Resumen
Solicita el interesado dejar fuera de gravamen percepciones derivadas de su situación de incapacidad. El Órgano estima la pretensión. En este caso, resulta que el recurrente funcionario civil del Estado, transferido a Navarra e incluido en el sistema mutualista, se jubiló por incapacidad permanente para el desempeño de sus funciones el 14 de agosto de 1991, habiéndose calificado correspondiente minusvalía el 13 de septiembre de 1989 en grado de minusvalía suficiente para hablarse de incapacidad permanente absoluta en esas fechas y por tanto también en 1994. Así, según la norma y jurisprudencia aplicable ha de tenerse por exentas las prestaciones que en 1994 percibió el interesado por su incapacidad.
Cuestión
Exención de prestaciones percibidas por incapacidad permanente absoluta.
Contestación
En examen de recurso interpuesto por Don (?) a propósito de tributación por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 1994.
ANTECEDENTES DE HECHO
El ahora recurrente efectuó autoliquidación de su deuda tributaria mediante declaración que formuló en (?) de mayo de 1995, dándose lugar a una deuda de 53.627 pesetas. Y habiéndose venido oportunamente por el interesado a solicitar la modificación de dicha autoliquidación en punto a dejar fuera de gravamen percepciones derivadas de su situación de incapacidad, la Sección gestora del Impuesto rechazó dicha pretensión con fundamento en que en el recurrente no concurría la situación de gran invalidez en el año de que se trata.Y frente a ello da el interesado en interponer el presente recurso aduciendo lo que entiende convenir al logro de su pretensión.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.- Ha de declararse por este Organo en primer lugar su competencia, por razón de la materia y de la naturaleza del acto impugnado (artículo 2.1.a. de su Reglamento), para conocer del presente recurso; éste, por otra parte, ha sido formulado por persona dotada de legitimación activa al efecto, al venir directamente afectada por el acto impugnado; y, en fin, ha de tenerse por interpuesto en tiempo hábil.
2.- Cabe ver que mientras en régimen común el artículo
9. Uno. c) de la
Ley 18/1991, de 6 de junio, en punto a la exención de que se trata, la limitaba a los casos en que el grado de disminución física o psíquica fuese constitutivo de una gran invalidez, de forma diferente la normativa navarra (artículo 10.b) de la
Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo) acogía sin tales restricciones esa exención de ?las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente para el servicio de los funcionarios de las Administraciones Públicas?. Más tarde, por Ley Foral 14/1993, de 30 de diciembre, la exención vino a contraerse, por lo que se refiere a esas correspondientes prestaciones reconocidas por las Administraciones Públicas de Navarra, a las que se diesen ?cuando el grado de disminución física o psíquica sea constitutivo de una incapacidad permanente absoluta para el desempeño de cualquier puesto de trabajo o de una gran invalidez?, agregándose que, en cuanto a las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente reconocidas por otras Administraciones Públicas, el grado de disminución física o psíquica había de ser constitutivo de gran invalidez. Claramente se aprecia en esto último un deseo de no apartarse ni mínimamente de la normativa tributaria del Estado en cuanto al trato fiscal a dispensar a esas pensiones reconocidas por Administraciones Públicas distintas de las navarras. Y ese mimetismo en este punto habrá de comportar la consecuencia de que deba entrar en juego aquí lo pronunciado, respecto de la correspondiente normativa de régimen común, por el Tribunal Constitucional en Sentencia de 22 de julio de 1996, que declaró inconstitucional y nulo aquel artículo 9.1.c) de la Ley estatal en cuanto que, con flagrante agravio comparativo respecto de lo establecido para las correspondientes prestaciones de la Seguridad Social (contempladas en la letra d) de ese artículo) pretendía desconocer, a efectos de la exención en correspondientes prestaciones abonadas a funcionarios, la situación de incapacidad permanente absoluta. Con ello (con esa Sentencia) ha de entenderse que quedó fuera de contexto aquel apartado 2 del artículo 10.b) configurado por la Ley Foral 14/1993, que si se hubiese limitado a mencionar esas pensiones reconocidas por las Administraciones Públicas de régimen común con la sola apostilla de que el grado de disminución hubiere de ser el recogido por la normativa tributaria estatal, habría dado lugar automáticamente al benéfico efecto producido por aquella Sentencia del Tribunal Constitucional, que, reprobando lo discriminatorio de tal precepto en comparación con lo establecido para las similares prestaciones de la Seguridad Social, adicionalmente motivó correspondiente modificación en la normativa estatal. Y bien: tras la dicha Sentencia parece que el legislador navarro olvidó la existencia del señalado número 2 del citado artículo y no se percató de la incongruencia de su formal subsistencia, carente ya de sentido por razón de su configuración idéntica a la del precepto estatal declarado nulo. Pero en cualquier caso, este Organo entiende que la citada Sentencia ha de afectar también a un precepto de la normativa navarra cual el señalado (que se limita a hacer una recogida de aquella ya decaída normativa estatal sobre la materia); y que en cualquier caso, pues, aunque extremosamente se adujese que la Sentencia del Tribunal Constitucional no vino a contemplar expresa y formalmente ese precepto de Navarra, sin embargo la solución del problema no habría de ser otra que la de dejar inaplicado (aun no habiéndose producido de modo expreso y singular declaración de inconstitucionalidad al respecto) el dicho número 2 del artículo 10. b) de la norma de Navarra, y ello por evidencia de su frontal oposición al texto constitucional (fundamentalmente, el principio de igualdad ante o en la Ley, contenido en el artículo 14 de dicho texto; y asimismo el principio de capacidad económica como determinante de capacidad contributiva, cual se desprende del artículo 31.1), pues siendo el tal precepto de Navarra de contenido idéntico al del precepto declarado nulo por la tan repetida sentencia, supone una vulneración del deber impuesto al legislador ?de dispensar un mismo tratamiento a quienes se encuentran en situaciones iguales, con prohibición de toda desigualdad que, desde el punto de vista de la finalidad de la norma cuestionada, carezca de justificación objetiva y razonable o resulte desproporcionada en relación con dicha justificación?, según reza la dicha Sentencia, que aún agrega que ?la tacha de inconstitucionalidad se centra, pues, en la atribución de un diferente trato fiscal a quienes perciben cantidades por la misma causa -la existencia de una incapacidad que inhabilita al trabajador para toda profesión u oficio- en concepto de pensión o prestación, merecen desde el punto de vista del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que establece el artículo 31.1 C E. (...) la igualdad ha de valorarse, en cada caso, teniendo en cuenta el régimen jurídico sustantivo del ámbito de relaciones en que se proyecte, y en la materia tributaria es la propia Constitución la que ha concretado y modulado el alcance de su artículo 14 en un precepto (artículo 31.1), cuyas determinaciones no pueden dejar de ser tenidas aquí en cuenta. La igualdad ante la Ley -ante la Ley tributaria, en ese caso, resulta, pues indisociable de los principios (generalidad, capacidad, justicia y progresividad, en lo que ahora importa) que se enuncian en el último precepto constitucional citado?. Pues bien: la aplicación a ultranza en el caso del precepto de la normativa navarra esgrimido por la Sección gestora (por otra parte, carente ya, incluso, de referencia a correspondiente normativa estatal) supondría ya no solamente incurrir en la discriminación de tratamiento fiscal denunciada por esa tan citada Sentencia del Tribunal Constitucional sino en una acumulada discriminación, pues la antigua discriminación de los funcionarios frente a los beneficiarios de la Seguridad Social se vería ahora en Navarra acentuada y agravada por la añadida discriminación de los funcionarios que hayan de tributar a la Hacienda Foral frente a los que hayan de hacerlo a la Hacienda Estatal. En fin, resulta en el presente caso que el recurrente, funcionario civil del Estado (transferido a Navarra) e incluido en el correspondiente sistema mutualista (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado) se jubiló por incapacidad permanente para el desempeño de sus funciones en 14 de agosto de 1991, habiéndose calificado correspondiente minusvalía el 13 de septiembre de 1989 en grado del 95 por ciento, lo que, teniendo en cuenta su situación de insuficiencia renal crónica terminal, hace que en aquellas fechas pudiere hablarse de incapacidad permanente absoluto entonces y en el año 1994 (con posterioridad su situación fue calificada como de gran invalidez). Y que, en definitiva, por todas las razones que se han venido desarrollando, han de tenerse por exentas en Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las prestaciones que en el año de 1994 percibió por razón de su incapacidad.
Y, en virtud de ello, este Organo, en sesión celebrada el día de la fecha arriba indicada, acuerda estimar recurso interpuesto por Don (?) a propósito de tributación por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para el año 1994, con lo que al respecto habrá de practicarse correspondiente liquidación acomodada a lo señalado en la fundamentación del presente Acuerdo.
