Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 970084 de 23 de Junio de 1999

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  • Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra
  • Fecha: 23 de Junio de 1999
  • Núm. Resolución: 970084

Resumen

Solicita el recurrente que no se compute entre sus rentas propias las cantidades percibidas por prestación por minusvalía de su hija, afectada de parálisis cerebral y con un grado de minusvalía reconocido oficialmente del 83 por ciento y considerado como definitivo, a la que se aplica por error el grado comprendido entre el 65 y el 75 por ciento de minusvalía. Reitera el Órgano la consideración de que estas prestaciones no son de las consideradas como de ayuda familiar, ya que en caso de fallecimiento de los padres la seguiría recibiendo el hijo, lo que determina que el titular de la prestación es la hija, aunque formalmente se atribuya a su padre, por lo que procede estimar el recurso.

Cuestión

Imputación de rentas obtenidas por la prestación de minusvalía de una hija con parálisis cerebral y grado de minusvalía del 83 por ciento.

Contestación

En examen de recurso interpuesto por Don (?) a propósito de tributación por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 1994.

ANTECEDENTES DE HECHO

El ahora recurrente efectuó autoliquidación de su deuda tributaria mediante declaración que formuló en (?) de 1995, dándose lugar a una deuda tributaria de 230.411 pesetas. Por la Sección gestora del Impuesto se procedió a revisar dicha autoliquidación mediante la práctica de correspondiente liquidación provisional, de carácter modificativo de aquélla; y, tras alguna vicisitud impugnatoria que dio lugar a su rechazo por parte de la dicha Sección gestora, viene el interesado a interponer ante este Organo el presente recurso insistiendo en su pretensión de que no se compute entre sus rentas propias la prestación por minusvalía de una hija, afectada de parálisis cerebral y con un grado de minusvalía oficialmente reconocido del 83 por ciento, y ello con carácter considerado como definitivo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- Ha de declararse por este Organo en primer lugar su competencia, por razón de la materia y de la naturaleza del acto impugnado (artículo 2.1.a. de su Reglamento), para conocer del presente recurso; éste, por otra parte, ha sido formulado por persona dotada de legitimación activa al efecto, al venir directamente afectada por el acto impugnado; y, en fin, ha de tenerse por interpuesto en tiempo hábil.

2.- En el repertorio que el artículo 15 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ofrece, aparece especificado, como ejemplo de rendimientos de trabajo, el concepto de las ayudas o subsidios familiares. En cualquier caso ha de señalarse que esa lista de supuestos de rendimientos de trabajo (siempre sin perjuicio de lo dispuesto en el correspondiente artículo relativo a rentas exentas, que lo es el 10 de aquella Ley Foral) no es puramente nominalista sino, obviamente, un repertorio que, además de ser meramente ejemplificativo, no puede quedar desconectado de su raíz, que viene dada por la conceptuación o definición que de los rendimientos de trabajo se hace en el artículo 14 de la dicha Ley Foral (por lo que a Navarra se refiere), y cuyo artículo señala, como no podía ser de otro modo, que son rendimientos de trabajo las contraprestaciones o utilidades que deriven, directa o indirectamente, del trabajo personal del sujeto pasivo, abundando luego aquel precepto en que aquellas contraprestaciones o utilidades han de retribuir o derivarse del trabajo personal del sujeto pasivo o, en último término, ser consecuencia de su relación laboral. En definitiva, pues, que los concretos ejemplos de rendimientos de trabajo dados en aquel repertorio del artículo 15 citado tendrán ese dicho carácter sólo en cuanto respondan al concepto o definición dados por el artículo 14. Pues bien: es muy de tener en cuenta que la prestación de que se trata no viene a ser una de las que podrían considerarse normales dentro del concepto de ayuda familiar sino que la tal no quedaría extinguida en el caso de fallecimiento del recurrente y de su esposa, pues seguiría siendo percibida por su hija minusválida, lo cual llevaría a la conclusión de que el titular (si no nominal sí real) de la prestación fuese la hija: sería renta suya con independencia de que precisamente su incapacidad determine que formalmente aparezca como atribuida a su padre y de que materialmente se abone a éste, y ello por la necesidad en que el minusválido se encuentra de que otra persona cuide de sus intereses y administre sus bienes, cosa que por modo natural queda encomendada al recurrente; y que, en fin, en el caso de que el 100 por ciento de la cuantía de la percepción esté afecta a la atención de su hija como minusválida, resulta que, habiendo quedado cifrada la prestación en 587.460 pesetas (Disposición Adicional Undécima de la Ley de Presupuestos del Estado para 1994) en los casos de minusválidos en grado igual o superior al 75 por ciento y necesitar ?el concurso de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos?, según señalaba el artículo 167.3.3 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social entonces vigente (en la redacción dada por la Ley 26/1990, de 20 de diciembre), sin embargo, erróneamente -a lo que se ve- resultó abonada la prestación correspondiente a grado de minusvalía comprendido entre el 65 y el 75 por ciento. Pero en todo caso es de ver que la dicha cifra, que ha de tenerse como una suerte de ?mínimo vital? del minusválido, vendría a quedar cercenada por la imposición sobre la renta en el caso de atribuírsele al recurrente y acumularse a otras rentas de éste; es decir, que por vía tributaria se estaría negando en la práctica la cuantía de prestación que la normativa de la Seguridad Social vino a calcular para su estricto destino al afrontamiento de las especiales necesidades derivadas de la situación del minusválido. En fin, ninguna adicional capacidad económica (y, por ende, ninguna capacidad contributiva) resulta de la asignación del caso, que se limita a cumplir un principio de solidaridad social articulado por el ordenamiento jurídico (normativa de la Seguridad Social) como puro paliativo de ominosas situaciones cuales la planteada, y cuya asignación pública no viene a ser sustitutiva de renta alguna salarial o equivalente. A no distinta conclusión, por otra parte (y dicho sea a título meramente ilustrativo), llega Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid, de 30 de junio de 1995, que con prudente atrevimiento bordea (de modo reticente) el vedado terreno de la utilización de la analogía en materia de exenciones al decir que cuando el artículo 9º.Uno.l, de la Ley del IRPF (de pronunciamiento idéntico al del artículo 10.j) de la Ley de Navarra) utiliza la expresión acogimiento, para establecer correspondiente exención, ello puede tenerse por aplicable a casos como el presente, no obstante haber reconocido antes aquel Organo que puede parecer ?que el legislador se refiere en dicha disposición al (estricto) concepto civil del acogimiento, recogido en los artículos 172 y siguientes? del Código civil. En definitiva, volviendo a lo que más arriba se señalaba, se está en trance de estimar la pretensión del interesado, de modo que no habrá de acumularse a las rentas de éste el importe de la dicha prestación por hija minusválida, prestación que, por su parte, no habrá de someterse a tributación.

Y, en virtud de ello, este Organo, en sesión celebrada el día de la fecha arriba indicada, acuerda estimar recurso interpuesto por Don (?) a propósito de tributación por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para el año 1994, de suerte que la correspondiente liquidación habrá de rectificarse de conformidad con lo señalado en la fundamentación del presente Acuerdo.
Minusvalía
Discapacidad
Grado de minusvalía
Rendimientos del trabajo
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Deuda tributaria
Discapacitados
Contraprestación
Liquidación provisional del impuesto
Legitimación activa
Incapacidad
Acogimiento
Mínimo vital
Capacidad económica
Principio de solidaridad

RDLeg. 1/1994 de 20 de Jun (TR. de la ley general de la seguridad social) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 154 Fecha de Publicación: 29/06/1994 Fecha de entrada en vigor: 01/09/1994 Órgano Emisor: Ministerio De Trabajo Y Seguridad Social

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