Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Gipuzkoa, 25.988 de 24 de Febrero de 2005

TIEMPO DE LECTURA:

  • Órgano: Tribunal Económico-Administrativo Foral de Gipuzkoa
  • Fecha: 24 de Febrero de 2005

Normativa

ART. 19.3.b) NF8/1998.

Resumen

IRPF 2002. BASE IMPONIBLE. RENDIMIENTOS DEL TRABAJO. BONIFICACIÓN POR MINUSVALÍA. Requisitos: ser trabajador activo y padecer minusvalía del 65 por 100. Persona en situación de PREJUBILACIÓN: No es trabajador activo. Se produce un cese del contrato laboral. Se mantiene en el ´regimen general de la Seguridad Social por convenio, como situación asimilada al alta.
DESESTIMAR.

Descripción



SESIÓN: 24 de Febrero de 2005

FALLO: 25.988

En la ciudad de Donostia-San Sebastián, VISTA por el Tribunal Económico-Administrativo Foral la reclamación número 2003/0561 interpuesta por **********, con DNI **********, contra el Acuerdo de la Jefe del Servicio de Gestión de Impuestos Directos de 23 de septiembre de 2003, por el que se desestima la solicitud de rectificación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2002.





ANTECEDENTES DE HECHO


PRIMERO.- Con fecha 12 de noviembre de 2003 se interpuso reclamación económico-administrativa contra el acto de referencia, mediante escrito en el que la parte reclamante solicitaba la práctica de una nueva liquidación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en la que se incorpore la bonificación del 150% prevista para las minusvalías del 65%, reconocida en su caso por el Departamento de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

En este sentido, argumentaba que desde del 1 de noviembre de 1997, mediante acuerdo con la empresa en la que trabajaba, su contrato quedó suspendido al amparo de lo dispuesto en el artículo 45.1.a) del Estatuto de los Trabajadores, y se estableció una asignación anual a percibir por la parte reclamante hasta pasar a la situación de jubilado/pasivo, quedando exonerado de trabajar durante dicho periodo y comprometiéndose a mantener la cotización al Régimen General de la Seguridad Social mediante la suscripción de un Convenio Especial con aquélla, a sufragar por ambas partes en proporción a lo que se contribuía por contingencias comunes a la Seguridad Social con anterioridad al citado acuerdo. Por ello, consideraba que cumplía con las condiciones de trabajador activo, ya que percibía el salario mensualmente, cotizaba en el Régimen General de la Seguridad Social y le aplicaban la tabla general de retenciones igual que a los trabajadores activos, y no la regla específica para los casos de contribuyentes que perciben pensiones, y el contrato con su empresa estaba suspendido por acuerdo mutuo en el que se le exonera la obligación de trabajar.

Asimismo, señalaba que la propia Diputación Foral, en su manual divulgativo publicado en el año 2003, señalaba la procedencia de la bonificación a los trabajadores en activo discapacitados que no sean pensionistas, por lo que considera que, como no es pensionista, debe interpretarse que es trabajador en activo.

SEGUNDO.- Una vez obró en poder de este Tribunal el expediente administrativo, le fue puesto de manifiesto a la parte reclamante, sin que se haya presentado escrito alguno comprensivo de alegaciones adicionales.


VISTO el presente procedimiento por este Tribunal en única instancia, de conformidad con las atribuciones conferidas por la legislación vigente.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


PRIMERO.- Este Tribunal es competente por razón de la materia para conocer de la presente reclamación, conforme a lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento de procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas de 1 de marzo de 1996, habiendo sido interpuesta por persona legitimada y en plazo hábil con arreglo a lo previsto en los artículos 30 del citado Reglamento y 164.1 de la Norma Foral 1/1985, de 31 de enero, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

SEGUNDO.- De los antecedentes se desprende que en la presente reclamación se impugna el Acuerdo de la Jefe del Servicio de Gestión de Impuestos Directos de 23 de septiembre de 2003, por el que se desestima la solicitud de rectificación de la declaración de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2002.

TERCERO.- Del expediente administrativo resulta que la parte reclamante presentó, con fecha 14 de mayo de 2003, la declaración de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2002, bajo la modalidad mecanizada y tipo de tributación conjunta, dando como resultado una liquidación provisional de 2.099,36 euros a devolver.

Con fecha 21 de mayo de 2003, mediante escrito presentado por la parte reclamante, solicitó la practica de una nueva liquidación por el referido impuesto y ejercicio, incorporando la bonificación del 150% prevista para las minusvalías del 65%, al considerar que le corresponde la aplicación del mismo.

Mediante el Acuerdo de la Jefe del Servicio de Gestión de Impuestos Directos de 23 de septiembre de 2003, el Servicio de Gestión del Impuesto desestimó la rectificación solicitada, argumentando que la parte reclamante, en el periodo impositivo afectado, se encuentra en una situación laboral de cese en el servicio activo y que, por tanto, no cumple con los requisitos establecidos en la normativa aplicable para obtener la bonificación de los rendimientos del trabajo pretendida. Este Acuerdo se notificó a la parte reclamante en fecha 30 de octubre de 2003 y constituye el acto impugnado en la presente instancia.

CUARTO.- En la reclamación que nos ocupa hay una única cuestión a resolver, consistente en determinar si el reclamante puede ser considerado como trabajador activo a los efectos de aplicarse la bonificación prevista para los trabajadores minusválidos. Para dilucidar la controversia, debemos acudir a lo dispuesto en la Norma Foral 8/1998, de 24 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cuyo artículo 19.3.b) –en su redacción dada por el artículo 1 de la Norma Foral 9/2000, vigente en el periodo que nos ocupa y, por tanto, aplicable al presente supuesto– dispone que las bonificaciones contempladas en los apartados anteriores se incrementarán en un 150 por 100 para aquellos trabajadores activos discapacitados con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100. Por lo tanto, la cuestión se centra en determinar la situación laboral del interesado en el periodo impositivo que nos ocupa, de manera que si se concluye que dicha situación se define como "trabajador activo" sería procedente la aplicación de la bonificación de los rendimientos del trabajo solicitada en la presente instancia, mientras que si dicha situación laboral no puede definirse como tal, no corresponderá la aplicación de la mencionada bonificación.

A estos efectos, la expresión "trabajador activo" debe entenderse como la prestación de servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona física o jurídica, denominada empleador o empresario. Así se ha pronunciado la Dirección General de Tributos en numerosas resoluciones, entre otras las de fechas 24 de mayo de 2001, 7 de febrero de 2002, 21 de enero de 2003 y 15 de enero de 2004. Por ello, debemos concluir que, por un lado, la percepción de ingresos calificados como rendimientos del trabajo no supone en sí misma esta calificación, y por otro que una persona en situación de prejubilación no puede considerarse como trabajador activo, como expresamente recoge, entre otras, la referida resolución de fecha 24 de mayo de 2001.

Por su parte, el reclamante consideraba que sí se le podía considerar como trabajador activo porque su contrato de trabajo quedó en suspenso, por lo que no puede ser equiparado a un pensionista, pero tal apreciación no puede ser compartida por este Tribunal, puesto que nos encontramos ante una situación de "prejubilación" pactada entre la parte reclamante y su empresa, y a este respecto el Tribunal Supremo, en sentencias de 25 de junio de 2001 y 14 de diciembre de 2001, entre otras, ha señalado que el pacto de prejubilación no establece la suspensión del contrato de trabajo preexistente sino su extinción, sustituyéndolo por otro nuevo contrato regulador de las relaciones entre las propias partes derivadas de la extinción acordada y fomentada por la empleadora con diferencia de efectos para antes o después de que el antiguo empleado se jubile conforme a la normativa de la Seguridad Social. En consecuencia, no nos encontramos ante un contrato de trabajo, sino ante un contrato de otra naturaleza, en cuanto que, a modo de ejemplo, el Tribunal Supremo no admite en las referidas sentencias la posibilidad de un despido para las personas en tal situación de prejubilación.

Debemos añadir que, de acuerdo con el contenido de la documentación aportada por la parte reclamante, la empresa accede a su petición formulada de "cese en el servicio activo con fecha 31 de octubre de 1996" con una serie de condiciones, como se señala en el propio documento de fecha 31 de octubre de 1996, según el cual –condición 1ªÂ– "A partir del día siguiente al de su cese en el servicio activo...", mención repetida en las condiciones 2ª, 4ª, 5ª y 8ª del referido documento, de manera que no cabe duda de que el reclamante no se encuentra en situación de servicio activo.

Por otra parte, debemos aclarar que el artículo 125 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, define las situaciones que se consideran asimiladas a la de alta en el régimen general, entre las cuales (apartado 2) figuran los supuestos de convenio especial, puesto que el cese en el contrato de trabajo supondría también el cese en el alta en la Seguridad Social, motivo por el cual se requiere el referido convenio para mantenerse en el régimen general, con los derechos y obligaciones que ello comporta, tal y como ha señalado el Tribunal Supremo en numerosas sentencias. Ahora bien la situación en este régimen general no implica necesariamente la consideración como trabajador en activo, pues repetimos que esta situación se mantiene por asimilación legal y no por derecho propio derivado de la relación laboral.

En consecuencia, y a la vista de lo expuesto, no cabe sino concluir señalando que la situación laboral de la parte reclamante en el periodo impositivo afectado no es de "trabajador activo" y, por tanto, no cabe aplicar la bonificación solicitada por la parte reclamante.


Por todo ello, procede adoptar la siguiente


RESOLUCIÓN


ESTE TRIBUNAL, reunido en Sala de Reclamaciones de Tributos Concertados, en su sesión del día de la fecha, acuerda DESESTIMAR la reclamación número 2003/0561 interpuesta por **********, con DNI **********, confirmando el Acuerdo de la Jefe del Servicio de Gestión de Impuestos Directos de 23 de septiembre de 2003, por el que se desestima la solicitud de rectificación de la declaración de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2002.
Bonificaciones
Minusvalía
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Régimen General de la Seguridad Social
Impuestos directos
Rendimientos del trabajo
Gestión tributaria
Discapacidad
Prejubilación
Contrato de Trabajo
Discapacitados
Situación asimilada alta Seguridad Social
Servicio activo
Período impositivo
Contingencias comunes
Tributación conjunta
Liquidación provisional del impuesto
Grado de minusvalía
Trabajador por cuenta ajena
Persona física
Prestación de servicios
Suspensión del contrato de trabajo
Alta en la seguridad social
Alta en el Régimen General
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