Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 6319 de 08 de Noviembre de 2017

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  • Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra
  • Fecha: 08 de Noviembre de 2017
  • Núm. Resolución: 6319

Normativa

Disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).   Sentencia de 10 de abril de 2014 del Tribunal Constitucional.   Sentencia de 14 de enero de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Navarra

Resumen

Solicita suspensión de la tramitación de la reclamación. Se deniega. Solicita la nulidad de las autoliquidaciones presentadas por posible vulneración del ordenamiento comunitario y constitucional. SE DESESTIMA.

Cuestión

Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales correspondiente al ejercicio 2015

Descripción

EXPEDIENTE 249/2017

En la ciudad de Pamplona a 8 de noviembre de 2017, reunido el Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra, determina:

Visto escrito presentado por don (…) en representación de la compañía mercantil AAA, S.L., con CIF XXX, contra la resolución desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra las autoliquidaciones giradas por el Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales correspondiente al ejercicio 2015.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 1 de junio de 2016 la mercantil interesada presentó autoliquidaciones por el Impuesto y año de referencia correspondientes a los centros de su titularidad sitos en la Comunidad Foral de Navarra, satisfaciendo íntegramente las cuotas tributarias resultantes de las mismas.

SEGUNDO.- Con fecha 21 de junio de 2016 presentó impugnación de las mencionadas autoliquidaciones al entender que no debió haber satisfecho las referidas cuotas impositivas por las razones expuestas en la misma, que fue desestimada mediante resolución dictada por los órganos gestores del Impuesto el día 1 de diciembre de 2016. Contra dicha resolución se interpuso recurso de reposición mediante escrito presentado el día 4 de enero de 2017, siendo desestimado mediante Resolución dictada el día 24 de mayo de 2017, noti-ficada el 12 de junio de 2017.

TERCERO.- Y contra dicho acto viene la representación de la interesada a interponer reclamación económi-co-administrativa ante este Tribunal mediante escrito presentado el día 5 de julio de 2017, solicitando la sus-pensión de la tramitación del procedimiento de reclamación económico-administrativa al haberse interpuesto ante el Tribunal Justicia de la Unión Europea (TJUE) cuestión prejudicial por parte del Tribunal Supremo so-bre materia que podría afectar a la presente, así su anulación al entender contravenido el ordenamiento jurí-dico comunitario y el ordenamiento constitucional del Estado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Concurren los requisitos de competencia, legitimación y plazo para la admisión a trámite de la presente reclamación económico-administrativa, según lo dispuesto en los artículos 154 y siguientes de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y en las disposiciones concordantes del Regla-mento del recurso de reposición y de las impugnaciones económico-administrativas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 178/2001, de 2 de julio.

SEGUNDO.- Solicita la mercantil interesada la suspensión de la tramitación de la presente reclamación eco-nómico-administrativa hasta que el TJUE se pronuncie sobre las cuestiones prejudiciales que el Tribunal Su-premo ha presentado sobre la adecuación del Impuesto en cuestión al ordenamiento comunitario y sobre la posible existencia de ayudas de Estado a los establecimientos no sometidos al mismo.

En este sentido debemos indicar que el ordenamiento jurídico de la Comunidad Foral de Navarra, cuando re-gula el procedimiento a seguir en la tramitación de las reclamaciones económico-administrativas que se sus-tancian ante este Tribunal, establece expresamente el plazo de su duración máxima en un año, transcurrido el cual el interesado podrá considerar desestimada su reclamación al objeto de interponer el recurso proce-dente (artículo 158 de la Ley Foral 13/2000 General Tributaria y artículo 57 del reglamento del recurso de re-posición y de las impugnaciones económico-administrativas). En ninguna de dichas normas se prevé expre-samente la posibilidad de suspender el procedimiento, la tramitación de las mismas. Lo único previsto en ma-teria de suspensión se refiere a la ejecutividad de los actos administrativos impugnados (art. 148 de la LFGT y Capítulo V del Reglamento), pero ninguno de sus preceptos prevé la posibilidad de suspender la propia tramitación del procedimiento. Por tanto, no podemos estimar la pretensión de suspensión solicitada por la reclamante.

TERCERO.- Denuncia la interesada diversos vicios de inconstitucionalidad en los que, a su juicio, incurre no ya sólo la Ley Foral reguladora del impuesto sino la propia creación del mismo. En concreto, pone de mani-fiesto que la Ley Foral de creación de este impuesto vulnera los artículos 14, 31, 33, 38, 139.2 y 157.2 de la Constitución, así como los artículos 6.3 y 9.c) de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autó-nomas. Pues bien, el análisis de la existencia o no de un eventual vicio o tacha de inconstitucionalidad en que pudiera incurrir la norma objeto de aplicación es una cuestión cuyo análisis le está vedado a este Tribu-nal: esa tarea es propia del conocimiento del Tribunal Constitucional, dado el sistema de jurisdicción concen-trada que rige en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que tal actuación no le está permitida a este órgano administrativo.

No obstante, este Tribunal ya ha puesto de manifiesto en anteriores ocasiones que numerosas Sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña (entre otras las de 15, 28 de enero y 23 de octubre de 2013, y 20 de febrero de 2014) y del Principado de Asturias (la de 31 de julio de 2014) descartaron la incons-titucionalidad de este impuesto por las razones que apunta la representación de la interesada.

A ello ha de añadirse ahora que el Tribunal Constitucional, en Sentencia de 10 de abril de 2014, ya descartó la inconstitucionalidad del Impuesto asturiano sobre grandes establecimientos comerciales (de muy similar factura al impuesto objeto de consideración) por vulneración de los límites establecidos al poder tributario de las Comunidades Autónomas en el artículo 6.3 de la Ley Orgánica 8/1980, de Financiación de las Comunida-des Autónomas, en su redacción original, mientras su Sentencia de 6 de noviembre de 2012, la rechazó por no hallar vulneración del precepto de la citada Ley Orgánica de idéntico numeral en la redacción que le dio la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre. Y de forma similar se había pronunciado el Tribunal Constitucional en sus Sentencias de 23 de abril y 5 de diciembre de 2013 (con respecto al Impuesto aragonés sobre daño medioambiental causado por las grandes áreas de venta) y 5 de junio de 2012 (en relación con el Impuesto catalán sobre los grandes establecimientos comerciales).

Por otro lado, la mencionada Sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de abril de 2014 también rechaza la inconstitucionalidad del impuesto asturiano por entender que con su creación no se vulnera el principio de li-bertad de empresa proclamado en el artículo 38 de la Constitución. Por su parte, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 23 de abril de 2013 descarta que el Impuesto aragonés sobre daño medioambiental causa-do por las grandes áreas de venta (de muy similar factura al que es objeto de nuestro examen) atente contra la unidad de mercado constitucionalmente reconocida, en el sentido de que impida que el derecho a la liber-tad de empresa se ejercite en condiciones básicas de igualdad o en la medida en que suponga un obstáculo a la libre circulación impuesta por el artículo 139.2 de la Constitución.

Además, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de abril de 2014 no considera que el impuesto astu-riano atente contra los artículos 14 (en relación con el 31) y 9.3 del texto constitucional.

Y, en fin, a todo lo anterior ha de añadirse que la Sentencia del Tribunal Constitucional de 23 de abril de 2013 considera ajustado al texto constitucional el impuesto aragonés por considerar que la creación de un impues-to de estas características se asienta sobre un ámbito de competencias materiales propio de la Comunidad Autónoma (en concreto, ordenación del territorio, urbanismo, protección del medio ambiente y comercio inter-ior).

Pues bien: con posterioridad a todos esos pronunciamientos del Tribunal Constitucional de los que se ha he-cho relación con anterioridad, los Tribunales Superiores de Justicia han seguido en la misma línea argumen-tal expuesta unos párrafos más arriba. Muestra de ello son las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias de 16, 23 y 27 (dos) de febrero, 4, 18 (dos), 25 (dos) y 29 (dos) de mayo, 8 de ju-nio y 26 de octubre de 2015 y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 24 (dos) y 30 (dos) de abril y 16 de junio de 2015. A esta corriente ha venido a sumarse también el Tribunal Superior de Justicia de Nava-rra en su reciente Sentencia de 14 de enero de 2016.

Y una última consideración merece la referencia que la reclamante realiza a la regulación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). La Disposición Adi-cional Segunda de la misma establece expresamente que “En virtud de su régimen foral, la actividad financie-ra y tributaria de Navarra se regulará por el sistema tradicional del Convenio Económico. En el mismo se de-terminarán las aportaciones de Navarra a las cargas generales del estado, así como los criterios de armoni-zación de su régimen tributario con el régimen general del Estado.” Por tanto, resulta más que discutible la aplicación de los mencionados artículos y de dicha Ley en general en el territorio de la Comunidad Foral de Navarra, que se coordina con el Estado mediante el sistema de Convenio Económico.

CUARTO.- Por otro lado, alega también la interesada que el impuesto incurre en infracción de la normativa comunitaria por vulneración de la libertad de establecimiento y por considerar la posible existencia de ayuda de Estado.

Pues bien: antes de entrar en el examen de esta cuestión planteada en relación con el Derecho Comunitario, este Tribunal se halla en la obligación de determinar si tiene capacidad para ello o, por el contrario, tal activi-dad le está vedada al igual que ocurre con los vicios de inconstitucionalidad, tal y como se ha puesto de ma-nifiesto en el Fundamento de Derecho anterior.

En este sentido, ha de verse que este Tribunal tiene presente el contenido de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 21 de marzo de 2000 (asuntos acumulados C-110/98 a C-147/98, Gabalfrisa y otros c. Agencia Estatal de la Administración Tributaria), que señaló que los Tribunales Econó-mico-Administrativos Regionales tienen el carácter de órganos jurisdiccionales en el sentido de la normativa comunitaria a los efectos de poder plantear cuestiones prejudiciales ante él. Para llegar a tal conclusión, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas partía de la siguiente base: “Para apreciar si el organismo remitente posee el carácter de un órgano jurisdiccional en el sentido del artículo 177 del Tratado, cuestión que pertenece únicamente al ámbito del Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia tiene en cuenta un con-junto de elementos, como son el origen legal del órgano, su permanencia, el carácter obligatorio de su juris-dicción, el carácter contradictorio del procedimiento, la aplicación por parte del órgano de normas jurídicas, así como su independencia (véase, en particular, la sentencia de 17 de septiembre de 1997, Dorsch Consult, C-54/96, Rec. p. I-4961, apartado 23, y la jurisprudencia que allí se cita)”. Sin embargo, entendemos que en este Tribunal Económico-Administrativo Foral no concurren todas las condiciones exigidas para que pudiera plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, en particular, la relativa a la independencia, pues al margen de que su naturaleza es la de un Tribunal delegado del Gobierno de Navarra (artículo 153 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria), resulta que los actos que dicta no son perfectos hasta que no son objeto de ratificación por el citado Gobierno de Navarra (artículo 35.1 del Reglamento del recurso de reposición y de las impugnaciones económico-administrativas), hasta el punto de que pueden no ser ratificados por él, adoptándose entonces la decisión directamente por el Gobierno de Na-varra (artículo 35.3 del citado Reglamento): se trata, pues, de simples propuestas de resolución. Ello impide, por tanto, a este Tribunal entrar a examinar lo relativo a la adecuación de las normas que rigen este impuesto a la normativa comunitaria.

No obstante lo anterior, también aquí ha de hacerse la advertencia de que esta cuestión ha sido ya objeto de examen en muchas de las Sentencias a las que se ha hecho alusión en el Fundamento de Derecho anterior, descartándose que en el caso se produzca la vulneración de norma o principio alguno del Derecho de la Unión Europea. Y también el Tribunal Superior de Justicia de Navarra en su Sentencia de 14 de enero de 2016 ha rechazado que pueda considerarse vulnerada la normativa comunitaria a través de la creación de este impuesto.

Y, en consecuencia, este Tribunal, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, propone deses-timar la reclamación económico-administrativa interpuesta por la representación de la compañía mercantil AAA, S.L. contra la resolución desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra las autoliquidacio-nes giradas por el Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales correspondiente al ejercicio 2015, denegándose la petición de suspensión de la tramitación de la presente reclamación, confirmándose dicho acto administrativo en sus propios términos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la fundamentación anterior.

El transcrito Acuerdo resultó ratificado por el Gobierno de Navarra en su sesión del día 22 de noviembre de 2017.

Cuestiones prejudiciales
Sociedad de responsabilidad limitada
Cuota tributaria
Acto administrativo impugnado
Ejecutividad de los actos administrativos
Derecho Comunitario
Comunidades europeas
Ordenación del territorio
Protección medioambiental
Libertad de establecimiento
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