Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 980615 de 01 de Julio de 1999

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  • Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra
  • Fecha: 01 de Julio de 1999
  • Núm. Resolución: 980615

Resumen

Pretende el interesado nulidad de liquidaciones provisionales por haber transcurrido el plazo de seis meses para la presentación de declaraciones resumen, ya que, la devolución de saldo a favor supone acto administrativo que debe considerarse liquidación definitiva. Argumenta el Órgano que con el plazo de seis meses se trata de garantizar al sujeto pasivo la devolución del exceso en plazo razonable, sin que la Administración pueda ampararse en la falta de acto liquidatorio para retrasar la liquidación ?sine die?, pero no impide su práctica dentro del plazo de prescripción. En cuanto a deducción de determinadas cuotas soportadas que solicita el interesado, la normativa establece que si se trata de bienes parcialmente destinados al objeto de la actividad, la afección se delimita a aquellos que sean susceptibles de utilizarse de forma diferenciada, como ocurre en el caso. Así, el Órgano del examen de facturas y recibos considera deducibles sólo cuotas de 1995, pero no las de 1996 y 1997 referentes a adquisiciones cuya utilización no puede considerarse accesoria e indivisible y a compras de consumo propio.

Cuestión

1º). Plazo de la Administración para práctica de liquidaciones provisionales. 2º). Deducción de bienes parcialmente destinados al objeto de la actividad.

Contestación

En relación con el recurso interpuesto por Doña (?), con D.N.I. nº (?) y domicilio en (?) (Navarra), respecto de liquidaciones provisionales practicadas por el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondientes a los años 1995, 1996 y 1997.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La recurrente presentó su reglamentaria declaración-resumen anual (nº (?)/1997) por Impuesto y año de referencia el (?) de enero de 1998, resultando de la misma un saldo a su favor de 199.535 pesetas, solicitándose en dicha declaración la devolución de la indicada cantidad. Practicadas operaciones de comprobación, que se documentan en la correspondiente Diligencia, se giraron por la Sección gestora las correspondientes liquidaciones provisionales en las que se excluyeron de deducción determinadas cuotas soportadas por el Impuesto sobre el Valor Añadido y cuyo importe ascendieron a 204.739 pesetas para el año 1995, a 153.167 pesetas para el año 1996 y 16.180 pesetas para el año 1997.

SEGUNDO.- Contra tales liquidaciones viene la Sra. (?) a interponer recurso de alzada ante este Organo señalando, en primer lugar, que ?entiende que el plazo para que la Administración hubiera practicado liquidación provisional a las solicitudes de devolución correspondientes a los años 1995 y 1996 por el Impuesto sobre el Valor Añadido, finalizó a los seis meses de la presentación de las declaraciones resumen anual de 1995 y 1996?, por lo que ?las liquidaciones provisionales practicadas por la Administración con fecha (?) de abril de 1998 en cuanto al 2º, 3º y 4º trimestre de 1995 y al 1º, 2º, 3º y 4º trimestre de 1996, son nulas de pleno derecho? y que ?la devolución del saldo a favor de la compareciente existente al 31 de diciembre de 1995 y a 31 de diciembre de 1996, supone un acto administrativo que debe considerarse como liquidación definitiva?; y que, en segundo lugar, para el caso de que no se estime la nulidad de las liquidaciones practicadas, se admita la deducibilidad de las cuotas soportadas ya que parte del edificio se dedica exclusivamente a la actividad empresarial.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ha de declararse la competencia de este Organo para el conocimiento y resolución del recurso de alzada interpuesto, dada la materia y la naturaleza del acto administrativo impugnado, en virtud de lo que disponen los artículos 1º y 2º de su Reglamento aprobado por Acuerdo de la Diputación Foral de Navarra de 19 de junio de 1981, habiendo sido formulado el recurso dentro de plazo y por persona debidamente legitimada al efecto.

SEGUNDO.- Dos son las cuestiones planteadas en el presente recurso, en primer lugar, la consideración, que hace la recurrente, de que la devolución de los saldos a su favor suponen actos administrativos que deben considerarse liquidaciones definitivas, y en segundo lugar, la deducibilidad de determinadas cuotas.

TERCERO.- Respecto de la primera cuestión planteada, diremos que ciertamente el artículo 61 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido establece que en los casos en los que el sujeto pasivo solicite la devolución del saldo a su favor a 31 de diciembre de cada año en la declaración-liquidación, la Administración vendrá obligada a practicar liquidación provisional dentro de los seis meses siguientes al término del plazo previsto para dicha presentación. Cuando la liquidación provisional no se hubiera practicado en dicho plazo deberá procederse a devolver de oficio, dentro de los 30 días siguientes, el importe total solicitado. Con esta norma se trata de garantizar al sujeto pasivo la devolución del exceso indicado en un plazo razonable, sin que pueda ampararse la Administración en la falta de un acto liquidatorio previo para retrasar la devolución ?sine die?. Ahora bien: el hecho de que la liquidación provisional no se practique en el indicado plazo de seis meses no impide su práctica posterior, siempre que se dé dentro del plazo de prescripción. Ninguna norma existe en el ordenamiento tributario vigente (particularmente en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido) que disponga la caducidad de la facultad de proceder a la oportuna liquidación, cuando ésta no se realice dentro del plazo señalado de seis meses. La única finalidad del indicado artículo 61 de la mencionada Ley Foral es, como ya se ha indicado, la de evitar un eventual desmedido retraso en la práctica de las devoluciones. Por Sentencia del Tribunal Supremo se ?declara la nulidad del acto de requerimiento del pago efectuado por la Administración, sin perjuicio de que tal declaración no comporte que el sujeto pasivo tenga derecho a devolución alguna, que sólo resultará o no de la comprobación de los elementos de hecho y de derecho en que pueda sustentarse?. Es decir, sin duda el Tribunal permite la práctica de liquidación fuera del plazo de seis meses indicado sin que pueda atribuirse al sintagma ?comprobación de los elementos de hecho y de derecho? una significación espuria, alejada de su ordinaria y usual (y aún técnico-tributaria comprensión). Comprobación de los elementos de hecho y de derecho no es ni más ni menos que la confrontación de los datos reflejados en la liquidación con los justificantes aportados y examen de la adecuación a derecho de las calificaciones realizadas por el sujeto pasivo en su declaración-liquidación, y esto puede hacerse siempre que no haya transcurrido el plazo de prescripción, independientemente de que se produzca tal comprobación antes o después de los seis meses a que alude el referido artículo 61 de la Ley Foral 19/1992. Obsérvese que en caso de admitirse la tesis sostenida por la recurrente estaríamos creando, además, una inadmisible distinción entre dos categorías de contribuyentes: la de aquéllos cuya declaración resulta a devolver y la de aquellos otros cuya declaración da lugar al pago de una deuda tributaria; los primeros verían cómo de no practicarse liquidación provisional en el plazo de seis meses ya ésta no podía ser girada, mientras que los segundos se encontrarían exclusivamente con el plazo de prescripción para la practica de la liquidación provisional. Tal hipótesis se comenta por sí sola y ha de desecharse por discriminatoria.

CUARTO.- Respecto de la segunda cuestión, relativa a deducibilidad de determinadas cuotas, el apartado 1 del artículo 41 de la mencionada Ley Foral al regular las limitaciones del derecho a deducir, establece que no podrán deducirse las cuotas soportadas o satisfechas por las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios que no se afecten, directa y exclusivamente, a su actividad empresarial o profesional. El apartado 4 de ese mismo artículo determina que ?cuando se trate de elementos patrimoniales que sirvan sólo parcialmente al objeto de la actividad se entenderá producida la afectación por aquella parte de los mismos que se utilice realmente en la actividad de que se trate.

En este sentido sólo se considerará afectadas aquellas partes de los elementos patrimoniales que sean susceptibles de un aprovechamiento separado e independiente del resto.

En ningún caso serán susceptibles de afectación parcial los elementos patrimoniales indivisibles?.

El artículo 18 del Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido establece que ?se considerarán incluidos en la excepción a que se refiere el número 3 del artículo 41 de la Ley Foral del Impuesto los bienes de inmovilizado adquiridos y utilizados para el desarrollo de la actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo, utilizados para necesidades personales o particulares de forma accesoria y notoriamente irrelevante en días y horas inhábiles durante las cuales interrumpe el ejercicio de dicha actividad?.

Del examen de los artículos transcritos se observa que cuando se trata de bienes que sólo parcialmente se destinan al objeto de la actividad, la afectación se entenderá limitada a aquella parte que realmente se utilice en la misma, delimitándose esta afección parcial sólo respecto de aquéllos objetos que sean susceptibles de poder utilizarse por partes claramente diferenciadas, circunstancia que se produce en el supuesto analizado, ya que la vivienda en cuestión es susceptible de usos compartidos, debiendo distinguir dentro de la misma aquellos elementos (habitaciones) que verdaderamente lo sean (puesto que permiten una utilización separada) de aquellos que no sean susceptibles de esta diferenciación.

Nos queda por determinar en qué proporción se destina a la actividad la casa rural denominada (?), propiedad de Doña (?), y para ello nos basaremos en la resolución (?)/1995, de (?) de diciembre, del Director General de Comercio y Turismo, que considera que del importe total destinado a inversiones es el 72,90% el que se afecta a la actividad desarrollada en la dicha casa rural, éste sería el porcentaje aplicable para el año 1995, por lo que admitimos como deducibles 135.407 pesetas para el indicado año.

Respecto al año 1996, las cuotas no deducibles corresponden a las facturas nº (?) y (?), la primera de ellas relativa a la adquisición de determinado mobiliario de cocina (campana, horno, mesa...) que no cumple lo exigido en el artículo 18 del Reglamento del referido Impuesto, pues su utilización (la de la cocina) no puede considerarse en ningún momento accesoria e indivisible (dada la existencia de una única y analizada la actividad desarrollada durante el año, escasa salvo el tercer trimestre), y la nº (?) relativa a la instalación de un calefactor que tampoco es deducible, por lo que respecto a este año confirmamos la liquidación practicada.

Por último, con relación a los recibos de (?) se consideran que no son deducibles al no cumplirse lo establecido en el artículo 43 de la mencionada Ley Foral, además examinados los mismos se observa que determinadas compras parecen destinadas a consumo propio, cubriendo sus necesidades personales.

Y, en consecuencia, este Organo, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda estimar en parte el recurso de alzada interpuesto por Doña (?), respecto de liquidaciones provisionales practicadas por el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a los años 1995, 1996 y 1997, considerándose deducibles las cuotas indicadas (135.407 pesetas) del año 1995, sin que corresponda ninguna deducción en los restantes años, 1996 y 1997.
Liquidación provisional del impuesto
Impuesto sobre el Valor Añadido
Plazo de prescripción
Actividades empresariales
Declaraciones-autoliquidaciones
Modelo 564. Impuesto sobre Hidrocarburos
Elementos patrimoniales
Acto administrativo impugnado
Caducidad
Deuda tributaria
Importaciones de bienes
Inversiones

Real Decreto 1624/1992 de 29 de Dic (Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido -IVA-) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 314 Fecha de Publicación: 31/12/1992 Fecha de entrada en vigor: 01/01/1993 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

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