Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 970973 de 07 de Junio de 2001

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  • Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra
  • Fecha: 07 de Junio de 2001
  • Núm. Resolución: 970973

Resumen

Solicita la recurrente la consideración como exentas de las rentas percibidas en los años referidos como pensión de jubilación fruto de su situación de incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo, habiéndose producido la jubilación el 16 de diciembre de 1982. Se estima parcialmente el recurso para el año 1982 y para lo referido a la devolución de 21.036 pesetas que se le exigieron en procedimiento de apremio en 1989 desestimándose para los demás períodos impositivos y peticiones por diversas razones de extemporaneidad y procedimentales.

Cuestión

Exención de cantidades percibidas situación de incapacidad permanente absoluta.

Contestación

En examen de recurso interpuesto por Doña (?) a propósito de tributación por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los años de 1982 a 1991, ambos inclusive.

ANTECEDENTES DE HECHO

Tras haber efectuado la interesada correspondientes autoliquidaciones por el Impuesto y años de referencia (con excepción de la relativa al año 1982, cuya realización no consta), por la Sección gestora se practicaron diversas liquidaciones provisionales revisoras de las dichas autoliquidaciones, si bien ello sólo ocurrió en relación con los años de 1983, 1986, 1987, 1988 y 1989; y no así en relación con los años de 1984, 1985, 1990 y 1991, respecto de los cuales lo único que se dio fueron las autoliquidaciones de la interesada. Esta vino a solicitar que en relación con todos los dichos años se tuviese en cuenta que las diversas cifras por ella declaradas como correspondientes a pensión de jubilación se hallaban exentas en cuanto que, como funcionaria de Administración Pública de Navarra, la jubilación se había producido por incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo, habiendo causado tal jubilación con efectos desde el 16 de diciembre de 1982, por lo que procede tener en cuenta la dicha circunstancia en todos los referidos períodos impositivos. Y que si, como se le señala en la resolución de la Sección gestora, no puede aceptarse su pretensión por haber transcurrido ya más de cinco años, no es menos cierto que resulta perjudicial a sus intereses "la actuación tan callada de ese Departamento de Economía y Hacienda", y considera que si en su momento cumplió con su obligación de tributar, la Administración tenía la obligación de revisarle dichas declaraciones y declararlas nulas "por la consideración de persona inválida que ha perdido el derecho al trabajo". Y que, por otra parte está claro que en cuanto al año 1989 pagó, por error, doblemente, de suerte que ha de subsanarse esa duplicación de pago.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- Ha de declararse por este Organo en primer lugar su competencia, por razón de la materia y de la naturaleza del acto resolutorio de la Sección gestora impugnado (artículo 2.1.a. de su Reglamento), para conocer del presente recurso; éste, por otra parte, ha sido formulado por persona dotada de legitimación activa al efecto, al venir directamente afectada por el acto impugnado; y, en fin, ha de tenerse por interpuesto en tiempo hábil.

2.- Como ya se ha dicho en los Antecedentes de Hecho, fueron revisadas mediante correspondientes liquidaciones modificativas las autoliquidaciones de los años 1986, 1987, 1988 y 1989. Y, así, respecto de todos esos dichos años habrá de estarse al estricto plazo establecido para la impugnación de actos administrativos cuales esos de que aquí se trata. Esos actos liquidatorios del caso, y en cuyas notificaciones se ofrecía el plazo de un mes para su impugnación, resultaron notificados respectivamente en 14 de enero de 1988, 11 de noviembre de 1988, 4 de octubre de 1990 y 19 de diciembre de 1990, mientras que el primer escrito de reclamación de la interesada aparece fechado y presentado en las correspondientes Dependencias en 27 de agosto de 1997. Pues bien: ha de tenerse presente que si aquellos actos de la Sección gestora incurrieron en error por la razón que la interesada señala, un tal error sería calificable no como de hecho sino como de Derecho, ya que para poder hablar de error de hecho se precisa la concurrencia de las dos circunstancias consistentes en que, por una parte, el tal resulte patente a la vista de documentos obrantes en el expediente en el momento en que se dictó el acto administrativo impugnado; y, por otra parte, que ese referido error resulte detectable sin necesidad de interpretar e interrogar, ni siquiera mínimamente, la correspondiente normativa tributaria o de otra índole aplicable al punto concreto a que el interesado se refiera. Y como eso no es predicable del presente caso en punto a la pretensión de la recurrente, pues la aceptación o no de su tesis exige el análisis e interpretación de la correspondiente normativa tributaria, ocurre que, no siendo posible, según ello, hablar aquí de un supuesto o hipotético error de hecho, no cabe estar al correspondiente amplio plazo de cinco años establecido para la corrección de tales errores (aritméticos o materiales), sino que resulta aplicable en todo su rigor y perentoriedad el plazo establecido para la interposición de correspondientes recursos. Pues bien: por lo que se refiere al dicho plazo de un mes, que era el utilizable aquí en cada uno de los casos señalados, es claro que en ninguno de ellos se respetó el tal plazo; y así, habiéndose efectuado la impugnación de correspondientes actos liquidatorios fuera del dicho plazo establecido a estos efectos, ha de quedar inadmitido ya por razón de extemporaneidad el presente recurso en relación con los señalados años de 1986, 1987, 1988 y 1989, no pudiendo, por tanto, entrar en la consideración de la cuestión de fondo planteada por la interesada.

3.- Por lo que se refiere al concreto año de 1983, del examen del expediente no se desprende que la liquidación practicada hubiese sido notificada en momento alguno, por lo cual habrá de tenerse por formulada en tiempo hábil la correspondiente reclamación ante la Sección gestora, de suerte que resultará ampliable a ese año de 1983 el pronunciamiento de la dicha Sección que, con relación a los años de 1992 a 1995, aceptó la pretensión de la interesada, si bien ha de resultar obvio que ello, en cuanto a ese año de 1983, habrá de serlo con fundamento en base normativa anterior y en doctrina del Tribunal Supremo que vino a interpretarla, como lo fueron las Sentencias de 19 de abril y 23 de diciembre de 1986 y 25 de junio de 1987, que vinieron a señalar que la no sujeción de las pensiones por incapacidad (como indemnizaciones compensatorias de la pérdida de derechos no susceptibles de integrar el hecho imponible del Impuesto sobre el Patrimonio) no perdían ese carácter por el hecho de advenirse a la edad de jubilación, lo cual "a fortiori" ha de servir al supuesto en que la propia jubilación se produzca por razón de dicha declaración de incapacidad; en definitiva, que, con arreglo a la normativa entonces vigente, ha de pensarse que se dio aquí un supuesto de no sujeción, que era la calificación que entonces recibían estos casos.

4.- Centrándonos ahora en lo referente a los años de 1984, 1985, 1990 y 1991, respecto de los cuales no se practicaron liquidaciones modificativas de las autoliquidaciones de la interesada, cabe examinar si al respecto podría darse pábulo, por ejemplo, a pretendido ejercicio de hipotético derecho de petición o a formulación de solicitud de devolución de ingresos indebidos. En cuanto a lo primero, ha de verse que los plazos en su día establecidos por el Decreto Foral 39/1983, de 6 de octubre, y después por el Decreto Foral 237/1991, de 4 de julio, para solicitar reforma, en un determinado sentido propugnado por el interesado, de autoliquidaciones por él efectuadas, son plazos absolutamente perentorios, de suerte que, en los casos en que los tales hayan transcurrido inactiva e infructuosamente para los interesados, habrá decaído su facultad de solicitar la modificación de correspondientes autoliquidaciones. En efecto, aunque se entendiese, por ejemplo, que el artículo 42.1 de la Ley procedimental general viniese a ser un mero trasunto de los artículos 70.1 y 94.1 de la anterior Ley de Procedimiento Administrativo, de los cuales podía deducirse en general que las solicitudes efectuadas ante la Administración habían de ser resueltas, en cuanto a la cuestión de fondo en ellas contenida, con independencia de que se hubiesen efectuado o no dentro del plazo establecido para su formulación, una tal tesis, cierta en relación con lo que en el ámbito administrativo general se dio en llamar, en su momento, derecho de petición, encontraba excepción precisamente en esta materia tributaria de reforma, en determinado sentido, de autoliquidaciones o, por ejemplo, de impugnación de actos de retención o de repercusión. En efecto, ha de señalarse, contra ese criterio procedimental general, que, por lo que se refiere a las tales cuestiones tributarias, la antigua Ley de Procedimiento Administrativo no era preferentemente aplicable porque ya se autolimitó ella misma cuando anunció (Disposición final tercera) el dictado de un Reglamento en el que se contendrían las especialidades convenientes. Así, frente al Reglamento para las reclamaciones económico-administrativas vigente desde 1924, se dictó el de 1959, acomodado a la Ley de referencia pero teniendo en cuenta esas especialidades diferenciadoras respecto del régimen general del procedimiento administrativo. Y así también la regulación del procedimiento económico-administrativo de 1981. Aquel pronunciamiento de la Ley de Procedimiento Administrativo suponía el reconocimiento de las características de una materia dotada de la virtualidad de plantear cuestiones y problemas diferentes de los del procedimiento administrativo ordinario. Y la especial regulación de estas peculiaridades por el Reglamento de Procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas venía así precisamente consentida y legitimada por la Ley de Procedimiento Administrativo. Y bien: por lo que se refiere aquí a los dichos dos años de 1984 y 1985, esta doctrina que se acaba de sentar resulta perfectamente trasladada al ámbito navarro en cuanto que en la concreta materia de que se trata fue el Decreto Foral de 6 de octubre de 1983 el que, de modo semejante a los artículos 121 y siguientes del Reglamento del Estado, estableció la regulación de las solicitudes de rectificación (en determinado sentido favorable al interesado) de correspondientes autoliquidaciones, así como el régimen de los consiguientes recursos utilizables luego por los interesados. Y algo semejante habría de decirse en cuanto a los años de 1990 y 1991, cuyas respectivas autoliquidaciones habían de efectuarse en 1991 y 1992; y ello por entrada en juego del Decreto Foral 237/1991, que establece que una solicitud de rectificación de autoliquidación podrá efectuarse siempre que no hubiese transcurrido "el plazo de prescripción de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación", que es lo que ocurría en el caso. Esa formulación normativa tampoco habría venido a rebasar lo establecido, por ejemplo, en la actual Ley procedimental general, que en su Disposición adicional quinta establece que los procedimientos administrativos en materia tributaria, y, en particular, los procedimientos de gestión, liquidación, etc, se regirán primordialmente por su normativa específica; y que, en cuanto a la revisión de actos en vía administrativa en materia tributaria, no resulta de aplicación la tal Ley procedimental general. Es decir, que en cualquier caso las especialidades características de la materia tributaria hacen que no quepa pensar que en cualquier momento pueda un contribuyente solicitar que por la Administración se dicte, en punto a pretendida reforma de autoliquidaciones, un acto administrativo con determinado contenido de su interés. Así que por todo lo dicho ha de verse que en los casos en que las tales impugnaciones o bien solicitudes de reforma se efectúen (como aquí ocurrió) fuera de los plazos establecidos al efecto por los dichos Decretos Forales (cada uno en el ámbito temporal de su vigencia), procede que por la Sección gestora del Impuesto se inadmita, por razón de extemporaneidad, el correspondiente escrito, tal como correctamente se hizo por dicha Sección gestora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en cuanto a los años de referencia, a cuyo respecto se habían dado los efectos de la prescripción extintiva.

5.- Dicho lo anterior, ya se da con ello uno (y es bastante) de los obstáculos establecidos por la normativa para poder acceder a una solicitud de modificación de autoliquidaciones. Pero, siendo así que la Sección gestora alude también al hecho de si se dio o no en el caso un supuesto de solicitud de devolución de ingresos implícitamente calificables como indebidos, resulta que, tal como ha sido repetidamente declarado por este Organo, debe tenerse presente que el procedimiento de devolución de ingresos indebidos ha de referirse o bien a supuestos en que se haya declarado ya el derecho a tal devolución en el caso concreto de que se trate y con contemplación, por tanto, específica del mismo (siendo así el procedimiento de devolución mera ejecución de una resolución administrativa); o bien a supuestos en que se haya producido un error de hecho que por el propio procedimiento autónomo de devolución venga a ser señalado, en cuyo caso el tal procedimiento no es de naturaleza diferente del de rectificación de errores de hecho; o bien, por último (y de conformidad con lo señalado en la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 1971), a supuestos en que lo acontecido haya sido la producción de un ingreso originado en un acto nulo de pleno derecho o que infrinja manifiestamente la Ley. Y siendo claro que el caso planteado no puede encuadrarse ni en aquella primera categoría de supuestos de ingresos indebidos ni en esta última, ha de terminar viéndose que tampoco resulta que se hubiese incurrido en error de hecho en el caso, ya que (como, por otro lado, se decía en anterior fundamento de Derecho) para ello se requeriría, por una parte, que tal error resultase evidente a la vista de los documentos obrantes en el expediente ya en su momento, como tiene señalado el Tribunal Supremo en sentencias de 8 de julio de 1982 y 20 de julio de 1984 y además, naturalmente, que la detección de tal error resulte independiente de cualquier criterio interpretativo acerca de la normativa tributaria (o de otra índole) aplicable, mientras que en el presente caso el haber o no incurrido en error es conclusión a la que no puede llegarse sin interrogar la correspondiente normativa aplicable a la materia sobre la que versa la pretensión de fondo deducida por la interesada. Resulta con ello que no podría, pues, llevarse a cabo un procedimiento de devolución de ingresos indebidos. Pero aun cuando fuera posible una tal calificación de ingresos habidos, tendríamos que en contra de una solución favorable a la interesada estaría jugando el instituto de la prescripción. Y a este respecto ha de verse que el plazo de prescripción del derecho a conseguir la devolución de ingresos indebidos ha de contarse desde el día en que se realizó un tal ingreso que indebido se repute. Pues bien: por lo que se refiere al año 1984, no hubo ingreso sino saldo a favor de la interesada, y lo mismo en cuanto al año 1985. Y, por lo que se refiere a los años de 1990 y 1991, la cuota del primero se pagó en dos mitades (en 24 de mayo de 1991 y en 8 de julio de 1992) y la del segundo en otras dos mitades (en 14 de mayo de 1992 y en 11 de noviembre de 1992). Con ello parecería no haber transcurrido el plazo de prescripción extintiva del derecho a solicitar la devolución de esta última porción, consistente en 42.885 pesetas. Pero ya se ha dicho que resulta fundamental, en contra de la pretensión del caso, la ya dicha razón de no poder ser calificables los hechos como de ingresos indebidos propiamente dichos.

6.- En fin, todo ello es así y, por lo que se refiere a la alegación de la interesada de no haber sido oportunamente advertida de su error al incluir entre sus ingresos tributables las dichas pensiones de jubilación por incapacidad, ocurre que la Administración no puede hacerse en este sentido responsable del contenido de autoliquidaciones formuladas ante ella y que sólo ocasionalmente serán revisadas por ella salvo que el interesado presente correspondiente solicitud en plazo, cosa que en este caso no se hizo. Y, ya por último, lo que sí resulta absolutamente inconsistente es el haberse dictado (en 27 de mayo de 1992) una Providencia de apremio para cobrar, en vía ejecutiva (lo que se hizo en 3 de julio de 1992) la deuda tributaria autoliquidada por la interesada en relación con el año 1989 y que había sido oportunamente pagada por ella en 15 de mayo de 1990, ascendiendo la dicha deuda a 11.648 pesetas. Ha de verse que la utilización de la vía de apremio, dado el privilegio que constituye para la Administración la posibilidad de utilizarla y ejercerla por sí misma, ha de ir rodeada de unas muy especiales garantías para los interesados. Y es evidente que el haberse efectuado ya el pago de esa deuda (en el caso, tributaria) que luego viene a exigirse coactivamente significa el que el dicho procedimiento de apremio se esté sustentando sobre unas bases absolutamente inexistentes, lo que hace que estemos aquí ante el supuesto de nulidad de pleno derecho contemplada en el artículo 62.1.e) de la Ley General procedimental y que, por tanto, no pueda mantenerse el resultado de ese procedimiento de apremio y haya de anularse la Providencia dictada de tal carácter y el entero procedimiento habido, con devolución a la interesada de la cantidad de 21.036 pesetas a que ascendió la suma de aquel citado importe de deuda, los correspondientes intereses de 7.058 pesetas y el recargo de apremio de 2.330 pesetas. Y ello con independencia de la liquidación que, como ya se ha dicho, vino en su momento a practicarse en revisión de la autoliquidación de la interesada para el dicho año de 1989, y cuya deuda tributaria resultante de esa liquidación encuentra, como es claro, una muy distinta causa.

Y, en virtud de ello, este Organo, en sesión celebrada el día de la fecha arriba indicada y en examen de recurso interpuesto por Doña (?) a propósito de tributación por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para los años de 1982 a 1991, ambos inclusive, acuerda estimar el recurso en lo que se refiere al año de 1983, al cual habrán de aplicarse los pronunciamientos que en su momento la Sección gestora del Impuesto hizo en relación con los años de 1992 a 1995, ambos inclusive; estimar asimismo el recurso en lo que se refiere a la necesidad de devolver a la interesada la cantidad de 21.036 pesetas que le fueron exigidas en relación con el año 1989 y en procedimiento de apremio; y, por lo demás, desestimarlo en cuanto al resto de períodos impositivos y pedimentos.

Incapacidad permanente absoluta
Error de hecho
Prestación de jubilación
Período impositivo
Procedimiento de apremio
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Realización forzosa
Incapacidad
Reintegro de prestación indebida
Devolución de ingresos indebidos
Cuestiones de fondo
Derecho de petición
Liquidación provisional del impuesto
Derecho al trabajo
Legitimación activa
Acto administrativo impugnado
Procedimiento de devolución
Plazo de prescripción
Impuesto sobre el Patrimonio
Hecho imponible del impuesto
Deuda tributaria
Edad de jubilación
Prescripción extintiva
Ingresos indebidos
Rectificación de la autoliquidación tributaria
Subsanación de errores
Responsabilidad
Providencia de apremio
Recargo de apremio
Nulidad de pleno derecho

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