Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 970818 de 22 de Junio de 2001

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  • Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra
  • Fecha: 22 de Junio de 2001
  • Núm. Resolución: 970818

Resumen

Solicita la recurrente la rectificación de la liquidación practicada eliminando la multa e intereses de demora, alegando que el retraso fue debido a causas ajenas a su voluntad y que se presentó escrito solicitando prórroga, y que al no haber obtenido respuesta, se entiende concedida en aplicación del silencio administrativo. En primer lugar estudia el Órgano la petición de prórroga efectuada, señalando que aunque haya sido realizada de una forma tácita ha de admitirse el escrito en tal sentido de solicitud de prórroga, pero desestimándose el recurso, al no haber cumplido la interesada con los requisitos administrativos previos para poder derivar de su solicitud de prórroga un efecto contrario al ordenamiento jurídico.

Cuestión

Prórroga del plazo para presentar documentación.

Contestación

Visto escrito presentado por Doña (?), con D.N.I. número (?) y domicilio en Pamplona, en relación con liquidación girada por el Impuesto sobre Sucesiones.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Habiendo fallecido Doña (?) en (?) de 1996 dejó legado en favor de la interesada, legado que quedó reflejado en escritura de aceptación de herencia, adjudicación de bienes y entrega de legados.

SEGUNDO.- Presentados los oportunos documentos a liquidación, se practicó respecto de la ahora recurrente la número (?)-97, por importe de 3.055.191 pesetas, comprensivo de cuota, multa, intereses de demora y honorarios de liquidación. Y contra dicha liquidación viene ahora la interesada a interponer recurso de alzada ante este Organo mediante escrito con fecha de entrada en el Departamento de Economía y Hacienda, de (?) de 1997, señalando que aun cuando los documentos precisos para la liquidación se presentasen fuera del plazo al efecto establecido, lo cierto es que el día que finalizaba el plazo ordinario de declaración se presentó escrito solicitando prórroga; que no habiéndose obtenido respuesta a esta solicitud de prórroga ha de entenderse concedida por silencio administrativo; que el retraso en la presentación de los documentos viene dado por causas ajenas a su voluntad (demora en la protocolización de la memoria testamentaria). Por todo ello, solicita la rectificación de la liquidación practicada en el sentido de haber de eliminarse lo relativo a multa e intereses de demora.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ha de declararse la competencia de este Organo para el conocimiento y resolución del recurso de alzada interpuesto, dada la naturaleza del acto administrativo impugnado, en virtud de lo que disponen los artículos 1º y 2º de su Reglamento aprobado por Acuerdo de la Diputación Foral de Navarra de 19 de junio de 1981, habiendo sido formulado en tiempo hábil y por persona debidamente legitimada al efecto.

SEGUNDO.- El artículo 216 de las Normas para la exacción del Impuesto sobre Sucesiones, aprobadas por Acuerdo de la Diputación Foral de Navarra, de 10 de abril de 1970, prevén un plazo de seis meses, contados desde el fallecimiento del causante, para la presentación de los documentos relativos a transmisiones por causa de muerte, siempre y cuando el causante hubiera fallecido en España. No obstante, y con efectos desde el 1 de enero de 1996, el artículo 5º.1 de la Ley Foral 14/1995, de 30 de diciembre, establece que dicho plazo podrá ser prorrogado por otro de idéntica duración. El apartado 2 del artículo 5º dispone que ?esta prórroga habrá de ser solicitada por los herederos, albaceas o administradores del caudal relicto dentro de los primeros cinco meses o, en su caso, nueve meses de los plazos de presentación, acompañada de certificación del acta de defunción del causante y haciendo constar en ella el nombre y domicilio de los herederos declarados o presuntos y su grado de parentesco con el causante cuando fueren conocidos, la situación y el valor aproximado de los bienes y derechos y los motivos en que se fundamenta la solicitud?. Pues bien: para el caso de que la resolución por la que se conceda o deniegue la prórroga no sea notificada en el plazo de un mes, la norma prevé que el silencio administrativo será positivo, es decir, que ha de entenderse concedida la prórroga. No obstante, no debe olvidarse que el apartado 3 del mismo artículo 5º establece el carácter preclusivo del transcurso de los plazos marcados en el apartado 2, al decir taxativamente que ?no se concederá prórroga cuando la solicitud se presente después de transcurridos los plazos a que se refiere el número 2 de este artículo?. En el caso sucede que habiendo fallecido la causante en (...) de 1996, se presentó escrito en (...) de 1996 en el que venía a ponerse de manifiesto la imposibilidad de liquidar los tributos derivados de la herencia, por desconocerse con exactitud quiénes eran los herederos y cuáles los bienes integrantes de la herencia. Dicho escrito no recibió respuesta alguna de la Administración, problablemente porque en el contenido de ese escrito tampoco se hace una expresa referencia a solicitud de prórroga. Ello da lugar a que hayamos de plantearnos, en primer lugar, si dicho escrito de (...) de 1996 ha de ser tenido como una solicitud de prórroga, y, en segundo término, si cabe la posibilidad de que por la vía del silencio administrativo se ?dicte? una resolución contraria al ordenamiento jurídico. La primera de las cuestiones ha de ser resuelta en pro del interesado, puesto que aunque no se diga expresamente que con ese escrito se está solicitando una prórroga del plazo para la presentación de los documentos, lo cierto es que una atenta lectura del tal escrito conduce a la conclusión de que, siquiera tácitamente, se está solicitando una prórroga del plazo de presentación de documentos (se dice que se desconoce quiénes son los herederos y cuáles los bienes que integran la herencia y que tal escrito se presenta ?a efectos del impuesto sobre sucesiones, dejándose para el momento en que se conozcan el detalle de los herederos y bienes integrantes de la herencia?). Ahora bien: si tal escrito ha de tenerse como solicitud de prórroga, lo cierto es que no fue presentado en el plazo marcado en el apartado 2 del artículo 5º antes transcrito y tampoco contiene las menciones (ni viene acompañado por los documentos) a que hace referencia dicho precepto. Ello da lugar a un grave conflicto entre las consecuencias que acarrea el hecho de no haberse dictado resolución expresa respecto del escrito a que se viene aludiendo (concesión automática de la prórroga) y el contenido del apartado 3 del artículo 5º, antes transcrito. Sucede, por tanto, que por la vía del silencio administrativo se reconoce al contribuyente una situación expresamente rechazada por el ordenamiento jurídico.

TERCERO.- Mucho se ha escrito acerca de los actos presuntos contrarios al ordenamiento jurídico, pero lo cierto es que para que podamos hablar de la existencia de tales actos presuntos es preciso que previamente los interesados hayan instado la emisión del certificado previsto en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Y ello independientemente del debate acerca de la necesidad de la emisión de dicho certificado de actos presuntos en el ámbito de los procedimientos tributarios. Lo cierto es que una vez emitido dicho certificado de actos presuntos se plantea el problema de su declaración de nulidad, por hallarse incardinado en el supuesto previsto en el artículo 62.1.f) de dicha Ley 30/1992 (dicho precepto establece que son nulos de pleno de derecho ?los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derecho cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición?). Pero en el caso que se somete a nuestra consideración ni siquiera se instó por los interesados la emisión de dicho certificado de actos presuntos, por lo que no es preciso iniciar un procedimiento de declaración de nulidad, ante la inexistencia práctica de ese acto presunto. Y pretendiéndose por la recurrente que de su solicitud de prórroga se derive un efecto contrario al ordenamiento jurídico, éste no puede ser reconocido, por lo que habiéndose producido retraso en la presentación de la documentación relacionada con la sucesión examinada, resulta procedente la exigencia de la sanción y de los intereses de demora.

Y, en consecuencia, este Organo, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda desestimar el recurso de alzada interpuesto por Doña (?) contra liquidación número (...)-97 practicada por el Impuesto sobre Sucesiones por la Oficina Liquidadora de Pamplona, confirmándose dicha liquidación en todos sus extremos.

Silencio administrativo
Intereses de demora
Legados
Impuesto sobre sucesiones y donaciones
ISD (Impuesto sobre sucesiones y donaciones)
Voluntad
Herencia
Fallecimiento del causante
Liquidación girada
Actos presuntos
Aceptación de la herencia
Memòries testamentàries
Acto administrativo impugnado
Albacea
Caudal relicto
Grado de parentesco
Presentación de documentos y dictámenes
Procedimientos Tributarios
Actos expresos

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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