Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 010577 de 20 de Abril de 2005

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  • Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra
  • Fecha: 20 de Abril de 2005
  • Núm. Resolución: 010577

Resumen

Anulación de la declaración de extemporaneidad realizada por la sección gestora: requisitos para la notificación edictal de la liquidación en caso de imposibilidad de notificación personal: normativa aplicable; exigencia de doble publicación con publicación en tablón de anuncios. Deducción por inversión: no se admite respecto de activos inmateriales (aplicaciones informáticas) ni de obras realizadas en local ajeno. Deducción por creación de empleo: admisión sólo en cuanto a los contratos de duración indefinida acreditada. SE ESTIMA EN PARTE.

Cuestión

1º) Anulación de la declaración de extemporaneidad realizada por la sección gestora. 2º) Requisitos para la notificación edictal de una liquidación. 3º) Deducción por inversión por aplicaciones informáticas y por obras realizadas en local ajeno. 4º) Deducción por creación de empleo y contratos de duración indefinida.

Contestación

Visto escrito presentado por don DDD, en representación de "HHH, S.L.", con C.I.F. número (...) y domicilio en (...), en relación con liquidaciones provisionales giradas por el Impuesto sobre Sociedades correspondientes a los años 1997 y 1998.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La ahora recurrente presentó sus reglamentarias declaraciones-liquidaciones (números (...)/97 y (...)/98) por el Impuesto y años referidos, en 27 de julio de 1998 y 28 de mayo de 1999, respectivamente.

SEGUNDO.- Practicadas liquidaciones provisionales modificativas de dichas declaraciones-liquidaciones y tras alguna vicisitud impugnatoria que dio lugar a su inadmisión por extemporaneidad por la Sección gestora del Impuesto, viene ahora la interesada a interponer reclamación económico-administrativa ante este Tribunal, mediante escrito con fecha de entrada en el Departamento de Economía y Hacienda de 30 de octubre de 2001, manifestando su disconformidad con las mismas e insistiendo en sus pretensiones de aplicación de las deducciones declaradas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ha de declararse la competencia de este Tribunal Económico-Administrativo Foral para el conocimiento y resolución de la reclamación económico-administrativa interpuesta, dada la naturaleza del acto administrativo impugnado, en virtud de lo que disponen los artículos 154 y 155 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y artículos 18 y 19 del Reglamento del recurso de reposición y de las impugnaciones económico-administrativas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 178/2001, de 2 de julio, habiendo sido formulado el recurso dentro del plazo y por persona debidamente legitimada al efecto.

SEGUNDO.- En primer lugar, ha de analizarse más extensamente la cuestión relativa a la interposición en plazo de la inicial reclamación ante la Sección gestora del Impuesto. Las precitadas liquidaciones provisionales fueron notificadas el día 23 de febrero de 2001, mediante su publicación en el Boletín Oficial de Navarra número 25, y ello ante la imposibilidad de realizar la procedente notificación personal de las liquidaciones practicadas, notificación que vino a intentarse en dos ocasiones, los días 31 de mayo y 9 de octubre de 2000, por lo que resulta justificada la necesidad de la notificación edictal de las liquidaciones.

Ahora bien, en cuanto a los requisitos exigibles en relación con tales notificaciones edictales, ha de tenerse en cuenta lo señalado por este Tribunal en Acuerdo de 3 de noviembre de 2004, el cual, considerando como norma aplicable al supuesto en cuestión el artículo 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria ("Cuando no sea posible realizar la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a la Administración tributaria, y una vez intentado por dos veces, se hará constar esta circunstancia en el expediente con expresión de las circunstancias de los intentos de notificación. En estos casos, se citará al interesado o a su representante para ser notificados por comparecencia, por medio de anuncios que se publicarán, por una sola vez para cada interesado en el "Boletín Oficial del Estado", o en los boletines de las Comunidades Autónomas o de las provincias, según la Administración de la que proceda el acto a notificar y el ámbito territorial del órgano que lo dicte. Estas notificaciones se publicarán asimismo en los lugares destinados al efecto en las Delegaciones y Administraciones de la correspondiente al último domicilio conocido. En la publicación en los boletines oficiales aludidos constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del sujeto pasivo, obligado tributario o representante, procedimiento que las motiva, órgano responsable de su tramitación, y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá comparecer para ser notificado. En todo caso la comparecencia se producirá en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el correspondiente boletín oficial. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer."), disposición que regiría también en el presente supuesto, señala en su Fundamento de Derecho Quinto: "QUINTO.- Por otra parte, no consta en el expediente, pese al requerimiento específicamente realizado, referencia alguna a la publicación de anuncio alguno en tablón de edictos. La redacción original de la Ley 30/1992, aplicable en el ámbito tributario hasta la inclusión (mediante la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social) de un régimen específico para las notificaciones edictales en tal ámbito, disponía que la notificación por edictos se practicase por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio y en el periódico oficial correspondiente. Esta necesidad de la llamada "doble publicación" había sido plenamente asumida por la jurisprudencia (así, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid) de 21 de febrero de 1997 y la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 8 de junio de 1998 consideran la publicación del edicto en el tablón de anuncios del correspondiente Ayuntamiento como requisito de carácter imperativo cuya inobservancia impide aceptar la validez de la notificación edictal). En la Ley General Tributaria, desde la reforma llevada a cabo a través de la mencionada Ley 66/1997, el requisito de la publicación en el tablón de anuncios del último domicilio del destinatario de la notificación se ha sustituido por la publicación "en los lugares destinados al efecto en las Delegaciones y Administraciones de la correspondiente al último domicilio conocido". Así pues, la normativa tributaria no ha prescindido de ese requisito de la doble publicación, sino que simplemente ha modificado la forma de llevarlo a cabo, y habremos de entender que con el mismo grado de exigencia antes señalado.

Cierto es que las Delegaciones y Administraciones a que se refiere el artículo 105.6 son las demarcaciones territoriales en que se divide la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y que las mismas no tienen correlato en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, pero tal circunstancia no permite excluir la exigencia del requisito antes mencionado. Amparándose, en el presente supuesto, la notificación edictal en la normativa de procedimiento administrativo común, podría haberse realizado la publicación en el tablón de anuncios del correspondiente Ayuntamiento; o haberse buscado para tal publicación el órgano de la Administración tributaria navarra más parecido al exigido por la norma estatal. Pero en modo alguno la diferente organización administrativa permite prescindir de un requisito legalmente establecido: sólo la normativa tributaria foral podría haber establecido un diferente régimen para las notificaciones edictales (y obsérvese que la Ley Foral General Tributaria mantiene el requisito de la doble publicación, con exigencia de publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento correspondiente a su último domicilio conocido). Téngase presente, por último que el mencionado requisito sí podía ser cumplido en el caso se destinatarios no residentes en territorio de la Comunidad Foral, y no parece razonable hacer de distinta condición a éstos y a los residentes en la Comunidad Foral.

A la vista de lo anterior podemos concluir que, no constando en el caso el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para la eficacia de la notificación edictal realizada, habrá de tenerse la misma por ineficaz y, por tanto, procederá anular el procedimiento de apremio iniciado con la devolución, en su caso, de los importes indebidamente ingresados."

En todo caso, estableciendo la misma normativa tributaria que "las notificaciones defectuosas surtirán efecto a partir de la fecha en que el sujeto pasivo se dé expresamente por notificado, interponga el recurso pertinente o efectúe el ingreso de la deuda tributaria", habrá de entenderse realizada la notificación desde el momento en que se interpuso el correspondiente recurso, de modo que el mismo nunca podrá ser considerado como extemporáneamente presentado, por lo que procederá anular la Resolución de la Sección gestora del Impuesto ahora impugnada y entrar a analizar el fondo de la reclamación presentada.

TERCERO.- Entrando en el análisis de las cuestiones de fondo planteadas, viene la interesada a solicitar que se admitan las deducciones por creación de empleo declaradas en los dos ejercicios, así como la deducción por inversión correspondiente al año 1998, de acuerdo con la justificación documental aportada con su escrito de 29 de mayo de 2001.

En relación con la deducción por inversión correspondiente al año 1998, el artículo 63 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, en su redacción original establecía: "Las inversiones que se realicen en activos fijos materiales nuevos afectos al desarrollo de la explotación económica de la entidad, sin que se consideren como tales los terrenos, darán derecho a practicar una deducción de la cuota líquida del 10 por 100 del importe de dichas inversiones." Pues bien, resulta evidente, en primer lugar, que las inversiones realizadas en activos inmateriales (las correspondientes a programa informático "Corel Draw" y la revisión de programas informáticos para su adaptación al euro y comprobación del posible "Efecto 2000") no darán derecho a deducción por este concepto.

Por otra parte, en relación con las obras de adaptación de locales y dependencias, ha de señalarse que la propia sociedad reconoce haber vendido los locales adquiridos en el año anterior y carece, según la contabilidad transcrita a su declaración, de elementos calificados como construcciones, por lo que habrá que considerar que tales obras de adaptación se realizaron sobre locales ajenos. En relación con esta cuestión, este Tribunal ha venido rechazando la posibilidad de que las inversiones que se han incorporado a un edificio ajeno puedan dar derecho a la deducción por inversiones en activos fijos materiales nuevos y ello porque tales inversiones efectuadas en un local ajeno siguen las vicisitudes del mismo y por lo tanto no tienen la consideración de elementos patrimoniales como exige el Plan General de Contabilidad para todos los inmovilizados.

Si nos atenemos a las definiciones que contiene el Plan General de Contabilidad, nos encontramos con que el inmovilizado comprende los elementos del patrimonio destinados a servir de forma duradera a la actividad de la empresa. El género inmovilizado se subdivide, a su vez, en inmovilizado material e inmaterial, hallándose constituido el primero de los subgéneros por todos aquellos bienes tangibles, inmuebles, muebles o semovientes, que estén incorporados efectivamente al patrimonio del sujeto pasivo. Por último, entre las cuentas que integran el inmovilizado material se hallan las de construcciones e instalaciones. La primera de ellas (que se identifica en el Plan General de Contabilidad con el número 221) acoge en su seno las edificaciones en general, cualquiera que sea su destino. En el mismo subgrupo relativo al inmovilizado material se integra la cuenta 222 ("Instalaciones técnicas") bajo la que se incluyen las unidades complejas de uso especializado en el proceso productivo, que comprenden: edificaciones, material, piezas o elementos, incluidos los sistemas informáticos que, aun siendo separables por naturaleza, están ligados, de forma definitiva, para su funcionamiento y sometidos al mismo ritmo de amortización, especificándose, además, en la definición de dicha cuenta que se incluirán, asimismo, los repuestos o recambios válidos exclusivamente para este tipo de instalaciones. Por último, en el contenido de la cuenta 225 ("Otras instalaciones") se incluye el conjunto de elementos ligados de forma definitiva para su funcionamiento y sometidos al mismo ritmo de amortización, distintos de los señalados en la cuenta 222, juntamente con los repuestos o recambios válidos exclusivamente para este tipo de instalaciones. No debe olvidarse, por otro lado, que en las Normas de Valoración del Plan General de Contabilidad se dice que formarán parte del precio de adquisición o coste de producción de las construcciones, además de todas aquellas instalaciones y elementos que tengan carácter de permanencia, las tasas inherentes a la construcción y los honorarios facultativos de proyecto y dirección de obra (letra b de la Norma 3ª). Por otro lado, la letra h) de la misma Norma 3ª dispone que los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de inmovilizado material sean incorporados al activo como mayor valor del bien, en la medida en que supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, y siempre que sea posible conocer o estimar razonablemente el valor neto contable de los elementos que, por haber sido sustituidos, deban ser dados de baja del inventario.

Por otra parte, ha de tenerse presente también lo establecido por la normativa civil, singularmente en lo que se refiere al concepto de los inmuebles por accesión. En efecto, el Código Civil en su artículo 334.3º dice que ha de atribuirse el carácter de bien inmueble a "todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de suerte que no pueda separarse de él sin quebrantamiento de la materia o deterioro del objeto" y, paralelamente, la Ley 347 del Fuero Nuevo dice que "son bienes inmuebles las fincas y los derechos sobre las mismas, así como, salvo prueba en contrario, todo lo que a ellas se halla inseparablemente unido y los accesorios que se destinan a su servicio". Así pues, tales obras seguirán la consideración del inmueble sobre el que recaigan, de modo que, si tal inmueble no es propio de la interesada, las obras realizadas no tendrán la consideración de activo de la misma.

El mismo criterio resulta de lo establecido por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra cuando en Sentencia de 9 de febrero de 2001 dice que las "inversiones realizadas en obras de construcción y albañilería, falsos techos y revestimientos, instalaciones eléctricas, fontanería, acristalamientos, honorarios profesionales y licencia de obras, pintura de las obras y cerramientos en madera o metálicos (...) deben considerarse realizadas sobre elementos que forman parte de, en este caso, edificaciones no industriales y ello porque tales inversiones se realizan sobre elementos que no tienen sustantividad propia, que están al servicio del propio inmueble (al que quedan incorporados de manera inseparable y permanente) y no al servicio propio de la actividad, lo que determina su consideración de inmueble por accesión".

En consecuencia, sólo procederá aplicar la deducción por los equipos informáticos adquiridos en el ejercicio, deducción que ascenderá a la cantidad de 14.280 pesetas.

CUARTO.- En cuanto a la deducción por creación de empleo, el artículo 71 de la Ley Foral reguladora del Impuesto establece una "deducción de 700.000 pesetas de la cuota por cada persona-año de incremento del promedio de la plantilla con contrato de trabajo indefinido experimentado durante el ejercicio, respecto de la plantilla media del ejercicio inmediato anterior con dicho tipo de contrato". Así pues, es requisito para la aplicación de la deducción que se produzca un incremento en la plantilla con contrato de trabajo indefinido. Pues bien, a la vista de la documentación aportada por la recurrente (copias de los boletines de cotización a la Seguridad Social, modelos TC1 y TC2 de los años en cuestión) resulta que, en relación con el ejercicio 1997 la entidad tuvo empleados como trabajadores a don FFF, don DDD y don AAA. El último de los citados, don AAA, consta vinculado a la empresa con un contrato tipo 14, que según las normas establecidas para la cumplimentación de los boletines de cotización, se corresponde con un contrato de duración determinada, por obra o servicio determinado (por tanto, no contrato indefinido); don DDD figura con un contrato de tipo 1 (contrato ordinario por tiempo indefinido); y, finalmente, don FFF aparece con un contrato de tipo 31, correspondiente a contratos celebrados al amparo de la Ley 10/1994, de la Ley 42/1994, del Real Decreto-Ley 12/1995 y de la Ley 13/1996 (medidas de fomento del empleo), en la modalidad de beneficiarios de prestaciones por desempleo mayores de 45 años o minusválidos a jornada completa (primer trabajador de la empresa). Ahora bien, en relación con este último contrato, la normativa de fomento del empleo citada regula los citados contratos, en principio, como contratos de duración determinada (entre doce meses y tres años) sin perjuicio de la posible transformación de tales contratos temporales en indefinidos, y no habiéndose acreditado por la recurrente, a quien corresponde tal prueba de conformidad con lo establecido en el artículo 106 de la Ley Foral General Tributaria, el carácter indefinido de tal contrato, no podrá admitirse la deducción por ella pretendida. Así pues, en relación con el mencionado ejercicio de 1997 sólo procederá la deducción por creación de empleo en relación con don DDD, entendiéndose producido un incremento de plantilla con contrato de trabajo indefinido de 0,50 personas-año, lo que da lugar a una deducción de 350.000 pesetas.

En cuanto al año 1998, además de los tres trabajadores citados, prestaron sus servicios a la empresa don EEE, con un contrato tipo 40 (contrato indefinido para desempleados mayores) y don CCC, con un contrato de tipo 14 (de duración determinada por obra o servicio determinado). En este año, el promedio de plantilla con contrato de trabajo indefinido fue de 1,67 personas-año, por lo que el incremento de plantilla en relación con la del año anterior ascendió a 1,17 personas-año, dando lugar a una deducción de 819.000 pesetas.

Y, en consecuencia, este Tribunal, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda estimar en parte la reclamación económico-administrativa interpuesta por la representación de "GGG, S.L.", en relación con liquidaciones provisionales practicadas por el Impuesto sobre Sociedades correspondientes a los años 1997 y 1998, ordenándose la práctica de nuevas liquidaciones en las que se admitan las deducciones por inversión y creación de empleo en los términos y cuantías previstos en la fundamentación del presente Acuerdo.

Liquidación provisional del impuesto
Inversiones
Contrato indefinido
Impuesto sobre sociedades
Inmovilizado material
Sociedad de responsabilidad limitada
Acto administrativo impugnado
Activo no corriente
Responsabilidad
Obligado tributario
Vencimiento del plazo
Organización administrativa
Procedimiento de apremio
Contrato de Trabajo
Realización forzosa
Cuestiones de fondo
Deuda tributaria
Deducciones por creación de empleo
Bienes inmuebles
Explotación económica
Cuota líquida
Accesión
Contrato de trabajo de duración determinada
Elementos patrimoniales
Actividades empresariales
Documentos de cotización
Valor neto contable
Valor de los bienes
Prueba en contrario
Inventarios
Licencia de obras
Honorarios profesionales
Cotización a la Seguridad Social
Jornada completa
Prestación por desempleo
Discapacitados
Desempleo

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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