Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 6347 de 13 de Diciembre de 2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra
  • Fecha: 13 de Diciembre de 2017
  • Núm. Resolución: 6347

Normativa

Artículos 55 a 57 y 68.8 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.   Artículo 67.2 del Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, que aprueba el Reglamento Foral de Recaudación.

Resumen

Requerimiento de información y embargo de créditos relativo a sanción por infracción de legislación laboral.   1) Alega la reclamante falta de conocimiento de la existencia de la sanción de la cual resulta ser responsable solidario. Improcedente.   A lo largo del procedimiento de recaudación le han sido notificadas varias actuaciones en relación con la deuda originaria que atestiguan que sí conocía la existencia de esa deuda y su condición de responsable de la misma.   2) Se alega también la prescripción de la deuda originaria. Improcedente.   Si se tienen en cuenta las actuaciones recaudatorias con virtualidad interruptiva de la prescripción llevadas a cabo respecto de la persona de la deudora principal, no ha transcurrido el plazo legal de cuatro años. SE DESESTIMA.

Cuestión

Requerimiento de información y embargo de créditos

Descripción

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EXPEDIENTE 296/2016

En la ciudad de Pamplona a 13 de diciembre de 2016, reunido el Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra, determina:

Visto escrito presentado por don (…) en representación de AAA, S.A.L. con N.I.F XXX en relación con dili-gencia de embargo de créditos.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Tras la instrucción del oportuno procedimiento, en fecha 28 de octubre de 2008 se notificó en forma personal a AAA, S.A.L., en su condición de responsable solidario, Resolución 865/2001 de la Directora General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales por la que se imponía a la entidad BBB, S.L.L. san-ción grave tipificada en la letra f) del numeral diez y seis del artículo 12 del Texto Refundido de la Ley de In-fracciones y Sanciones del Orden Social, Texto Refundido aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

SEGUNDO.- En fecha 12 de enero de 2009 se notificó en forma personal a AAA, S.A.L. la Orden Foral 429/2008, de 24 de diciembre, por la que se desestimaba el recurso de alzada interpuesto por BBB, S.L.L. contra la Resolución sancionadora citada en el anterior Antecedente de Hecho del presente Acuerdo.

TERCERO.- En fecha 4 de mayo de 2016 tiene lugar la publicación en el B.O.N número (…), del siguiente Edicto dirigido a la ahora reclamante AAA, S.A.L. en relación con Diligencia de Embargo de créditos CR-407/1/2016 DPB: “Procedimiento de Apremio. Requerimiento de Información y Embargo de créditos. Artículo 111 Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación de Navarra.”

En el precitado Edicto se daba a la interesada plazo de quince días naturales para comparecer, por sí o por medio de representante, en las dependencias de la Sección de Procedimientos Especiales del Servicio de Recaudación de la Hacienda Tributaria de Navarra con el fin de ser notificada en forma personal, advirtiéndo-se de que caso de no hacerlo así debería entenderse igualmente notificada una vez transcurrido el meritado plazo.

No consta que se produjera la personación de la reclamante en el referido plazo.

CUARTO.- En fecha 3 de junio de 2016 tiene entrada a través del Registro General de la Delegación del Go-bierno en Navarra, escrito conteniendo reclamación económico-administrativa contra la meritada Diligencia de Embargo de créditos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Concurren los requisitos de competencia, legitimación y plazo para la admisión a trámite de la presente reclamación económico-administrativa, según lo dispuesto en los artículos 154 y siguientes de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria (LFGT), y en las disposiciones concordantes del Reglamento del recurso de reposición y de las impugnaciones económico-administrativas de la Administra-ción de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 178/2001, de 2 de julio.

SEGUNDO.- En primer lugar el reclamante (aunque no lo afirma así expresamente) viene a alegar su situa-ción de indefensión en relación con la deuda exigida, argumentando que no ha tenido conocimiento en ningún momento de la sanción por infracción de la legislación laboral que da origen a la precitada deuda así como tampoco de su condición de responsable solidario del pago de la misma.

Pues bien no es ese el relato de los hechos que se desprende del expediente administrativo tal y como se desprende de los datos obrantes en el expediente convenientemente referidos en los Antecedentes de Hecho del presente Acuerdo.

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En efecto, tal y como consta en el expediente administrativo, la responsabilidad de la reclamante en relación con la precitada sanción laboral, que alcanzaba originariamente la cantidad de 2.500 euros (a lo que se han añadido los correspondientes recargos en intereses hasta llegar a la cifra actual), se determinó en el mismo acto de imposición de la sanción en cuestión, es decir mediante Resolución 865/2008 de la Directora General de Trabajo y Prevención de Riesgos y fue confirmada posteriormente mediante Orden Foral 429/2008 de 24 de diciembre.

Por otro lado, según consta también en el meritado expediente, en fecha 28 de septiembre de 2009, AAA, S.A.L., en su condición de responsable solidario fue debidamente notificada de la Providencia de Apremio nº 4566 de 2 de septiembre de 2009 por la que se daba inicio el procedimiento de apremio para el cobro de la deuda relativa a sanción por infracción de la normativa laboral impuesta a la entidad BBB, S.L.L. (Expdte. sancionador 305/2008), es decir la deuda derivada de la sanción por infracción de la normativa laboral ante-riormente referida y cuyo cobro en vía ejecutiva pretende el acto ahora impugnado.

Con posterioridad a las circunstancias hasta aquí descritas, en fecha 23 de noviembre de 2009 se notificó a la ahora reclamante Providencia de Embargo de fecha 9 de noviembre de 2009 también en relación con la deuda apremiada derivada de la referida sanción.

Finalmente, en fecha 7 de octubre de 2011 se notificó a la reclamante requerimiento de información y embar-go de créditos de fecha 27 de septiembre de 2011 dirigido a las mercantiles (…) y a (…), S.A., igualmente en relación con la referida deuda.

Por tanto, resulta claro que la reclamante conocía perfectamente el origen de la deuda que se le exige, su condición de responsable solidario respecto de la misma y desde luego la existencia de la vía de apremio que para el cobro de la misma habíase iniciado por parte de la Hacienda Tributaria de Navarra una vez transcu-rrido el plazo de pago voluntario.

En consecuencia, resulta evidente que no puede apreciarse la indefensión que la reclamante pretende de-biendo por tanto desestimarse su pretensión a este respecto.

TERCERO.- En segundo lugar viene la interesada también a reclamar la prescripción del derecho de la ad-ministración tributaria al cobro la deuda exigida.

Pues bien, el artículo 55 de la LFGT, afirma que: “Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y acciones: a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquida-ción. b) El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquida-das. c) La acción para imponer sanciones tributarias. d) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garant-ías.”

Por otro lado, el numeral primero del artículo 57 de la misma norma, afirma: “Los plazos de prescripción a que se refieren las letras a), b) y c) del artículo 55 se interrumpen: a) Por cualquier acción de la Administra-ción tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, conducente al reconocimiento, regu-larización, inspección, aseguramiento, comprobación, liquidación y recaudación de todos o de parte de los elementos de la obligación tributaria que proceda, aunque la acción se dirija inicialmente a una obligación tri-butaria distinta como consecuencia de la incorrecta declaración del obligado tributario. Asimismo, los plazos de prescripción para la imposición de sanciones se interrumpirán, además de por las actuaciones menciona-das anteriormente, por la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador. b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obli-gado tributario en el curso de dichas reclamaciones o recursos, por la declaración de concurso del deudor, por el ejercicio de acciones civiles o penales dirigidas al cobro de la deuda tributaria, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal o por la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal, así como por la recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la paralización del procedi-miento administrativo en curso. c) Por cualquier actuación del obligado tributario conducente al pago, liquida-ción o autoliquidación de la deuda.”

Mientras que el numeral 4 del mismo artículo (añadido mediante Disposición Final única de la Ley Foral 14/2013, de 17 de abril, con fecha de entrada en efectos el día 30 de abril de 2013) añade: “Interrumpido el plazo de prescripción para un obligado tributario, dicho efecto se extiende a todos los demás obligados, in-cluidos los responsables. No obstante, si la obligación es mancomunada y sólo se reclama a uno de los obli-gados tributarios la parte que le corresponde, el plazo no se interrumpe para los demás. Si existieran varias

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deudas liquidadas a cargo de un mismo obligado al pago, la interrupción de la prescripción sólo afectará a la deuda a la que se refiera. La interrupción del plazo de prescripción contenido en el artículo 55.b) por litigio, concurso u otras causas legales, respecto del deudor principal o de alguno de los responsables, causa el mismo efecto en relación con el resto de los sujetos solidariamente obligados al pago, ya sean otros respon-sables o el propio deudor principal, sin perjuicio de que puedan continuar frente a ellos las acciones de cobro que procedan”.

En parecido sentido al precepto que acaba de invocarse viene a expresarse el numeral segundo del artículo 67 del Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, que aprueba el Reglamento Foral de Recaudación, (RFR) (en este caso la redacción del artículo se corresponde con su redacción original) cuando afirma: “Interrumpido el plazo de prescripción para uno, se entiende interrumpido para todos los obligados al pago. No obstante, si éstos son mancomunados y sólo le es reclamada a uno de los deudores la parte que le corresponde, no se interrumpe el plazo para los demás.”

Finalmente, y ya para concluir con el conjunto de elementos que fundamentarán nuestra argumentación so-bre la cuestión que nos ocupa, entendemos conveniente traer aquí lo afirmado por la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) de fecha 30 de septiembre de 2015 afirma lo siguiente: “El segun-do motivo alegado en este recurso es si deben considerarse actuaciones interruptivas de la prescripción las dirigidas frente al obligado tributario cuyo patrimonio se pretende proteger a través de las actuaciones tipifi-cadas en el artículo 42.2 a) LGT, en la medida en que éste es el deudor principal del declarado responsable.

Señala el artículo 68.8 de la LGT:

“8. Interrumpido el plazo de prescripción para un obligado tributario, dicho efecto se extiende a todos los de-más obligados, incluidos los responsables. No obstante, si la obligación es mancomunada y solo se reclama a uno de los obligados tributarios la parte que le corresponde, el plazo no se interrumpe para los demás. Si existieran varias deudas liquidadas a cargo de un mismo obligado al pago, la interrupción de la prescrip-ción solo afectará a la deuda a la que se refiera. La suspensión del plazo de prescripción contenido en la letra b) del artículo 66 de esta Ley, por litigio, con-curso u otras causas legales, respecto del deudor principal o de alguno de los responsables, causa el mismo efecto en relación con el resto de los sujetos solidariamente obligados al pago, ya sean otros responsables o el propio deudor principal, sin perjuicio de que puedan continuar frente a ellos las acciones de cobro que pro-cedan.” Así lo ha manifestado el TEAC en su resolución de 10 de marzo de 2010 RG 222/07 dictada en un supuesto de declaración de responsabilidad solidaria al amparo del artículo 42.2.a) LGT:

“Además, debe indicarse que las actuaciones que interrumpieron el periodo de prescripción de la deuda por lo que respecta al deudor principal, lo interrumpieron también respecto al declarado responsable solidario, ya que el mencionado artículo 68, en su apartado 7, determina que “interrumpido el plazo de prescripción para un obligado tributario, dicho efecto se extiende a todos los demás obligados, incluidos los responsables”; di-cho efecto se extiende a todos los demás obligados, incluidos los responsables”. Asimismo este criterio es reiterado en otras resoluciones TEAC como la dictada el 7 de junio de 2012 RG 1709/2010, que cita otros precedentes (como las dictadas el 14 de febrero de 2007 RG 3128/2008 y de 18 de noviembre de 2009 RG 1062/2009), de la que se extrae el siguiente criterio:

“Una vez comenzado el plazo de prescripción para los deudores solidarios, tras finalizar el plazo de pago en período voluntario para el deudor principal, se interrumpe por las actuaciones llevadas a cabo respecto de otros obligados al pago que, en este caso, se realizaron respecto del deudor principal y frente a otro respon-sable solidario”. En el mismo sentido se pronuncia el TEAC en un supuesto de interrupción de la prescripción de la acción pa-ra exigir la responsabilidad subsidiaria por actos realizados frente al deudor principal, RG 5159/2009 de 4 de octubre de 2012, que señala:

“los actos interruptivos frente al deudor principal interrumpen el plazo de prescripción de la acción de la Ad-ministración tributaria para exigir la responsabilidad tributaria al responsable.”

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Así lo corrobora también el Tribunal Supremo en sentencias de 22 de septiembre de 2002 (Rec. nº 7602/97) y de 23 de marzo de 2004 (Rec. nº 11306/1998). En la primera de ellas se indica:

“La sala entiende que, por tratarse de presuntos sujetos pasivos solidarios, las actuaciones administrativas realizadas, como dispone el artículo 66.1 a) y b) de la Ley General Tributaria, con conoci-miento formal de (...), sujeto pasivo, así como por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, a instancia del mismo, tienen respectivamente virtualidad interruptiva respecto de todos los demás su-jetos pasivos. Esta conclusión deriva de los dispuesto en el artículo 1974 del Código Civil, aplicable supleto-riamente según preceptúa el artículo 9, apartado 2 de la Ley General Tributaria, toda vez que esta ley no con-tiene al regular la prescripción de las obligaciones tributarias, norma alguna sobre las obligaciones solidarias. El artículo citado, dispone:. También se llega a esta misma conclusión, por lo dispuesto en el artículo 62.2 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1684/1990 de 20 de diciembre, que dispone: “Interrumpido el plazo de prescripción para uno, se entiende in-terrumpido para todos los obligados al pago, no obstante si éstos son mancomunados y sólo le es reclamada a uno de los deudores la parte que le corresponda, no se interrumpe el plazo para los demás”, precepto que corrobora que tratándose de obligados tributarios solidarios la interrupción de la prescripción a uno de los su-jetos pasivos solidarios tiene eficacia interruptiva para todos los demás”. En el mismo sentido encontramos las sentencias del Tribunal Supremo de 25 de abril de 2008 (Rec. nº 8361/2002) y de 17 de marzo de 2008 (Rec. nº 6738/2003), señalando ésta última en su Fundamento de De-recho Quinto:

“Extensión de los efectos interruptivos de la prescripción. Se trata de determinar si la Interrupción de la pres-cripción, consecuencia de los actos realizados por uno de los administradores, responsables subsidiarios de las deudas tributarias de la sociedad, afecta a los demás administradores responsables. En efecto, las alega-ciones de la representación procesal de los recurrentes suscitan la cuestión de determinar si una vez produ-cida válidamente la interrupción de la prescripción, ésta tiene un alcance meramente subjetivo, y por ello sólo afecta al obligado o responsable tributario que realiza el acto o con quien se entiende la actuación determi-nante de dicha interrupción, o si, por el contrario tiene un alcance objetivo, y, por ende, se refiere a todos los obligados o responsables tributarios. La LGT/ 1963, al contrario que la actual Ley General Tributaria de 2003 (LGT/2003), no contenía un precepto que abordara directamente la resolución de dicha cuestión. Sin embargo, el artículo 62.2 del Reglamento General de Recaudación (RGR, aprobado por RD 1684/1990, de 20 de diciembre) establecía que «interrum-pido el plazo de prescripción para uno, se entiende interrumpido para todos los obligados al pago. No obstan-te, si éstos son mancomunados y sólo es reclamada a uno de los deudores la parte que le corresponde no se interrumpe al plazo para los demás». Esta disposición, que la LGT/2003 elevará al rango de norma legal en su artículo 68.7, reafirma, en cierta medida, la configuración objetiva de la prescripción en el ordenamiento tributario, de manera que tanto la ex-tinción por prescripción como la interrupción de ésta, en cuanto se proyectan sobre las facultades de la Ad-ministración de liquidación o de exigencia de la deuda tributaria tienen alcance general, incluso respecto de los responsables a partir del momento en que la Administración haya dictado y notificado el acto de deriva-ción de la responsabilidad (Cfr. STS de 9 de abril de 2003, rec. cas. en interés de ley 79/2002). A esta misma solución llegaba también la jurisprudencia sobre la base del artículo 1.974 del Código Civil, dis-tinguiendo las obligaciones solidarias, cuya interrupción de la prescripción perjudicaba a todos los deudores, de las mancomunadas en las que procedía la individualización de los efectos de la interrupción de la pres-cripción. Así, la STS de 22 de septiembre de 2002 (Rec. cas. 7602) señala que: «Esta conclusión deriva de lo dispues-to en el artículo 1.974 del Código Civil, aplicable supletoriamente según preceptúa el artículo 9.º, apartado 2, de la Ley General Tributaria [1963 ], toda vez que esta ley no contiene al regular la prescripción de las obli-gaciones tributarias, norma alguna sobre las obligaciones solidarias. El artículo 1974 citado, dispone: “La interrupción de la prescripción de acciones en las obligaciones solidarias aprovecha o perjudica por igual a todos los acreedores y deudores”. También se llega a esta misma conclu-sión, por lo dispuesto en el artículo 62.2 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decre-to 1684/1990, de 20 de diciembre, [...], precepto que corrobora que tratándose de obligados tributarios solida-

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rios la interrupción de la prescripción a uno de los sujetos pasivos solidarios tiene eficacia interruptiva para todos los demás» (Cfr. STS de 23 de marzo de 2004, rec. 11306/1998). Y debe tenerse en cuenta que, si la responsabilidad de los administradores es subsidiaria con respecto a las obligaciones tributarias de la sociedad, cuando existe una pluralidad de administradores la responsabilidad entre ellos es solidaria. En este sentido ha tenido ocasión de pronunciarse la Sala en sentencia de 31 de ma-yo de 2007 (rec. cas. para la unificación de doctrina 37/2002) señalando «en definitiva, que la responsabili-dad subsidiaria de los administradores de las sociedades contemplada en el párrafo primero del apartado 1 del artículo 40 de la Ley General Tributaria [1963] es personal y solidaria entre sí [...]». Pues es evidente que el responsable subsidiario no responde mancomunadamente, sino que su responsabilidad se extiende, salvo excepciones, a la totalidad de la deuda tributaria, por lo que también es responsable solidario. Cosa distinta es que el responsable subsidiario sólo responda una vez que se haya hecho exclusión de los bienes del deu-dor principal. Por ello puede decirse que aunque el responsable solidario responda solidariamente, su nota diferenciadora con respecto al responsable subsidiario es que responde en primer grado, de forma inmediata, sin necesidad de seguir un orden determinado en la ejecución de la deuda sobre el patrimonio de distintos deudores. Y, así, el artículo 37.6 de la LGT/1963- al establecer que cuando sean dos o más los responsables solidarios o sub-sidiarios de una misma deuda, ésta podrá exigirse íntegramente a cualquiera de ellos-otorgaba carácter soli-dario ante la Hacienda Pública a la obligación de cualquier clase de responsables, solidarios y subsidiarios.” Pues bien, tal y como hemos visto con anterioridad, en este caso consta en el expediente la existencia de va-rias actuaciones recaudatorias objeto de notificación a la reclamante en su condición de responsable y con virtualidad interruptiva de la prescripción de la deuda reclamada. Nos referimos tanto a la Orden Foral 429/2008, de 24 de diciembre, del Consejero de Innovación, Industria y Empleo que desestimó el recurso de alzada contra la Resolución sancionadora inicial (notificada en fecha 12 de enero de 2009), a la Providencia de Apremio de 2 de septiembre de 2009 (notificada en 28 de septiembre de 2009) y por último el Requeri-miento de Información y Embargo de créditos de 17 de septiembre de 2011 (notificado en fecha 7 de octubre de 2011).

Véase por tanto que ciertamente, entre esta última fecha de 7 de noviembre de 2011 y la de notificación del Requerimiento de Información y Embargo de créditos de 6 de abril de 2016 notificado en fecha 20 de mayo de 2016, ahora objeto de impugnación, transcurrieron más allá de los cuatro años que la LFGT establece como plazo legal de prescripción.

Ahora bien, siendo esto cierto, no debe perderse de vista que a lo largo de esos cuatro años a los que acaba de hacerse referencia sí existieron actuaciones conducentes al cobro de la deuda reclamada a la interesada en la persona de la deudora principal, es decir BBB, S.L.L, las cuales, conforme a los precitados artículo 57.4 de la LFGT y 67 del RFR tendrían efectos interruptivos para los responsables y resto de obligados al pago de la deuda, en este caso la reclamante.

En efecto, mediante Edicto de fecha 15 de noviembre de 2011, publicado en B.O.N. número (…) de (…) de marzo de 2012, se notificó a la deudora principal Providencia de Embargo 0142/092619/20110156305 de fe-cha 15 de noviembre de 2011. Por otro lado, mediante anuncio publicado en B.O.N. número (…) de fecha 4 de junio de 2014, se comunicaron a la deudora principal Providencia de Embargo 0142/2013/119376/20130207858 de fecha 3 de diciembre de 2013 y Diligencia de Embargo de cuentas ban-carias 2013/390549, relacionada con la anterior. En ambos dos Edictos se advertía a su destinataria (es decir BBB, S.L.L.) que los referidos actos se entenderían notificados si transcurrieran quince días naturales desde la publicación del anuncio sin que la misma compareciera en ninguno de los dos casos a fin de darse por no-tificada. En la relación de deudas que se hacían constar en cada una de las dos referidas Providencias se encontraba la deuda AE. expte 305/2008 sanción laboral CP por cantidad de 3.049,25 euros, es decir la deu-da (que originariamente era de 2.500 euros pero a la que ya en ese instante habían de sumarse otras canti-dades) cuyo intento de cobro por parte de la Hacienda Foral de Navarra a la reclamante es ahora objeto de li-tigio. No habiéndose producido la personación de la deudora principal, ni por sí ni por medio de representan-te, en el plazo otorgado en las referidas Providencias de Embargo, la notificación de estas vino a producirse por el transcurso del plazo de quince días naturales al que en las mismas se hacía referencia, es decir en fe-cha 14 de diciembre de 2011 la primera de ellas y en fecha en fecha 20 de junio de 2014 la segunda.

Así pues, pese a que las mismas no se entendieran con la ahora reclamante sino con el deudor principal, de-ntro del plazo legal de cuatro años desde la última actuación recaudatoria llevada a cabo con la interesada sí existieron actuaciones recaudatorias capaces de interrumpir la prescripción de la administración tributaria del

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derecho al cobro, con la consecuencia lógica de que el plazo prescriptivo debió comenzarse a computar de nuevo a partir del momento de producirse cada una de las mismas.

Por tanto, tomando la fecha 20 de junio de 2014, fecha de la última notificación a BBB, S.L.L. de la Providen-cia de Embargo de fecha 3 de diciembre de 2013, como nuevo término inicial del plazo de prescripción, resul-ta evidente que en fecha de notificación del acto combatido, 20 de mayo de 2016, no había transcurrido el plazo legal de cuatro años (como de hecho a partir del expediente puede comprobarse que no ha transcurri-do en ningún momento a lo largo de todo el proceso recaudatorio seguido para el cobro de la deuda que constituye el objeto de la actuación recaudatoria impugnada) y por ende no resulta posible apreciar la pres-cripción que la interesada pretende, lo cual nos lleva a rechazar su pretensión.

En suma, y con fundamento en todo lo afirmado hasta aquí, este Tribunal entiende procedente la desestima-ción de todos los motivos de impugnación contenidos en el escrito de reclamación económico-administrativa presentado y consecuentemente la íntegra confirmación del acto impugnado.

Y en consecuencia, este Tribunal, en sesión celebrada en la fecha que figura en el encabezamiento, propone la desestimación de la reclamación económico-administrativa interpuesta por la representación de AAA, S.A.L. con N.I.F XXX en relación con diligencia de embargo de créditos.

El transcrito Acuerdo resultó ratificado por el Gobierno de Navarra en su sesión del día 20 de diciembre de 2017.

Deudor principal
Plazo de prescripción
Responsable solidariamente
Embargo de créditos
Obligado tributario
Sociedad anónima laboral
Interrupción de la prescripción
Diligencia de embargo
Sanciones laborales
Prevención de riesgos laborales
Procedimiento de apremio
Realización forzosa
Indefensión
Deuda tributaria
Obligaciones tributarias
Días naturales
Obligaciones solidarias
Prescripción de la acción
Providencia de embargo
Providencia de apremio
Pago de la deuda tributaria
Reembolso
Sanciones tributarias
Devolución de ingresos indebidos
Extinción de deudas tributarias
Procedimiento sancionador
Acción civil
Responsable tributario
Cobro de la deuda tributaria
Declaración de concurso
Culpa
Responsabilidad solidaria
Deudor solidario
Pago en periodo voluntario
Responsabilidad tributaria
Actuación administrativa
Representación procesal
Responsabilidad del administrador
Embargo de cuenta
Fecha de notificación

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 939/2005 de 29 de Jul (Reglamento General de Recaudación) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 210 Fecha de Publicación: 02/09/2005 Fecha de entrada en vigor: 01/01/2006 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

Ley 14/2013 de 17 de Abr C.A. Navarra (Medidas contra el fraude fiscal) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial de Navarra Número: 80 Fecha de Publicación: 29/04/2013 Fecha de entrada en vigor: 30/04/2013 Órgano Emisor: 1.1. Disposiciones Generales

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