Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 990646 de 31 de Marzo de 2000

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  • Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra
  • Fecha: 31 de Marzo de 2000
  • Núm. Resolución: 990646

Resumen

A consecuencia del impago de una deuda contraída por el interesado con el Hospital de Navarra debido a servicios prestados por éste a raíz de un accidente, la Sección de Recaudación Ejecutiva dictó Providencia de apremio. Interpuso el interesado recurso de alzada ante el Organo que fue inadmitido por incompetencia. Insiste en que la contraprestación que el Hospital le exige es un precio privado e interpone recurso de reposición ante el Organo con el fin de que éste se declare competente y anule la Providencia de apremio. Se estima. Dos temas hay que entrar a analizar: uno, la competencia del Organo para conocer del asunto; dos, la naturaleza jurídica de la deuda contraída con el Hospital de Navarra. En cuanto a la competencia, frente a la opinión mantenida por el Organo, que estimaba era incompetente para conocer de aquellos actos recaudatorios que no tuvieran como fundamento la exigencia de un ingreso de carácter tributario, vino el Gobierno de Navarra a rectificar esa postura indicando que las reclamaciones contra actos administrativos relativos a ingresos de Derecho Público tienen carácter tributario, por lo que su conocimiento corresponde al Organo. En lo que respecta a la naturaleza de la deuda contraída, tiene la condición de precio privado, por lo que no resulta exigible a través del procedimiento de apremio.

Cuestión

1º) Competencia del Organo para conocer. 2º) Naturaleza de la deuda contraída.

Contestación

Visto escrito presentado por Don (?), con D.N.I. número (?) y domicilio en Pamplona, en relación con anterior Acuerdo de este Organo, de 10 de mayo de 1999.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Jefe de la Sección de Recaudación Ejecutiva dictó Providencia de apremio respecto de deuda contraída por el interesado con motivo de prestación de servicios sanitarios por el Hospital de Navarra, a raíz de accidente de tráfico por él sufrido en (?) de julio de 1988.

SEGUNDO.- Contra dicha Providencia vino el interesado a interponer recurso de alzada ante este Organo, que fue resuelto por Acuerdo de 10 de mayo de 1999, ratificado por el Gobierno de Navarra en su sesión del día 7 de junio de 1999 y debidamente notificado, con resultado de inadmisión por incompetencia.

TERCERO.- Disconforme con el pronunciamiento contenido en dicho Acuerdo, viene ahora el interesado a interponer recurso de reposición ante este Organo mediante escrito con fecha de entrada en el Departamento de Economía y Hacienda, de (?) de agosto de 1999, señalando que el Acuerdo impugnado incurre en evidente contradicción, puesto que tras realizarse en él una correcta, a su juicio, exposición acerca de la naturaleza jurídica de las tasas y precios, y llegándose a la conclusión de que la contraprestación exigida con motivo de prestación asistencial es un precio privado, no termina por anularse la Providencia de apremio. Solicita, pues, sea anulada la Providencia de apremio del caso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

UNICO.- Ciertamente, este Organo, en casos como el presente, había venido pronunciándose en el sentido de que estimaba que era incompetente para conocer de aquellos actos recaudatorios que no tuvieran como fundamento la exigencia de un ingreso de carácter tributario. Pues bien: el Gobierno de Navarra mediante Acuerdo de 10 de mayo de 1999 vino a rectificar aquel criterio mantenido con anterioridad por este Organo. En dicho Acuerdo del Gobierno de Navarra se dice que el Reglamento del Organo de Informe y Resolución en Materia Tributaria dispone las reclamaciones contra actos administrativos relativos a ingresos de Derecho Público tienen la consideración de materia tributaria y, por tanto, su conocimiento corresponde al Organo. Frente a la opinión que desde este Organo se sostenía en el sentido de haberse producido extralimitación en el dictado del dicho Reglamento, el Gobierno de Navarra mantiene que tanto la doctrina como la jurisprudencia, al analizar los problemas que resultan de las relaciones entre la Ley y el Reglamento y al delimitar las materias que pueden incluirse en el ámbito de la potestad reglamentaria, distinguen entre un ámbito natural o inherente al Reglamento como norma, el de las cuestiones administrativas que corresponden al ámbito organizativo de la Administración y el resto, siendo en estos casos su función secundaria de complemento de la Ley y en virtud de una habilitación específica. Atendiendo a esa diferenciación, la jurisprudencia ha matizado la mayor autonomía de los llamados Reglamentos organizativos en la Sentencia del Tribunal Constitucional de 4 de mayo de 1982, y, en particular, en la del Tribunal Supremo de 11 de abril de 1981 que afirma que ?la potestad reglamentaria de la Administración opera con mayor o menor autonomía según se ejerza ad intra, es decir, con fines puramente autoorganizativos o en el marco de relaciones de sujeción especial, o ad extra, lo que sucede cuando regula abstractamente derechos y obligaciones de los ciudadanos en situaciones de carácter general?. De acuerdo con lo anterior, y siempre según el criterio del Gobierno de Navarra, el Acuerdo de la Diputación Foral de 19 de junio de 1981 se habría dictado en función de la delegación legislativa efectuada por el Parlamento Foral en Acuerdo de 19 de mayo de 1981 y regularía cuestiones propias del ámbito organizativo de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, por lo que la potestad reglamentaria al operar sobre su propia organización administrativa se ejercitaría con una mayor libertad de disposición, ya que aquí operaría el principio de legalidad en su nivel inferior, donde la interposición previa de ley vendría exigida por un simple principio de orden, formal, siendo este ámbito organizativo el más afectado por las deslegalizaciones que atribuyen a la potestad reglamentaria la regulación de dichas materias. Ante la formulación general de la norma legal, el Acuerdo de la Diputación de 19 de junio de 1981 habría establecido un complemento organizativo y procedimental para asegurar la plena efectividad de la misma, concretando el ámbito material que es objeto de delegación, pero respetando el principio de legalidad y conforme a la doctrina ?del complemento indispensable? recogida en la Sentencia del Tribunal Constitucional de 30 de noviembre de 1982 y la del Tribunal Supremo de 27 de julio de 1984, entre otras, que permite al Reglamento ejecutivo incluir normas de organización y procedimiento que no afectan al contenido normativo sustancial de la Ley que desarrollan, precisar los preceptos de ésta en lo que tengan de incompletos y explicitar las reglas enunciadas en la Ley sólo a nivel de principios. Según ello, el Acuerdo de la Diputación Foral de 19 de junio de 1981, al incluir los ingresos de Derecho Público dentro del ámbito material de las reclamaciones en materia tributaria, no tendría efectos innovadores respecto a la norma legal, que regula la revisión de los actos administrativos relativos a materia tributaria, porque la competencia tributaria atribuida al Organo en relación a los citados ingresos no se extendería al fondo del asunto del acto administrativo cuando éste no afecte o se refiera a materia tributaria, respecto de los cuales habrán de interponerse los correspondientes recursos administrativos o jurisdiccionales. En conclusión, a juicio del Gobierno de Navarra, quedarán incluidos en el ámbito competencial de este Organo los actos de gestión recaudatoria en general y, en particular, los actos constitutivos de apremio, limitándose su competencia al enjuiciamiento de los actos de estricta gestión recaudatoria, por ser los mismos materia tributaria. Y abonando esta tesis se traen a colación en el dicho Acuerdo del Gobierno de Navarra de 10 de mayo de 1999, las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 18 de octubre de 1989 y 23 de marzo de 1995, y la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 1 de diciembre de 1994, que se han pronunciado expresamente sobre la competencia de los Tribunales Económico-Administrativos en materia de ingresos de Derecho Público, analizando y resolviendo que las normas dictadas en desarrollo de la Ley de Bases de 5 de julio de 1980 han respetado el principio de legalidad y no ha habido extralimitación, concluyendo que dichos Tribunales son competentes para las reclamaciones deducidas en relación a los actos que tengan la consideración de materia tributaria, cualquiera que sea la clase de ingreso de Derecho Público a que se refieran, aunque no sea de carácter tributario, y en particular los actos de estricta gestión recaudatoria referentes a dichos ingresos. Ello da lugar a que este Organo termine por asumir la competencia en un caso como el presente en que es objeto de examen una Providencia de apremio girada con motivo de impago de deuda contraida por el interesada con motivo de prestación de servicios sanitarios por el Hospital de Navarra. Y dado que ya en el Acuerdo impugnado se hizo extenso examen acerca de la naturaleza jurídica de la contraprestación a satisfacer con motivo de la prestación de asistencia sanitaria por el Hospital de Navarra, no haremos aquí inútil reiteración de aquel razonamiento, trayendo aquí únicamente la conclusión de que la tal contraprestación tiene carácter de precio privado, por lo que no resulta exigible a través del procedimiento de apremio.

Y, en consecuencia, este Organo, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda estimar el recurso de reposición interpuesto por Don (?) contra anterior Acuerdo de este Organo, de 10 de mayo de 1999, relativo a exigencia de pago, en procedimiento de apremio, de deuda relacionada con prestación de servicios de asistencia sanitaria a partir de la entrada en vigor del Decreto Foral Legislativo 144/1987, de 24 de julio, de modo tal que habrá de anularse, sin sustitución posible, la Providencia de apremio en su día expedida, por las razones expuestas en la fundamentación del presente Acuerdo.
Providencia de apremio
Contraprestación
Potestad reglamentaria
Procedimiento de apremio
Realización forzosa
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Prestación de servicios
Principio de legalidad
Accidente de tráfico
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Organización administrativa
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Fondo del asunto
Revisión de los actos administrativos
Asistencia sanitaria

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