Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 000673 de 03 de Marzo de 2004

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  • Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra
  • Fecha: 03 de Marzo de 2004
  • Núm. Resolución: 000673

Resumen

Solicita que se considere que determinada adquisición hereditaria provino de su madre y no de sus hermanos. Cuestión previa: prescripción acaecida en el procedimiento de revisión de actos en vía administrativa: procedencia. Interrupción de la prescripción: no se produce por la presentación de aval. SE DECLARA LA PRESCRIPCIÓN.

Cuestión

Prescripción acaecida en el procedimiento de revisión de actos en vía administrativa.

Contestación

Visto escrito presentado por don BBB, con D.N.I. número ZZ.ZZZ.ZZZ y domicilio en CCC (Navarra), en relación con liquidación girada por el Impuesto sobre Sucesiones.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Mediante escritura otorgada ante la Notario de (...), doña (...), en 30 de diciembre de 1998 (número de protocolo (...)), don BBB aceptó la herencia de su finada madre doña (...), previo fallecimiento de los hermanos del ahora reclamante, don DDD y don AAA.

SEGUNDO.- Presentada dicha escritura a liquidación, dio lugar a la número (...)-99 de la Oficina Liquidadora de Pamplona por el Impuesto sobre Sucesiones, por importe de 6.097.572 pesetas, comprensivo de cuota y honorarios de liquidación. Y contra dicha liquidación viene el interesado a interponer reclamación económico-administrativa ante este Tribunal mediante escrito con fecha de entrada en los registros de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, de 23 de diciembre de 1999, señalando que sus derechos hereditarios no provienen de sus hermanos don AAA y don DDD, ya fallecidos, sino de su madre, puesto que su difunta madre realizó sucesivos llamamientos a favor de sus hijos, quedando el reclamante en último lugar, de modo que accedió a la condición de heredero por fallecimiento de sus hermanos sin haber realizado éstos nombramiento de heredero. Solicita, pues, sea anulada la liquidación practicada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ha de declararse la competencia de este Tribunal Económico-Administrativo Foral para el conocimiento y resolución de la reclamación económico-administrativa interpuesta, dada la naturaleza del acto administrativo impugnado, en virtud de lo que disponen los artículos 154 y 155 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y artículos 18 y 19 del Reglamento del recurso de reposición y de las impugnaciones económico-administrativas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 178/2001, de 2 de julio, habiendo sido formulada la reclamación dentro de plazo y por persona debidamente legitimada al efecto.

SEGUNDO.- Ahora bien: antes de entrar en el conocimiento de las cuestiones planteadas por el interesado en su reclamación, ha de entrarse de oficio en una cuestión previa que puede condicionar la resolución final hasta el punto de hacer innecesario el examen de las cuestiones planteadas por el interesado en su escrito. Y es que resulta que el reclamante presentó su escrito de reclamación en 23 de diciembre de 1999, con lo que al tiempo de adoptarse el presente Acuerdo ya han transcurrido más de cuatro años desde aquella fecha. No obstante, la simple constatación de esta cuestión cronológica no ha de bastar, sin más, para declarar la prescripción de los derechos de la Administración en relación con la deuda tributaria del caso, sino que se hace preciso un estudio más profundo de algunos aspectos directamente relacionados con la eventual declaración de prescripción.

TERCERO.- En primer lugar, se plantea la cuestión del plazo de prescripción aplicable al caso, cuestión que ofrece pocas dudas a la vista del contenido de la Disposición Adicional Primera de la Ley Foral 23/1998, de 30 de diciembre, de modificaciones tributarias, vigente al tiempo de interponerse la reclamación. Dicha norma establece, con carácter general para todos los tributos de la Hacienda Pública de Navarra, que el plazo de prescripción pasa a ser de cuatro años a partir del 1 de julio de 1999.

CUARTO.- Sentado lo anterior, ha de resolverse acerca de la posibilidad de que el instituto de la prescripción juegue en el caso de que el transcurso del plazo de cuatro años se produzca en el marco del procedimiento de revisión de actos en vía administrativa. Es más: debe resolverse también acerca de la eventual aplicación del instituto de la prescripción aun cuando la ejecución del acto impugnado se hallase suspendida por haberse prestado garantía suficiente. A este respecto ha de indicarse que existe abundantísima jurisprudencia del Tribunal Supremo en el sentido de que el mero transcurso del plazo de prescripción sin que el Tribunal Económico-Administrativo competente se haya pronunciado acerca de la cuestión objeto de debate (computándose dicho plazo de prescripción desde que se produzca el último acto interruptivo de la prescripción hasta que se notifique la resolución del Tribunal Económico-Administrativo al interesado) da lugar a que entre en juego este instituto jurídico, incluso en el caso de que la ejecución del acto impugnado se halle suspendida, pues no puede admitirse el argumento favorable a la tesis de hallarse también suspendido el plazo de la prescripción de que "solicitada y obtenida la suspensión de la ejecución de la liquidación inicialmente impugnada por el obligado al pago, se había privado a la Administración interesada de la posibilidad de instar el cobro de la deuda hasta que concluyera", ya que de admitirse tal argumentación se atentaría contra el principio de seguridad jurídica, dejando al simple arbitrio de una de las partes de la relación jurídico-tributaria la efectividad de la institución de la prescripción (la cita corresponde la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 1998, que se fundamenta, a su vez, las de 18 de marzo de 1992, 11 de julio de 1996 y 9 de noviembre de 1998, teniendo en cuenta que existen otras muchas más que se pronuncian en el mismo sentido).

QUINTO.- Por último, debe determinarse si el puro hecho de la interposición del correspondiente aval en garantía de la deuda cuya liquidación se impugnó (y que se produjo en 17 de julio de 2000) dio lugar a la interrupción de la prescripción. A este respecto ha de verse que el Tribunal Supremo tiene dicho, en interpretación de las letras b) y c) del artículo 66.1 de la Ley General Tributaria, que "no cualquier acto tendrá la eficacia interruptiva que en dicho precepto se indica sino sólo los tendencialmente ordenados a iniciar o proseguir los respectivos procedimientos administrativos o que, sin responder meramente a la finalidad de interrumpir la prescripción contribuyan efectivamente a la liquidación, recaudación o imposición de sanción en el marco del Impuesto controvertido" (Sentencia de 6 de noviembre de 1993). Pues bien: hallándonos en el marco del procedimiento de revisión de actos tributarios en vía administrativa, la presentación de un aval en garantía de la deuda objeto de impugnación no es un acto ordenado a la prosecución de dicho procedimiento, con lo que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo antes transcrita, dicho acto de presentación de aval carece de eficacia interruptiva (en similares términos se pronuncia la Sentencia de la Audiencia Nacional de 12 de noviembre de 1996).

Abundando en las anteriores consideraciones, ha de tomarse en consideración el hecho de que en el presente procedimiento de revisión de actos tributarios en vía administrativa lo que se estaba discutiendo era la procedencia de la liquidación, con lo que el derecho en juego era aquel que pretende ostentar la Administración para la práctica de la oportuna liquidación, siendo así que el acto de presentación de aval podría dar lugar, a lo sumo, a la interrupción del plazo de prescripción del cobro de la deuda. Véase, en este sentido, que ya la Sentencia de la Audiencia Nacional de 7 de julio de 1999 tiene dicho que los actos interruptivos de la prescripción del derecho a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación no tienen por qué dar lugar a la interrupción del plazo de prescripción del derecho al cobro por parte de la Administración y viceversa.

Por todo ello, habiéndose interpuesto la reclamación económico-administrativa que es objeto de nuestro examen en 23 de diciembre de 1999 y no habiéndose producido ninguna otra actuación que pueda reputarse interruptiva de la prescripción hasta el momento presente, procede declarar la prescripción de los derechos de la Administración en relación con la deuda tributaria del caso.

Y, en consecuencia, este Tribunal, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, y en examen de reclamación económico-administrativa interpuesta por don BBB contra liquidación número (...)-99 practicada por el Impuesto sobre Sucesiones (Oficina Liquidadora de Pamplona), acuerda declarar la prescripción de los derechos de la Administración Tributaria en relación con la determinación y cobro de la deuda tributaria del caso, por las razones expuestas en la fundamentación del presente Acuerdo.

Plazo de prescripción
Impuesto sobre sucesiones y donaciones
ISD (Impuesto sobre sucesiones y donaciones)
Aval
Interrupción de la prescripción
Liquidación girada
Herencia
Derecho hereditario
Deuda tributaria
Acto administrativo impugnado
Suspensión de la ejecución
Seguridad jurídica
Cobro de la deuda tributaria
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