Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 980663 de 11 de Marzo de 1999

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  • Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra
  • Fecha: 11 de Marzo de 1999
  • Núm. Resolución: 980663

Resumen

Pretende el interesado que no se computen entre sus rentas propias, las prestaciones por minusvalía de dos hijas. Alega, que la prestación en concepto de ayuda familiar no puede incluirse dentro de las normales, ya que en caso de fallecimiento de los padres, dicha prestación seguiría siendo percibida por las hijas minusválidas. Así, los titulares reales de la renta son las hijas, con independencia de que, debido a la minusvalía de éstas, formalmente se atribuya al padre y materialmente se abone también a él. Se estima la pretensión, y por tanto, no se acumularán a las rentas del recurrente las prestaciones por hijas minusválidas, prestaciones que no se someterán a tributación por estar exentas.

Contestación

En examen de recurso interpuesto por Don (?) a propósito de tributación por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a los años de 1994, 1995 y 1996.

ANTECEDENTES DE HECHO

El ahora recurrente efectuó en su momento correspondientes autoliquidaciones de sus deudas tributarias por el Impuesto y años de referencia, dándose lugar a unos saldos a su favor de respectivamente 416.154 pesetas, 336.810 pesetas y 390.046 pesetas.Por la Sección gestora del Impuesto se procedió a revisar dichas autoliquidaciones mediante la práctica de correspondiente liquidaciones provisionales, de carácter modificativo de aquéllas; y, tras alguna vicisitud impugnatoria que dio lugar a su rechazo por parte de la dicha Sección gestora, viene el interesado a interponer ante este Organo el presente recurso insistiendo en su pretensión de que no se computen entre sus rentas propias las prestaciones por minusvalía de dos hijas, afectadas de severas deficiencias y con un grado de minusvalía oficialmente reconocido del 90 y del 91 por ciento, y ello con carácter considerado como definitivo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- Ha de declararse por este Organo en primer lugar su competencia, por razón de la materia y de la naturaleza del acto impugnado (artículo 2.1.a. de su Reglamento), para conocer del presente recurso; éste, por otra parte, ha sido formulado por persona dotada de legitimación activa al efecto, al venir directamente afectada por el acto impugnado; y, en fin, ha de tenerse por interpuesto en tiempo hábil.

2.- En el repertorio que el artículo 15 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ofrece, aparece especificado, como ejemplo de rendimientos de trabajo, el concepto de las ayudas o subsidios familiares. En cualquier caso ha de señalarse que esa lista de supuestos de rendimientos de trabajo (siempre sin perjuicio de lo dispuesto en el correspondiente artículo relativo a rentas exentas, que lo es el 10 de aquella Ley Foral) no es puramente nominalista sino, obviamente, un repertorio que, además de ser meramente ejemplificativo, no puede quedar desconectado de su raíz, que viene dada por la conceptuación o definición que de los rendimientos de trabajo se hace en el artículo 14 de la dicha Ley Foral (por lo que a Navarra se refiere), y cuyo artículo señala, como no podía ser de otro modo, que son rendimientos de trabajo las contraprestaciones o utilidades que deriven, directa o indirectamente, del trabajo personal del sujeto pasivo, abundando luego aquel precepto en que aquellas contraprestaciones o utilidades han de retribuir o derivarse del trabajo personal del sujeto pasivo o, en último término, ser consecuencia de su relación laboral. En definitiva, pues, que los concretos ejemplos de rendimientos de trabajo dados en aquel repertorio del artículo 15 citado tendrán ese dicho carácter sólo en cuanto respondan al concepto o definición dados por el artículo 14. Pues bien: es muy de tener en cuenta la alegación del recurrente en el sentido de que la prestación de que se trata no viene a ser una de las que podrían considerarse normales dentro del concepto de ayuda familiar sino que la tal no quedaría extinguida en el caso de fallecimiento de los padres, pues seguiría siendo percibida por sus hijas minusválidas, lo cual, en la argumentación del recurrente, llevaría a la conclusión de que los titulares (si no nominales sí reales) de la prestación fuesen las hijas: sería renta suya con independencia de que precisamente su incapacidad determine que formalmente aparezca como atribuida a su padre y de que materialmente se abone a éste, y ello por la necesidad en que el minusválido se encuentra de que otra persona cuide de sus intereses y administre sus bienes, cosa que por modo natural queda encomendada al recurrente; y que, en fin, en el caso de que, según éste señala, el 100 por ciento de la cuantía de la percepción esté afecta a la atención de sus hijas como minusválidas, resulta que, habiendo quedado bien determinado el importe de estas prestaciones (Disposición Adicional Undécima de la Ley de Presupuestos del Estado para 1994 y Disposición Adicional Séptima de la de Presupuestos para 1995) por tratarse de minusválidas en grado igual o superior al 75 por ciento y necesitar ?el concurso de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos?, dando con ello concreción a lo dispuesto en el art. 180 del Texto refundido de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, la correspondiente cifra, que ha de tenerse como una suerte de ?mínimo vital? del minusválido, vendría a quedar cercenada por la imposición sobre la renta en el caso de atribuírsele al recurrente y acumularse a otras rentas de éste; es decir, que por vía tributaria se estaría negando en la práctica la cuantía de prestación que la normativa de la Seguridad Social vino a calcular para su estricto destino al afrontamiento de las especiales necesidades derivadas de la situación del minusválido. En fin, ninguna adicional capacidad económica (y, por ende, ninguna capacidad contributiva) resulta de la asignación del caso, que se limita a cumplir un principio de solidaridad social articulado por el ordenamiento jurídico (normativa de la Seguridad Social) como puro paliativo de ominosas situaciones cuales la planteada, y cuya asignación pública no viene a ser sustitutiva de renta alguna salarial o equivalente. A no distinta conclusión, por otra parte (y dicho sea a título meramente ilustrativo), llega Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid, de 30 de junio de 1995, que con prudente atrevimiento bordea (de modo reticente) el vedado terreno de la utilización de la analogía en materia de exenciones al decir que cuando el artículo 9º.Uno.l, de la Ley del IRPF (de pronunciamiento idéntico al del artículo 10.j) de la Ley de Navarra) utiliza la expresión acogimiento, para establecer correspondiente exención, ello puede tenerse por aplicable a casos como el presente, no obstante haber reconocido antes aquel Organo que puede parecer ?que el legislador se refiere en dicha disposición al (estricto) concepto civil del acogimiento, recogido en los artículos 172 y siguientes? del Código civil. En definitiva, volviendo a lo que más arriba se señalaba, se está en trance de estimar la pretensión del interesado, de modo que no habrá de acumularse a las rentas de éste el importe de las dichas prestaciones por hijas minusválidas, prestaciones que, por su parte, no habrán de someterse a tributación.

Y, en virtud de ello, este Organo, en sesión celebrada el día de la fecha arriba indicada, acuerda estimar recurso interpuesto por Don (?) a propósito de tributación por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para los años de 1994, 1995 y 1996, de suerte que las correspondientes liquidaciones habrán de rectificarse de conformidad con lo señalado en la fundamentación del presente Acuerdo.
Minusvalía
Discapacidad
Rendimientos del trabajo
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Contraprestación
Deuda tributaria
Liquidación provisional del impuesto
Discapacitados
Grado de minusvalía
Legitimación activa
Incapacidad
Acogimiento
Mínimo vital
Capacidad económica
Principio de solidaridad

RDLeg. 1/1994 de 20 de Jun (TR. de la ley general de la seguridad social) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 154 Fecha de Publicación: 29/06/1994 Fecha de entrada en vigor: 01/09/1994 Órgano Emisor: Ministerio De Trabajo Y Seguridad Social

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