Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 970761 de 22 de Marzo de 2001

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  • Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra
  • Fecha: 22 de Marzo de 2001
  • Núm. Resolución: 970761

Resumen

Solicita el recurrente que se reformen autoliquidaciones de ejercicios anteriores al objeto de aplicarles deducción por minusvalía. Se desestima el recurso, respecto a dos de los ejercicios, por presentación extemporánea del recurso, desestimándose respecto al resto de ejercicios, puesto que para la determinación de las circunstancias personales se tendrá en cuenta la fecha del devengo del impuesto, sin que pueda asegurarse en el caso que en los períodos reclamados se padeciera una discapacidad que diese lugar a ese grado de minusvalía.

Cuestión

Aplicación retroactiva de deducción por minusvalía.

Contestación

Visto escrito presentado por Don (?), con D.N.I. número (?) y domicilio en Pamplona, en relación con tributación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a los años 1991 a 1995, ambos inclusive.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El ahora recurrente presentó sus reglamentarias declaraciones-liquidaciones por el Impuesto y años de referencia en tiempo oportuno.

SEGUNDO.- Posteriormente vino a solicitar de la Sección gestora la reforma de las dichas autoliquidaciones con fundamento en que no había tomado en consideración el hecho de su minusvalía a la hora de confeccionarlas. Por ello solicitaba la aplicación de la deducción por minusvalía. La Sección gestora rechazó tal pretensión mediante Resolución de (?) de 1997. Y contra dicha Resolución viene ahora el interesado a interponer recurso de alzada ante este Organo mediante escrito con fecha de entrada en el Departamento de Economía y Hacienda, de (?) de 1997, insistiendo en su pretensión de que le sea admitida deducción por minusvalía.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ha de declararse la competencia de este Organo para el conocimiento y resolución del recurso de alzada interpuesto, dada la materia y la naturaleza del acto administrativo impugnado, en virtud de lo que disponen los artículos 1º y 2º de su Reglamento aprobado por Acuerdo de la Diputación Foral de Navarra de 19 de junio de 1981, habiendo sido formulado el recurso por persona debidamente legitimada al efecto. Y en lo que hace a su interposición en plazo, ha de verse que como bien ponía de manifiesto la Sección gestora en su Resolución, ha de distinguirse lo relativo a impugnación de liquidaciones referentes a los años 1991 y 1992, y a solicitud de reforma de autoliquidación presentada por el interesado, a través de la correspondiente liquidación de la Administración. En efecto: respecto de los años 1991 y 1992 se practicaron liquidaciones en las que vino precisamente a rectificarse lo relativo a deducción por minusvalía que había sido incluida por el interesado en su autoliquidación. Dichas liquidaciones fueron notificadas en (?) de 1993 y (?) de 1994. Pues bien: contra dichas liquidaciones no vino a realizarse actuación impugnatoria alguna sino hasta el (?) de 1997, fecha en que fue presentado escrito ante la Sección gestora. Respecto de estas liquidaciones no rige el Decreto Foral 237/1991, de 4 de julio (véase, si no, lo dispuesto en la letra c) del artículo 2º de esta norma), puesto que nos hallamos ante el ordinario supuesto de práctica de liquidación, que habrá de ser objeto de impugnación en el plazo de un mes que marca el artículo 112 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo. Y siendo la de los plazos cuestión de orden público y, por tanto, de indeclinable observancia tanto para la Administración como para los interesados, ello nos impide entrar a conocer del fondo de las cuestiones planteadas.

SEGUNDO.- De manera distinta, cabe la solicitud de práctica de liquidación en reforma de la autoliquidación presentada, en lo que hace a los años 1993 a 1995, con amparo en el Decreto Foral 237/1991, de 4 de julio. En este sentido ha de indicarse que ciertamente, obra en el expediente una Resolución de la Directora del Servicio de Programas Sectoriales del Instituto Navarro de Bienestar Social, de (?) de 1997, por la que viene a declararse la condición de minusválido del interesado. Pues bien: la tal Resolución sería referible estrictamente, como mucho, a la fecha que se indica en la certificación que se acompaña al señalado acto administrativo ((?) de 1996). En este sentido ha de verse que el artículo 29. Tres del Decreto Foral 209/1992, de 8 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establece que ?la condición legal de persona con minusvalía se considerará acreditada cuando:

a) Sea certificada por los Servicios de Bienestar de la Comunidad Foral, por el Instituto Nacional de Servicios Sociales o el Organo correspondiente de las Comunidades Autónomas.

b) Se perciba prestación reconocida por la Administración Pública como consecuencia de incapacidad permanente, siempre que para tal reconocimiento se exija el grado de minusvalía igual o superior al 33% a que se refiere el apartado Uno de este artículo?.

Y ya en el Decreto Foral 117/1987, de 15 de mayo, por el que se regulan las deducciones en la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por razón de invalidez física o psíquica, se indicaba que habría de practicarse una deducción por cada miembro de la unidad familiar que ?tenga la condición legal de minusválido, en grado igual o superior al 33%, de acuerdo con los baremos establecidos en el anexo I de la Orden de 8 de marzo de 1984, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social?. El tal anexo I establece el baremo para determinación del grado de minusvalía exigido para alcanzar la condición legal de beneficiario de las prestaciones reguladas en el Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero. Y a su vez este Real Decreto, en su artículo 26, indica que ?el derecho a las prestaciones reguladas en el mismo nacerá el día en que la respectiva Dirección Provincial dicte la resolución por la que se efectúe el reconocimiento de dichos derechos?.

TERCERO.- A la vista de lo anterior no parece descabellado afirmar que la normativa fiscal vigente exige la oportuna acreditación de la condición de minusválido a través del conducto legal antes apuntado. Según ello, y a la vista del artículo 90 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo (?La determinación de... las circunstancias personales y familiares que deban tenerse en cuenta, a efectos de la aplicación de las deducciones de la cuota establecidas en esta Ley Foral, se realizará atendiendo a la situación existente en la fecha del devengo del Impuesto?), sólo habría de poder aplicarse el interesado la deducción por minusvalía a partir del año 1998. Ahora bien: cabe contemplar también si nos hallamos ante una circunstancia objetiva de minusvalía que indudablemente viniera produciéndose con anterioridad a la declaración oficial, provocando al interesado una discapacidad idéntica a la reflejada en la certificación oficial de minusvalía, porque tampoco es dable admitir una restricción de los medios de prueba admitidos en Derecho para apoyar la pretensión del interesado. Así que hallándose afectado el interesado de diabetes mellitus no insulinodependiente, arteriopatía periférica y escoliosis lumbar, ello daba lugar, con efectos desde 1996, a un grado de minusvalía del 33 por ciento (resultado de sumar a un porcentaje de discapacidad del 28 por ciento, una puntuación por factores sociales del 5 por ciento), sin que pueda asegurarse que en los períodos impositivos a que se contrae la reclamación padeciese el interesado una discapacidad que diese lugar al menos a ese grado de minusvalía, por mucho que se aporte informe médico en el que venga a decirse que ya se padecían estas dolencias con anterioridad.

Y, en consecuencia, este Organo, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, y en examen de recurso de alzada interpuesto por Don (?) contra Resolución de la Sección de I.R.P.F. y Patrimonio, de (?) de 1997, por la que vino a rechazarse solicitud de aplicación de deducción por minusvalía en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en relación con los años 1991 a 1995, ambos inclusive, acuerda:

a) confirmar la declaración de extemporaneidad contenida en dicha Resolución, por lo que se refiere a los años 1991 y 1992;

b) desestimar el recurso en lo referente a los años 1993, 1994 y 1995, por las razones expuestas en la fundamentación del presente Acuerdo.

Discapacidad
Minusvalía
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Grado de minusvalía
Devengo del Impuesto
Presentación extemporánea del recurso
Discapacitados
Acto administrativo impugnado
Incapacidad permanente
Unidad familiar
Deducciones en la cuota
Medios de prueba
Período impositivo
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