Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 980678 de 24 de Enero de 2002

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  • Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra
  • Fecha: 24 de Enero de 2002
  • Núm. Resolución: 980678

Resumen

Se alega que no se produjo el establecimiento del régimen de propiedad horizontal con el otorgamiento de la escritura puesto que ya con anterioridad se daba el mismo. Se desestima el recurso. Es preciso el otorgamiento del título constitutivo para que el régimen despliegue todos sus efectos. Su inexistencia impediría su acceso al registro de la propiedad. Al contener, por tanto, la escritura, un acto que acarrea importantes consecuencias jurídicas más allá del puro reflejo de una realidad anterior, procede la tributación por actos jurídicos documentados de la constitución del citado régimen. Y no se trata de un supuesto de doble imposición (al haberse gravado también la segregación de los pisos), porque son hechos imponibles en esencia distintos.

Cuestión

Necesidad de otorgamiento de escritura, para la constitución y plenitud del régimen de propiedad horizontal de un inmueble.

Contestación

Visto escrito presentado por Don (?) en representación de la (?), con domicilio en Pamplona, en relación con liquidación por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Mediante escritura otorgada ante el Notario de Pamplona, Don (...), en (...) de diciembre de 1997, vinieron a elevarse a públicos estatutos de comunidad de propietarios de la finca sita en la calle (...), de (...).

SEGUNDO.- Presentada la escritura a liquidación, dio lugar a la número (...) de la Oficina Liquidadora de Pamplona, por establecimiento de régimen de propiedad horizontal respecto de dicho inmueble. Y contra dicha liquidación viene ahora la representación de la comunidad de propietarios a interponer reclamación económico-administrativa ante este Tribunal (expediente de la Sección gestora (...)) mediante escrito con fecha de entrada en el Departamento de Economía y Hacienda, de (...) de marzo de 1998 (complementado mediante escritos de (...) de marzo de 1998 y (...) de junio de 1998) en el que viene a indicar que en el caso no se produjo el establecimiento del régimen de propiedad horizontal con el otorgamiento de la mencionada escritura, puesto que ya, con mucha anterioridad el inmueble se hallaba dividido en pisos, respecto de los cuales se venían realizando las oportunas transmisiones; que la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo reconoce la posibilidad de que dicho régimen de propiedad horizontal se dé sin necesidad de que se haya otorgado título ?constitutivo? de dicho régimen de propiedad horizontal; que, por tanto, no procedería liquidación del caso, puesto que no es éste del otorgamiento de la escritura cuya liquidación se impugna el momento de la constitución del régimen de propiedad horizontal. Solicita, pues, sea anulada la liquidación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ha de declararse la competencia de este Tribunal para el conocimiento y resolución de la reclamación económico-administrativa interpuesta, dada la naturaleza del acto administrativo impugnado, en virtud de lo que disponen los artículos 154 y 155 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y 18 y 19 del Reglamento del recurso de reposición y de las impugnaciones económico-administrativas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 178/2001, de 2 de julio, habiendo sido formulada en tiempo hábil y por persona debidamente legitimada al efecto.

SEGUNDO.- La cuestión discutida se centra en determinar si el puro otorgamiento de escritura en que se contendría un título (pretendidamente) constitutivo de régimen de propiedad y elevación a públicos de estatutos de la comunidad de propietarios es susceptible ahora de liquidación por el concepto ?actos jurídicos documentados? del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, cuando lo cierto es que el inmueble venía funcionando ?de facto? bajo dicho régimen de propiedad horizontal desde mucho tiempo atrás. En este sentido, ha de traerse aquí a colación el contenido del artículo 22.2 de la Norma reguladora del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobada por Acuerdo del Parlamento Foral, de 17 de marzo de 1981, que establece que ?las primeras copias de escrituras y actas notariales cuando tengan por objeto cantidad o cosa valuable, contengan actos o contratos inscribibles en los Registros de la Propiedad Mercantil y de la Propiedad Industrial y no sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o a los conceptos comprendidos en los apartados 1º y 2º del número 1 del artículo 1 de la presente Norma, tributarán, además, al tipo de gravamen del 0,50 por ciento, en cuanto a tales actos o contratos?. Siguiendo a Iglesias Canle (quien, a su vez, se apoya en el contenido de la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de abril de 1988), podemos decir que para poder exigir la cuota gradual del concepto ?actos jurídicos documentados? respecto de la modalidad ?documentos notariales? es preciso que concurran los siguientes presupuestos o requisitos de tributación:

a) Que se trate de primeras copias de escrituras y actas notariales.

b) Que en unas y otras se contengan actos o contratos.

c) Que tales actos o contratos no estén sujetos al Impuesto sobre Sucesiones o Donaciones, al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas ni al que grava las Operaciones Societarias.

d) Que los actos o contratos contenidos en tales copias de escrituras y actas sean ?inscribibles en los Registros de la Propiedad, Mercantil y de la Propiedad Industrial?.

Es evidente que en el presente caso concurren los requisitos señalados en las letras a), c) y d) anteriores, pero más dudas suscita, a nuestro juicio, que se dé el presupuesto exigido en la letra b).

TERCERO.- Ha de entenderse bien que cuando decimos que nos planteamos la hipótesis de no concurrir en el caso el requisito de que la escritura contenga un acto o negocio jurídico, no se estaría negando con ello que la constitución del régimen de propiedad horizontal tenga el carácter de tal acto o negocio jurídico, sino que más bien nos estaríamos preguntando si en el presente caso se estaría produciendo, con el otorgamiento de la escritura cuya liquidación se impugna, un puro reflejo de una realidad jurídica preexistente, puesto que el inmueble del caso ya venía funcionando (como se acredita a través de nota simple del Registro de la Propiedad) bajo dicho régimen de propiedad horizontal. Nos planteamos, pues, si con el otorgamiento de la escritura se estaría instando, simplemente, del Registrador de la Propiedad la práctica de una operación registral con base en una realidad jurídica preexistente.

Y así, al tratar del problema de la admisibilidad de las comunidades de propietarios que carezcan de título formal de constitución, dice Fuentes Lojo que ?en nuestro Derecho no es necesario, para que surja este régimen especial de propiedad, formalidad especial alguna, a diferencia de lo que ocurre en otros países?. Y citando a Peré, señala que la propiedad horizontal aparece, aun cuando no sea en la plenitud de su virtualidad, ?desde el momento en que por cualquier título idóneo para ello -transmisión mortis causa, división de cosa común, venta de apartamento, donación, permuta, etc., del mismo, o cualquier otro tipo similar- coexistan, con relación a una finca, las titularidades dominicales privativas de dos o más personas respecto a departamentos diversos de la misma, es decir, desde que la propiedad de un inmueble pertenezca a varios titulares, no de forma indivisa, sino pro divisa, esto es, con atribución a los diversos propietarios, no de cuotas del conjunto del inmueble, sino de porciones físicamente individualizadas del mismo?. Y cita en pro de esta tesis las Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de junio de 1967, 19 de febrero de 1971 y 28 de junio de 1973. En el mismo sentido, Pons González y Del Arco Torres, citando a Bercovitz Rodríguez-Cano, indican que ?el título constitutivo de la propiedad horizontal no es verdad (sic) constitutivo de la misma, de manera que la comunidad de propiedad horizontal existe desde el momento en que sobre un edificio concurren varios propietarios de pisos o locales?.

Ahora bien: en sentido contrario a la tesis anterior, los propios Pons González y Del Arco Torres dicen que ?la inexistencia de título constitutivo impide que el régimen de propiedad horizontal pueda tener acceso al Registro de Propiedad (artículos 8.4º y 5 LPH), con las consiguientes consecuencias negativas respecto a la transmisión a terceros y a la constitución de hipotecas? y citan la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de enero de 1996 que dice que ?si bien conforme a la mayoría de la doctrina ha de entenderse la existencia de propiedad horizontal teniendo en cuenta la situación fáctica que se produce en tanto en cuanto titulares de diversos bienes sitos en un edificio acceden por o hacia elementos comunes a todos ellos, es preciso otorgar por todos ellos el título de constitución en tal régimen, mediante documento público al que han de comparecer todos y cada uno de los que sean titulares de dominio en el inmueble en tal momento? y la de la Audiencia Provincial de Badajoz de 21 de noviembre de 1996 que tras definir ?las llamadas propiedades horizontales de hecho? como aquellos ?supuestos de edificios divididos por pisos y vendidos como tales a distintos propietarios, pero en los que no existe título constitutivo y, por ende, en que la propiedad horizontal como tal no ha surgido jurídicamente aún a la vida? ofrece la solución de que se rijan analógicamente por las normas de la LPH y, por ello rige, en ellas, plenamente el estatuto jurídico de la propiedad horizontal, apoyándose para sostener tal conclusión en lo dicho por el Tribunal Supremo en Sentencia de 5 de julio de 1991 y 1 de agosto de 1995, y por la Audiencia Provincial de León en Sentencia de 26 de diciembre de 1995.

Pues bien: a la vista de todo lo anterior, es esta última la solución que, a nuestro juicio, debe adoptarse, es decir, que la comunidad de propietarios en régimen de propiedad horizontal no alcanzar su plenitud (y ello tiene su interés, sobre todo, desde el punto de vista registral) hasta que no se otorga el título constitutivo de la misma, sin perjuicio de que hasta ese momento del otorgamiento del título constitutivo dicha comunidad se rija por el estatuto de los inmuebles en régimen de propiedad horizontal. Véase, en apoyo de esta tesis (y aun cuando no sea directamente aplicable al caso, por razones temporales), el contenido del artículo 2 de la Ley de Propiedad Horizontal, en la redacción dada a este precepto por la Ley 8/1999, de 6 de abril, que simplemente dispone la aplicabilidad de la preceptuado en dicha Ley de Propiedad Horizontal a este tipo de comunidades, pero que no les atribuye la consideración de inmuebles constituidos en régimen de propiedad horizontal, que queda reservada a aquellos respecto de los que se hubiera otorgado el correspondiente título constitutivo.

CUARTO.- Y una vez que hemos llegado a la conclusión de que desde el punto de vista civil es preciso el otorgamiento del título constitutivo para que el régimen de propiedad horizontal despliegue absolutamente todos sus efectos, hay que determinar la consecuencias que esta afirmación tiene desde el punto de vista tributario. Según hemos visto con anterioridad, nos planteábamos la hipótesis de que, en este caso, el otorgamiento del título constitutivo del régimen de la propiedad horizontal no fuera catalogable como acto jurídico en el sentido de ser un puro y simple reflejo de una realidad jurídica preexistente. Pues bien: ha de descartarse tal posibilidad, ya que, como hemos visto, el otorgamiento del título constitutivo del régimen de propiedad horizontal acarrea unas importantísimas consecuencias jurídicas, más allá del puro reflejo de una realidad anterior. Así que ha de reputarse que en el caso se dieron los requisitos exigibles para someter a tributación por el concepto ?actos jurídicos documentados? el acto que en la escritura presentada a liquidación se documentó.

Por último, plantea el interesado la posibilidad de considerar que con la liquidación del caso se dé un supuesto de doble imposición, al haberse exigido previamente el tributo correspondiente a la segregación de los pisos, que se produjo con bastante anterioridad al otorgamiento del título constitutivo que es ahora objeto de gravamen. Pues bien: para que exista esa doble imposición, habríamos de hallarnos ante dos gravámenes que recayeran respecto de un mismo hecho imponible y un mismo sujeto pasivo; y en el caso sucede que las operaciones en las que se pretende amparar la doble imposición son esencialmente distintas, ya que si en su tiempo se dio segregación de los pisos, esta segregación no puede identificarse con el título constitutivo de la propiedad horizontal, y ello porque, como hemos concluido en el Fundamento de Derecho anterior, el régimen de propiedad horizontal tiene unas muy especiales características (distintas de la pura y simple segregación) que requieren para su existencia el otorgamiento de título constitutivo propio y específico.

Y, en consecuencia, este Tribunal, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda desestimar la reclamación económico-administrativa interpuesta por la representación de (?), contra liquidación número (...) practicada por la Oficina Liquidadora de Pamplona respecto del concepto ?actos jurídicos documentados? del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, confirmándose dicha liquidación en todos sus extremos.

Propiedad horizontal
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Título constitutivo
Registro de la Propiedad
Actos jurídicos documentados
Comunidad de propietarios
Doble imposición
Constitución de la propiedad horizontal
Impuesto sobre sucesiones y donaciones
Propiedad industrial
Negocio jurídico
Representación de la comunidad de propietarios
Dueño
Acto administrativo impugnado
Estatutos de la comunidad de propietarios
Documentos notariales
Transmisiones Patrimoniales Onerosas
Operaciones societarias
ISD (Impuesto sobre sucesiones y donaciones)
ITPYAJD (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados)
Registrador de la Propiedad
Título constitutivo de la comunidad de propietarios
Transmisiones mortis causa
División de cosa común
Permuta
Titularidad dominical
Donación
Hipoteca
Elementos comunes
Documento público
Acto jurídico
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