Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 970738 de 11 de Diciembre de 2000

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  • Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra
  • Fecha: 11 de Diciembre de 2000
  • Núm. Resolución: 970738

Resumen

Solicita el interesado anulación de actos administrativos de comprobación del valor con motivo de adquisición de inmueble. El Órgano estima en parte. En este caso, se da la falta de expresión de razones y cálculos concretos, es decir, la motivación, que da lugar al resultado del valor real. Se priva a los interesados de la posibilidad de impugnar la comprobación de valor y, por tanto, procede anular dicho acto. Deberá, además, dictarse nuevo acto de comprobación motivado. Para la determinación del valor de las cosas se acudirá a su esencia o naturaleza, que no se ve afectada por la celebración de contrato de arrendamiento, que no supone constitución de derecho real que disminuya valor de forma permanente.

Cuestión

1º) Motivación de acto administrativo de comprobación de valor.

Contestación

Visto escrito presentado por Don (?), con D.N.I. número (?) y domicilio en Pamplona, en relación con acto de comprobación de valor dictado como consecuencia de adquisición de bien inmueble.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El interesado y su esposa adquirieron en (?) de octubre de 1996 dos fincas sitas en la planta segunda del número (?) del (?) de Pamplona, designadas con los nombres de oficinas (?) y (?).

SEGUNDO.- Previamente a la liquidación correspondiente al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se practicó acto de comprobación de valor, del que resultó un valor comprobado de 18.483.271 pesetas, muy superior al declarado en escritura, que fue de 6.500.000 pesetas.

TERCERO.- Solicitada nueva tasación, vino a rectificarse la anterior, dictándose nuevo acto de comprobación de valor en el que venía a reducirse el valor comprobado hasta 11.104.001 pesetas. Impugnada esta última tasación mediante escrito depositado en Oficina de Correos en (?) de febrero de 1997, fue emitido informe complementario en el que el tasador vino a ratificarse en el valor antes indicado. Y contra dichos actos administrativos viene ahora el interesado a interponer recurso de alzada ante este Organo mediante escrito depositado en Oficina de Correos en (?) de mayo de 1997, señalado que el precio cierto de la compraventa fue de 6.500.000 pesetas; que existen diversas circunstancias objetivas (es decir, inherentes a las características del inmueble) que impiden una valoración como la realizada por el Gobierno de Navarra; que, encargado informe a una firma con experiencia en tasaciones (que se adjunta al expediente) del mismo resulta una cantidad de la que han de deducirse las cargas que pudieran recaer sobre el inmueble; que el inmueble adquirido se hallaba dado en arrendamiento al interesado en el momento de la compraventa, lo que motiva la reducción del valor hasta los 6.500.000 pesetas, que fue el precio verdadero de la compraventa. Solicita, pues, sean anulados los actos administrativos tendentes a la comprobación del valor dictados por la Administración y fijado el valor comprobado en uno coincidente con el declarado por el interesado en escritura de compraventa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ha de declararse la competencia de este Organo para el conocimiento y resolución del recurso de alzada interpuesto, dada la naturaleza del acto administrativo impugnado, en virtud de lo que disponen los artículos 1º y 2º de su Reglamento aprobado por Acuerdo de la Diputación Foral de Navarra de 19 de junio de 1981, habiendo sido interpuesto en tiempo hábil y por persona debidamente legitimada al efecto.

SEGUNDO.- Reiteradamente viene indicando este Organo, por lo que se refiere a las exigencias que plantea un acto de comprobación administrativa del valor real de un bien, que, como tiene establecido el Tribunal Supremo en Sentencia de 26 de mayo de 1989, en el acto administrativo de comprobación de valor ?es necesaria esa exposición de criterios, ya que tanto los datos físicos o jurídicos como los cálculos de la valoración son fiscalizables por esta jurisdicción contenciosa. Por ello, si en una valoración se fija un valor al metro cuadrado, debe razonarse el porqué de esta valoración, con referencia a unos Registros Fiscales, precios de mercado u otras transmisiones próximas en tiempo y lugar?, de suerte que (viene a seguir diciéndose en esa Sentencia) no cabe dar una valoración al metro cuadrado sin expresión de las razones que a ello lleven y sin indicación de la procedencia del correspondiente dato. Y esa forma de operar (continúa señalando la Sentencia) carece de garantías para el ciudadano y hace imposible la fiscalización del acto por los Organos de la Jurisdicción. Y asimismo, por su parte, otra Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 1988 declara que, girando el Tributo sobre el verdadero valor (valor real es la mención que ahora utiliza la normativa) de los bienes transmitidos, debe prevalecer un medio concreto y específico sobre cualquier otro que se refiera a meros indicadores o parámetros generales de valor, como pueda ser el de la simple referencia genérica a precios medios de mercado. Pues bien: esto último es lo que ocurre en el expediente de que aquí se trata, en que la tasación de valor no resulta debidamente motivada, limitándose al señalamiento de una genérica fórmula de que ?la comprobación del valor del bien se llevó a cabo en base a los datos de las fichas de implantación y mantenimiento catastral de las fincas tasadas, de los valores comprobados de viviendas similares de la misma zona (tanto en antigüedad como en estado de conservación y calidades) y de los datos recogidos por el Servicio de Riqueza Territorial directamente de las transmisiones realizadas desde el año 1995 en Pamplona. Con estos datos se elaboró a través de la aplicación informática desarrollada en este Servicio el informe de tasación?, reconociéndose que tras visita girada a los locales objeto de tasación hubieron de rectificarse dos datos (tomados del Catastro) que eran erróneos: categoría de edificio (que no había de tenerse como muy buena, al menos en lo referente a las oficinas) y establecimiento de un coeficiente de interioridad. En definitiva, se da en el presente caso la falta de expresión de las razones y cálculos concretos (en definitiva, la motivación) que dieron lugar al resultado del valor real, con lo que, como se decía más arriba, se produce fundamentalmente el resultado de privar a los interesados de la posibilidad de impugnar eficazmente en su caso esa comprobación de valor, por lo que procede llevarla a cabo con esa debida fundamentación, lo cual ha de conducir a la anulación del acto de comprobación de valor.

TERCERO.- Ahora bien: en un afán de orientar la nueva motivación y eventual nueva valoración que hayan de ofrecerse en el caso, y a la vista de las alegaciones formuladas por el interesado, ha de examinarse aquí una cuestión planteada por el interesado en su escrito, cual es la de la influencia que sobre el valor del inmueble hubiera de ejercer el hecho de hallarse éste dado en arrendamiento en el momento de la compraventa a quien finalmente resultó comprador. No ha de perderse de vista cuál es la base imponible del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales: ?La base imponible con carácter general, vendrá determinada por el valor real del bien transmitido o del derecho que se constituya o ceda. Dicho valor real será el que resulte de la comprobación administrativa, si fuere mayor que el declarado por los interesados? (artículo 7º.1 de las Normas reguladoras del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados). Y ha de hacerse hincapié en que el punto de partida que se toma para la determinación del gravamen por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales es el valor real del bien y no necesariamente su precio. Son éstos dos conceptos que a menudo se confunden en el lenguaje coloquial, pero que son radicalmente distintos en su esencia. El concepto de valor es intrínseco a las cosas, se determina en función del grado de utilidad o de aptitud de las mismas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite, independientemente de que vaya a producirse una transmisión respecto de tales cosas. Ahora bien: el precio se vincula ya a una concreta operación y no tiene por qué coincidir necesariamente con el valor del bien o derecho transmitido, aunque éste último concepto puede tomarse como punto de referencia para la determinación de aquél primero. Y es que son muchas las circunstancias que pueden influir en la determinación del precio en una operación transmisoria, aparte del propio valor del bien, por ejemplo, una urgente necesidad de liquidez. Pues bien: la propia normativa fiscal se ha hecho eco de esta diferenciación entre valor y precio a la hora de establecer el régimen tributario de determinadas operaciones (véase, si no, la regulación que se ofrece acerca de la presunción de onerosidad, tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como en el Impuesto sobre Sociedades, o la normativa sobre operaciones entre personas y sociedades vinculadas). Así que una tal diferenciación no ha de resultar chocante o novedosa en el ámbito de la normativa tributaria, de tal modo que para la determinación del valor de las cosas ha de acudirse a su esencia o naturaleza, esencia o naturaleza que no se ve afectada por la celebración de un contrato (como el de arrendamiento) que no da lugar a la constitución de alguno de los derechos reales que suponen una disminución del valor de carácter permanente o, incluso, perpetuo (confiere, más bien, un derecho de tipo personal), lo que sí vendría a incidir sobre lo más íntimo del bien de que se tratase (en el sentido de ?carga? al que se refiere la normativa tributaria).

Y, en consecuencia, este Organo, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda estimar en parte el recurso de alzada interpuesto por Don (?) contra acto de comprobación de valor dictado con motivo de adquisición de inmuebles sitos la segunda planta del número (?) del (?) de Pamplona (oficinas (?) y (?)), que deberá anularse con dictado de otro que habrá de atenerse en cuanto a su motivación a lo indicado en el presente Acuerdo, con especial referencia a lo marcado en su parte final.

Valor real
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Anulación de los actos administrativos
Contrato de arrendamiento
Constitución de derechos reales
Bienes inmuebles
Precio cierto
Valor de los bienes
Acto administrativo impugnado
ITPYAJD (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados)
Catastro
Impuesto sobre sociedades
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Disminución del valor
Derechos reales

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