Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 970800 de 22 de Mayo de 2000

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  • Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra
  • Fecha: 22 de Mayo de 2000
  • Núm. Resolución: 970800

Resumen

Tras Resolución del Órgano en la que se admitía deducción por inversión en vivienda sita fuera de Navarra, para el ejercicio de 1993, viene la Sección gestora a modificar liquidación practicada en 1.994, recurriendo el interesado contra dicha modificación. Se estima el recurso, ya que no habiéndose realizado por parte de la Administración ninguna de las actuaciones que permiten la rectificación legal de dicha liquidación, mediante su declaración de nulidad o anulabilidad, ha de confirmarse la primera liquidación en aras de evitar la ?Reformatio in peius?.

Cuestión

1º) Deducción de préstamo para adquisición de vivienda sita fuera de Navarra. 2º) Prohibición de la Reformatio in peius.

Contestación

En examen de recurso interpuesto por Don (?) a propósito de tributación por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 1994.

ANTECEDENTES DE HECHO

El ahora recurrente efectuó autoliquidación de su deuda tributaria mediante declaración que formuló en (?) de 1995, dándose lugar a un saldo a su favor de 250.634 pesetas. Por la Sección gestora del Impuesto se procedió a revisar dicha autoliquidación mediante la práctica de la correspondiente liquidación provisional, que aumentó a 274.823 pesetas el saldo que el contribuyente hacía figurar a su favor en aquella su autoliquidación. Por otra parte, en (?) de 1996 vino a resolverse por este Organo recurso interpuesto por el interesado en torno a la liquidación del dicho Impuesto y del inmediatamente anterior período impositivo del año 1993, y ello en el sentido de admitir correspondientes deducciones por razón de intereses y de cuota de amortización de préstamo obtenido para adquisición de vivienda habitual que el contribuyente (obligado a residir en Navarra por razón de su condición de funcionario que había de prestar servicio en ella) había adquirido en la ciudad de (?); y la Sección gestora, a lo que se ve, siguiendo ese criterio procedió a revisar también la situación tributaria del contribuyente por el dicho Impuesto y en relación (por lo que aquí interesa) con el año 1994 mediante la práctica, en (?) de 1997, de una nueva liquidación que terminó por dejar en 257.312 pesetas aquel saldo favorable al contribuyente, con lo que vino a producirse la exigencia de la diferencia entre este saldo y el de 274.823 pesetas, diferencia que había sido objeto de devolución al interesado. Y frente a ello viene éste a interponer el presente recurso aduciendo las razones que entiende convenir a su pretensión de que se anule la dicha exigencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- Ha de declararse por este Organo en primer lugar su competencia, por razón de la materia y de la naturaleza del acto impugnado (artículo 2.1.a. de su Reglamento), para conocer del presente recurso; éste, por otra parte, ha sido formulado por persona dotada de legitimación activa al efecto, al venir directamente afectada por el acto impugnado; y, en fin, ha de tenerse por interpuesto en tiempo hábil.

2.- En la primera de las liquidaciones practicadas al contribuyente se fijó una determinada situación jurídico-tributaria. Y, así, al proceder luego la Oficina liquidadora a modificar, en perjuicio del interesado, esa situación por medio de la segunda de las liquidaciones del caso, no concurrieron al efecto ni la circunstancia de haberse dado inicialmente un error de hecho rectificable en cualquier momento dentro del período de cinco años siguientes a la adopción del tal acto (primera liquidación) que se estimase erróneo (el error, en el caso de haberse dado, sólo sería calificable como de derecho, ya que su detección implicaría la interpretación de las correspondientes normas jurídicas); y tampoco la de tratarse en el caso (aquella primitiva liquidación) de un supuesto de nulidad radical o de pleno derecho en cuanto al punto luego corregido, nulidad, por otra parte, sólo declarable mediante especial procedimiento; ni de un caso de los llamados de infracción manifiesta (grave y evidente) de la Ley, declarable previo expediente con audiencia del interesado; ni tampoco de un supuesto de aportación de nuevas pruebas acreditativas de elementos del hecho imponible, íntegramente ignorados, por hipótesis, por la Administración al dictar el acto revisable (aquella primera liquidación en tal caso), pues, por el contrario, figuraban ya inicialmente en el expediente todos los datos reveladores de las circunstancias del caso. Y, siendo así, en nada ha de venir a afectar a la situación jurídico-tributaria por IRPF de ese año de 1994 y con tal, carácter de ?reformatio in peius?, un pronunciamiento de este Organo referido a distinto período impositivo. En fin, ha de estarse a que, una vez fijada mediante correspondiente acto administrativo una posición tributaria (definitoria así -inicialmente- de determinadas obligaciones pero también de determinados derechos del contribuyente), toda reclamación se hace (como suele decirse con gráfica expresión) ?para mejorar y no para empeorar?; es decir, que el resultado inmediato de tal reclamación podrá mejorar la situación jurídica previa o bien no la alterará; pero nunca podrá empeorarla. Un señalamiento ha de hacerse todavía a propósito de la primera de las liquidaciones del caso; y es el de que, según lo dispuesto en el artículo 57 de la actual Ley procedimental de carácter general, ?los actos de las Administraciones públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior?; y al respecto ya la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Pamplona, en sentencia de 21 de diciembre de 1984 y en examen del artículo 45 de la anterior Ley de Procedimiento Administrativo, vino a señalar que ?los actos de la Administración son válidos y producen efectos desde la fecha en que se dicten, y si bien su eficacia puede quedar demorada cuando esté supeditada a su notificación, de ello no puede deducirse que la falta de notificación equivalga a la inexistencia del acto? siempre que este reúna todos los requisitos necesarios al efecto; ?no puede admitirse que la falta de notificación, imputable a la Administración, pueda servir para facultar a ésta a desvincularse del acto en perjuicio del administrado, revocando unilateralmente el acto declarativo de derechos no notificado (aunque una liquidación tributaria como la inicial de que aquí se trata no declare directamente derechos sino obligaciones para el contribuyente, su reverso es el de fijar una posición o situación tributaria productora, para el administrado, del derecho a tener por existentes unas obligaciones nunca superiores a las fijadas en ese acto) ?de modo que el acto administrativo producido existe siempre y vincula a la Administración, mientras ésta no lo revoque por el procedimiento legalmente establecido, y aunque no hubiere sido notificado en forma al interesado, el cual ha podido no obstante conocerlo (seguía la Sentencia afirmando que al cabo se había producido ese conocimiento), y ello sin perjuicio de que pueda el administrado ignorar el acto administrativo que desfavorablemente le afecte, hasta que el mismo le sea notificado?. En suma, pues, volviendo al presente caso, ocurre que, no habiéndose reunido en él el conjunto de requisitos y circunstancias exigidos por los artículos 102 y 103 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común para que la Administración respectivamente declare la nulidad o anule de oficio sus propios actos declarativos de derechos (la primitiva liquidación revisora, por la que se fijaba una determinada situación jurídico tributaria que no puede luego hacerse, sin más, más aflictiva), ha de decirse que, proscrita la ?reformatio in peius? en el ámbito administrativo según lo antes dicho y de acuerdo con constante Jurisprudencia, para la dicha reforma debió haberse acudido en el caso a la vía de declaración de lesividad con posterior impugnación del acto ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa por la propia Administración autora de aquél, o, más sencillamente, haber procedido a convertir aquella liquidación provisional en liquidación definitiva; y, así, ha de mantenerse la liquidación provisional inicialmente practicada por la Sección gestora del Impuesto, pues la repetida ?reformatio in peius? no puede darse ni a través de pretendida actuación ?de oficio? por parte de la Administración ni con ocasión de resolver un recurso o reclamación del interesado (menos aún haciéndose eco de Resolución dictada en relación con otro distinto período impositivo). Y, en fin, ha de insistirse en que la conclusión alcanzada afecta exclusivamente a este trance de liquidación provisional, sin perjuicio, por tanto, de que pudiera producirse la correspondiente reforma de aquella inicial liquidación utilizando alguno de los procedimientos que más arriba se han dejado señalados.

Y, en virtud de ello, este Organo, en sesión celebrada el día de la fecha arriba indicada, acuerda estimar recurso interpuesto por Don (?) contra liquidación practicada en (?) de 1997 por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 1994, cuya liquidación queda anulada, quedando, con ello, en pie una primitiva liquidación practicada el (?) de 1995; y lo anterior con la reserva señalada en la parte final de la fundamentación del presente Acuerdo.
Reformatio in peius
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Período impositivo
Liquidación provisional del impuesto
Deuda tributaria
Cuotas de amortización
Vivienda habitual
Legitimación activa
Error de hecho
Falta de notificación
Audiencia del interesado
Voluntad unilateral
Liquidaciones tributarias
Actos declarativos de derechos
Jurisdicción contencioso-administrativa
Declaración de lesividad

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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