Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 980027 de 20 de Noviembre de 2000

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  • Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra
  • Fecha: 20 de Noviembre de 2000
  • Núm. Resolución: 980027

Resumen

Solicitan los recurrentes que se anulen las liquidaciones, y se devuelvan las cuotas aportadas, porque se ha dado un exceso de adjudicación, y que en cualquier caso debe aplicárseles la exención. Se desestima el impuesto, ya que si bien están exentos del concepto transmisorio, debe procederse al gravamen por Actos Jurídicos Documentados.

Cuestión

Gravamen de la disolución de la sociedad conyugal de conquistas.

Contestación

En examen de recurso interpuesto por Doña (?), en nombre propio y en el de Don (?), contra liquidaciones (números (?) y (?) de 1997) practicadas por Actos Jurídicos Documentados.

ANTECEDENTES DE HECHO

Las liquidaciones de referencia tienen su origen en la disolución de la sociedad conyugal de conquistas de los recurrentes y se practicaron, como se ha señalado, por Actos Jurídicos Documentados y arrojaron unas deudas tributarias de 90.413 pesetas cada una de ellas. Y al respecto da en interponerse el presente recurso con el argumento de que el gravamen del caso parece obedecer a un supuesto exceso de adjudicación que no se dio, puesto que ésta se llevó a cabo al 50 por ciento; y que, en cualquier caso, en estas adjudicaciones la exención ha de alcanzar a cualquier concepto tributario; y, en fin, termina suplicando que se anulen las dichas liquidaciones y se proceda a la devolución de las cantidades ingresadas por ellas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- Ha de declararse por este Organo en primer lugar su competencia, por razón de la materia y de la naturaleza de los actos impugnados (artículo 2.1.a. de su Reglamento), para conocer del presente recurso; éste, por otra parte, ha sido formulado por persona dotada de legitimación activa al efecto; y, en fin, han de tenerse por interpuesto en tiempo hábil.

2.- Ha de decirse en primer lugar que las liquidaciones impugnadas por la interesada no gravan ni contemplan supuesto alguno de exceso de adjudicación en favor de uno u otro cónyuge, pues, como dice la recurrente, parece que esa adjudicación de bienes y derechos se hizo por sendas mitades y que ello se acomodaba a la proporción del derecho de participación que en la masa de bienes de conquistas finalmente correspondía a los cónyuges. Así que las liquidaciones de que se trata se hicieron bajo ese supuesto de igual adjudicación a uno y otro y estrictamente por Actos Jurídicos Documentados. Por lo que se refiere, pues, a esa exacción por Actos Jurídicos Documentados (adjudicación de correspondientes bienes a los cónyuges por virtud de disolución de la sociedad conyugal de conquistas) estamos ante unas liquidaciones referidas a hecho imponible que en principio podría parecer que cayese bajo el imperio de la Norma del Parlamento Foral de 17 de marzo de 1981, ya citada por la recurrente. Ahora bien, la Disposición Transitoria 2ª de esta Norma vino a establecer que, no obstante lo señalado en la final primera (que disponía la entrada en vigor de la Norma en 27 de marzo de 1981), las donaciones y demás transmisiones lucrativas ?inter vivos?, así como las aportaciones de bienes realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal y las correspondientes adjudicaciones de bienes a aquéllos continuarían rigiéndose por las antiguas normas dictadas en 10 de abril de 1970 mientras no entrase en vigor el nuevo Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Y esta aplicabilidad de las tales normas ha de quedar referida no solamente a los puros hechos trasmisorios de que aquí se trata sino también al aspecto de su documentación, pues ambas facetas venían inescindiblemente tratadas por aquella normativa. Puede demostrarse esa omnicomprensiva aplicabilidad de tal normativa con sólo reparar en circunstancias como la que a continuación se señala. La ya citada Disposición Transitoria 2ª de la nueva Norma deja ésta en suspenso en relación, por ejemplo, con las donaciones. Pues bien: dado que la donación, en cuanto acto transmisorio, no puede estar y no está contemplada por la nueva normativa, que conoce en su regulación de hechos imponibles las transmisiones patrimoniales onerosas y, por tanto, no las lucrativas, es claro que la excepción que a la aplicación de la Norma de 1981 se establece por su citada Transitoria 2ª en relación con las donaciones no puede referirse a lo que es gravamen de la materialidad de ese acto transmisorio sino a su faceta de Actos Jurídicos Documentados. La dicha Transitoria 2ª deja en suspenso, en cuanto a las donaciones, la aplicabilidad de la Norma de 1981, pero esa suspensión no puede referirse a sus preceptos reguladores de las transmisiones patrimoniales onerosas, que por su misma naturaleza nada tienen que ver con las donaciones, y consiguientemente sólo cabe que se refiera a su articulado de Actos Jurídicos Documentados y en relación con esas donaciones (con su documentación). Y lo mismo ha de entenderse que el legislador pretendió en relación con las aportaciones a la sociedad conyugal y con las adjudicaciones a los cónyuges, conceptos, ambos, que vienen emparejados con el de las donaciones en esa determinación de la repetida Disposición Transitoria 2ª de la nueva Norma; en efecto, tras recogerse en ésta la misma exención de tales actos que se proclamaba en régimen común, muestra singularidad en la redacción de la Disposición Transitoria (la correspondiente del Estado se refería únicamente a las donaciones), y ello claramente por la identidad de tratamiento que, en relación con Actos Jurídicos Documentados, han venido teniendo todos esos conceptos: aplicabilidad, en ambos casos, del artículo 191.2, párrafo segundo de las antiguas normas (ahora en la redacción sustancialmente equivalente dada por el artículo 48 de la Ley Foral 9/1992 de 23 de junio), que vino a establecer para unos y otros conceptos (para el de adjudicación de bienes de conquistas a los cónyuges ya tras el Acuerdo de 17 de septiembre de 1976) una excepción al general principio de incompatibilidad de simultáneas sujeciones a Transmisiones Patrimoniales o bien a Sucesiones por una parte y a Actos Jurídicos Documentados por otra. Así que, en punto al dicho concepto transmisorio habido en el caso ha de entenderse que por el momento perviven en su integridad las Normas de 1970, aplicables no sólo a los puros hechos transmisorios sino también al aspecto de su documentación. En fin, de conformidad con el carácter unitario que el Impuesto sobre Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados tenía en la normativa de 1970, ocurrirá que, expedido correspondiente documento, si es que aquella normativa ha de entrar en juego lo hará (de conformidad con lo ordenado en la señalada Transitoria, según lo visto) extendiendo sus efectos a todas las derivaciones tributarias de tal acto, es decir, no sólo a las transmisorias sino también a las propias de la documentación del acto. El que la pervivencia de las antiguas Normas en relación con hechos cuales los del caso arrastre consigo también las de Actos Jurídicos Documentados que se relacionen con esos hechos de transmisión es algo que se desprende sin más de todo lo dicho; y el que ello haya podido resultar así se justifica por acumulación de dos circunstancias: la unitariedad que el Impuesto regulado por la normativa de 1970 tenía y la esencia del hecho imponible de Actos Jurídicos Documentados, que no es el hecho externo de la mera documentación sino primariamente el acto, aunque, eso sí, acto documentado (parte final del artículo 191.2); o, por mejor decir, el hecho imponible en Actos Jurídicos Documentados es un inescindible complejo integrado por un acto, un documento y una referencia a una cantidad o cosa valuable.

3.- Como ya se ha apuntado, a la vista del documento sobre el que se practicó liquidación, resultaba en primer lugar la producción de un acto consistente en adjudicaciones hechas a la recurrente y a su esposo en virtud de disolución de la sociedad conyugal de conquistas; es decir, se trata de un supuesto de sendas transmisiones a cada cónyuge, las cuales, sujetas a Transmisiones Patrimoniales (no ha de entrar en juego aquí la exclusión predicada por el artículo 147, que meramente señala que queda excluida la sociedad conyugal de bienes del tratamiento propio de las Sociedades, es decir, de la regulación que sería el germen de lo que actualmente constituye Operaciones Societarias), se encuentran sin embargo exentas por ese concepto transmisorio en virtud de lo establecido en el artículo 116.15 de la normativa aquí aplicable. Pues bien: resulta indiscutible la procedencia de gravamen por Actos Jurídicos Documentados centrado en correspondiente documento en que se contiene un tal acto de transmisión que tiene por objeto cantidad o cosa valuable (correspondientes bienes de conquistas), sin que exista al respecto el impedimento de sujeción representado por el hecho de hallarse el acto de adjudicación de bienes sujeto (aunque exento) por Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. En efecto, hay sujeción a Actos Jurídicos Documentados en virtud de la excepción que en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 191 (en la redacción dada primero por Acuerdo de 17 de septiembre de 1976 y más tarde por Ley Foral 9/1992, de 23 de junio) se contiene a propósito de aquella general prohibición de duplicación de sujeción que se establece en el primer párrafo del dicho precepto. Y eso, es decir, esa excepción que lleva al gravamen por Actos Jurídicos Documentados, se hace, en cuanto a concretos supuestos de exención por Sucesiones y por Transmisiones Patrimoniales, por el dicho número 2 del citado artículo 191 después de haber hecho referencia a los diversos actos documentados que se recogen en el anterior número 1 y antes de precisar que el gravamen se dará aun cuando los correspondientes actos sólo consten en documento privado (señalamiento que ha de entenderse que legitima igualmente la exacción de que se trata en cuanto a meras declaraciones sustitutivas). Así que, por todo ello, ha de darse, con referencia a esa doble adjudicación el gravamen proporcional por Actos Jurídicos Documentados.

Y, en virtud de ello, este Organo, en sesión celebrada el día de la fecha arriba indicada, acuerda desestimar recurso interpuesto por Doña (?), en nombre propio y en el de Don (?) contra liquidaciones (números (?) y (?) de 1997) que les fueron practicadas por Actos Jurídicos Documentados en razón de correspondientes adjudicaciones de bienes y derechos efectuadas a uno y otro por disolución de su sociedad conyugal de conquistas, con lo que dichas liquidaciones quedan confirmadas en sus propios términos.
Actos jurídicos documentados
Disolución de sociedad legal de conquistas
Exceso de adjudicación
Transmisiones Patrimoniales Onerosas
Bienes de conquistas
Sociedad de gananciales
Deuda tributaria
Impuesto sobre sucesiones y donaciones
Legitimación activa
Derecho de participación
Donación
ISD (Impuesto sobre sucesiones y donaciones)
Operaciones societarias
Declaración sustitutiva
Documento privado
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
ITPYAJD (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados)
Sociedad conyugal de conquistas

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