artículo 139.2 de la citada norma dispone que '2. La prestación económica correspondiente a la incapacidad permanente total consistirá en una pensión vitalicia, que podrá excepcionalmente ser sustituida por una indemnización a tanto alzado cuando el beneficiario fuese menor de sesenta años.

Los declarados afectos de incapacidad permanente total para la profesión habitual percibirán la pensión prevista en el párrafo anterior incrementada en el porcentaje que reglamentariamente se determine, cuando por su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales y laborales del lugar de residencia, se presuma la dificultad de obtener empleo en actividad distinta de la habitual anterior.

La cuantía de la pensión de incapacidad permanente total derivada de enfermedad común no podrá resultar inferior al 55 por 100 de la base mínima de cotización para mayores de dieciocho años, en términos anuales, vigente en cada momento'.

Así, englobada en la incapacidad permanente total para la inhabilitación al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de su profesión habitual, siempre que pueda dedicarse a otra distinta, se prevé la incapacidad permanente total cualificada. Se trata de un subtipo de incapacidad permanente total que prevé un incremento de la pensión de un 20% para los trabajadores que por las circunstancias que se expresan a continuación encuentren especiales dificultadas para obtener empleo en una actividad distinta de la habitual anterior: tener 55 o más años; falta de preparación; circunstancias sociales y laborales del lugar de residencia.

La razón de ser de este incremento es que la normativa de Seguridad Social entiende que la persona que rebasa esa edad se encuentra en una situación en la que tiene un más difícil acceso al mercado laboral, y por ello, se entiende que es necesaria una prestación superior.

El Tribunal Constitucional, y a través de lo manifestado en su sentencia número 80/1997, de 21 de abril, considera que para evitar que el personal incluido en el régimen de Clases Pasivas quede en peor posición que los contribuyentes que perciben prestaciones reconocidas por la Seguridad Social o por Entidades que la sustituyan, se entenderá que están exentas las pensiones percibidas por aquéllos en los mismos supuestos y con iguales condiciones que las establecidas para éstos.

La Hacienda Foral de Bizkaia, a la hora de regular esta exención trata de salvaguardar el respeto a la igualdad de situación de los trabajadores por cuenta ajena con los funcionarios, es decir, otorgarles el mismo tratamiento y con los mismos requisitos cuando su situación sea equiparable. Así, si los perceptores de pensiones de incapacidad permanente total de Clases Pasivas, cumplen con las condiciones exigidas para los titulares de las pensiones exentas abonadas por la Seguridad Social, la misma deberá considerarse exenta.

En el supuesto que nos ocupa, y de conformidad con la antecitada Resolución de 8 de febrero de 2005, del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, la reclamante se encuentra incapacitada para ejercicio de sus funciones, sin que haya quedado acreditado su inhabilitación para toda profesión u oficio, por lo que no se puede asimilar a la incapacidad absoluta o gran invalidez reconocida por la Seguridad Social.

No obstante, y dado que a la fecha del devengo del impuesto Dña. XXX es mayor de 55 años, la incapacidad que tiene reconocida por Clases Pasivas se asimilar a la incapacidad permanente total cualificada, por lo que proceda considerarla exenta de tributación, teniendo en cuenta que, la cuantía exenta tendrá como límite el importe de la prestación máxima que reconozca la Seguridad Social por el concepto que corresponda y el exceso tributará como rendimiento del trabajo, accediendo así a la pretensión de la parte actora.

 

Por todo lo cual este Tribunal en sesión celebrada en el día de hoy acuerda ESTIMAR, la presente reclamación económico administrativa, procediendo que por la Oficina Gestora se anule la liquidación provisional practicada, girándose en su lugar la procedente, en la que se considere la cuantía abonada por Clases Pasivas en concepto de incapacidad permanente total, como exenta de tributación, correspondiente al ejercicio 2007, con reconocimiento a favor de la parte actora del derecho a la devolución de las cantidades ingresadas en exceso o a la cancelación del aval bancario en su caso.

 

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Prestación económica
Indemnización a tanto alzado
Residencia
Cuantía de las prestaciones
Accidente
Aval bancario
Trabajador por cuenta ajena
Devengo del Impuesto

LEY 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

RDLeg. 1/1994 de 20 de Jun (TR. de la ley general de la seguridad social) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 154 Fecha de Publicación: 29/06/1994 Fecha de entrada en vigor: 01/09/1994 Órgano Emisor: Ministerio De Trabajo Y Seguridad Social

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