Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 970817 de 22 de Agosto de 2001

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  • Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra
  • Fecha: 22 de Agosto de 2001
  • Núm. Resolución: 970817

Resumen

Se opone la recurrente a la exigencia en vía de apremio de la sanción por comisión de infracción en materia de transportes fundándose en la incorrecta notificación de la Orden Foral por la que la misma se le impuso. Se estima el recurso. De los datos obrantes en el expediente resulta que sólo existió un intento de notificación personal (infructuosa con la mención en el expediente de ?ausente? lo cual es también objeto de análisis en el presente recurso) con lo que la notificación edictal no estaría debidamente fundada lo cual supone no interrumpida la prescripción extintiva por la publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Cuestión

Oposición a la Providencia de apremio.

Contestación

Visto escrito presentado por Don (?) en representación de la Compañía Mercantil (?), con C.I.F. (?) y domicilio en Pamplona, en relación con Acuerdo dictado por la Sección correspondiente del Servicio de Recaudación.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Mediante Orden Foral 1550/1996, de 22 de mayo, del Consejero de (?), vino a imponerse a la entidad recurrente sanción por comisión de infracción en materia de transportes (?).

SEGUNDO.- Ante la falta de pago oportuno de dicha sanción se produjo su exigencia en vía de apremio, a través de la correspondiente Providencia. Contra dicho acto recaudatorio se interpuso recurso ante la Sección de Recaudación Ejecutiva, con resultado de rechazo de su pretensión. Y contra dicha Resolución desestimatoria viene ahora la interesada a interponer recurso de alzada ante este Organo mediante escrito con fecha de entrada en el Registro General del Gobierno de Navarra de 13 de octubre de 1997, señalando que debe anularse la Providencia de apremio dictada, por no haberse producido la debida notificación de la resolución sancionadora en la que dicha Providencia pretende apoyarse.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ha de declararse la competencia de este Organo para el conocimiento y resolución del recurso de alzada interpuesto, dada la naturaleza del acto administrativo impugnado, en virtud de lo que disponen los artículos 1º y 2º de su Reglamento, aprobado por Acuerdo de la Diputación Foral de Navarra de 19 de junio de 1981, habiendo sido formulado en tiempo hábil y por persona debidamente legitimada al efecto. En particular, por lo que hace a la cuestión de la competencia del Organo en esta materia, ha de indicarse que ya el Acuerdo del Gobierno de Navarra de 10 de mayo de 1999 vino a señalar que la competencia del Organo no se reduce al examen de lo relativo a actuaciones recaudatorias llevadas a cabo respecto de deudas de carácter estrictamente tributario sino que se extiende también a aquellas otras actuaciones recaudatorias relativas a cualesquiera otros ingresos de Derecho Público.

SEGUNDO.- Los motivos de impugnación de las Providencias de apremio se reducen, según el artículo 99 del Reglamento General de Recaudación, a los siguientes: prescripción; anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria de la liquidación; pago o aplazamiento en período voluntario; defecto formal en el título expedido para la ejecución. Pues bien: de todos los dichos motivos cabe detenerse particularmente en el examen de si en el caso se dio prescripción y, a continuación, de si se produjo la debida notificación del acto de imposición de la sanción económica. Y, en particular, por lo que se refiere a la prescripción, ha de distinguirse entre la prescripción extintiva de la infracción y la de la sanción propiamente dicha; es decir, entre la prescripción de la punición y la de la ejecución de la penalidad impuesta.

TERCERO.- En lo que hace a la cuestión de la prescripción de la infracción, ha de verse que haciendo el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, remisión de esta materia a la regulación de las correspondientes Leyes especiales, la Disposición Adicional Undécima de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, establece que el plazo de prescripción de las infracciones leves será de un año. Según ello, habiéndose cometido la infracción del caso en 10 de noviembre de 1995, resulta que las notificaciones de denuncia y de incoación del expediente sancionador se produjeron en 23 de enero de 1996. Y tras la incoación de ese expediente sancionador, la propia empresa interrumpió la prescripción formulando correspondiente escrito de alegaciones en 8 de febrero de 1996.

CUARTO.- Llegados a este punto, y a la vista de que hasta el momento se han dado actuaciones interruptivas de la prescripción que han impedido su ocurrencia, hemos de detenernos especialmente en lo que se refiere al dictado de la Orden Foral a través de la cual se impuso la sanción y su notificación. En efecto: la Orden Foral se dictó por el Consejero de (?) en 22 de mayo de 1996, pero intentada su notificación, ésta no tuvo éxito, por lo que la Administración optó por la notificación edictal. En este sentido, no puede olvidarse el especial rigor exigido por la jurisprudencia en el cumplimiento de los presupuestos habilitantes para la legitimación de la notificación edictal. De la abundante jurisprudencia que existe acerca de este medio de notificación, hemos entresacado una Sentencia (la del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de 2 de junio de 1999) por lo interesante de las citas jurisprudenciales que, a su vez, realiza y por la similitud, en ciertos aspectos del caso allí contemplado con el que se somete a nuestra consideración. En efecto: en dicha Sentencia se dice que ?la cuestión se reduce, en el caso de autos, a determinar si la comprobación por el Servicio de Correos de la ausencia, en horas de reparto, del interesado de su domicilio, efectuada en dos días sucesivos, resulta suficiente? para considerar que la notificación resulta imposible, a efectos de legitimar la utilización del medio edictal. Y ello porque el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común admite la posibilidad de notificar por edictos cuando ?intentada la notificación, no se hubiese podido practicar?. Pues bien: la Sentencia a la que venimos haciendo referencia parte de la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de marzo de 1987, que señala que no puede equipararse al desconocimiento del paradero o domicilio del interesado el hecho de que estuviese ?ausente en horas de reparto?. De ahí se deduce que el concepto de imposibilidad de notificación no puede ceñirse a la posibilidad o no de notificación en las horas en que el correspondiente servicio de notificaciones efectúa su reparto, fundamentalmente porque la consecuencia que lleva aparejada la apreciación de esa imposibilidad de notificación (el empleo del medio edictal, que conlleva una escasísima probabilidad de que el destinatario consiga conocer realmente la información objeto de notificación) obliga a que el empleo de dicho medio sólo quede justificado una vez que se haya agotado del modo más completo la posibilidad de notificación personal. Dicho de otro modo: el concepto de posibilidad o imposibilidad de notificación no puede fijarse a partir de cuál sea el horario de reparto del correspondiente servicio de notificaciones.

QUINTO.- Pues bien: de los datos obrantes en el expediente resulta que aun cuando en posterior Acuerdo del Gobierno de Navarra dictado en resolución de recurso relacionado con el expediente sancionador se dice que se dieron dos intentos infructuosos de notificación personal de la dicha Orden Foral, no consta en el dicho expediente remitido a este Organo sino un solo intento de notificación, lo cual ya impediría atribuir los correspondientes efectos a la notificación edictal, por no hallarse debidamente fundada. Pero es que, además, en la única notificación (infructuosa) que consta en el expediente aparece como causa de su fracaso la mención de ?ausente?, lo que haría plenamente aplicable la doctrina jurisprudencial antes transcrita. Por ello, no puede reputarse producida la interrupción de la prescripción por la publicación en el Boletín Oficial de Navarra. Y así, constando con posterioridad escrito del interesado interesándose por la resolución del expediente, escrito que fue presentado en 21 de febrero de 1997, ya había transcurrido para entonces más de un año desde la fecha de la última actuación con virtualidad interruptiva de la prescripción (el escrito de alegaciones de 8 de febrero de 1996), con lo que se habría producido la dicha prescripción extintiva.

Y, en consecuencia, este Organo, en sesión cele-brada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda estimar el recurso de alzada interpuesto por la representación de la Compañía Mercantil (?) contra Providencia de apremio dictada con motivo de impago de sanción pecuniaria impuesta por Orden Foral 1550/1996, de 22 de mayo, del Consejero de (?) (expediente (?)), por las razones expuestas en la fundamentación del presente Acuerdo.

Providencia de apremio
Comisiones
Procedimiento de apremio
Prescripción extintiva
Expediente sancionador
Acto administrativo impugnado
Falta de notificación
Plazo de prescripción
Paradero
Notificación infructuosa del acto administrativo
Interrupción de la prescripción
Sanciones pecuniarias
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