Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Gipuzkoa, 30.890 de 23 de Mayo de 2013

TIEMPO DE LECTURA:

  • Órgano: Tribunal Económico-Administrativo Foral de Gipuzkoa
  • Fecha: 23 de Mayo de 2013

Normativa

ART. 35.1, 64, 65 NF10/2006 ART. 2,3 L29/1994 ART. 41 DF 137/2007 ART. 4 D 316/2002

Resumen

IRPF 2010. ARRENDAMIENTO VIVIENDA. RENTA DEL AHORRO VS RENTA GENERAL. Arrendamiento que no puede encuadrarse en el artículo 2 de la LAU, porque no satisface la necesidad de vivienda del arrendatario, que es una SL, sino una necesidad surgida en el ámbito de su actividad económica por la que la misma deber realojar a unas personas que utilizarán la vivienda como residencia habitual. Es correcta la inclusión en la base general. DESESTIMAR

Descripción


GIPUZKOAKO FORU AUZITEGI EKONOMIKO-ADMINISTRATIBOA
TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO FORAL DE GIPUZKOA


ZERGA ITUNDUEI BURUZKO ERREKLAMAZIO ARETOA
SALA DE RECLAMACIONES DE TRIBUTOS CONCERTADOS

**********

**********
**********
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Reclamación nº:
2011/0996.



RESOLUCIÓN Nº 30890


En Donostia-San Sebastián a 23 de mayo de 2013.

La Sala de Tributos Concertados del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Gipuzkoa, integrada por las personas señaladas en el encabezamiento, ha aprobado la siguiente RESOLUCIÓN en la reclamación número 2011/0996, interpuesta contra el siguiente acto:

Acuerdos de la Jefa del Servicio de Gestión de Impuestos Directos de fecha 2 de noviembre de 2011, por los que se desestiman las instancias de rectificación de las autoliquidaciones correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2010.


Reclamantes:

D. **********D.ª **********


ANTECEDENTES DE HECHO


PRIMERO.- Con fecha 9 de diciembre de 2011 se interpuso la presente reclamación en la que los reclamantes manifiestan su disconformidad con los Acuerdos impugnados y solicitan su anulación, así como la rectificación de las declaraciones por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes al ejercicio 2010.

Manifiestan al respecto que los ingresos por arrendamiento de la vivienda en cuestión deben incluirse en la renta del ahorro, por tratarse del arrendamiento de una vivienda cuyo beneficiario es una persona física, al margen de que quien soporta las obligaciones es una persona jurídica, por asumir esta obligación en el seno de un procedimiento urbanístico expropiatorio, y en su apoyo se refiere a los artículos 2 y 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, concluyendo que el objeto del contrato de arrendamiento no es el ejercicio de actividad alguna de las consignadas en el artículo 3.2, que entiende que clarifica cuáles de los arrendamientos que tengan su objeto en finca urbana habitable no son arrendamientos de vivienda.

Acude también a la exposición de motivos de la Ley de Arrendamientos Urbanos como elemento de interpretación auténtica, destacando el siguiente párrafo: "la regulación sustantiva del contrato de arrendamiento debe partir de una clara diferenciación de trato entre los arrendamientos de vivienda y los destinados a cualquier otro uso distinto del de vivienda, por entender que las realidades económicas subyacentes son sustancialmente distintas y merecedoras, por tanto, de sistemas normativos disímiles que se hagan eco de esa diferencia. En este sentido, al mismo tiempo que se mantiene el carácter tuitivo de la regulación de los arrendamientos de vivienda, se opta en relación con los destinados a otros usos por una regulación basada de forma absoluta en el libre acuerdo de las partes", y considera, según su entender, que las estipulaciones del propio contrato de arrendamiento nos indican que el mismo responde al régimen tuitivo que corresponde al arrendamiento de vivienda y no al de libertad de pactos propios del arrendamiento para usos distintos.

SEGUNDO.- En la sustanciación del procedimiento se han observado los trámites y plazos previstos en la normativa vigente.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


PRIMERO.- Este Tribunal es competente por razón de la materia para conocer de la presente reclamación, conforme a lo dispuesto en el artículo 233 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, habiendo sido interpuesta por personas legitimadas y en plazo hábil, con arreglo a lo previsto en los artículos 238 y 240 de la misma Norma Foral.

SEGUNDO.- Del expediente administrativo resulta que los reclamantes presentaron sus correspondientes declaraciones por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2010, en las que incluyeron en su renta general rendimientos del capital inmobiliario procedentes del arrendamiento de un inmueble sito en la calle **********.

El 7 de julio de 2011 los ahora reclamantes presentaron un escrito de rectificación de sus declaraciones por el citado Impuesto y ejercicio, solicitando que los citados rendimientos se incluyeran entre sus rentas del ahorro, en lugar de entre sus rentas generales. Adjuntaban a dicho escrito un contrato de arrendamiento que, según señalan, rectificaba el anteriormente presentado junto a sus correspondientes declaraciones.

En fecha 2 de noviembre de 2011 el Servicio de Gestión emite los Acuerdos, ahora impugnados, por los que se desestiman las instancias de rectificación, por considerar que, al ser la arrendataria una sociedad limitada, la vivienda no satisface la necesidad permanente del arrendatario.

TERCERO.- La cuestión a dilucidar en la presente reclamación se centra en determinar la procedencia o no de la calificación de renta del ahorro de los rendimientos del capital inmobiliario procedentes del arrendamiento de la vivienda sita en la calle **********.

Al respecto, cabe señalar que el artículo 65 de la Norma Foral 10/2006 establece que constituirán rentas del ahorro los rendimientos del capital inmobiliario procedentes de viviendas a los que se refiere el apartado 1 del artículo 35 de esta Norma Foral. Y este artículo 35.1 establece que se entenderán incluidos en este apartado, exclusivamente, los rendimientos derivados de los considerados como arrendamiento de vivienda en el artículo 2 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

A su vez, el citado artículo 2 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, dispone que se considera arrendamiento de vivienda aquel arrendamiento que recae sobre una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario. El artículo 3 de la misma ley dispone, en su apartado 1, que se considera arrendamiento para uso distinto del de vivienda aquel arrendamiento que, recayendo sobre una edificación, tenga como destino primordial uno distinto del establecido en el artículo anterior; y, en su apartado 2, que, en especial, tendrán esta consideración los arrendamientos de fincas urbanas celebrados por temporada, sea esta de verano o cualquier otra, y los celebrados para ejercerse en la finca una actividad industrial, comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistencial, cultural o docente, cualquiera que sean las personas que los celebren.

Por otra parte, el Decreto Foral 137/2007, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, dispone en su artículo 41 que, a efectos de este Impuesto, se incluyen, entre los rendimientos del capital inmobiliario procedentes de viviendas a que se refiere el artículo 35.1 de la Norma Foral del Impuesto, los rendimientos obtenidos por los titulares de las viviendas o de los derechos reales de usufructo que recaigan sobre las mismas, que se acojan a lo dispuesto en el Decreto 316/2002, de 30 de diciembre, por el que se promueve e impulsa el "Programa de Vivienda Vacía", o que las cedan o alquilen a sociedades que se beneficien del régimen especial de entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas regulado en la normativa del Impuesto sobre Sociedades.

A este respecto, el artículo 4 del citado Decreto 316/2002 establece que la puesta en el mercado de las viviendas vacías a que se refiere el artículo primero del presente Decreto, se realizará con la voluntaria cesión de cada una de ellas por su titular, a favor de Visesa, por cualquier título válido en derecho y plazo no inferior a cinco años, al objeto de que por la mencionada sociedad pública sea posteriormente ofrecida en arrendamiento en los términos del presente Decreto y disposiciones de desarrollo del mismo, y que, alternativamente, cuando las circunstancias así lo aconsejaren, el arrendamiento podrá ser directamente concertado, a propuesta de Visesa y con las mismas condiciones y beneficios del "Programa Vivienda Vacía", entre el titular cedente y el beneficiario.

En el caso analizado en la presente reclamación, consta en el expediente copia del contrato de arrendamiento de la vivienda sita en **********, celebrado el 2 de noviembre de 2009 por los ahora reclamantes y la entidad **********, SL, que recoge en su estipulación 12ª que "La vivienda objeto de este contrato será destinada a residencia habitual de Doña ********** con D.N.I.: ********** y Doña ********** con D.N.I.: **********, sin que puedan darle un uso distinto al expresado". Y esta misma información recoge también el contrato rectificado que aportó la parte reclamante ante el Servicio de Gestión junto a sus instancias de rectificación.

Se constata que el Servicio de Gestión de Impuestos Directos rechaza la aplicación de la calificación de renta del ahorro, por no considerar que el arrendamiento referido se encuadre en el supuesto contemplado en el artículo 2 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, dado que, según señala, al ser la arrendataria una sociedad limitada es obvio que el destino del alquiler no es satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario.

Por el contrario, la parte reclamante pretende que el mencionado arrendamiento quede encuadrado en el citado artículo 35.1 de la Norma Foral 10/2006, al considerarlo incluido en el artículo 2 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, debido a que el inmueble arrendado ha sido destinado a vivienda, aunque quien estaba obligado al pago del arrendamiento fuera una entidad jurídica, entendiendo que en el artículo 3.2 de la citada Ley de Arrendamientos Urbanos se clarifican los arrendamientos que no pueden considerarse arrendamiento de vivienda, entre los que no se encuentra el analizado en la presente reclamación.

A la vista del referido contrato, este Tribunal considera que el objeto de dicho contrato no puede encajar en lo recogido en el artículo 2 de la citada ley, como pretende la parte reclamante, ya que el arrendatario es una sociedad limitada, por lo que, tal y como el Servicio de Gestión señala, resulta evidente que no puede satisfacer su necesidad permanente de vivienda, y la ley es clara al establecer que debe satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario. En este mismo sentido se ha manifestado el Tribunal Económico Administrativo Foral de Bizkaia en Resolución de fecha 19 de noviembre de 2010, en la que concluye que "no cabe considerar que se trate de un arrendamiento de inmueble destinado a satisfacer la necesidad de vivienda del arrendatario, toda vez que éste es una persona jurídica que, por su propia naturaleza, no tiene necesidad alguna de vivienda, cediéndola en uso a otra persona. De todo ello se desprende que, en el presente caso, no se cumple el requisito necesario para su consideración como arrendamiento de vivienda, cual es el que el destino primordial de la vivienda arrendada sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario, conforme a lo dispuesto en el art. 2 de la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos".

A mayor abundamiento, acudiendo al Preámbulo de esta misma Ley 29/1994, nos encontramos con que en su apartado 3 se dice lo siguiente: "La ley abandona la distinción tradicional entre arrendamientos de vivienda y arrendamiento de locales de negocio y asimilados para diferenciar entre arrendamientos de vivienda, que son aquéllos dedicados a satisfacer la necesidad de vivienda permanente del arrendatario, su cónyuge o sus hijos dependientes, y, arrendamientos para usos distintos al de vivienda, categoría ésta que engloba los arrendamientos de segunda residencia, los de temporada, los tradicionales de local de negocio y los asimilados a éstos. Este nuevo categorismo se asienta en la idea de conceder medidas de protección al arrendatario sólo allí donde la finalidad del arrendamiento sea la satisfacción de la necesidad de vivienda del individuo y de su familia, pero no en otros supuestos en los que se satisfagan necesidades económicas, recreativas o administrativas."

En el presente supuesto, la finalidad del contrato de arrendamiento cuya parte arrendataria resulta ser **********, SL no es la de satisfacer la necesidad de vivienda de la parte arrendataria, sino una necesidad surgida en el ámbito de su actividad económica, como, por otra parte, no podía ser de otra manera tratándose de una entidad con ánimo de lucro, como es una sociedad limitada, que en el seno de su actividad ha contraído la obligación de realojar a las personas a las que ofrece la vivienda para su uso como residencia habitual, lo que tiene perfecto encaje en el trascrito artículo 3.1 de la repetida Ley de Arrendamientos Urbanos, el cual, por otra parte, ofrece una enumeración de casos a título de ejemplo, sin ofrecer una lista cerrada, por lo que en todo caso el supuesto analizado en la presente reclamación tendría encaje en el mismo.

En consecuencia, los rendimientos del capital inmobiliario objeto de controversia no tienen cabida en la renta del ahorro regulada en el anteriormente trascrito artículo 65 de la Norma Foral 10/2006, lo que, en virtud del artículo 64 de la misma Norma Foral, nos lleva a concluir que formarán parte de la renta general del Impuesto, tal y como fueron incluidos en las declaraciones por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes al ejercicio 2010 de los ahora reclamantes, por lo que no cabe sino declarar la conformidad a derecho de los Acuerdos impugnados


Por todo ello, procede adoptar la siguiente


RESOLUCIÓN


ESTE TRIBUNAL, reunido en Sala de Reclamaciones de Tributos Concertados, en su sesión del día de la fecha y con los asistentes que se relacionan en el encabezamiento, acuerda DESESTIMAR la reclamación número 2011/0996 interpuesta por D. **********, con NIF**********y D.ª **********, con NIF**********, confirmando los Acuerdos de la Jefa del Servicio de Gestión de Impuestos Directos de fecha 2 de noviembre de 2011, por los que se desestiman las instancias de rectificación de las autoliquidaciones correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2010.
Arrendamiento de vivienda
Arrendatario
Arrendamientos urbanos
Contrato de arrendamiento
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Renta del ahorro
Sociedad de responsabilidad limitada
Rendimiento capital inmobiliario
Renta general
Residencia habitual
Impuestos directos
Gestión tributaria
Fincas Urbanas
Habitabilidad
Actividades económicas
Persona jurídica
Rectificación de la autoliquidación tributaria
Objeto del contrato
Persona física
Libertad de pactos
Arrendamiento para uso distinto de vivienda
Derecho de usufructo
Entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas
Impuesto sobre sociedades
Local comercial
Pago de rentas
Residencia
Ánimo de lucro

Real Decreto 439/2007 de 30 de Mar (Reglamento del IRPF y modifica el Real Decreto 304/2004 -Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones-) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 78 Fecha de Publicación: 31/03/2007 Fecha de entrada en vigor: 01/04/2007 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

NF. 2/2005 de 8 de Mar Gipuzkoa (General Tributaria) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial de Gipuzkoa Número: 52 Fecha de Publicación: 17/03/2005 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2005 Órgano Emisor: Dfg-diputado General

Decreto 137/2007 de 18 de Dic Guipuzcoa / Gipuzkoa (el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas y se modifica el Decreto Foral 117/1999, de 21 de diciembre, que desarrolla diversas obligaciones de suministro de informacion a la Administracion tributaria) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial de Gipuzkoa Número: 248 Fecha de Publicación: 21/12/2007 Fecha de entrada en vigor: 22/12/2007 Órgano Emisor: Departamento De Diputado General

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