Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia, 5686 de 09 de Julio de 2010

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  • Órgano: Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia
  • Fecha: 09 de Julio de 2010

Normativa

Articulo 9 de la Norma Foral 6/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Resumen

Rentas exentas.

Cuestión

Rentas exentas.Extinción de relación laboral mediante Auto, en expediente concursal tramitado en juzgado de lo mercantil. Las cantidades percibidas por razón de este tipo de extinción de la relación laboral no se hallan exentas del impuesto en su totalidad tal y como pretende la parte actora, sin que la situación descrita pueda asimilarse a las extinciones por razón de despido improcedente, o mediante expediente de regulación de empleo. 

Descripción

En la Villa de Bilbao, a 9 de julio de 2010, reunido el Tribunal Económico-administrativo Foral de Bizkaia integrado por los miembros arriba señalados ha adoptado el siguiente

 

ACUERDO

 

Vistas las actuaciones seguidas en la reclamación económico-administrativa n.º 1381/2009, promovida por D./D.ª XXX, contra Acuerdo del Servicio de Tributos Directos por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2008.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

PRIMERO.- La parte actora presentó en su día declaración por el concepto y ejercicio anteriormente señalados, en la que consignó una cantidad a devolver 4.649,93 euros.

 

SEGUNDO.- El Servicio de Tributos Directos practicó liquidación provisional en la que rectificó la declaración anteriormente citada, con un resultado final a ingresar 159,71 euros.

 

TERCERO.- En 8 de septiembre de 2009 se interpone recurso de reposición contra la mencionada liquidación, recurso que fue estimado en parte por Acuerdo del Servicio de Tributos Directos de 28 de septiembre de 2009, con un resultado final a ingresar 2280,81 euros.

 

CUARTO.- Contra el citado acuerdo se promueve en 6 de noviembre de 2009 la presente reclamación económico-administrativa, solicitando la parte actora la rectificación de la liquidación provisional practicada, aportando cuantos documentos estima pertinentes en defensa de su derecho.

 

QUINTO.- En la tramitación de las presentes actuaciones han sido observadas todas las formalidades de procedimiento obligadas.

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 

PRIMERO.- Este Tribunal Económico-administrativo Foral es competente para el conocimiento y la resolución en única instancia de la presente reclamación por aplicación de lo prevenido en los artículos 234 y 236 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, habiendo sido deducida con personalidad bastante y en tiempo hábil a tenor de lo preceptuado en los artículos 238 y 240 de la Norma Foral citada.

 

SEGUNDO.- La cuestión planteada en la presente reclamación económico-administrativa equivale a determinar el tratamiento que debe otorgarse a determinadas cantidades percibidas por la parte actora por razón de la extinción del contrato formalizado con la empresa ZZZ mediante auto nº AAA de extinción de contratos de trabajo en el expediente concursal BBB dictado por el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid.

 

TERCERO.- De los antecedentes que figuran en el expediente se desprende que en el plazo reglamentariamente establecido al efecto el actor presentó autoliquidación por el concepto y ejercicio señalados, en la que, entre otros rendimientos del trabajo, no declaró unos ingresos dinerarios por importe de 17.177,28 euros abonados por la empresa ZZZ, al considerar que estaban exentas, pero si computó las retenciones efectuadas por la empresa por importe de 4809,64 euros, cantidad que fue eliminada por la Administración tributaria al practicar la correspondiente liquidación provisional.

A este respecto, resulta aclaratorio señalar que, según consta en el Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta, Modelo 190, presentado por la entidad pagadora, la percepción referida fue abonada al actor, habiendo sido declarada bajo la clave A, correspondiente a Trabajadores por cuenta ajena. Asimismo, declara la empresa haber abonado 91.063,20 euros en concepto de Indemnización por cese/despido bajo la clave L, correspondiente a Rentas Exentas.

La parte actora expuso su disconformidad con la actuación de la Administración de Tributos Directos mediante la interposición del correspondiente recurso de reposición, solicitando el computo de 4809,64 en concepto de retenciones y la exención de los ingresos por importe de 17.177,28.

Mediante la práctica de la correspondiente liquidación provisional, la Administración tributaria estimó errónea la calificación efectuada al entender que el citado importe no estaba exento, siendo consecuentemente adicionado al resto de ingresos declarados.

El Servicio de Tributos Directos dictó acuerdo estimatorio del recurso de reposición interpuesto fundamentándolo en la siguiente motivación: 'Al amparo de lo dispuesto en el artículo 16 de la Norma Foral 6/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que hace referencia a los rendimientos de trabajo personal por cuenta ajena.. En el presente caso procede incluir las retenciones, pero tambien los ingresos de 17.177,28 euros abonados por 'ZZZ'.

 

CUARTO.- En la presente instancia el actor se limita a ratificarse en el discurso contenido en su recurso de reposición, añadiendo en el escrito de alegaciones que,

'D. XXX presentó dentro del periodo voluntario declaración de IRPF del ejercicio 2008 con un resultado a devolver de 4.649,33 euros, en dicha autoliquidación se incluían 4.809,64 euros de Retenciones sobre rendimientos de trabajo abonados por la empresa ZZZ, pero se adjuntaba escrito de aclaración indicando que las cantidades abonadas se correspondían con indemnizaciones exentas.

Que la Hacienda Foral de Bizkaia notificó liquidación provisional con un importe a ingresar de 159,71 euros, en la que no computaba ni los rendimientos anteriormente señalados, ni las retenciones efectuadas.

Que con fecha 3 de septiembre de 2009 interpuso recurso de reposición sobre dicha liquidación solicitando que se computasen las retenciones.

Que con fecha 20.10.2009 D. XXX ha sido notificado por correo ordinario de escrito de la Hacienda Foral de Bizkaia cuya copia se adjunta y de notificación sobre estimación del recurso de reposición de la liquidación provisional 08.903516399-37 sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2008 cuya copia se adjunta. En el que se indica que se estiman las alegaciones y se realiza una nueva liquidación por importe a ingresar de 2280,81 euros.(...).

Que lo que se solicita es que la Hacienda Foral de Vizcaya estime el carácter de exenta de la indemnización percibida como ya se ha acreditado documentalmente y que compute las retenciones efectuadas para el calculo de la liquidación de la renta del ejercicio o en su caso, si no computa las retenciones efectuadas y no se estimase esta pretensión que determine que las retenciones efectuadas por ZZZ fueron indebidamente realizadas al tratarse de una indemnización exenta en base a la normativa foral y ordene su devolución al trabajador.(...).

Que junto con la declaración del IRPF del ejercicio 2008 ya se adjunto:

1. Acta del acuerdo del periodo de consultas en la solicitud de contratos de trabajo de ZZZ.

2. Auto nº AAA de extinción de contratos de trabajo en el expediente concursal autos BBB en el que se establece :

- que la antigüedad de D. XXX es de 11/1/1975,

- que su salario día era de 259,76 euros;

- que 45 días por año con el tope de 42 mensualidades es de 490.946,40 (259,76 X 45 días X 42 años )

- y que según los topes indemnizatorios del acuerdo reflejado en el punto 6 su indemnización será de 300.000 euros, inferior a las cantidades anteriormente señaladas y por tanto EXENTA (...)'.

De las manifestaciones del actor se deduce su pretensión de que al complemento salarial por él percibido le sea aplicado el tratamiento fiscal previsto en el articulo 9.4. de la Norma Foral 6/2006, de 29 de diciembre, por el que se declaran exentas determinadas indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores.

Para determinar las cantidades que pudieran resultar exentas en virtud de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 9 de la Norma Foral 6/2006, de 29 de diciembre, debe precisarse que según dispone el artículo únicamente será de aplicación a aquellas cantidades percibidas por los trabajadores cuya relación laboral se hubiera extinguido y en las que concurran, entre otras circunstancias que no se debaten en la presente reclamación económico-administrativa, que tengan su origen en un expediente de regulación de empleo tramitado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y previa aprobación por la autoridad laboral competente, o se haya extinguido la relación laboral en virtud de lo establecido en el artículo 52 c) de dicho Estatuto, siempre que en ambos casos las razones del despido se fundamenten en causas económicas, técnicas o de fuerza mayor.

Y éste constituye precisamente el nudo gordiano de la cuestión planteada en el presente supuesto, a saber, el determinar qué cantidades de las percibidas por la parte actora de la empresa ZZZ mediante auto nº AAA de extinción de contratos de trabajo, en el expediente concursal BBB dictado por el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid, pueden entenderse exentas o no en el ámbito de aplicación establecido en el artículo 9.4 de la Norma Foral 6/2006.

 

QUINTO.- El articulo 9.4. de la Norma Foral 6/2006 dispone que están exentas: 'Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa reglamentaria de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato. Asimismo estarán exentas las indemnizaciones que, en aplicación del artículo 103.2 de la Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi, el socio perciba al causar baja en la cooperativa, en la misma cuantía que la establecida como obligatoria por la normativa laboral para el cese previsto en la letra c) del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores.

Cuando se extinga el contrato de trabajo con anterioridad al acto de conciliación, estarán exentas las indemnizaciones por despido que no excedan de la que hubiera correspondido en el caso de que el mismo hubiera sido declarado improcedente, y no se trate de extinciones de mutuo acuerdo en el marco de planes o sistemas colectivos de bajas incentivadas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, en los supuestos de despido o cese consecuencia de expedientes de regulación de empleo, tramitados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y previa aprobación de la autoridad competente, o producidos por las causas previstas en la letra c) del artículo 52 del citado Estatuto, siempre que, en ambos casos, se deban a causas económicas, técnicas o de fuerza mayor, quedará exenta la parte de indemnización percibida que no supere los límites establecidos con carácter obligatorio en el mencionado Estatuto para el despido improcedente. Con los mismos límites quedarán exentas las cantidades que reciban los trabajadores que, al amparo de un contrato de sustitución, rescindan su relación laboral y anticipen su retiro de la actividad laboral.

A los efectos de lo dispuesto en este número, se asimilarán a los expedientes de regulación de empleo del párrafo anterior los planes estratégicos de recursos humanos de las Administraciones públicas basados en alguna de las causas previstas en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.'

Por su parte el articulo 7 del Decreto Foral 207/2007, de 20 de noviembre , por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establece: 'El disfrute de la exención prevista en el articulo 9.4º de la Norma Foral del Impuesto quedará condicionado a la real y efectiva desvinculación del trabajador con la empresa. Se presumirá salvo prueba en contrario, que no se da dicha desvinculación cuando en los tres años siguientes al despido o cese, el trabajador vuelva a prestar servicios a la misma empresa o a otra empresa vinculada a aquella en los términos previstos en el articulo 16 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades (...)'.

Es preciso señalar que, la empresa donde prestaba sus servicios la parte actora se encontraba intervenida en un procedimiento concursal, por lo que hay que mencionar que el artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal en relación con los contratos de trabajo expone:

'1. Los expedientes de modificación sustancial de las condiciones de trabajo y de suspensión o extinción colectiva de las relaciones laborales, una vez declarado el concurso, se tramitarán ante el juez del concurso por las reglas establecidas en el presente artículo.

2. La administración concursal, el deudor o los trabajadores de la empresa concursada a través de sus representantes legales, podrán solicitar del juez del concurso la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y la extinción o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en que sea empleador el concursado.

3. La adopción de las medidas previstas en el apartado anterior sólo podrá solicitarse del juez del concurso una vez emitido por la administración concursal el informe a que se refiere el capítulo I del título IV de esta Ley, salvo que se estime que la demora en la aplicación de las medidas colectivas pretendidas puede comprometer gravemente la viabilidad futura de la empresa y del empleo o causar grave perjuicio a los trabajadores, en cuyo caso, y con acreditación de esta circunstancia, podrá realizarse la petición al juez en cualquier momento procesal desde la declaración de concurso.

4. La solicitud deberá exponer y justificar, en su caso, las causas motivadoras de las medidas colectivas pretendidas y los objetivos que se proponen alcanzar con éstas para asegurar, en su caso, la viabilidad futura de la empresa y del empleo, acompañando los documentos necesarios para su acreditación.

5. Recibida la solicitud, el juez convocará a los representantes de los trabajadores y a la administración concursal a un período de consultas, cuya duración no será superior a treinta días naturales, o a quince, también naturales, en el supuesto de empresas que cuenten con menos de cincuenta trabajadores.

Si la medida afecta a empresas de más de 50 trabajadores, deberá acompañarse a la solicitud un plan que contemple la incidencia de las medidas laborales propuestas en la viabilidad futura de la empresa y del empleo.

En los casos en que la solicitud haya sido formulada por el empresario o por la administración concursal, la comunicación a los representantes legales de los trabajadores del inicio del período de consultas deberá incluir copia de la solicitud prevista en el apartado 4 de este artículo y de los documentos que en su caso se acompañen.

6. Durante el período de consultas, los representantes de los trabajadores y la administración concursal deberán negociar de buena fe para la consecución de un acuerdo. El acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los miembros del comité o comités de empresa, de los delegados de personal, en su caso, o de las representaciones sindicales, si las hubiere, siempre que representen a la mayoría de aquéllos.

Al finalizar el plazo señalado o en el momento en que se consiga un acuerdo, la administración concursal y los representantes de los trabajadores comunicarán al Juez del concurso el resultado del período de consultas.

Recibida dicha comunicación, el Secretario judicial recabará un informe de la Autoridad Laboral sobre las medidas propuestas o el acuerdo alcanzado, que deberá ser emitido en el plazo de quince días, pudiendo ésta oír a la administración concursal y a los representantes de los trabajadores antes de su emisión. Recibido el informe por el Juez del concurso o transcurrido el plazo de emisión, seguirá el curso de las actuaciones. Si el informe es emitido fuera de plazo, podrá no obstante ser tenido en cuenta por el Juez del concurso al adoptar la correspondiente resolución.

7. Cumplidos los trámites ordenados en los apartados anteriores, el juez resolverá en un plazo máximo de cinco días, mediante auto, sobre las medidas propuestas aceptando, de existir, el acuerdo alcanzado, salvo que en la conclusión del mismo aprecie la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho. En este caso, así como en el supuesto de no existir acuerdo, el Juez determinará lo que proceda conforme a la legislación laboral.

El auto, en caso de acordarse la suspensión o extinción colectiva de los contratos de trabajo, producirá las mismas consecuencias que la resolución administrativa de la Autoridad Laboral recaída en un expediente de regulación de empleo, a efectos del acceso de los trabajadores a la situación legal de desempleo.

8. Contra el auto a que se refiere el apartado anterior cabrá la interposición de recurso de suplicación, así como del resto de recursos previstos en la Ley de Procedimiento Laboral, que se tramitarán y resolverán ante los órganos jurisdiccionales del orden social, sin que ninguno de ellos tenga efectos suspensivos sobre la tramitación del concurso ni de los incidentes concursales.

Las acciones que los trabajadores puedan ejercer contra el auto, en cuestiones que se refieran estrictamente a la relación jurídica individual, se sustanciarán por el procedimiento del incidente concursal. La sentencia que recaiga será recurrible en suplicación.

9. En el supuesto de acordarse una modificación sustancial de carácter colectivo de las previstas en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, el derecho de rescisión de contrato con indemnización que, para tal supuesto reconoce dicha norma legal, quedará en suspenso durante la tramitación del concurso y con el límite máximo de un año desde que se hubiere dictado el auto judicial que autorizó dicha modificación.

La suspensión prevista en el párrafo anterior también será de aplicación cuando se acordare un traslado colectivo que suponga movilidad geográfica, siempre que el nuevo centro de trabajo se encuentre en la misma provincia que el centro de trabajo de origen y a menos de 60 kilómetros de éste, salvo que se acredite que el tiempo mínimo de desplazamiento, de ida y vuelta, supera el 25 % de la duración de la jornada diaria de trabajo.

Tanto en este caso como en los demás supuestos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, la improcedencia del ejercicio de la acción de rescisión derivada de la modificación colectiva de las condiciones de trabajo no podrá prolongarse por un período superior a doce meses, a contar desde la fecha en que se hubiere dictado el auto judicial que autorizó dicha modificación.

10. Las acciones individuales interpuestas al amparo de lo previsto en el artículo 50.1.b del Estatuto de los Trabajadores tendrán la consideración de extinciones de carácter colectivo a los efectos de su tramitación ante el juez del concurso por el procedimiento previsto en el presente artículo, cuando la extinción afecte a un número de trabajadores que supere, desde la declaración del concurso, los límites siguientes:

Para las empresas que cuenten con una plantilla de hasta 100 trabajadores, diez trabajadores. Se entenderá en todo caso que son colectivas las acciones ejercidas por la totalidad de la plantilla de la empresa.

Para las empresas que cuenten con una plantilla de 100 a 300, el 10 % de los trabajadores.

Para las empresas que cuenten con una plantilla de más de 300, el 25 % de los trabajadores.

11. En todo lo no previsto en este artículo se aplicará la legislación laboral y, especialmente, mantendrán los representantes de los trabajadores cuantas competencias les atribuye la misma.'

 

SEXTO.- De toda la normativa expuesta podemos concluir, por lo que a la reclamación se refiere,

1º. El auto por el que se extingue el contrato de la parte actora producirá las mismas consecuencias que la resolución administrativa de la Autoridad Laboral recaída en un expediente de regulación de empleo, exclusivamente, a efectos del acceso a la situación legal de desempleo. (art. 64.7 de la Ley Concursal).

No se puede equiparar la extinción del contrato tramitado en base al articulo 64 de la Ley Concursal al despido improcedente puesto que, por un lado, no cumple los requisitos del articulo 9.4. de la Norma Foral 6/2006 y la norma no ha incluido esta modalidad de extinción de contrato y, por otro lado, la Ley Concursal ha sido taxativa, restringiendo los efectos al hecho de acceder a la situación legal de desempleo.

2º La indemnización exenta que le corresponde de acuerdo con lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores es de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. (259, 76 X 20 días X42 años = 218.198,40 euros) limitado por 12 mensualidades (12 X 30 días X 259,76 euros = 93.513,60 euros), cantidad que ha declarado la empresa en el Resumen Anual de Retenciones e Ingresos a Cuenta como renta exenta, siendo esta la cantidad máxima que puede declarar exenta a efectos de su declaración en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sin perjuicio de que la empresa le abone una cantidad superior que estará sujeta al Impuesto.

 

SÉPTIMO.- Sentado lo anterior, del análisis de la documentación obrante en el expediente se advierte que la extinción de la relación laboral no fue autorizada mediante un Expediente de Regulación de Empleo tal y como alegaba el actor, no habiendo quedado en consecuencia probado que las cantidades percibidas tengan su origen en expediente de regulación alguno. Por otro lado, tampoco ha quedado acreditado que la extinción contractual se produjera al amparo del artículo 52 c) del Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, a tenor del cual el contrato de trabajo podrá extinguirse cuando exista la necesidad objetivamente acreditada de amortizar puestos de trabajo por alguna de las causas previstas en el artículo 51.1 del mismo Real Decreto 1/1995, a saber, económicas, técnicas, organizativas y de producción, y en número inferior al establecido en el mismo, señalando a continuación que a tal efecto el empresario acredite la decisión extintiva en causas económicas, con el fin de contribuir a la superación de las situaciones económicas negativas, o en causas técnicas, organizativas o de producción, para superar las dificultades que impidan el buen funcionamiento de la empresa, ya sea por su posición competitiva en el mercado o por exigencias de la demanda, a través de una mejor organización de los recursos.

De la misma forma, el artículo 53 del propio Estatuto de los Trabajadores prevé el procedimiento y efectos para la aplicación de la extinción del contrato de trabajo por causas objetivas. De conformidad con lo anterior, en el presente caso no puede entenderse que la relación laboral fuera extinguida al amparo del mencionado artículo 52 c) del Estatuto de los Trabajadores, habida cuenta que, en primer lugar, no ha quedado probado que la extinción fuera acordada de forma unilateral por el propio empresario, y no de mutuo acuerdo, y, por otra parte, de las actuaciones tampoco puede presuponerse el cumplimiento de los requisitos procedimentales que deben ser observados para la efectividad de la extinción del contrato de trabajo por causas objetivas, previstos en las letras a), b) y c) del apartado 1 del artículo 53 (comunicación escrita al trabajador expresando la causa del cese, puesta a disposición de determinada indemnización, concesión de determinado plazo de preaviso durante el que el trabajador puede disponer de una licencia de 6 horas semanales para buscar nuevo empleo) y que se configuran como exigencias 'sine qua non' en cuanto que, como señala el propio artículo 53 del Estatuto en su apartado 4º, cuando el empresario no cumpliese los requisitos establecidos en el apartado 1, la decisión extintiva será nula.

En vista de todo ello, este Tribunal, al amparo de lo establecido por los artículos 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y 103 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, donde se establece que en los procedimientos de aplicación de los tributos quien pretenda hacer valer su derecho tiene la carga de probar los hechos constitutivos del mismo, considera que no se han aportado pruebas suficientes para considerar exentas las rentas debatidas en la presente reclamación. Por todo lo expuesto, cabe concluir la improcedencia de acceder a las pretensiones aducidas por la actora en la presente instancia.

 

Por todo lo cual este Tribunal, en sesión celebrada en el día de hoy, acuerda DESESTIMAR la presente reclamación económico administrativa, quedando confirmado en consecuencia el acto administrativo recurrido.

 

Liquidación provisional del impuesto
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Extinción del contrato de trabajo
Expediente de regulación de empleo
Rendimientos del trabajo
Administración concursal
Juez del concurso
Indemnización por despido
Despido improcedente
Representación de los trabajadores
Finalización del período de consultas
Período de consultas
Extinción del contrato
Causas económicas
Cese del trabajador
Fuerza mayor
Sociedad cooperativa
Retenciones e ingresos a cuenta
Modificación sustancial de las condiciones de trabajo
Trabajador por cuenta ajena
Modelo 190. Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta
Representación legal
Autoridad laboral
Complementos salariales
Contrato de Trabajo
Situación legal de desempleo
Autoridad laboral competente
Acto de conciliación
Declaración de concurso
Ejecución de la sentencia
Bajas indemnizadas
Incidente concursal
Actividad laboral
Centro de trabajo
Procedimiento concursal
Prueba en contrario
Impuesto sobre sociedades
Delegado de personal
Buena fe
Iniciación del período de consultas

Ley 1/2000 de 7 de Ene (Enjuiciamiento civil) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 7 Fecha de Publicación: 08/01/2000 Fecha de entrada en vigor: 08/01/2001 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

RDLeg. 2/2015 de 23 de Oct (Estatuto de los Trabajadores) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 255 Fecha de Publicación: 24/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 13/11/2015 Órgano Emisor: Ministerio De Empleo Y Seguridad Social

Real Decreto 439/2007 de 30 de Mar (Reglamento del IRPF y modifica el Real Decreto 304/2004 -Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones-) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 78 Fecha de Publicación: 31/03/2007 Fecha de entrada en vigor: 01/04/2007 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

RDLeg. 1/1995 de 24 de Mar (Estatuto de los Trabajadores) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 75 Fecha de Publicación: 29/03/1995 Fecha de entrada en vigor: 01/05/1995 Órgano Emisor: Ministerio De Trabajo Y Seguridad Social

Decreto 207/2007 de 20 de Nov Bizkaia (el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial de Bizkaia Número: 235 Fecha de Publicación: 03/12/2007 Fecha de entrada en vigor: 04/12/2007 Órgano Emisor: Departamento De Hacienda Y Finanzas

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