Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 990175 de 25 de Noviembre de 2002

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  • Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra
  • Fecha: 25 de Noviembre de 2002
  • Núm. Resolución: 990175

Resumen

Retroacción de expediente hasta el momento de emisión de nuevo informe ampliatorio: no era precisa la reiniciación de la inspección. Corrección de error de hecho padecido en anterior Acuerdo de OIRMT. Prescripción: improcedencia. Aplicación de la normativa estatal acerca de plazos de ejecución de la Inspección: improcedencia. Naturaleza del poder tributario de Navarra: imposibilidad de aplicar unilateralmente normativa estatal. Estimación indirecta: prespuestos habilitantes para su aplicación: procedencia: multiples irregularidades contables. SE ESTIMA EN PARTE.

Cuestión

Problemas suscitados en el procedimiento de inspección

Contestación

Vistos escritos presentados por don BBB en representación de la Compañía Mercantil "AAA", con C.I.F. (...) y domicilio en (...), en relación con liquidaciones derivadas de Actas suscritas en disconformidad por el Impuesto sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al año 1989, cuatro trimestre de 1990 y cuarto trimestre de 1991.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Iniciada, en su día, actuación inspectora respecto de la entidad interesada y por el Impuesto y períodos impositivos de referencia, ello dio lugar al levantamiento de Actas suscritas en disconformidad números (...) a (...). Tras el correspondiente trámite, interpuso la interesada recurso de alzada ante el Organo de Informe y Resolución en Materia Tributaria, quien en 10 de noviembre de 1998 dictó Acuerdo (ratificado por el Gobierno de Navarra en su sesión del día 23 de noviembre de 1998) estimatorio en parte de las pretensiones de la interesada. El fallo de dicho Acuerdo ordenaba, en concreto, la retrotracción del expediente "hasta el momento de confección del informe ampliatorio, que deberá ser nuevamente redactado conforme a lo marcado en la parte final de la fundamentación del presente Acuerdo".

SEGUNDO.- En ejecución de dicho Acuerdo del Organo fue emitido por los inspectores actuantes nuevo informe ampliatorio en el que venían a ratificarse en el contenido del anteriormente emitido, indicando que el índice empleado para el cálculo de las ventas del sujeto pasivo venía dado por la media aritmética del declarado por la Compañía Mercantil para los años 1991 y 1992. A la vista de dicha ejecución del Acuerdo del Organo de Informe y Resolución en Materia Tributaria, y dado que la interesada se hallaba en plazo para ello, la interesada interpuso en 4 de enero de 1999 pretendido recurso de reposición contra aquel Acuerdo del Organo de Informe y Resolución en Materia Tributaria de 10 de noviembre de 1998, alegando que con la emisión de ese nuevo informe ampliatorio la Inspección ha incumplido el mandato que había recibido del Organo de Informe y Resolución en Materia Tributaria, ya que el nuevo informe ampliatorio adolece de los mismos defectos que el primeramente emitido. Como consecuencia de todo ello, solicita se requiera a la Inspección para que emita el oportuno informe en los términos que por el Organo de Informe y Resolución en Materia Tributaria se indicaban en aquel Acuerdo de 10 de noviembre de 1998 y la devolución de los oportunos gastos de aval que ha generado toda la actuación.

TERCERO.- Más adelante, el Servicio de Inspección remitió a la interesada nueva comunicación para el inicio de actuaciones comprobadoras respecto del mismo Impuesto y períodos impositivos. Este nuevo procedimiento inspector derivó en las Actas suscritas en disconformidad números (...) a (...), que contenían la correspondiente propuesta inspectora. A la vista de las Actas, del informe ampliatorio y de las alegaciones formuladas por la interesada, dio la Sección gestora en dictar acto administrativo confirmatorio de la propuesta inspectora, girándose a continuación las oportunas liquidaciones. Y contra dicho acto administrativo viene ahora la interesada a interponer reclamación económico-administrativa ante este Tribunal mediante escrito con fecha de entrada en el Departamento de Economía y Hacienda, de (...) de julio de 2000, señalando que resultaba de todo punto improcedente que los inspectores actuantes reiniciasen la inspección, cuando bastaba con que se hubiera ejecutado lisa y llanamente el fallo del Acuerdo del Organo de Informe y Resolución en Materia Tributaria de 10 de noviembre de 1998; que el informe emitido por la Inspección en ejecución del mencionado Acuerdo del Organo adolece de los mismos defectos que el que fue rechazado por dicho Organo de Resolución, con lo que no sirve para nada; que no procedía llevar a cabo nuevo expediente de comprobación e investigación, por cuanto ya se había iniciado uno con anterioridad; que, iniciado el nuevo procedimiento inspector en 19 de enero de 1999, hay que tener en cuenta que los años objeto de inspección son los de 1989, 1990 y 1991, por lo que debe declararse la prescripción de los derechos de la Administración en relación con las deudas tributarias del caso; que desde la firma de las actas derivadas de este último procedimiento inspector hasta la notificación de las subsiguientes liquidaciones transcurrieron más de seis meses, con lo que no pueden entenderse como interruptivas de la prescripción cuantas actuaciones se han llevado a cabo últimamente por el Servicio de Inspección, invocando en apoyo de su pretensión normativa de régimen común; que ni en el acta ni en las diferentes resoluciones emitidas por los órganos de la Hacienda de Navarra se razonan las causas por las que se aplica en el caso el régimen de estimación indirecta; que la aplicación del régimen de estimación indirecta se funda en unos errores carentes de toda importancia. Solicita, pues, sea declarada la improcedencia de la inspección iniciada, así como de las actas emitidas y suscritas en disconformidad, y de las liquidaciones practicadas, así como la devolución de los gastos de aval en que ha incurrido para garantizar las deudas derivadas de dichos actos administrativos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Debemos empezar por examinar la naturaleza jurídica del escrito presentado en 4 de enero de 1999 y las consecuencias que el mismo podría acarrear desde el punto de vista del procedimiento económico-administrativo. Califica la interesada el recurso como de reposición, mientras que, por otro lado, solicita "que se adopte resolución en la que se declare la obligatoriedad de la Inspección actuante (sic) de emitir el informe ampliatorio en los extremos que se le indican". Ha de verse que el pretendido recurso de reposición se interpone frente a un Acuerdo estimatorio del Organo de Informe y Resolución en Materia Tributaria, en cuyo fallo se ordena que se realicen determinadas actividades por el Servicio de Inspección, con las consecuencias que en el orden de la gestión ello conlleva.

Dicho recurso de reposición tendría sentido si la interesada no se hubiera hallado conforme con el contenido de la resolución del Organo de Informe y Resolución en Materia Tributaria, pero no es éste el caso. Lo que pretende la interesada es obtener del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra (sucesor de aquel Organo) un pronunciamiento favorable tendente a compeler a la Inspección a que dé exacto cumplimiento a lo que el Organo de Informe y Resolución en Materia Tributaria resolvió en 10 de noviembre de 1998. Y ésa, aparte de no ser materia propia de un recurso de reposición, que habría de versar sobre la disconformidad del reclamante con la resolución impugnada, no es una pretensión acerca de la cual pueda conocer el Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra, puesto que éste se limita a resolver acerca de la acomodación o no a Derecho de los actos administrativos que se someten a su consideración, pero carece de capacidad o potestad para compeler a otros órganos administrativos a que den cumplimiento a sus resoluciones (que, por ejemplo, tienen atribuida los Tribunales de Justicia en virtud de lo dispuesto en el artículo 103 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Por último, tampoco cabría entender que a través de dicho escrito de 4 de enero de 1999 se esté impugnando la emisión por parte de la Inspección del nuevo informe ampliatorio dictado en ejecución del Acuerdo del Organo de Informe y Resolución en Materia Tributaria de 10 de noviembre de 1998, puesto que dicho informe ampliatorio no es ningún acto administrativo susceptible de impugnación (no es un acto decisorio, entre otras cosas), ya que es un simple acto de trámite que habrá de conducir finalmente al dictado de un acto administrativo que sí será susceptible de impugnación. Todo ello ha de llevar a rechazar dicho escrito de 4 de enero de 1999 en cuanto que no puede calificarse como recurso de ningún tipo.

SEGUNDO.- Partiendo del relato fáctico anterior, es preciso incidir en el contenido del Acuerdo del Organo de Informe y Resolución en Materia Tributaria de 10 de noviembre de 1998, y particularmente, en el del fallo, del cual parte toda la controversia suscitada en el presente expediente. Recordemos que en dicho fallo se ordenaba que la retrotracción del expediente "hasta el momento de confección del informe ampliatorio, que deberá ser nuevamente redactado conforme a lo marcado en la parte final de la fundamentación del presente Acuerdo". Y tal decisión se hallaba fundada (Fundamento de Derecho Tercero del mencionado Acuerdo) en que de conformidad con lo previsto en el artículo 38.2 de la Ley Foral 19/1986, de 26 de diciembre, el informe ampliatorio de la Inspección debe recoger "la justificación de los medios elegidos para la determinación de las bases o rendimientos". En aquel momento, el Organo de Informe y Resolución en Materia Tributaria concluyó que tal justificación se había omitido en aquel caso, ya que, a su juicio, la Inspección se había limitado a hacer constar que se había empleado un índice ventas/coste de ventas sin especificar el origen de dicho índice, lo que habría provocado indefensión a la entonces recurrente.

Pues bien: a la vista de la reclamación ahora planteada se ha recuperado el expediente completo, y tras su examen sorprende cómo se pudo realizar por el Organo de Informe y Resolución la afirmación antes transcrita, puesto que bien claramente en el informe ampliatorio emitido en 15 de noviembre de 1994 se decía por los inspectores actuantes que "el índice aplicado por esta Inspección es el promedio de los declarados por la empresa en los dos últimos ejercicios, es decir, 1,86". Por tanto, la conclusión alcanzada por el Organo de Informe y Resolución en Materia Tributaria en aquel Acuerdo de 10 de noviembre de 1998 es sólo atribuible a una apresurada lectura del expediente, esto es, nos hallamos, sin lugar a dudas, ante un error material en la confección del Acuerdo.

La situación planteada en el presente caso es perfectamente subsumible en el tradicional concepto que de error material o de hecho nos ofrece la jurisprudencia (vid., v. gr., la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 1991). En efecto: el error en que se incurrió nada tiene que ver con la interpretación de las normas jurídicas (obsérvese que no es que al Organo de Informe y Resolución en Materia Tributaria le pareciera insuficiente -por escasa- la justificación ofrecida por el Servicio de Inspección, sino que afirmó que tal justificación era inexistente, lo cual no es cierto, como hemos podido comprobar) y es evidente y palmario, esto es, detectable con la sola vista del expediente. No podía concluirse, por tanto, que el informe ampliatorio hubiera causado indefensión alguna en la interesada, puesto que se había hecho completa y motivada expresión de los medios empleados para la determinación de la base imponible.

Dicho error podría haber sido subsanado de una forma muy sencilla (a través del dictado de un Acuerdo rectificativo de aquel que incurrió en el error), pero el hecho cierto es que tal error no se corrigió, puesto que no fue advertido por el Organo de Informe y Resolución en Materia Tributaria. En defecto de tal corrección, el Servicio de Inspección optó por emitir en 2 de diciembre de 1998 complemento al informe ampliatorio emitido en 15 de noviembre de 1994 en el que la Inspección se ratificaba en el contenido de aquel primer informe ampliatorio. Lo cierto es que la Inspección no podía hacer otra cosa porque ya había expresado el origen del índice empleado y había sido el Organo de Informe y Resolución en Materia Tributaria quien había padecido un error a la hora de examinar el expediente y dictar el correspondiente Acuerdo. No puede, entonces, tacharse este complemento al informe ampliatorio de causante de indefensión porque, como se ha visto, ninguna se causaba con el primitivo informe ampliatorio elaborado por los inspectores actuantes.

TERCERO.- El hecho es que, a partir de ahí, el Servicio de Inspección decide reabrir la Inspección con el fin de evitar cualquier defecto de procedimiento. Ciertamente, no era éste el método más ortodoxo para tratar de dar cumplimiento al Acuerdo del Organo de Informe y Resolución al que venimos haciendo referencia, pero el caso es que el resultado del nuevo procedimiento de inspección iniciado fue el mismo que el llevado a cabo con anterioridad y que dio lugar al recurso de alzada resuelto por el Organo de Informe y Resolución en Materia Tributaria en 10 de noviembre de 1998, con lo que, al menos, no se incurrió en "reformatio in peius", lo cual sí hubiera resultado reprobable.

CUARTO.- Ello lleva a tener que plantearnos cuantas alegaciones viene a formular la interesada en su escrito de 16 de diciembre de 1999.

A) El sujeto pasivo alega, en primer lugar, prescripción porque este nuevo procedimiento inspector se inició en 19 de enero de 1999 mientras que los ejercicios objeto de inspección son los de 1989, 1990 y 1991. Olvida en este punto la reclamante que durante todo ese período de tiempo han existido numerosas actuaciones interruptivas de la prescripción: las llevadas a cabo inicialmente en el procedimiento inspector y que desembocaron en las actas y liquidaciones que fueron objeto de impugnación ante el Organo de Informe y Resolución en Materia Tributaria (y que no hay que olvidar que nunca fueron objeto de total anulación por dicho Organo, sino que, a lo sumo, se ordenó por este -indebidamente, como ya hemos visto- la retrotracción del expediente hasta determinado momento), las propias actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento de revisión de los actos administrativos entonces dictados y que dieron lugar al Acuerdo del Organo de Informe y Resolución en Materia Tributaria de 10 de noviembre de 1998 y, finalmente, aquellas otras llevadas a cabo como consecuencia del dictado de dicho Acuerdo del Organo de Informe y Resolución en Materia Tributaria. No puede prosperar, pues, este primer motivo de impugnación.

B) En segundo lugar, alega la reclamante que se ha producido interrupción injustificada de las actuaciones inspectoras, conforme a lo previsto en el artículo 31 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos, ya que han transcurrido más de seis meses entre la firma de las actas y la notificación de las liquidaciones derivadas de dichas actas. Ello habría de dar lugar, por tanto (no a la automática aplicación de la prescripción, como pretende la interesada) a que no se tuviesen por producidas las actuaciones interruptivas de la prescripción que se hubiesen dado con motivo del desarrollo del procedimiento inspector últimamente llevado a cabo. Pues bien: si tenemos en cuenta que el Acuerdo del Organo de Informe y Resolución de 10 de noviembre de 1998 del que dimanan las actuaciones que son objeto de nuestro examen fue notificado en 4 de diciembre de 1998 y que las liquidaciones ahora impugnadas fueron notificadas en 22 de noviembre de 1999, escasa trascendencia tiene la contemplación de la interrupción injustificada de las actuaciones inspectoras, puesto que entre las actuaciones que no se verían afectadas por las consecuencias de la declaración de dicha interrupción injustificada de actuaciones inspectoras no ha transcurrido el plazo de cuatro años que marca la normativa vigente para la prescripción.

No obstante lo anterior, merece la pena entrar a considerar la cuestión relativa a la aplicabilidad en Navarra del artículo 31 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos; más aún, entrar a considerar la aplicabilidad en Navarra de determinados preceptos de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, como veremos a continuación. Y es que los apartados 1 y 3 del artículo 29 de dicha norma establecen lo siguiente:

"1. Las actuaciones de comprobación e investigación y las de liquidación llevadas a cabo por la Inspección de los Tributos deberán concluir en el plazo de doce meses a contar desde la fecha de notificación al contribuyente del inicio de las mismas (...)

3. La interrupción injustificada durante seis meses de las actuaciones inspectoras, producida por causas no imputables al obligado tributario, o el incumplimiento del plazo a que se refiere el apartado 1, determinará que no se considere interrumpida la prescripción como consecuencia de tales actuaciones".

Pues bien: aparte de que este Tribunal no opina que el contenido de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, sea directamente aplicable en Navarra, aplicabilidad que se funda en el contenido del artículo 1.1 de la propia Ley ("La presente Ley regula los derechos y garantías básicos de los contribuyentes en sus relaciones con las Administraciones tributarias, y será aplicable a todas ellas"), puesto que ello supondría la imposición unilateral por parte del Estado de una norma no convenida con la Comunidad Foral, cercenando así los derechos históricos de Navarra en materia tributaria, derechos históricos que se materializan en el correspondiente Convenio Económico (artículo 45 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra), lo cierto es que no se puede trasladar miméticamente el esquema del procedimiento inspector estatal a Navarra, por cuanto en la fecha en que se desarrollaron las actuaciones inspectoras las funciones de la Inspección estatal diferían notablemente respecto de las que tenía atribuidas la Inspección de la Hacienda Foral navarra.

En efecto: tanto el Organo de Informe y Resolución en Materia Tributaria como este Tribunal tienen ya dicho en numerosas ocasiones, que en el artículo 31.4.a) del Reglamento de Inspección de régimen común está contemplado no sólo lo que tradicionalmente han sido las actuaciones inspectoras propiamente dichas sino también la subsiguiente actividad de gestión liquidadora llevada a cabo por el Servicio de Inspección en relación con esas actuaciones. Así que, de acuerdo con el contenido del artículo 29 de la Ley 1/1998 antes transcrito, si se produce interrupción injustificada de las actuaciones inspectoras por un plazo superior a seis meses o si las actuaciones de comprobación e investigación y las de liquidación a desarrollar por la Inspección de los Tributos, globalmente consideradas, se prolongasen más allá de los doce meses, el efecto del incumplimiento de tales plazos es pérdida de los efectos interruptivos de la prescripción de las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento inspector, considerado en todas esas facetas (tanto de comprobación e investigación, en sentido estricto, como de liquidación). En el fondo de tal disposición normativa se halla la voluntad del legislador de encomendar a la Inspección funciones y competencias (las de practicar liquidaciones tributarias) que en momentos anteriores le habían sido ajenas; competencias que, aunque en primer término le fueron encomendadas de manera que resultó ser finalmente no ajustada a Derecho (Real Decreto 412/1982, de 12 de febrero, que fue declarado nulo por el Tribunal Supremo), acabaron siendo definitivamente fijadas por la Ley 10/1985, de modificación parcial de la Ley General Tributaria. Ahora bien: en Navarra no se ha dado una similar atribución de esas funciones liquidadoras al Servicio de Inspección. Es decir, en Navarra se ha optado con absoluta claridad por mantener para la Inspección las estrictas funciones (de investigación y de comprobación) que tradicionalmente ha venido ostentando el Servicio, sin el añadido de funciones liquidadoras; ese designio de la normativa navarra resultaría torcido por vía de una imposible aplicación directa (tal como el recurrente pretende) de la específica normativa que en el Estado regula semejante materia. En el caso sucede, por tanto, que las actuaciones inspectoras se extendieron desde el 12 de enero de 1999 (fecha de comunicación del inicio de las actuaciones inspectoras) hasta el 30 de marzo de 1999 (fecha de extensión de las actas), y esas solas han de tenerse como actuaciones inspectoras. Sí transcurrieron más de seis meses entre la extensión del acta y la notificación de los actos administrativos impugnados (Resolución del Jefe de la Sección del Impuesto sobre Sociedades y liquidaciones derivadas de las actas); pero ello ya no fueron actuaciones inspectoras, que se ultimaron con el acta y el informe adicional.

QUINTO.- Tras el planteamiento de las cuestiones relativas a la posible prescripción de los derechos de la Administración en relación con las deudas tributarias del caso, incide nuevamente la interesada en la discusión acerca de la procedencia de la aplicabilidad al caso del régimen de estimación indirecta de bases imponibles.

Pues bien: a esta concreta alegación ya se dio cumplida respuesta en el tantas veces citado Acuerdo del Organo de Informe y Resolución en Materia Tributaria de 10 de noviembre de 1998, cuyo Fundamento de Derecho Segundo transcribimos aquí íntegramente:

"El artículo 38.1 de la Ley Foral 19/1986, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1987 establece que "cuando la falta de presentación de declaraciones o las presentadas por los sujetos pasivos no permitan a la Administración Tributaria de Navarra el conocimiento de los datos necesarios para la estimación completa de las bases imponibles o de los rendimientos, o cuando aquellos ofrezcan resistencia, excusa o negativa a la actuación inspectora o incumplan sustancialmente sus obligaciones contables, las bases o rendimientos se determinarán en régimen de estimación indirecta". Pues bien: entre las obligaciones contables que para las sociedades mercantiles se marcan en el Código de Comercio está la de la adecuada llevanza (cfr. artículo 25) de un libro de Inventarios en el que se hará constar el inventario de cierre de ejercicio (artículo 28). La adecuada llevanza del libro de inventarios exige que en él se consignen cuantas existencias figuren almacenadas por la entidad de que se trate al cierre del ejercicio, es decir, aquellas existencias que habiendo sido adquiridas en el propio ejercicio o en los anteriores no hayan tenido salida o venta en el ejercicio a cuyo cierre se contrae el inventario. Examinado por la Inspección el libro de Inventarios de la recurrente, se encontró con las siguientes anomalías:

a) existencias de los denominados "anises" tanto por la recurrente como por la Inspección en su informe ampliatorio: a 1 de enero de 1990 las existencias de estos denominados "anises" ascendían a 805.430 pesetas mientras que durante el dicho año 1990 se adquirieron mercancías de este género por importe de 273.477 pesetas, con lo que el montante total de existencias iniciales y compras era de 1.078.907 pesetas. Si a este dato le oponemos el de las existencias a 31 de diciembre de 1990 (1.159.624 pesetas), nos encontraremos con que se da la paradoja de que no sólo no se puede decir que se hubieran producido consumos de estas mercancías durante el año sino que la cuantía de las tales mercancías superaba a final de año el importe de lo que había en el almacén al principio del ejercicio más el de lo adquirido durante el año.

b) existencias de puros en el año 1990: a 1 de enero de 1990 no había almacenadas en las dependencias de la interesada existencias de puros; y habiéndose comprado puros en dicho año por importe de 321.942 pesetas, resulta que aparecen en el correspondiente libro unas existencias finales de 1.001.320 pesetas, con lo que se repite la paradoja a la que hemos referencia en el punto anterior referido a las existencias de "anises".

c) existencias de puros en el año 1991: a 1 de enero de 1991 nos encontramos con unas existencias de este tipo de mercaderías de 1.001.320 pesetas, lo que unido al importe de las compras del año (585.421 pesetas) nos vuelve a arrojar un resultado inferior (1.586.741 pesetas), cantidad inferior a la reflejada en el libro de inventarios en concepto de existencias a 31 de diciembre de 1991 (2.327.516 pesetas), con lo que nos encontramos con la misma absurda situación que en los casos precedentes.

d) existencias de vinos: a 1 de enero de 1991 no había en los almacenes de la recurrente existencias de tres concretas marcas de vinos (Faustino I, Faustino V y Faustino VII); y no apareciendo entre las facturas aportadas respecto del año 1991 sino una factura de compra de 6 botellas de Faustino I por un importe unitario de 1.755 pesetas, resulta que a 31 de diciembre de 1991 existían en el almacén 360 botellas de Faustino V a 480 pesetas cada una; 600 botellas de Faustino VII a 298 pesetas/unidad y 24 botellas de Faustino I a 1.480 pesetas cada botella. Nuevamente nos encontramos, pues, ante una situación carente de toda lógica.

Frente a tales hechos constatados por la Inspección opone la interesada que se ha producido un error en la valoración del inventario, alegación que resulta inadmisible, en primer lugar, por no haber sido probada y, en segundo lugar, por resultar muy poco convincente sobretodo en lo relativo al reflejo en el inventario de los vinos a los que más arriba se ha hecho referencia, ya que el problema que se suscita respecto de los tales vinos no es de incorrecta valoración sino de omisión de una serie de mercancías en el inventario. Y una vez relatados los hechos en los que funda la Inspección la aplicabilidad del régimen de estimación indirecta, ha de entrarse al examen de lo relativo a la relevancia que haya de atribuirse a las incorrecciones detectadas a los tales efectos de aplicabilidad del dicho régimen. Pues bien: es amplísima la colección de sentencias y resoluciones de orden administrativo que justifica la aplicación del régimen de estimación indirecta con base en la observación de incongruencias contables. Por hacernos eco de algunos de tales pronunciamientos citaremos la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de junio de 1998 en que se indicaba que se hubiera podido fundar la aplicación del régimen de estimación indirecta en la discrepancia entre la contabilidad y los datos que resultaban de justificantes de exportaciones, pero resultó finalmente que la Administración Tributaria no pudo demostrar adecuadamente la tal incongruencia. Asimismo, la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 12 de febrero de 1997 basa la aplicabilidad del dicho régimen en la "incongruencia manifiesta entre los ingresos declarados y contabilizados por el reclamante y los que debieran resultar de los consumos de productos según la información manifestada por el mismo". Y el mismo Tribunal en Resolución de 22 de febrero de 1996 vino a considerar aplicable el dicho régimen dada la "incongruencia probada entre las operaciones registradas y las que deberían resultar del conjunto de sus adquisiciones, gastos y demás elementos considerados". Con cuánta más razón quedará entonces justificada en un caso como el presente la aplicación del régimen de estimación indirecta, ya que las incongruencias observadas surgen ya no sólo del cotejo de los datos contables con los justificantes y con la propia realidad sino de la propia mecánica interna de la contabilidad del sujeto pasivo. Y no puede invocarse aquí la escasa cuantía e importancia de los registros en los que se han detectado las irregularidades, porque, para empezar las tales cuantía e importancia son desconocidas para el propio sujeto pasivo que reconoce en escrito de fecha 19 de junio de 1995 "que el posible error puede ser debido a varios motivos como no haber registrado alguna factura de compra por simple extravío o haber agrupado en una marca de bebidas artículos similares de otra tanto en la existencia inicial como final", lo que parece venir a resultar implícito reconocimiento de la inexactitud del libro de Inventarios. Y una incorrecta llevanza del libro de Inventarios impide el exacto conocimiento de los datos precisos para la determinación de la base imponible del sujeto pasivo, puesto que en casos (como el presente) no es posible conocer con exactitud las existencias iniciales y finales del negocio, lo que conlleva, a su vez, la imposibilidad de determinar con exactitud los consumos del ejercicio y, por tanto, su correlación con las ventas. Todo ello conduce a considerar aplicable al caso el régimen de estimación indirecta".

Y en vista de que en el presente momento no han venido a aportarse alegaciones o pruebas que pudieran venir a trastocar o refutar lo mantenido en aquel anterior Acuerdo del Organo de Informe y Resolución en Materia Tributaria, procede mantener el criterio allí sostenido, desestimando las pretensiones dla interesada también en este concreto punto.

SEXTO.- Por último, ha de hacerse referencia a la cuestión del daño que haya podido suponer a la reclamante la comisión del error en el Acuerdo del Organo de Informe y Resolución en Materia Tributaria de 10 de noviembre de 1998 y el modo en que éste puede ser resarcido. En este punto, hay que tener en cuenta que el daño causado a la reclamante es perfectamente valuable a la vista de dos partidas que indudablemente han venido a incrementarse indebidamente desde el día en que se produjo el error en el tantas veces mencionado Acuerdo del Organo de Informe y Resolución en Materia Tributaria: el de los gastos del aval que dice la interesada haber presentado en garantía de las deudas tributarias que son objeto de controversia y el de los intereses de demora que se han venido devengando respecto de las deudas exigidas.

El hecho cierto es que si en el momento de dictarse el Acuerdo del Organo de 10 de noviembre de 1998 se hubiera adoptado un acuerdo totalmente desestimatorio de las pretensiones de la interesada (que es el sentido en que debiera de haberse adoptado el Acuerdo, de no haber mediado el error al que se ha hecho alusión con anterioridad), ello le hubiera dejado expedita la vía para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, caso de no hallarse conforme con el sentido de la resolución. Sin embargo, la interesada ha tenido que esperar hasta el momento presente para obtener tal resolución, sin que haya mediado por su parte culpa alguna en ello. Por ello, debe restablecerse la situación, en la medida de lo posible, para que de ello derive el menor perjuicio posible para la reclamante. Y ello se conseguirá si no se exigen intereses de demora desde la fecha en que se notificó aquel Acuerdo del Organo de Informe y Resolución en Materia Tributaria de 10 de noviembre de 1998 (notificación que se produjo en 4 de diciembre de 1998) hasta el momento de la notificación del presente Acuerdo, devolviéndose, por otro lado, a la reclamante, los gastos en que hubiera podido incurrir con motivo de la prestación de garantía entre las dos fechas antes citadas, devolución a la que habrá de procederse en el momento procesal oportuno.

Y, en consecuencia, este Tribunal, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda estimar en parte la reclamación económico-administrativa interpuesta por la representación de la Compañía Mercantil "AAA" contra liquidaciones derivadas de Actas suscritas en disconformidad por el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al año 1989, cuatro trimestre de 1990 y cuarto trimestre de 1991, de lo que habrá de derivar:

a) la subsanación de error material o de hecho padecido en Acuerdo del Organo de Informe y Resolución en Materia Tributaria de 10 de noviembre de 1998, en el sentido de haber de resultar desestimatorio aquel Acuerdo, por haberse justificado debidamente por el Servicio de Inspección el empleo de los correspondientes índices para la determinación de la base imponible en régimen de estimación indirecta;

b) el mantenimiento en lo sustancial de las liquidaciones practicadas, con la única particularidad de que habrán de rectificarse los intereses de demora exigibles, que habrán de reducirse en las cuantías que se marcan en el Fundamento de Derecho Sexto del presente Acuerdo;

c) la devolución de los gastos en que haya podido incurrir la reclamante con motivo de la prestación de garantía para la suspensión de la ejecución de los actos impugnados durante el período que se marca en el Fundamento de Derecho Sexto del presente Acuerdo.

Procedimiento inspector
Estimación indirecta
Inventarios
Período impositivo
Aval
Indefensión
Inspección tributaria
Error material
Actividad inspectora
Deuda tributaria
Impuesto sobre el Valor Añadido
Mercancías
Voluntad unilateral
Error de hecho
Mandato
Actos confirmatorios
Jurisdicción contencioso-administrativa
Sucesor
Determinación de la base imponible
Actos de trámite
Costes de venta
Reformatio in peius
Revisión de los actos administrativos
Obligado tributario
Fecha de notificación
Liquidaciones tributarias
Derechos reales
Voluntad
Notificación de los actos administrativos
Acto administrativo impugnado
Impuesto sobre sociedades
Intereses de demora
Sociedades mercantiles
Error en la valoración
Omisión
Comisiones
Subsanación de errores
Suspensión de la ejecución
Culpa

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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