Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 960774 de 10 de Noviembre de 1998

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  • Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra
  • Fecha: 10 de Noviembre de 1998
  • Núm. Resolución: 960774

Resumen

Solicita el interesado que se practique deducción por creación de empleo. Alega, irrelevancia del requisito de acudir a las Oficinas de Empleo, y contratación de una trabajadora por tiempo indefinido. El Órgano desestima la pretensión La norma tributaria no impone la forma escrita a efectos de deducción por creación de empleo. Pero la deducción supone estímulo fiscal para la absorción real de paro. En este caso, aunque existe incorporación de trabajadores a la actividad de la empresa, no se ha producido una auténtica creación de empleo por no producirse dentro de la economía nacional. Y respecto a posible deducción por contratación de trabajadora, no se demuestra que ninguno de los contratos que se realizaron fueran por tiempo de duración indefinida.

Cuestión

Deducción por creación de empleo: estímulo fiscal para absorción de paro dentro de economía nacional.

Contestación

En examen de recurso interpuesto por la Compañía ?(?)? a propósito de tributación por Impuesto sobre Sociedades del periodo impositivo cerrado en (?) de junio de 1995.

ANTECEDENTES DE HECHO

La Compañía recurrente efectuó autoliquidación de su deuda tributaria por el Impuesto y período de referencia mediante declaración que formuló en (?) de diciembre de 1995, dándose lugar a una deuda de 1.067.844 pesetas. Por la Sección gestora del Impuesto se procedió a revisar dicha autoliquidación mediante la práctica de la correspondiente liquidación provisional, que introdujo una modificación en el punto relativo a deducción por creación de empleo, que la Compañía había cifrado en 1.070.000 pesetas y que la liquidación revisora vino a suprimir. Y, tras alguna vicisitud impugnatoria en cuanto al dicho extremo, que dio lugar a su rechazo por parte de la Sección gestora con base en que la contratación de trabajadores del caso no se había efectuado a través de correspondiente Oficina de Empleo y fundamentalmente en que esa contratación de trabajadores no vino a absorber real paro, da la interesada en interponer el presente recurso arguyendo la irrelevancia del pretendido requisito de haber de acudir a las Oficinas de Empleo para que pueda surgir el derecho a la deducción de que se trata; y que, en último término, al menos la contratación de una de las personas trabajadoras habría de dar lugar a deducción por el tiempo que medió entre su contratación (en (?) de febrero de 1995) y el cierre del ejercicio ((?) de junio de 1995), dado que dicha trabajadora se incorporó a la plantilla de la empresa por tiempo indefinido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- Ha de declararse por este Organo en primer lugar su competencia, por razón de la materia y de la naturaleza del acto impugnado (artículo 2.1.a. de su Reglamento), para conocer del presente recurso; éste, por otra parte, ha sido formulado por persona (la Sociedad) dotada de legitimación activa al efecto, al venir directamente afectada por el acto impugnado y habiendo actuado mediante representación adecuada a tal objeto; y, en fin, ha de tenerse por interpuesto en tiempo hábil.

2.- Por lo que se refiere a la genérica cuestión de si a efectos de deducción por creación de empleo puede o no requerirse una determinada forma en correspondientes contratos de trabajo o han de preceder a la contratación determinados requisitos, ha de verse que ello no puede ser así en modo alguno. El contrato de trabajo no requiere, para su validez, hallarse revestido de forma jurídica alguna, pudiendo celebrarse ?por escrito o de palabra?, según el artículo 8.1 del Estatuto de los Trabajadores (y aun de forma tácita, cosa que se desprende sin más de la presunción armada por la continuación del dicho precepto). El encuentro de correspondientes declaraciones de voluntad hechas en forma oral determina, sin más, la existencia del contrato de trabajo, aunque, eso sí, facultándose a cualquiera de las partes a compeler a la otra, mientras dure la relación laboral, a su formalización escrita; e incluso en cuanto a las específicas modalidades de contrato que han de concertarse por escrito (apartado 2 de ese citado artículo 8), la falta de esa forma lleva simplemente a la entrada en juego, en general, de la presunción de haberse celebrado por tiempo indefinido. Así que (ha de repetirse) la forma escrita no es, en modo alguno, elemento de validez del contrato. Otra cosa es que, no requiriéndose ?ad solemnitatem? forma documental, sin embargo tal forma resulte, obviamente, aconsejable a efectos de comodidad en la prueba de la existencia del contrato. Pero, en cualquier caso, la prueba de la existencia de un contrato laboral podrá hacerse por cualquiera de los medios admisibles en Derecho que lleven a la convicción de esa existencia, como puede ser la prueba de que existe una relación de naturaleza laboral, es decir, que hay una persona que presta una actividad y otra (en cuyo favor se presta) que la acepta, lo cual lleva al entendimiento (por presunción) de que esa actividad se desarrolla por cuenta ajena, de forma retribuida y en régimen de dependencia respecto de la persona a la que se presta la actividad y actuando dentro del ámbito de organización y dirección de ésta. En suma, probada o presumida una relación de prestación de actividad remunerada entre un empresario y un trabajador, ha de presumirse que esa relación se halla regida por un contrato de trabajo (ordinario) y no consiste, por ejemplo, en una prestación de servicios propia del Derecho civil. En definitiva, cuando en la norma tributaria se utiliza la expresión de ?en los términos que dispone la legislación laboral?, no se está con ello poniendo obstáculo alguno de deducibilidad para los casos en que el contrato no revista la forma escrita, pues, como se ha dicho, tal formalidad no viene exigida por la normativa laboral. Y, por lo que se refiriese a que, por ejemplo, la contratación hubiere de hacerse de acuerdo con las disposiciones laborales en materia de colocación, ha de verse que el artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores, que imponía al empresario la obligación de dirigirse a la Oficina de Empleo en busca de correspondientes trabajadores, nunca ha representado en la realidad una contratación con decisiva intervención del INEM, sino que en cualquier caso la situación acababa resolviéndose en una libre elección de un trabajador por el empresario y una mera legitimación o incluso una simple ?constatación? del hecho por parte de la Oficina del INEM; y en último extremo, aun en el caso de que el INEM actuase verdaderamente como mediador, resultaba que si la capacitación o características de los trabajadores propuestos por la Oficina no se adecuaba a lo requerido por el empresario, éste podía proceder a contratar libre y directamente a cualquier trabajador. Y, eso sí, lo que había de hacerse era presentar en esa correspondiente Oficina los contratos ya celebrados o bien comunicar esa contratación hecha si no se efectuó en forma escrita por no ser ésta necesaria (no necesidad que, como se ha señalado más arriba, se da en la mayor parte de los casos de contratación laboral); y con la pura consecuencia de que si así no se hiciese en el plazo marcado por la Ley (de diez días siguientes a la contratación), se incurriría en infracción administrativa, pero en modo alguno (claro está) podría desconocerse el hecho de haberse celebrado el correspondiente contrato. En fin, aquella inanidad (que en la práctica se producía) de la obligación de dirigirse el empresario a la Oficina de Empleo para llevar a cabo la contratación de personal, se vio confirmada por el hecho de la derogación del antiguo contenido del artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores, producida por el Real Decreto 18/1993, de 3 de diciembre, seguido de la Ley (de más amplio espectro) 10/1994, de 19 de mayo, recogiéndose en las Exposiciones de motivos de ambas normas el paladino reconocimiento de que tal venía ocurriendo ?en más del 90 por ciento de los casos durante el último año?.

3.- Sentado, pues, que la expresión que la norma tributaria recoge a efectos de la deducción por creación de empleo (?los términos que dispone la legislación laboral? en cuanto a contratación) no impone la forma escrita y que, por otra parte, la formal obligación de que la contratación se efectuase a través de correspondiente Oficina de Empleo era requisito que desdecía de la realidad y no podía, en buenos principios, tomarse como exigible a efectos de la deducción de que se trata, sí ha de confirmarse la visión del problema que la Sección gestora tiene acerca de que la deducción por creación de empleo es un estímulo para la estricta y efectiva absorción de paro (hacia ese objetivo apreciaba la Sección que se encaminaba el requisito que ella mantenía en el sentido de que la contratación se hiciese a través de las Oficinas de Empleo). Y a ese respecto ha de mantenerse en su sustancia la resolución dictada por aquélla, pues el fin perseguido por el estímulo fiscal consistente en correspondiente deducción por creación de empleo es precisamente ese de crear empleo, lo que significa eliminación de situaciones de paro, es decir, absorción de paro, como con gráfica expresión señala la Sección gestora, que agrega que ?cuando una empresa contrata a un trabajador que tenía empleo en otra empresa, al tiempo que incrementa su plantilla no absorbe paro; solamente si el puesto vacante es ocupado por persona desempleada se habrá absorbido paro?. Así, y desde esa perspectiva puede decirse que no representa creación de empleo ese supuesto de contratación de personas que ya viniesen prestando su trabajo en virtud de correspondiente contrato de vigencia temporal indefinida; y bajo ningún concepto cabría tomar, por ejemplo, como supuesto de creación de empleo el caso de que se produjese la transformación de una sociedad o, pero tampoco el de que simplemente una empresa se haga con el personal de otra, lo cual puede ocurrir de forma absoluta si la anterior cesa en su actividad, o bien de forma parcial y relativa cuando aquélla prosiga su actividad a la par que la nueva, a la cual sólo pase una parte del personal de la primera; o bien que esa primera inicie una actividad distinta y pase a la nueva la totalidad o parte de aquel personal. Así que aunque la ?incorporación? de trabajadores a la actividad de la recurrente se ha hecho en el caso, naturalmente, mediante nuevos contratos de trabajo, es lo cierto que en cuanto a los tales cabe apreciar que (como se ha señalado más arriba) no se ha producido una auténtica creación de empleo al no haberse dado con ello esa creación en el ámbito de la economía nacional, y eso con independencia de la añadida y sobreabundante circunstancia señalada por la Sección gestora en el sentido de que dos trabajadores del caso mantienen una fecha de antigüedad anterior a la de surgimiento de la Compañía, y que los tales eran trabajadores de otra Compañía que tenía el mismo domicilio de la recurrente, es decir, que en relación con tales trabajadores no se ha eliminado una situación de paro. Y ya concretamente por lo que se refiere al hecho aducido por la empresa de que al menos una trabajadora (Doña (?)) habría de dar lugar a deducción desde (?) de febrero de 1995, en que resultó contratada, ha de verse que, aunque es bien cierto que la tal había causado baja en la empresa en (?) de mayo de 1994, no ha venido a acreditarse que entre una y otra fecha (o al menos en fechas inmediatamente anteriores a la de aquella nueva contratación) se hallase precisamente en situación de desempleo; y ello amén de que la citada trabajadora vino teniendo sucesivamente contratos del tipo 24 (una de las variantes de contrato a tiempo parcial con duración determinada contemplado en el Real Decreto 1991/1984), del tipo 15 (contrato de duración determinada para eventuales por circunstancias de producción, regulado en el Real Decreto 2.104/1984), del tipo 16 (contrato de interinidad, también por tiempo de duración determinada y contemplado asimismo por el Real Decreto últimamente citado) y del tipo 17 (contrato por lanzamiento de nueva actividad, que igualmente es otro tipo de contrato de duración determinada y perteneciente al grupo de los contemplados por ese Real Decreto 2.104/1984). En definitiva, pues, que ninguno de dichos contratos lo fue por tiempo de duración indefinida; y especialmente no lo fue el últimamente señalado, que la empresa esgrime ahora, pero cuya duración ha de ser no inferior a 6 meses y no superior a 3 años, por lo que no puede aducirse que cuando se dio esa última forma de contratación de la dicha trabajadora se estuviese ante supuesto de hecho determinante de la deducción pretendida.

Y, en virtud de ello, este Organo, en sesión celebrada el día de la fecha arriba indicada, acuerda desestimar recurso interpuesto por la Compañía ?(?)? a propósito de tributación por Impuesto sobre Sociedades del período impositivo cerrado en (?) de junio de 1995, con lo que quedan confirmadas en sus propios términos la liquidación tributaria practicada por dichos Impuesto y período impositivo y la decisión denegatoria que la Sección gestora pronunció contra inicial reclamación llevada a cabo por la empresa frente al señalado acto liquidatorio.

Contrato de Trabajo
Período impositivo
Impuesto sobre sociedades
Actividades empresariales
Deuda tributaria
Liquidación provisional del impuesto
Legitimación activa
Contratación laboral
Declaración de voluntad
Validez del contrato
Prestación de servicios
Infracciones administrativas
Desempleo
Puesto vacante
Contrato de trabajo de duración determinada
Contrato a tiempo parcial
Contrato de interinidad
Liquidaciones tributarias

RDLeg. 1/1995 de 24 de Mar (Estatuto de los Trabajadores) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 75 Fecha de Publicación: 29/03/1995 Fecha de entrada en vigor: 01/05/1995 Órgano Emisor: Ministerio De Trabajo Y Seguridad Social

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