Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Gipuzkoa, 29.737 de 24 de Febrero de 2011

TIEMPO DE LECTURA:

  • Órgano: Tribunal Económico-Administrativo Foral de Gipuzkoa
  • Fecha: 24 de Febrero de 2011

Normativa

ART. 15.5.a)3ª.a´), 99.1.a) NF8/1998
ART. 18.a)3ª.a´), 108.1.a) NF10/2006
ART. 92.1.a) DF68/2001
ART. 99.1.a) DF137/2007
ART. 184, 186, 188 NF2/2005

Resumen

RETENCIONES a cuenta del IRPF 2006-2009. RENDIMIENTOS DEL TRABAJO. Cantidades traspasadas de la EPSV del fallecido a la EPSV del beneficiario, efectos: Producida la contingencia del fallecimiento del titular, se genera una prestación a favor de su beneficiario sujeta al Impuesto y a su correspondiente retención, al margen de cómo se materialice la percepción. No es uno de los supuestos previstos en la normativa en los que la percepción no se incluye en la base imponible por aportarse a otra EPSV en el plazo de dos meses.
SANCIÓN: No se aprecia la interpretación razonable alegada ni ninguna otra causa de exclusión de responsabilidad.
DESESTIMAR

Descripción


**********


SESIÓN: 24 de Febrero de 2011

RESOLUCIÓN: 29.737

En la ciudad de Donostia-San Sebastián, VISTAS por el Tribunal Económico-Administrativo Foral las reclamaciones acumuladas números 2010/0234 y 2010/0235 interpuestas por D. **********, con DNI **********, en nombre y representación de **********, con NIF **********, contra el Acuerdo de la Subdirectora General de Inspección de fecha 23 de febrero de 2010, por el que dicta el acto de liquidación de Retenciones e Ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de los ejercicios 2006, 2007, 2008 y 2009 (trimestres 1º y 2º), e impone la sanción derivada de dicha liquidación.




ANTECEDENTES DE HECHO


PRIMERO.- Con fecha 29 de marzo de 2010 fueron interpuestas las reclamaciones de referencia, en las que la parte reclamante solicita la puesta de manifiesto del expediente a fin de presentar las correspondientes alegaciones.

SEGUNDO.- Con fecha 12 de abril de 2010 se dictó Providencia en virtud de la cual, al amparo de lo dispuesto en el artículo 236 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se acordó la acumulación de las reclamaciones de referencia.

TERCERO.- Una vez obró en poder de este Tribunal el expediente administrativo, le fue puesto de manifiesto a la parte reclamante, quien en fecha 9 de junio de 2010 presenta escrito de alegaciones en el que solicita que se decrete la improcedencia de la propuesta de liquidación impugnada declarando su nulidad y su ausencia de efecto alguno, así como la improcedencia del expediente sancionador.

En apoyo de su solicitud alega que entiende que en el supuesto de fallecimiento del titular y traslado de una cantidad determinada a otro Plan de Previsión Individual (en adelante PPI) no se produce por parte del beneficiario la percepción de dicha cantidad, sino que se produce un simple traslado de la misma por parte de la Entidad de Previsión Social Voluntaria (en adelante EPSV), de un PPI a otro; y que, por lo tanto, no hay hecho imponible y, en consecuencia, no surge la obligación de retener que la Administración Foral pretende ahora.

En ese sentido, señala que la tributación de las rentas aportadas a una EPSV se produce, por voluntad del legislador, en el sólo momento en que las mismas se perciban junto con la rentabilidad que se genere; que en el presente supuesto esa percepción no se ha producido, ya que cuando fallece el titular del PPI, el beneficiario únicamente lo comunica a la EPSV para que proceda a trasladar el capital a otro PPI de su titularidad, pero sin que en ningún momento tenga en su poder y pueda disponer del mismo; y que las actuaciones que se llevan a cabo son las mismas que se producirían en el caso de que el titular no hubiese fallecido y decidiese trasladar el importe de un PPI a otro, en el que se mantendría el aplazamiento de la tributación hasta el momento en que se percibieran de manera efectiva las cantidades aportadas y la rentabilidad generada.

Entiende además que, de admitirse la liquidación girada por la Diputación Foral de Gipuzkoa, se produciría una doble tributación no admisible en nuestro ordenamiento jurídico tributario, ya que una misma cantidad, la traspasada de un PPI a otro, tributaría en dos momentos distintos: en el momento del fallecimiento y traspaso al nuevo PPI y, más adelante, en el momento posterior en el que el nuevo titular decidiera disponer de dicha cantidad, situación ésta que podría llevar, incluso, al absurdo de que un mismo sujeto pasivo tributase dos veces en el mismo año por una misma cantidad.

Por otra parte, se refiere a la incompatibilidad existente entre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, por la que un mismo incremento de patrimonio no puede quedar gravado por ambos impuestos. Y en este mismo apartado de sus alegaciones, sostiene que en el supuesto de que este Tribunal pueda llegar a desestimar su primera alegación entendiendo que existe percepción, nos encontraríamos ante el supuesto del artículo 18.a) en el párrafo 3º.a´) de la Norma Foral 10/2006, que establece que no se incluirán en la base imponible del Impuesto las cantidades percibidas cuando se aporten íntegramente a otra Entidad de Previsión Social Voluntaria en un plazo no superior a dos meses.

Por último, considera improcedente la sanción impuesta, ya que, además de haber actuado en todo momento de buena fe, ha realizado una interpretación razonable de la norma, siendo ésta una de las causas de exclusión de responsabilidad.


VISTO el presente procedimiento por este Tribunal en única instancia, de conformidad con las atribuciones conferidas por la legislación vigente.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


PRIMERO.- Este Tribunal es competente por razón de la materia para conocer de las presentes reclamaciones acumuladas, conforme a lo dispuesto en el artículo 233 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, habiendo sido interpuestas por persona legitimada y en plazo hábil, con arreglo a lo previsto en los artículos 238 y 240 de la misma Norma Foral.

SEGUNDO.- De los antecedentes se desprende que en las presentes reclamaciones se impugna el Acuerdo de la Subdirectora General de Inspección de fecha 23 de febrero de 2010, por el que dicta el acto de liquidación de Retenciones e Ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de los ejercicios 2006, 2007, 2008 y 2009 (trimestres 1º y 2º), e impone la sanción derivada de dicha liquidación.

TERCERO.- Del expediente administrativo resulta que la ahora reclamante presentó las declaraciones de Retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los ejercicios que nos ocupan, y que posteriormente, con fecha 6 de octubre de 2009, la Subdirección General de Inspección le notificó el inicio del procedimiento de comprobación e investigación y le comunicó que las actuaciones tendrían el carácter parcial y se limitarían a "las operaciones de traspaso de capital de PPI de fallecido a sus beneficiarios". El resultado de estas actuaciones se recoge en el acta de disconformidad número 1000109, incoada el 5 de febrero de 2010, en la que se refleja la propuesta de liquidación de la que resulta una cuota a ingresar por Retenciones e Ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por el concepto de rendimientos del trabajo personal. En el acta se recoge asimismo la propuesta de sanción derivada de la liquidación propuesta, al haber optado la reclamante por la tramitación conjunta del procedimiento de comprobación e investigación y del procedimiento sancionador.

Posteriormente, teniendo en cuenta que la entidad ahora reclamante no presentó alegaciones en el plazo legalmente establecido, en fecha 23 de febrero de 2010 la Subdirectora General de Inspección dictó el Acuerdo ahora impugnado, por el que confirma el acta en cuanto a la cuota tributaria determinada en la regularización propuesta, practica la liquidación de Retenciones e Ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de los ejercicios 2006, 2007, 2008 y 2009 (trimestres 1º y 2º), e impone la sanción en los términos establecidos en la propuesta de sanción.

CUARTO.- La reclamante defiende en la presente reclamación la improcedencia de la liquidación impugnada porque, a su entender, no tenía obligación de practicar las Retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que se le exigen con la misma.

En el acta, que es confirmada por el Acuerdo impugnado, se recoge que el obligado tributario, a petición de los beneficiarios por contingencia de fallecimiento de PPI, efectuó traspasos directos desde los PPI de fallecidos a los de los beneficiarios, sin haber declarado en el modelo 190 a la Hacienda Foral de Gipuzkoa dichos traspasos, ni haber efectuado retención alguna. Se indica asimismo que por dichas operaciones de traspaso, de acuerdo con la normativa fiscal vigente, debía haber efectuado retenciones del trabajo y haberlas ingresado en la Hacienda Foral de Gipuzkoa, ya que los beneficiarios eran residentes guipuzcoanos.

Por lo tanto, la cuestión a analizar en la presente reclamación se centra en determinar si la reclamante tenía o no obligación de practicar retención sobre los importes que han sido traspasados desde un PPI de una persona fallecida a un PPI de su beneficiario.

En relación con la cuestión a analizar, el artículo 99.1 de la Norma Foral 8/1998, de 24 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de aplicación para el ejercicio 2006, dispone que estarán obligados a practicar retención e ingreso a cuenta, en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al perceptor, en la cantidad que se determine reglamentariamente y a ingresar su importe en la Diputación Foral en los casos previstos en el Concierto Económico en la forma que reglamentariamente se establezca, entre otros, las personas jurídicas y entidades, incluidas las entidades en atribución de rentas, que satisfagan o abonen rentas sujetas y no exentas a este Impuesto. Y en el artículo 92 del Decreto Foral 68/2001, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el que se concretan las rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta, se encuentran, en su apartado 1, los rendimientos del trabajo.

Por otra parte, el apartado 5.a) 3ª a´) del artículo 15 de la referida Norma Foral 8/1998, dispone que tendrán la consideración de rendimientos del trabajo, las cantidades percibidas por los socios de número y los beneficiarios de las Entidades de Previsión Social Voluntaria, incluyendo las que se perciban como consecuencia de baja voluntaria o forzosa o de la disolución y liquidación de la entidad o en los supuestos de enfermedad grave y desempleo de larga duración; y que no obstante, no se incluirán en la base imponible del Impuesto las cantidades percibidas como consecuencia de baja voluntaria o forzosa o de la disolución y liquidación de la entidad, cuando las cantidades percibidas se aporten íntegramente a otra Entidad de Previsión Social Voluntaria en un plazo no superior a dos meses.

Por lo que respecta a los ejercicios 2007, 2008 y 2009, los mismos preceptos y con idéntica redacción los encontramos en los artículos 108.1 y 18.a) 3ª a´) de la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y en el artículo 99.1 del Decreto Foral 137/2007, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

La reclamante considera, en contra de lo sostenido por la Inspección, que no hay rendimiento del trabajo sujeto a retención, y ello, en primer lugar, porque considera que los beneficiarios de los PPI no han percibido su importe, toda vez que la totalidad de los mismos han sido traspasados a otros PPI de los que son titulares; y de manera subsidiaria, porque entiende que, en todo caso, debería considerarse que se ha producido el traspaso a otra EPSV en el plazo no superior a dos meses al que se refiere la normativa.

En cuanto a la inexistente percepción alegada por la reclamante, debemos indicar que en el informe ampliatorio emitido por la actuaria en fecha 5 de febrero de 2010, se indica que: "Según el diccionario de la RAE, percibir es recibir algo y encargarse de ello. Desde el momento en el que beneficiario comunica a la EPSV el fallecimiento del partícipe y acredita su condición de beneficiario, está dando los pasos suficientes para que un patrimonio que estaba a nombre del fallecido pase a su propio patrimonio personal. La EPSV cuando pone el capital a disposición del beneficiario, bien en una cuenta bancaria, bien depositado en un PPI (supuesto éste que en la normativa del Gobierno Vasco es denominado "traspaso de capital"), está abonando dicho capital. A partir de ese momento, el patrimonio ya no es titularidad del fallecido, ni de un tercero, sino tan sólo del beneficiario; luego ya ha sido percibido por el beneficiario."

Pues bien, este Tribunal comparte tal conclusión, ya que no debemos olvidar que el origen del importe traspasado es el PPI de una persona que fallece, y que, una vez acaecida la contingencia de fallecimiento de su titular, se genera el derecho a percibir una prestación a favor del beneficiario, lo que implica que, con independencia de cómo se materialice ese derecho, en ese momento el beneficiario adquiere para sí su titularidad. Y así se deduce asimismo de la propia normativa sustantiva, a la que hace referencia el representante de la reclamante ante la Inspección en diligencia de 3 de diciembre de 2009, concretamente de la Circular de 22 de diciembre de 1998, del Director de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco. Así, en el apartado 3 de la misma, dedicado al derecho de opción, tras establecer que los asociados en activo, en el momento de concurrir las contingencias, tendrán el derecho de opción entre continuar en activo o pasar a la situación de pasivo, dispone que "Las pensiones derivadas de muerte y supervivencia serán inmediatamente ejecutivas no poseyendo, en consecuencia, sus beneficiarios la opción que se señala en el apartado anterior". Por lo tanto, no podemos sino concluir que en el momento del fallecimiento del titular se produce el hecho imponible del Impuesto para el beneficiario y, en consecuencia, nace la obligación de retener para la reclamante.

Por otra parte, la reclamante parece entender que, en cualquier caso, aunque se considere que existe percepción, no procede efectuar retención alguna, ya que, al realizar el traspaso a otro PPI los beneficiarios no tendrían que incluir en la base imponible las cantidades percibidas y, por lo tanto, no estarían sujetas a retención; y se refiere al artículo 18.a)3ª a´) de la Norma Foral 10/2006. Sin embargo, debemos precisar que tal previsión normativa únicamente recoge una serie de supuestos en los que las cantidades percibidas de una EPSV no se incluyen en la base imponible cuando se aporten a otra, y no es aplicable por tanto a cualquier percepción de una EPSV. Así es, como hemos visto, las percepciones susceptibles de no integrarse en la base imponible son únicamente las obtenidas como consecuencia de baja voluntaria o forzosa o de la disolución y liquidación de la entidad, por lo que, con base en el precepto invocado por la reclamante, no cabe entender que no proceda incluir en la base imponible las cantidades que aquí nos ocupan, correspondientes a la percepción por parte del beneficiario de la prestación por fallecimiento del titular, con independencia de que mediante traspaso se haya realizado una aportación voluntaria del mismo importe a un plan de previsión individual del que es titular el beneficiario.

Por lo que se refiere a la alegada doble tributación del importe traspasado, en el citado informe ampliatorio de fecha 5 de febrero de 2010 resulta aclarado este extremo, cuando se indica que "al integrar el beneficiario el rendimiento del trabajo derivado del traspaso de las reservas de capital a su propio PPI, se cierra el aplazamiento en la tributación del IRPF que comenzó el fallecido. Pues bien, esta Hacienda reconoce a este beneficiario el derecho a reducir de su Base Imponible del IRPF las reservas que ha trasladado desde PPI del fallecido. Se abre, por tanto, un nuevo aplazamiento de la tributación que se cerrará cuando rescate el capital, o cuando por fallecimiento un nuevo beneficiario perciba dichas reservas. Y se evita así la doble tributación de estas rentas.
Aparte de estas consideraciones -de estricta índole fiscal- se desea remarcar en este informe una consecuencia de estos traspasos; consecuencia que deriva del régimen sustantivo de estos productos financieros. Este régimen está regulado por Ley del Parlamento Vasco y el desarrollo reglamentario compete al Gobierno Vasco. En concreto, la circular de 22 de diciembre de 1998 del Director de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco indica que cuando se produce un traspaso desde un PPI de fallecido al del beneficiario se pierde la antigüedad que tenía el PPI del fallecido, y la antigüedad comenzará a contar desde el momento que el asociado inicia sus aportaciones a una EPSV. Esto es, si el beneficiario abriera expresamente un PPI para trasladar las reservas acumuladas del fallecido debería esperar 10 años –o acreditar alguna de las contingencias- para tener derecho al rescate de las reservas acumuladas. Si ya tenía abierto con anterioridad su propio PPI las reservas trasladadas disfrutarán de la antigüedad del mismo. De alguna manera, se está reconociendo en esta Circular que el importe trasladado al PPI del beneficiario tiene la misma naturaleza que una nueva aportación que debe cumplir sus propios requisitos para poder ser rescatada, lo que casa con el tratamiento fiscal de reducción en la Base Imponible."

En efecto, tal y como hemos señalado anteriormente, fiscalmente se han producido dos operaciones: por un lado, la percepción por parte del beneficiario de la prestación de la EPSV del fallecido que constituye hecho imponible del Impuesto; y por otro, una aportación voluntaria a su propio plan de EPSV susceptible de reducir la base imponible general. En consecuencia, la futura tributación del importe percibido de su propia EPSV será consecuencia de la aportación voluntaria realizada a su PPI, derivada de la propia mecánica del Impuesto, que permite en el momento de la aportación aplicar una reducción en la base imponible del Impuesto, pero que obliga a integrar en su futura base imponible la prestación percibida.

Por último, en cuanto a la alegada incompatibilidad entre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, por la que un mismo incremento de patrimonio no puede quedar gravado por ambos impuestos, debemos indicar que en el presente supuesto no se produce, ya que la prestación percibida de una EPSV no está sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

QUINTO.- Una vez confirmada la liquidación practicada por Retenciones e Ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los ejercicios 2006, 2007, 2008 y 2009 (trimestres 1º y 2º), nos queda por analizar la procedencia de la sanción impuesta que se deriva de la misma, a la que la reclamante se opone por considerar que en todo momento ha actuado de buena fe, realizando una interpretación razonable de la norma.

Al respecto de las infracciones y sanciones tributarias dispone el artículo 188 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, que son infracciones tributarias las acciones y omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas como tales en esta u otra Norma Foral o ley. Y establece el artículo 186 de la misma Norma Foral que serán sujetos infractores las personas físicas y las entidades mencionadas en el apartado 3 del artículo 35 que realicen las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en las Normas Forales o en las leyes. A continuación, el artículo 195.1 dispone que constituye infracción tributaria dejar de ingresar dentro del plazo establecido en la normativa de cada tributo la totalidad o parte de la deuda tributaria que debiera resultar de la correcta autoliquidación del tributo.

En el caso que nos ocupa se ha producido la falta de ingreso por parte de la reclamante de parte de las Retenciones e Ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los periodos regularizados de los ejercicios 2006, 2007, 2008 y 2009, conducta que constituye infracción sancionable de acuerdo con la normativa señalada.

No obstante, la reclamante considera que la sanción no resulta procedente con base en que, según criterio jurisprudencial, toda la materia relativa a infracciones tributarias ha de resolverse desde la perspectiva de los principios de culpabilidad y tipicidad, debiéndose vincular la culpabilidad del sujeto infractor a la circunstancia de que su conducta no se halle amparada por una interpretación jurídica razonable de las normas fiscales aplicables, y concluye que ha actuado en todo momento de buena fe realizando una interpretación razonable de la norma tributaria.

Ante lo alegado por la reclamante, en primer lugar hay que precisar que la concurrencia de buena fe, definida por el Tribunal Supremo como la creencia íntima de que se ha actuado conforme a Derecho y de que se cumplen las obligaciones sin intención engañosa, abusiva o fraudulenta, si bien elimina, en su caso, la culpabilidad por vía de dolo, al faltar el elemento necesario de la voluntariedad, no excluye la culpabilidad a título de simple negligencia, siendo compatible, por tanto, un obrar de buena fe con una actuación imprudente o negligente.

En cuanto a la culpabilidad, hay que indicar que el artículo 184 de la referida Norma Foral 2/2005 establece que las personas físicas o jurídicas y las entidades mencionadas en el apartado 3 del Artículo 35 de esta Norma Foral podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción tributaria cuando resulten responsables de los mismos, y que la actuación de los obligados tributarios se presume realizada siempre de buena fe. Por lo tanto, corresponde a la Administración tributaria la prueba de que concurren las circunstancias que determinan la culpabilidad del infractor en la comisión de infracciones tributarias. En este sentido, existen numerosos pronunciamientos del Tribunal Supremo, a los que precisamente hace referencia el propio Tribunal Supremo en sentencia de 16 de julio de 2002, en la que recuerda el consolidado criterio jurisprudencial, según el cual, toda la materia relativa a infracciones tributarias, como inscritas en el ámbito del Derecho administrativo sancionador, ha de resolverse desde la perspectiva de los principios de culpabilidad y tipicidad, y en la que señala que la tendencia jurisprudencial ha sido la de vincular la culpabilidad del sujeto infractor a la circunstancia de que su conducta no se halle amparada por una interpretación jurídica razonable de las normas fiscales aplicables, tal y como asimismo alega la reclamante. A esta misma tendencia se refiere también la Audiencia Nacional en la más reciente sentencia de 23 de julio de 2007.

En este sentido, también la normativa contempla una serie de supuestos en los que las acciones u omisiones tipificadas no darán lugar a responsabilidad por infracción tributaria. Así, se establece en el apartado 2 del artículo 184 de la citada Norma Foral 2/2005 que las acciones u omisiones tipificadas en las Normas Forales o en las leyes no darán lugar a responsabilidad por infracción tributaria en cinco supuestos: a) Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar en el orden tributario; b) Cuando concurra fuerza mayor; c) Cuando deriven de una decisión colectiva, para quienes hubieran salvado su voto o no hubieran asistido a la reunión en que se adoptó la misma; d) Cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias; y e) Cuando sean imputables a una deficiencia técnica de los programas informáticos de asistencia facilitados por la Administración tributaria para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Por lo que respecta a la diligencia a la que se refiere la letra d), se establece en el propio precepto que, entre otros supuestos, se entenderá que se ha puesto la diligencia cuando el obligado tributario haya actuado amparándose en una interpretación razonable de la norma; y que, en particular, se considerará que la actuación realizada se fundamenta en una interpretación razonable de la norma cuando el contribuyente haya actuado de conformidad con:
a´) Las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Foral, o de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, o con la doctrina emanada de las sentencias del Tribunal Constitucional y con las del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en autos y sentencias respecto de supuestos en los que los hechos y las circunstancias sean sustancialmente iguales.
b´) Los criterios manifestados por la Administración tributaria en:
-Instrucciones contenidas en los modelos y manuales de divulgación para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones;
-en las divulgaciones y comunicaciones a las que se refiere el Artículo 81 de esta Norma Foral;
-o en las contestaciones a consultas tributarias escritas a que se refiere el Artículo 83 de esta Norma Foral, formuladas por otros obligados tributarios, respecto de supuestos en los que los hechos y las circunstancias sean sustancialmente iguales, siempre que dichos criterios no hayan sido modificados.

En relación con esta cuestión se expone en el acta, así como en el informe ampliatorio, lo siguiente: "Según sus manifestaciones, recogidas en la Diligencia del 3 de diciembre de 2009, no efectuó retención por las operaciones objeto de este Acta porque la normativa sustantiva del Gobierno Vasco las califica como traspaso; por ello entendió que no se había devengado el hecho imponible. Sin embargo, la normativa a la que se refiere el obligado tributario es una norma de carácter financiero. En ésta, de ningún modo se determinan las consecuencias tributarias de los negocios jurídicos regulados. Son las Juntas Generales de Gipuzkoa las que fijan las obligaciones tributarias a través de sus Normas Forales. Y compete a esta Hacienda Foral, o en última instancia a los tribunales, la interpretación que debe darse a la normativa fiscal. En el supuesto concreto que nos ocupa esta Hacienda ha comunicado públicamente el criterio dado en esta propuesta de regularización, al igual que lo han hecho las Haciendas Forales de Araba y Bizkaia." Se indica asimismo que "esta actuaria entiende que el obligado tributario, como retenedor que es, al no retener e ingresar la deuda tributaria incumplió la obligación que le correspondía por las operaciones de traspaso directo entre PPI de fallecidos a PPI de los beneficiarios, y que no son de aplicación ninguno de los eximentes en su responsabilidad tributaria recogidos en el artículo 184.2 d) de la NFGT".

Vemos, por tanto, que la actuaria ha apreciado la culpa en la actuación de la reclamante y la ha motivado. Sin embargo, la reclamante no hace mención alguna a las consideraciones expuestas por la actuaria para fundamentar la procedencia de la sanción, y se limita a manifestar que no procede la sanción porque ha realizado una interpretación razonable de la normativa tributaria.

Pues bien, además de que compartimos los argumentos expuestos por la Inspección, debemos indicar que, a juicio de este Tribunal, no nos encontramos ante un supuesto de interpretación razonable de la norma, y tampoco la reclamante aporta ni se refiere a doctrina o criterio, emanado de los Tribunales o de la Administración tributaria, que apoyen su actuación. Es más, tal y como señala la actuaria, existen consultas que recogen el criterio seguido en la regularización efectuada por la Inspección, como por ejemplo la publicada el 28 de septiembre de 2008 en la web tributaria del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Por lo tanto, no podemos encuadrar el caso que nos ocupa en el supuesto de interpretación razonable, ni tampoco puede aplicarse ninguno del resto de supuestos que no dan lugar a responsabilidad recogidos en el referido precepto, en cuanto que no coinciden con la situación analizada en el presente caso.

Por último, podemos hacer referencia a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de fecha 11 de mayo de 2009 que, siguiendo el criterio jurisprudencial que vincula la culpabilidad a la ausencia de interpretación razonable, resuelve que la inexistencia de una interpretación verdaderamente razonable de la norma aplicable pone de manifiesto la falta de diligencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del recurrente, por lo que no aprecia infracción del ordenamiento jurídico que conlleve la anulación del acto sancionador impugnado.

Por lo tanto, dado que la falta de ingreso de las cuotas de Retenciones e Ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que se confirman por este Tribunal en el Fundamento de Derecho anterior, constituye una infracción sancionable de acuerdo con la normativa señalada, y que no se aprecia por este Tribunal que concurra ninguna de las causas de exclusión de responsabilidad previstas en el artículo 184.2 antes referidos, se confirma la procedencia de las sanción impugnada.




Por todo ello, procede adoptar la siguiente







RESOLUCIÓN


ESTE TRIBUNAL, reunido en Sala de Reclamaciones de Tributos Concertados, en su sesión del día de la fecha y con los asistentes que se relacionan en el encabezamiento, acuerda DESESTIMAR las reclamaciones acumuladas números 2010/0234 y 2010/0235 interpuestas por D. **********, con DNI **********, en nombre y representación de **********, con NIF **********, confirmando el Acuerdo de la Subdirectora General de Inspección de fecha 23 de febrero de 2010, así como la liquidación de Retenciones e Ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de los ejercicios 2006, 2007, 2008 y 2009 (trimestres 1º y 2º), y la sanción derivada de la misma.
Traspaso
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF
Rendimientos del trabajo
Buena fe
Infracciones tributarias
Rentabilidad
Liquidación provisional del impuesto
Impuesto sobre sucesiones y donaciones
Obligado tributario
Retenciones IRPF
Planes de previsión
Obligación de retener
Persona física
Expediente sancionador
Derecho de opción
Liquidación girada
Voluntad
Beneficiario de la prestación
Responsabilidad
Acta de disconformidad
Hecho imponible del impuesto
Cuota tributaria
Procedimiento sancionador
Retenciones e ingresos a cuenta
Modelo 190. Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta
Pagos a cuenta
Persona jurídica
Desempleo
Obligaciones tributarias
Cuentas bancarias
Cumplimiento de las obligaciones
Tipicidad
Prestaciones a favor de familiares
Producto financiero
Deuda tributaria
Base imponible IRPF
Base Imponible General
Reducción de la base imponible
Sanciones tributarias

Real Decreto 439/2007 de 30 de Mar (Reglamento del IRPF y modifica el Real Decreto 304/2004 -Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones-) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 78 Fecha de Publicación: 31/03/2007 Fecha de entrada en vigor: 01/04/2007 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

NF. 2/2005 de 8 de Mar Gipuzkoa (General Tributaria) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial de Gipuzkoa Número: 52 Fecha de Publicación: 17/03/2005 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2005 Órgano Emisor: Dfg-diputado General

Decreto 137/2007 de 18 de Dic Guipuzcoa / Gipuzkoa (el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas y se modifica el Decreto Foral 117/1999, de 21 de diciembre, que desarrolla diversas obligaciones de suministro de informacion a la Administracion tributaria) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial de Gipuzkoa Número: 248 Fecha de Publicación: 21/12/2007 Fecha de entrada en vigor: 22/12/2007 Órgano Emisor: Departamento De Diputado General

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