Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 970833 de 07 de Junio de 2001

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  • Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra
  • Fecha: 07 de Junio de 2001
  • Núm. Resolución: 970833

Resumen

Pretende el recurrente la devolución, mediante de modificación de su autoliquidación, de las retenciones que le fueron practicadas respecto de las cantidades por él percibidas y declaradas en concepto de pensión de Clases Pasivas por incapacidad permanente absoluta, al considerar que estas rentas estaban exentas. Se estima el recurso. Tras un análisis de la STC 22.7.96 y demás jurisprudencia determina el Órgano que la aplicación de la normativa foral en este punto, carente incluso de referencia estatal tras la nulidad del correspondiente precepto, supondría una discriminación entre los funcionarios que tributaran a la Hacienda Foral y los que lo hicieran a la Estatal. Es fundamental que quede acreditado el grado de incapacidad que exija la Ley para aplicar la exención.

Cuestión

Exención de las cantidades percibidas en concepto de pensión por incapacidad permanente absoluta.

Contestación

Vistos escritos presentados por Don (?), con D.N.I. número (?) y domicilio en (?) (Islas Baleares) en relación con tributación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a los años 1994 y 1995.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Presentadas por el interesado las declaraciones-liquidaciones correspondientes al Impuesto y años de referencia, vino a incluir entre las rentas computables las correspondientes a pensión de Clases Pasivas.

SEGUNDO.- Mediante escritos presentados ante la Sección gestora en 20 de diciembre de 1996, 17 de junio de 1997 y 1 de julio de 1997, solicitó el interesado fuera declarada la exención de dicha pensión de Clases Pasivas, al amparo de lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal Constitucional 134/1996, de 22 de julio, por la que venía a equipararse la situación de los funcionarios jubilados en relación con los pensionistas de la Seguridad Social en cuanto a exención de pensiones percibidas con motivo de invalidez permanente absoluta de los perceptores. Dicha pretensión fue rechazada por la Sección gestora, mediante las correspondientes Resoluciones. Y contra dichas Resoluciones viene ahora el interesado a interponer recurso de alzada ante este Organo mediante escritos con fechas de entrada en el Departamento de Economía y Hacienda, de 17 de junio de 1997, 3 de noviembre de 1997 y 10 de febrero de 1998, insistiendo en la pretensión antes indicada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ha de declararse la competencia de este Organo para el conocimiento y resolución del recurso de alzada interpuesto, dada la naturaleza del acto administrativo impugnado, en virtud de lo que disponen los artículos 1º y 2º de su Reglamento, aprobado por Acuerdo de la Diputación Foral de Navarra de 19 de junio de 1981, habiendo sido formulado en tiempo hábil y por persona debidamente legitimada al efecto.

SEGUNDO.- Debe tomarse en cuenta, en primer lugar, que la Sección gestora desestima la pretensión de calificar como exenta la pensión percibida por el interesado, por el hecho de que habiéndose practicado las correspondientes retenciones por la Administración del Estado, sería ésta la competente para resolver acerca de esta cuestión. Pues bien: ha de tenerse en cuenta que lo que hace el interesado es instar la modificación de su autoliquidación en la medida en que, a su juicio, declaró indebidamente como renta una pensión que debe calificarse como exenta. Y no debe olvidarse que al tiempo de la confección de las autoliquidaciones y de las liquidaciones, si a ello hubiere lugar, es de aplicación lo previsto en el artículo 13 del Convenio Económico vigente, que dispone lo siguiente: ?A efectos de la liquidación del Impuesto sobre la Renta del perceptor, tendrán validez respecto de éste las retenciones e ingresos a cuenta que se le hayan practicado en uno u otro territorio, sin que ello implique, caso de que los mismo se hubiesen ingresado en Administración no competente, la renuncia de la otra a la percepción de la cantidad a que tuviera derecho, pudiendo reclamarla a la Administración en la que hubiera ingresado indebidamente?. Así que si de la revisión de la autoliquidación resulta una cantidad a devolver, por mucho que ésta sea muy importante y venga dada por retención que se revele ahora como indebidamente practicada por la Administración del Estado, es la Administración Tributaria de la Comunidad Foral la competente para la correspondiente devolución.

TERCERO.- Para la resolución del caso debe partirse del hecho de que el interesado fue perceptor durante los años 1994 y 1995 de una pensión de Clases Pasivas que venía dada por su condición de jubilado por imposibilidad física a consecuencia de acto de servicio (desde 1971). Ello obliga a examinar la influencia que sobre la tributación de dicha pensión ha podido tener la declaración de inconstitucionalidad contenida en la Sentencia del Tribunal Constitucional 134/1996, de 22 de julio. Ocurre que en dicha Sentencia vino a examinarse el artículo 9.1.c) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, que en redacción dada a este precepto por la Ley 21/1993, de 29 de diciembre, decía que estarán exentas ?las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente para el servicio de los funcionarios de la Administración Pública, cuando el grado de disminución física o psíquica sea constitutivo de gran invalidez?. El Tribunal llegó a la conclusión de que dicho precepto incurría en infracción del principio constitucional de igualdad, infracción constatable al oponer este precepto al que preveía la exención en favor de aquellos que en condiciones de invalidez percibían sus pensiones del sistema de la Seguridad Social (estarán exentas ?las prestaciones reconocidas al sujeto pasivo por la Seguridad Social o por las Entidades que la sustituyan como consecuencia de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez?). Ello dio lugar al siguiente fallo del Tribunal Constitucional: ?Declarar que el art. 62 de la Ley 21/1993, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1994, en el que se dio una nueva redacción al art. 9.1.c) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, es inconstitucional y nulo sólo en la medida en que viene a suprimir, únicamente, para los funcionarios de las Administraciones Públicas que se hallen en situación de incapacidad permanente absoluta, la exención de dicho Impuesto?. Cumple ahora examinar la influencia que sobre la normativa navarra ejerce dicho fallo del Tribunal Constitucional. Ciertamente, nunca ha tenido dicho Tribunal la oportunidad de pronunciarse acerca del contenido del artículo 10.b).2 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, en la redacción dada a este precepto por la Ley Foral 14/1993, de 30 de diciembre, de idéntica dicción al 9.1.c) de la normativa estatal. Por tanto, nunca ha sido declarado inconstitucional este precepto. No obstante, ha de señalarse que la redacción de ambos preceptos, como ya se ha dicho, es la misma, por lo que un eventual juicio acerca de la constitucionalidad del precepto habría de conducirnos a idéntico resultado que el alcanzado respecto de la disposición estatal. Por ello, y aunque desde el punto de vista jurídico-procedimental ha de reconocerse que la solución no es ni mucho menos la más ortodoxa, habría de estarse a la expulsión del precepto de la norma foral paralelamente a la de la disposición estatal pronunciada por el Tribunal Constitucional, y ello en aras de una nada desdeñable economía procedimental tendente a evitar al contribuyente los costes de un proceso que podría derivar, finalmente, en un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional con evidentes visos de éxito.

CUARTO.- Entrando ya, propiamente, en el examen de la cuestión de fondo planteada, hemos de empezar por examinar necesariamente la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de mayo de 1998, que, resolviendo un recurso de casación en interés de ley, analiza cuestión idéntica a la que se plantea en el asunto que se somete a nuestra consideración. El problema que se suscita es el del alcance del fallo de la Sentencia del Tribunal Constitucional tantas veces aludida junto con el hecho de que durante muchos años la Administración del Estado no venía a reconocer situaciones de incapacidad permanente absoluta, por no haberse previsto tal circunstancia en su legislación sobre el estatuto de los funcionarios. Así viene a decirse en el Fundamento de Derecho Tercero de la mencionada Sentencia: ?Antes de proseguir la exposición de la evolución experimentada por esta materia, es menester sentar una idea que la Sala considera importante y es la siguiente: El Decreto Legislativo 315/1964, de 7 febrero, que aprobó la Ley articulada de los Funcionarios Civiles del Estado, reguló, en su artículo 39.2 (no derogado por la Ley 30/1984, de 2 agosto, de Reforma de la Función Pública), la jubilación por incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias del Cuerpo de pertenencia del funcionario bien por incapacidad física o debilitación apreciable de facultades, se aprecia pues que se trata de una incapacidad permanente total para el ejercicio de las funciones específicas y concretas del Cuerpo, Escala, Plaza o Carrera a la que pertenezca el funcionario, lo cual es lógico, pues el funcionario no lo es de la Administración Civil del Estado en general, sino de un Cuerpo, Escala, Plaza o Carrera, en concreto, de modo que la jubilación por incapacidad permanente, lo es respecto de las funciones propias de un Cuerpo, Escala, Plaza o Carrera por lo que en el Régimen de Clases Pasivas, y esto es muy importante, no se declaran, ni por tanto se reconocen, a diferencia del régimen general de la Seguridad Social, jubilaciones por incapacidad permanente absoluta para todo trabajo, ni mucho menos declaraciones de gran invalidez, aunque estas situaciones se den en la realidad, pues en estos casos lo que se reconoce es precisamente la incapacidad permanente para el servicio, en concreto; por supuesto las situaciones de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez así como la de incapacidad permanente parcial, sí se reconocen y declaran en la vía de cobertura propia del Mutualismo Administrativo?. Ello parecería impedir el goce de la exención por parte de los funcionarios, puesto que sólo cabe tal exención en los casos en que venga a acreditarse la concurrencia de incapacidad permanente absoluta. No obstante, y de forma acertada a nuestro juicio, la mencionada Sentencia sigue diciendo lo siguiente:

?Afirmado lo anterior, este Tribunal Supremo considera que en el caso de autos, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid debió desestimar el recurso contencioso-administrativo por no haber probado la recurrente, por supuesto sin culpa suya, durante la sustanciación del recurso, que se hallaba inhabilitada para todo tipo de profesión u oficio, sin que como hemos dicho, le fuera dado a la Sala la posibilidad procesal de diferir el pronunciamiento sobre la existencia o no de la exención pedida a la fase de ejecución de la sentencia. Desde esta perspectiva, la sentencia debe ser casada en interés de la ley, como ya lo hemos afirmado en el fundamento de derecho tercero, porque ni reconoce la exención, ni la niega, es decir, no se pronuncia sobre la concreta pretensión formulada en el recurso contencioso-administrativo. Ahora bien, dado que la Administración Pública no ha promulgado, en debida forma, las normas reglamentarias precisas para el ejercicio de dicha exención, a la recurrente no le cabía otra solución que dirigirse al Ministerio de Economía y Hacienda para que éste adoptase las disposiciones generales y tomase los acuerdos necesarios para facilitar el legítimo ejercicio del derecho de la recurrente a la exención, que se materializaría si cumplía el requisito de inhabilitación para toda profesión u oficio, en el pago íntegro de su pensión sin retención alguna en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para lo cual era obligado que por los órganos competentes de dicho Ministerio se declarase que la recurrente se hallaba o no inhabilitada para toda profesión u oficio.

La sentencia se aproxima en su pronunciamiento tercero a esta idea, al decir que la demandante debe instar de la Administración una nueva clasificación de su incapacidad, referida a la fecha en que ésta fue declarada, en la que se especifique si la misma es o no absoluta o constitutiva de gran invalidez. Esta parte del pronunciamiento tercero de la sentencia es correcto y coincide con lo previsto en el artículo 3.º, último párrafo de la Orden Ministerial 22 noviembre 1996 que impone a los Equipos de Valoración de Incapacidades de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, la obligación de hacer constar en sus dictámenes si la lesión o proceso patológico que padece el funcionario, además de incapacitarle para las funciones propias de su Cuerpo, le inhabilita o no por completo para toda profesión u oficio. Asimismo, deberían indicar si el funcionario incapacitado es gran inválido, aunque este grado de invalidez ya no tiene efectos tributarios por sí mismo, por cuanto la exención se concede al grado inferior que es la inhabilitación permanente y absoluta?.

En el fallo de dicha Sentencia se fija como doctrina legal la siguiente: ?El funcionario jubilado por incapacidad permanente para el servicio que se considere con derecho a la exención, prevista y regulada en el artículo 9.º, apartado 1, letra c) de la Ley 18/1991, de 6 junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, según la redacción dada por el artículo 14 de la Ley 13/1996, citada, debe instar de los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda el reconocimiento, de conformidad con lo previsto en la Orden de la Presidencia de Gobierno 22 noviembre 1996, de que se halla ?inhabilitado por completo para toda profesión u oficio?, como presupuesto del derecho a la exención de la pensión de jubilación por inutilidad o incapacidad permanente para el servicio de los funcionarios de la Administración Pública?

No debemos olvidar la Sentencia citada fue dictada en resolución de recurso de casación en interés de ley, siendo así que el año objeto de debate era el de 1994, por lo que luego se dirá.

QUINTO.- Pues bien: aun habiéndose dictado la anterior Sentencia, existe una variada jurisprudencia menor acerca del modo en que ha de entenderse el contenido de dicha Sentencia, por lo que realizarse un detallado análisis de tal jurisprudencia menor con el fin de ofrecer la solución más adecuada a Derecho. Hay Sentencias, por ejemplo, que vienen a decir que dado que la Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de julio de 1996 expulsó del ordenamiento jurídico el artículo 9.1.c) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, en la redacción dada a este precepto por el artículo 62 de la Ley 21/1993, de 29 de diciembre, ello da lugar a que la norma derogada por la declarada inconstitucional y su régimen de exención recobren vigencia, hasta en tanto el legislador regule las condiciones en que debe operar la exención conforme a la nueva regulación, lo que en el presente caso no se hizo hasta el dictado de la Ley 13/1996, cuyo artículo 14 condiciona la exención a que ?la lesión o enfermedad que hubiese sido causa de las mismas inhabilitare por completo al perceptor de la pensión para toda profesión u oficio?, y ello, con efectos de 1 de enero de 1997, fecha a partir de la cual sí sería exigible que el interesado acreditase el grado de incapacidad del que está afectado para que fuese operativa la exención analizada (Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 7 y 13 de septiembre de 1999). Es más, dicen estas Sentencias que aun cuando se considerase que la declaración de inconstitucionalidad sólo afecta al precepto en la medida en que no se da la necesaria equiparación entre la situación tributaria de las pensiones de la Seguridad Social y las percibidas por funcionarios, la solución habría de ser la misma: ?hasta en tanto se regulasen por el legislador las condiciones que propiciasen el restablecimiento de aquel principio, lo que no se hizo hasta el dictado de la Ley 13/1996, se mantuvo el régimen de exención previsto en la norma derogada por la declarada inconstitucional?.

SEXTO.- Más allá van aún las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 14 de mayo de 1999 (dos), 9 de junio de 1999 y 17 de junio de 1999, en las que se dice, haciendo referencia a la tantas veces citada Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de mayo de 1998, que ?resulta, en consecuencia, con claridad del fallo de la Sentencia, la referencia expresa a la normativa de 1996 y es evidente, asimismo, que no contiene ninguna mención -expresa o tácita- a ningún tipo de efecto retroactivo, o que indique que ésa sea la interpretación o sentido que deba darse a lo declarado en el fallo. En consecuencia, y puesto que en el presente recurso la exención y retenciones controvertidas se refieren al período de 1994, ninguna duda suscita la lectura del apartado segundo transcrito (del fallo de la Sentencia, que nosotros también hemos transcrito antes), en cuanto a que la doctrina legal en él fijada no afecta a la controversia aquí planteada, puesto que la mención expresa a una Ley y Orden Ministerial de diciembre y noviembre de 1996 regulando de forma sustancialmente distinta esta cuestión, no le afecta por tratarse de legislación posterior y porque, en la citada Ley de 1996 no se ha establecido la retroactividad expresa al efecto?. En parecidos términos se expresan las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 29 de enero de 2000 y 15 de febrero de 2000 (dos), y muy próxima a esta tesis se halla la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía/Granada de 7 de febrero de 2000.

SEPTIMO.- Frente a todos estos argumentos no puede olvidarse, no obstante, que hay otra serie de Sentencias en las que se expone que admitir, sin más, la exención de pensiones de invalidez percibidas por funcionarios sin la debida acreditación de concurrir la calificación de invalidez permanente absoluta ?supondría invertir los parámetros de la discriminación que llevó a la declaración de inconstitucionalidad de aquella redacción del artículo 9.1.c) de la Ley del Impuesto, convirtiendo una desigualdad entonces desfavorable para el funcionario público en una discriminación ahora positiva, de suponer la exención para cualquier tipo de pensiones de invalidez ajena a los grados de incapacidad absoluta o gran invalidez, que son, desde la Ley 21/1993, las categorías generadoras de exención en el caso de los perceptores no funcionarios? (la cita corresponde a las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja de 26 de marzo de 1999 (dos), 25 de junio de 1999 y 11 de noviembre de 1999, pero en similares términos se expresan la del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de 14 de mayo de 1999 y la del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León/Burgos de 17 de marzo de 2000).

OCTAVO.- No debe olvidarse tampoco el voto particular formulado a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 17 de junio de 1999 (antes citada) en el que la Magistrado Doña Ana Rubira Moreno, tras disertar acerca del fundamento y finalidad del recurso de casación en interés de ley, expone que el supuesto tratado en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es análogo al contemplado por la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de mayo de 1998, y ello ?se desprende (de) la sola confrontación del último considerando de la Resolución aquí recurrida con el encabezamiento de la Sentencia del Alto Tribunal?, ya que ?en ambos casos la parte recurrente es un funcionario pensionista de las Clases Pasivas y se parte de una situación de incapacidad declarada en resolución administrativa firme, y las retenciones controvertidas se refieren al ejercicio 1994, por lo que discrepando del criterio mantenido por la mayoría de los Magistrados de este Tribunal, se estima que es de aplicación lo recogido en el apartado primero 2º del fallo de la Sentencia de 29 de mayo de 1998, en cuanto fija la doctrina legal y no quedando acreditado en los presentes autos que el recurrente haya instado de los órganos competentes el reconocimiento de que se halla inhabilitado por completo para toda profesión u oficio, que aparece como presupuesto de la exención tributaria por IRPF de las rentas percibidas en concepto de pensión de jubilación por inutilidad o incapacidad permanente para el servicio de los funcionarios de las Administraciones Públicas, procede desestimar el recurso?.

NOVENO.- Para terminar, también debe dejarse constancia de las Sentencias que asumen, sin más explicaciones (o con otras, pero de menor calado jurídico que las argumentaciones a que antes hemos hecho referencia), la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en la Sentencia de 29 de mayo de 1998 (vid., v.gr., Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 25 de marzo de 1999, Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León/Burgos, de 20 de septiembre de 1999 y 4 de noviembre de 1999, Sentencias del Tribunal Superior de Cantabria de 29 de abril de 1999 y 4 de junio de 1999 (dos), y Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía/Málaga de 31 de enero de 2000 y 18 de febrero de 2000), y de aquellas otras que con argumentos que parecen menos interesantes optan por no exigir la acreditación de la concurrencia de incapacidad permanente absoluta para gozar de la exención, extendiéndola a todas aquellas pensiones percibidas por funcionarios cuya situación sea la de incapacidad permanente (v.gr. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía/Sevilla de 12 de marzo de 1999 y Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 15 de enero de 1999, 13 de febrero de 1999 y 26 de marzo de 1999).

DECIMO.- Tras toda esta farragosa cita de jurisprudencia menor hemos de concluir que nos parece mucho más acertada la postura de quienes entienden que para gozar de la exención debatida es preciso acreditar el grado de incapacidad padecido, y ello por dos razones. En primer lugar, por respetar la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en resolución de recurso de casación en interés de Ley (obsérvese que, como en aquel caso, nos estamos refiriendo a períodos impositivos anteriores a la entrada en vigor de la normativa dictada tras la Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de julio de 1996). Y en segundo término, porque la adopción de la solución contraria supondría, a nuestro juicio, quebrantamiento del principio constitucional de igualdad desde el ángulo opuesto a aquel que fue denunciado por la Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de julio de 1996: es decir, se estaría primando a los perceptores de pensiones de invalidez procedentes de Administraciones Públicas frente a aquellos otros que las percibiesen del sistema de la Seguridad Social, resultado que no ha podido pretenderse por el Tribunal Constitucional al declarar la inconstitucionalidad a que viene haciéndose referencia. Es más: coincidimos con el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León/Burgos, cuando en su Sentencia de 17 de marzo de 2000 dice que ?esta conclusión no queda desvirtuada por la pretensión de la recurrente de que la declaración de inconstitucionalidad arriba referenciada conlleva que deba aplicarse la redacción originaria de la Ley 18/1991. Pretensión que no puede ser atendida desde el momento que la declaración de inconstitucionalidad es matizada por el propio Tribunal al añadir la expresión ?sólo en la medida?.

UNDECIMO.- Y en cuanto a si en el presente caso ha venido a acreditarse la concurrencia en el caso de incapacidad permanente absoluta, ha de señalarse que hay que seguir, a nuestro juicio, la directriz marcada por Sentencias tales como las del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León/Burgos de 20 de septiembre de 1999 y 4 de noviembre de 1999 (y que se recoge también en una llamada ?nota informativa sobre la exención en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de determinadas pensiones de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio?, emitida -sin firma- por el Ministerio de Economía y Hacienda, y a la que se alude en varias de las Sentencias anteriormente citadas). En este sentido, ha de indicarse que, para poder gozar de la exención, el sujeto pasivo debe acreditar que el grado de minusvalía que padece es igual o superior al 65 por ciento, es decir, equivalente a la incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajos prevista en la Seguridad Social. Pues bien: aporta el interesado certificado emitido por el (?) en el que viene a acreditarse que padece una minusvalía que da lugar a un porcentaje de discapacidad del 65 por ciento, por lo que procede reconocer al interesado la exención solicitada.

Y, en consecuencia, este Organo, en sesión cele-brada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda estimar el recurso de alzada interpuesto por Don (?) a propósito de tributación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a los años 1994 y 1995, de modo tal que habrán de practicarse nuevas liquidaciones de las que se excluirá el cómputo de las pensiones percibidas por el interesado, en su calidad de funcionario jubilado, con motivo de incapacidad permanente, por hallarse éstas exentas, conforme a lo indicado en la fundamentación del presente Acuerdo.

Incapacidad permanente absoluta
Pensiones de Clases Pasivas
Gran invalidez
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Incapacidad permanente
Grado de incapacidad
Funcionarios públicos
Jubilación por incapacidad permanente
Incapacidad
Prestación por incapacidad permanente
Acto administrativo impugnado
Retenciones e ingresos a cuenta
Liquidaciones tributarias
Presupuestos generales del Estado
Constitucionalidad
Cuestiones de fondo
Prestación de jubilación
Funcionarios civiles del Estado
Régimen de Clases Pasivas
Incapacidad permanente total
Régimen General de la Seguridad Social
Incapacidad permanente parcial
Ejecución de sentencia
Culpa
Instituto Nacional de la Seguridad Social
Obligación de hacer
Discapacidad
Grado de minusvalía
Exención del IRPF
Minusvalía
Período impositivo

Ley 18/1991 de 6 de Jun (Impuesto sobre la renta de las personas físicas) DEROGADO PARCIALMENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 136 Fecha de Publicación: 07/06/1991 Fecha de entrada en vigor: 01/01/1992 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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