Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 980430 de 13 de Marzo de 2002

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  • Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra
  • Fecha: 13 de Marzo de 2002
  • Núm. Resolución: 980430

Resumen

Se solicita la práctica de la correspondiente liquidación por la Administración Tributaria de la Comunidad Foral. Se desestima el recurso. Para ello, es necesaria la residencia habitual del causante en Navarra, pero la ley sólo define la misma respecto del sujeto pasivo del impuesto, no siéndolo el causante sino los adquirentes de la herencia. Pero a falta de otra norma, habrá que colmar la laguna con dicho precepto, según el cual, la residencia habitual exige una vinculación personal y un ánimo de permanecer más o menos indefinidamente en un lugar. El no haber pruebas concluyentes de la residencia del acusante en Navarra (mera declaración jurada de la hermana, que mas bien perjudica a la interesada ya que afirma su no residencia en Pamplona), junto con que el interesado no haya tenido relación tributaria alguna con la Comunidad Foral (ni en cuanto a sus intereses económicos), no procede la exacción del impuesto por la misma.

Cuestión

Incompetencia de la Hacienda Foral para la exacción del Impuesto por no tener el causante su residencia habitual en Navarra.

Contestación

Visto escrito presentado por Doña (?) en representación de Doña (?), cuyo D.N.I. no consta, y con domicilio en Pamplona, en relación con declaración de incompetencia para la exacción de los Impuestos relacionados con herencia causada por su fallecido esposo, Don (?).

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Mediante escritura otorgada ante el Notario de Pamplona, Don (...), en (...) de septiembre de 1997 (número de Protocolo (...)) vino la interesada a aceptar la herencia causada por su fallecido esposo, Don (...).

SEGUNDO.- Presentada la escritura a liquidación, dio lugar a que se declarase por la Oficina Liquidadora la incompetencia para la práctica de dicha liquidación, por no constar que el causante residiese habitualmente en Navarra al tiempo de su fallecimiento, al amparo de lo dispuesto en el artículo 26 del vigente Convenio Económico. Y contra dicho acto administrativo viene ahora la interesada a interponer reclamación económico-administrativa ante este Tribunal mediante escrito depositado en Oficina de Correos en (?) de junio de 1998, en el que viene a indicarse que la resolución recurrida se basa en puros indicios; que, por el contrario, la declaración jurada efectuada por la hermana del causante demuestra fehacientemente que el causante residía en Navarra al tiempo de su fallecimiento; que de ello se deriva la competencia de la Administración Tributaria de Navarra para la exacción de los Impuestos derivados de la herencia de su esposo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ha de declararse la competencia de este Tribunal para el conocimiento y resolución de la reclamación económico-administrativa interpuesta, dada la naturaleza del acto administrativo impugnado, en virtud de lo que disponen los artículos 154 y 155 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y 18 y 19 del Reglamento del recurso de reposición y de las impugnaciones económico-administrativas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 178/2001, de 2 de julio, habiendo sido formulada en tiempo hábil y por persona debidamente legitimada al efecto.

SEGUNDO.- El artículo 26.1 del Convenio Económico suscrito entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra en 31 de julio de 1990, en la redacción vigente al tiempo del fallecimiento del causante ((?) de febrero de 1993) atribuye a la Comunidad Foral de Navarra la competencia para la exacción del Impuesto sobre Sucesiones, tratándose de ?adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, cuando el causante tenga su residencia habitual en Navarra?. De este modo hemos de olvidarnos ya, en primer lugar, de cualquier referencia a la concurrencia en el causante de la condición civil foral navarra, requisito exigido por el anterior Convenio Económico, centrándonos exclusivamente en la apreciación de aquellos indicios que pudieran llevarnos a la conclusión de si el causante tenía o no su residencia habitual en Navarra, al tiempo de su fallecimiento.

TERCERO.- Pero antes de entrar en el examen de las pruebas que podrían conducirnos a la conclusión de si el causante residía o no en Navarra, debe comenzar por fijarse el propio concepto de ?residencia habitual del causante?. Y ello porque, como veremos a continuación, el legislador ha omitido en el Convenio una expresa definición acerca de qué haya de entenderse por residencia habitual del causante. En efecto: el artículo 26.2 del Convenio Económico indica que ?para determinar la residencia habitual de los sujetos pasivos se estará a lo dispuesto en el artículo 8.2 de este Convenio?. Obsérvese que dicho precepto viene a fijar exclusivamente el criterio de determinación de la ?residencia habitual de los sujetos pasivos?, mientras que en el Impuesto sobre Sucesiones los sujetos pasivos son, según lo dispuesto en el artículo 31 de sus Normas, ?los adquirentes por título de herencia o legado, de bienes, acciones y derechos, cualesquiera que sean las estipulaciones en contrario que establezcan éstos o las disposiciones ordenadas por el testador?. Así que la remisión que, a efectos de determinación de la residencia habitual, realiza el artículo 26.2 del Convenio al 8.2 del mismo texto legal no se refiere directamente a la del causante, sino sólo a la del sujeto pasivo del Impuesto, cuando éste sea, claro está, el punto de conexión empleado con el fin de fijar la Administración competente para la exacción del Impuesto. No puede pues, aplicarse al caso directamente el artículo 26.2 del Convenio puesto que no contempla el supuesto que se somete a nuestra consideración. Pero tratando de buscar una salida a la situación ante la que nos hallamos colocados, tampoco es posible afirmar que la expresión ?sujeto pasivo? sea empleada en el artículo 26.2 del Convenio en sentido usual, que comprendería también al causante de la sucesión en cuanto sujeto implicado de algún modo en la relación jurídico-tributaria: difícilmente puede entenderse cómo una expresión de tan preciso sentido técnico-tributario como es ?sujeto pasivo? puede emplearse en sentido usual. Concretamente, el artículo 30 de la Ley General Tributaria define al sujeto pasivo como ?la persona natural o jurídica que según la Ley resulta obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea como contribuyente o como sustituto del mismo?; y no se le conoce otra definición al concepto ?sujeto pasivo?. Surge así una laguna legal en el contenido del Convenio Económico, laguna que será preciso integrar, en primer lugar, con el contenido del propio Convenio. Y en el mismo no se nos ofrece otro concepto de residencia habitual en Navarra que el ya transcrito del artículo 8.2, por lo que finalmente habrá de acudirse a él, aunque no por directa remisión sino por integración de la laguna observada en el ordenamiento jurídico. Dicho precepto dispone textualmente lo siguiente: ?Se entenderá que las personas físicas tienen su residencia habitual en Navarra cuando permanezcan en su territorio por más de 183 días durante el año natural. En los supuestos en los que el período impositivo no coincida con el año natural, se considerará que se cumple tal condición cuando la permanencia en Navarra exceda de la mitad del citado período impositivo?. Merece este precepto ser también comentado, puesto que una primera lectura podría conducir a un concepto erróneo de residencia habitual: en efecto, la dicción literal del artículo 8.2 parece identificar ?residencia habitual? con la pura permanencia física; sabemos, sin embargo, que la doctrina civilística exige, para que podamos hablar de residencia habitual, además de un elemento material (corpus), consistente en la permanencia física en un determinado lugar, una voluntad de residir la persona en ese determinado lugar (animus o elemento intencional o volitivo). Ahora bien: al ser la residencia una cuestión de puro hecho, la apreciación de la concurrencia de los elementos que llevan a su fijación en un determinado lugar no puede venir dada sino a través de indicios razonables, ya que, singularmente, por lo que se refiere a la voluntad de residir, ésta es de imposible indagación directa, por quedar en el ámbito de lo estrictamente psicológico.

CUARTO.- A la vista de lo anterior, y deteniéndonos ya en el concreto supuesto que se somete a nuestra consideración, hay que indicar que la interesada aporta una muy escasa documentación tendente a la demostración de la residencia de su fallecido esposo en Navarra, y que las pruebas aportadas resultan, a nuestro juicio, inconsistentes. En efecto: se limita la interesada a aportar declaración jurada efectuada por la hermana del fallecido en la que se hace constar que éste no residió con carácter permanente en ningún lugar con anterioridad a su fallecimiento, y ello debido a sus actividades profesionales como piloto, instructor de vuelo, piloto de pruebas y técnico especialista en señales marítimas; que al tiempo de su fallecimiento llevaba seis meses residiendo en Sevilla; y que nunca había renunciado a su condición de navarro. Pues bien: sin perjuicio de que a alguna de las cuestiones expuestas en dicha declaración jurada (por ejemplo, a los efectos que se pudieran atribuir a la condición civil foral navarra) ya se ha hecho alusión en los Fundamentos de Derecho anteriores, ha de añadirse que incluso tal declaración jurada es perjudicial para los intereses de la recurrente, puesto que llega a afirmarse que, al tiempo del fallecimiento, el causante llevaba seis meses residiendo en Sevilla y que durante años no venía residiendo en Pamplona, faltando así el elemento físico propio del concepto de residencia. Es más: tal conclusión vendría a quedar adverada por la ausencia de empadronamiento en Pamplona desde 1986, aun cuando lo cierto es que el empadronamiento es puramente demostrativo de una vecindad administrativa y no del estricto hecho de la residencia, que puede diferir del lugar de empadronamiento. En conclusión: la interesada no ha venido a aportar pruebas concluyentes de la residencia del causante en Navarra, lo que ya, de suyo, impide considerar que la Comunidad Foral de Navarra es competente para la exacción del Impuesto sobre Sucesiones.

QUINTO.- Y en cuanto a los argumentos que expone la Sección gestora para fundamentar su declaración de incompetencia, es de ver que es bien ilustrativo el hecho de que el interesado no haya tenido relación tributaria alguna con la Comunidad Foral de Navarra, máxime cuando el punto de conexión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas resulta coincidente en el caso con el del Impuesto sobre Sucesiones (el comentado de la residencia habitual), y que tampoco pueda afirmarse que conste vinculación alguna del causante con la Comunidad Foral desde el punto de vista de sus intereses económicos, lo cual también hubiera podido haber resultado revelador (a falta de mejores pruebas) de su residencia en territorio navarro. Todo ello nos conduce a desestimar la pretensión de la interesada tendente a considerar a la Comunidad Foral competente para la exacción del tributo objeto de examen.

Y, en consecuencia, este Tribunal, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda desestimar la reclamación económico-administrativa interpuesta por la representación de Doña (?) contra Resolución del Jefe de la Sección de Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de (?) de mayo de 1998, por la que vino a declararse la incompetencia de la Administración Tributaria de la Comunidad Foral de Navarra para la exacción del tributo derivado de la herencia causada por Don (?), confirmándose dicho acto administrativo en sus propios términos.

Residencia habitual
Herencia
Residencia
Declaración Jurada
Impuesto sobre sucesiones y donaciones
ISD (Impuesto sobre sucesiones y donaciones)
Legados
Resolución recurrida
Acto administrativo impugnado
Fallecimiento del causante
Período impositivo
Voluntad
Empadronamiento
Testador
Persona física
Actividades profesionales
Pruebas aportadas
Vecindad
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Transmisiones Patrimoniales Onerosas
Actos jurídicos documentados
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