Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 980061 de 18 de Diciembre de 1998

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  • Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra
  • Fecha: 18 de Diciembre de 1998
  • Núm. Resolución: 980061

Resumen

Se solicita la anulación de la liquidación practicada sustituyéndola por el precio de adjudicación. Se estima en parte ya que no ha existido motivación de la valoración tomada en cuenta para la liquidación, anulándose la liquidación impugnada y retrotrayendo el expediente al momento inmediatamente anterior al de la tasación efectuada, a fin de que se lleve a cabo de nuevo con las debidas formalidades y garantías.

Cuestión

Determinación de la cuantía de la base imponible en el caso de adjudicación de bienes en subasta judicial pública.

Contestación

En relación con el recurso interpuesto por Don (?), con D.N.I. nº (?) y domicilio en (?) (Navarra), respecto de liquidación girada por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas por la adquisición mediante subasta de local comercial sito en Pamplona.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha (?) de 1997 se procedió, mediante Auto del Juzgado de lo Social nº (?) de Pamplona, a la adjudicación de local comercial de planta baja en la calle (?) de Pamplona. En el mencionado Auto se acordó la adjudicación de tal inmueble a Don (?), siendo el precio de adjudicación en la subasta de 11.000.000 de pesetas.

SEGUNDO.- Presentado el documento a liquidación, la oficina liquidadora correspondiente le practicó la número (?)/1997 por Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales sobre una base liquidable de 23.773.479 pesetas, dándose lugar, por aplicación del tipo de gravamen del 6 por ciento, a una deuda total de 1.469.201 pesetas, integrada por cuota tributaria y honorarios de liquidación.

TERCERO.- Contra esta liquidación interpone el (?) recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra, mediante escrito con fecha de entrada en el Registro de (?) de 1997, solicitando se anule la liquidación practicada y se sustituya por otra en la que se fije como base imponible el valor real de transmisión, esto es, 11.000.000 de pesetas y se devuelva al interesado la diferencia resultante con la liquidación anterior.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ha de declararse la competencia de este Organo para el conocimiento y resolución del recurso de alzada interpuesto, dada la materia y la naturaleza del acto administrativo impugnado, en virtud de lo que disponen los artículos 1º y 2º de su Reglamento aprobado por Acuerdo de la Diputación Foral de Navarra de 19 de junio de 1981, habiendo sido formulado el recurso dentro de plazo y por persona debidamente legitimada al efecto.

SEGUNDO.- Respecto de la cuestión suscitada, es decir, la determinación de la cuantía de la base imponible en el caso de adjudicación de bienes en subasta judicial pública , ha de verse que la base imponible debe atender al valor real de los bienes, es decir, al que éstos tengan en un mercado libremente formado. No parece en principio que el mercado constituido en una subasta judicial, aun a pesar de la posibilidad que cualquier persona tiene de acudir a tal subasta, pueda verdaderamente ser tomado como un puro mercado de libre concurrencia, pues de todos es sabido que en muchos casos las adjudicaciones se producen por precios notablemente inferiores a los que el mismo bien tendría fuera de tales subastas públicas. Y así, la cantidad por la que se adjudica un bien en una subasta tendrá el carácter de precio efectivo de la operación pero no podrá razonablemente y en cualquier caso atribuírsele el carácter de valor real del bien y ello máxime cuando ya se hubiese fijado al bien, en previa tasación habida en el correspondiente procedimiento, un valor que luego venga a ser meramente desdicho por el precio de adjudicación.

Por lo que, habiendo de estarse en todo caso al principio general de búsqueda del valor real, pues en el artículo 7º.1. de la Norma básica reguladora del Impuesto se establece que "la base imponible con carácter general, vendrá determinada por el valor real del bien transmitido o del derecho que se constituya o ceda. Dicho valor real será el que resulte de la comprobación administrativa, si fuere mayor que el declarado por los interesados", resulta que el valor de adjudicación del bien en esta subasta no puede considerarse como valor real o de mercado, ya que en la subasta a lo sumo podría pensarse que fuese tal valor la cuantía de inicial licitación que viniese fijada en el momento de peritación por funcionario o profesional idóneo, pero no por ejemplo, el resultante de sucesivas rebajas producidas a lo largo de las diversas fases de subasta.

Este criterio, sin embargo, ha venido a ser enmendado por diversas Sentencias del Tribunal Supremo, cuales una de 7 de mayo de 1991, que, por lo que ser refiere al valor real del bien, señala que, al no existir un sentido jurídico de qué haya de entenderse por real ni tampoco un sentido técnico, ha de recurrirse al sentido usual, lo que lleva a tomar como real lo efectivamente habido, que en el caso del mercado público y libre en que las subastas consisten será el precio de adjudicación efectivamente pagado; o como otra de 1 de diciembre de 1993, que, también en relación con las adjudicaciones en subasta pública, recoge la antigua y tradicional distinción entre "verdadero valor" del bien, que moteja de concepto económico pero jurídicamente indeterminado, frente al concepto jurídico, ya bien determinado, de "precio". Y señala que la expresión normativa de "verdadero valor" ha quedado reemplazada por la de "valor real", que, en su forma de contraprestación efectivamente habida, es recogido como base imponible en el otro bloque normativo (del Impuesto sobre el Valor Añadido) que contempla también y por ejemplo el tráfico inmobiliario, de donde se seguiría que por principio de coherencia de tratamiento tributario, cuando sea aplicable el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, la comprobación de valor (figura propia de este Impuesto) únicamente debería orientarse a la determinación de cuál fue ese precio (en el caso, precio de adjudicación), bajo el entendimiento de que éste ha de tenerse por sí como valor real del bien transmitido: habida cuenta de la desaparición de la especial antigua regla para la determinación de la base imponible en las subastas públicas, por valor real ha de tomarse en ellas el mero precio de adjudicación; y en términos similares también otra Sentencia de 14 de enero de 1994.

Ahora bien: no obstante lo anterior y habiendo de ir en todo caso y en general al valor real de bien, es conveniente volver a la jurisprudencia más arriba citada, dónde se advierte que ya la Sentencia de 14 de enero de 1994 (y así también una Sentencia de la Audiencia Nacional de 19 de julio de 1994) introduce el matiz de que en las vicisitudes habidas en una subasta pública (por ejemplo adjudicación en o posterior subasta) puede llegar a darse una discordancia entre valor y precio. En nuestro caso concreto, tenemos una valoración del local comercial resultante de la tasación efectuada por la Administración tributaria por importe de 23.773.479 de pesetas y un precio de adjudicación del mismo de 11.000.000 de pesetas.

Pues bien, en el presente caso dicho precio de adjudicación de 11.000.000 de pesetas no deja de ser la consecuencia de la necesidad de satisfacer el crédito de la actora en el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, al margen del valor real de lo que se subasta y pudiendo darse sucesivas rebajas producidas a lo largo de las diversas fases de subasta. Tal precio, en definitiva, no podría ser el valor real o de mercado libremente formado por lo que procedía la comprobación de valor.

TERCERO.- Ahora bien, sin perjuicio de lo señalado hasta ahora, ha de verse que por lo que se refiere a la motivación de la comprobación de valor llevada a cabo aquí por la Sección gestora, lo cierto es que tal comprobación se realizó sin llevar a cabo la preceptiva notificación al interesado de su motivación, conducta que ha sido reiteradamente reprobada tanto por éste Organo como por la abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo, la cual se ha decantado, respecto de la motivación de las valoraciones efectuadas por la administración al comprobar el valor declarado por los sujetos pasivos en el ámbito del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en el Impuesto sobre Sucesiones, por preservar al máximo, como es natural, las garantías de los contribuyentes, tratando en todo momento de que éstos conozcan con exactitud los distintos elementos que darán lugar a la exigencia final de la deuda tributaria. Así, y como simple muestra, la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 1991 indica que "el resultado final de la comprobación es un acto administrativo susceptible de recursos independientes, pero para que tales recursos puedan interponerse, y para que tanto el ciudadano como los órganos de esta jurisdicción puedan fiscalizar la procedencia o improcedencia del valor fijado, es preciso que se razone este acto con motivación suficiente, expresando los criterios tenidos en cuenta por quien o quienes la realizan, que deberán ostentar el título suficiente para valorar los bienes transmitidos". Y en el caso, el Tribunal Supremo no admitía que como criterio de valoración se acudiese a generalizaciones tales como "condiciones de uso y volumen" y "situaciones y condiciones intrínsecas". Asimismo en Sentencia del 30 de noviembre de 1991 se afirma categóricamente que "las valoraciones que realicen los peritos al servicio de la Administración han de ser motivadas, sin que puedan mantenerse o calificarse de tales aquellas que no contienen los elementos mínimamente exigidos para poder decidir sobre su procedencia o improcedencia, tales como situación y estado de la finca, antigüedad, materiales, precios de otras análogas o incluso de mercado?.

Pues bien, como quiera que en el presente caso no ha existido motivación de la valoración que ha servido de base para la práctica de la liquidación recurrida, habrá de procederse a la anulación de la liquidación impugnada. En definitiva procede la retrotracción del expediente a momento inmediatamente anterior al de la tasación efectuada, y ello a fin de que la tal se lleve a cabo de nuevo y con las señaladas formalidades y garantías para la recurrente.

Y, en consecuencia, este Organo, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda estimar en parte el recurso de alzada interpuesto por Don (?) contra liquidación (número (?)/1997) practicada por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en virtud de adjudicación en subasta judicial de determinado local, debiendo anularse la liquidación impugnada y retrotraerse el expediente con práctica de nueva comprobación de valor debidamente motivada y notificada al interesado conforme a lo señalado en el Fundamento de Derecho Tercero del presente Acuerdo, como paso previo para la práctica , en su caso y momento, de la liquidación, y quedando el recurso desestimado en cuanto al resto.
Valor real
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Subasta judicial
ITPYAJD (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados)
Local comercial
Liquidación girada
Transmisiones Patrimoniales Onerosas
Cuota tributaria
Base liquidable
Acto administrativo impugnado
Rebajas
Subasta pública
Concurso público
Valor de los bienes
Determinación de la base imponible
Contraprestación
Impuesto sobre el Valor Añadido
Ejecución hipotecaria
Deuda tributaria
Impuesto sobre sucesiones y donaciones
ISD (Impuesto sobre sucesiones y donaciones)
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