Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 990761 de 30 de Abril de 2003

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  • Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra
  • Fecha: 30 de Abril de 2003
  • Núm. Resolución: 990761

Resumen

Se solicita el levantamiento de sanción por utilización de gasóleo no autorizado, alegando que el vehículo se encontraba realizando trabajos propios de la actividad agraria, y que existe desproporción entre la infracción y la sanción impuesta. Se estima parcialmente el recurso. Para que proceda dicha utilización es necesario el uso del vehículo en agricultura, no en labores agrícolas que no estén directamente conectadas con el cultivo de la tierra, ya que si no, se estaría alterando la naturaleza de la actividad agrícola. Al no haber conexión entre la actividad desarrollada de dotación de agua y luz a la explotación ganadera, y la agricultura, procede la sanción. Pero al no haberse acreditado la potencia fiscal del vehículo, criterio utilizado para la graduación de la misma, deberá imponerse en su grado mínimo.

Cuestión

Empleo de los vehículos en la agricultura para la utilización de gasóleo bonificado.

Contestación

Visto escrito presentado por don (?), con D.N.I. número (?) y domicilio en (...) (Navarra), en relación con sanción impuesta con motivo de infracción contra la normativa de Impuestos Especiales.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Mediante acta de denuncia número (...) suscrita por parte de la Comandancia de Navarra de la Guardia Civil, 3ª Compañía (...), se constata que por el vehículo Tractor Fiat 780, matrícula (...), de titularidad del reclamante, se estaba utilizando gasóleo tipo B.

SEGUNDO.- Habiéndose ofrecido al interesado el correspondiente trámite de alegaciones, el procedimiento administrativo culminó con la imposición de sanción, mediante Resolución del Jefe de la Sección de Impuestos Especiales, sobre Primas de Seguros y Tasas, de (?) de octubre de 1999, por entender que con la comisión de dicha conducta se habría producido infracción de la normativa vigente en materia de Impuestos Especiales, ya que el vehículo citado en el expositivo anterior no está autorizado a utilizar ese tipo de combustible en las circunstancias que concurrían en el caso.

TERCERO.- Y contra dicho acto administrativo viene ahora el interesado a interponer reclamación económico-administrativa ante este Tribunal mediante escrito con fecha de entrada en los registros de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, de (...) de noviembre de 1999, señalando que en el momento de la denuncia se encontraba dotando de agua y luz a la explotación ganadera por él explotada; que, por tanto, dicho vehículo se encontraba realizando trabajos propios de la actividad agrícola; que, con todo, existe una evidente desproporción entre la infracción pretendidamente cometida y la sanción impuesta, dada la escasa cantidad de gasóleo empleada en la comisión de la infracción. Solicita, pues, sea anulada la Resolución impugnada, con correlativo levantamiento de la sanción impuesta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ha de declararse la competencia de este Tribunal para el conocimiento y resolución de la reclamación económico-administrativa interpuesta, dada la naturaleza del acto administrativo impugnado, en virtud de lo que disponen los artículos 154 y 155 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y 18 y 19 del Reglamento del recurso de reposición y de las impugnaciones económico-administrativas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 178/2001, de 2 de julio, habiendo sido formulada la reclamación en tiempo hábil y por persona debidamente legitimada al efecto.

SEGUNDO.- Desde su redacción original y pasando por las sucesivas modificaciones que ha venido padeciendo, el artículo 54.2 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, ha venido exigiendo para la utilización de gasóleo bonificado en el ámbito de la agricultura la concurrencia de dos requisitos: su empleo en tractores y maquinaria agrícola y la realización con dichos artefactos de tareas agrícolas. Así, dicho precepto, en su redacción original hablaba de ?los motores de tractores y maquinaria utilizados en agricultura, incluida la horticultura, ganadería y silvicultura?. A partir de la modificación operada en dicho precepto por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, se autorizó la utilización de gasóleo bonificado a ?los motores de tractores y maquinaria agrícola utilizados en agricultura, incluida la horticultura, ganadería y silvicultura?, redacción que permaneció tras la entrada en vigor de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. Por último, con la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, la autorización quedó circunscrita a ?los motores de tractores y maquinaria agrícola, autorizados para circular por vías públicas y terrenos públicos, empleados en agricultura, incluida la horticultura, ganadería y silvicultura?. Véase que las normas ni siquiera hablan de labores o tareas agrícolas como hemos llegado a decir en un principio, sino que se refieren lisa y llanamente a empleo o utilización de tractores y maquinaria agrícola en agricultura. Y de conformidad con lo que dice el Diccionario de la Real Academia Española, agricultura no es ni más ni menos que la ?labranza o cultivo de la tierra?, sin que puedan acogerse bajo esta denominación tareas que no estén directamente conectadas con el cultivo de la tierra. Es más: cuando el legislador concede la autorización para la utilización de gasóleo bonificado está pensando en beneficiar estrictamente a la agricultura; si hubiera querido otra cosa hubiera reflejado legalmente la autorización de utilización de gasóleo bonificado para aquellas otras tareas que se hallasen indirectamente conectadas con el cultivo o labranza de la tierra. De la misma opinión es el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía/Sevilla, quien en su Sentencia de 16 de febrero de 2000 dice lo siguiente: ?La conservación de los canales, desagües y carreteras de las tierras de arrozal no pueden considerarse que constituyan uso agrícola, pues, como dice el señor Abogado del Estado, estaríamos extendiendo el concepto de uso agrícola más allá de lo que es propio. Llega a decir que la producción de tractores, dado que éstos sólo se usan en agricultura, también sería un uso agrícola a los efectos de consumo de gasóleo ?B?. No podemos, por una parte, interpretar extensivamente las exenciones tributarias y, de otra, no alterar la naturaleza de la actividad agrícola hasta el punto de llevarla a conclusiones absurdas. Las normas exigen no sólo una interpretación jurídica, sino que dicha interpretación nos lleve a una solución razonable del problema examinado, sin que en ningún supuesto podamos caer en el absurdo, lo que ocurriría de considerar uso agrícola el gasóleo ?B? consumido por la maquinaria que arregla los caminos de tierra de los arrozales, o que también pueda usar gasóleo ?B? el camión del distribuidor de abonos que suministre los mismos a los socios de la Comunidad de Regantes actora?.

En conclusión: no podemos admitir que la realización de una obra tendente a cubrir una zanja que lleva en sí una conducción de abastecimiento de agua y luz destinada a nave agrícola sea, en sí, una labor o tarea agrícola, puesto que, razonando al modo en que lo hace la Sentencia antes transcrita, la admisión de la premisa anterior nos habría de conducir al absurdo de admitir también, por ejemplo, la utilización de gasóleo bonificado en un tractor que fuese de propiedad de una empresa de electricidad o de fontanería que realizase la misma tarea que la que es objeto de examen en el presente expediente.

TERCERO.- Por último, por lo que se refiere a pretendida vulneración del principio de proporcionalidad en la imposición de la sanción, hay que indicar que aun cuando genéricamente el artículo 55.4 de la Ley 38/1992 establezca que la sanción podrá oscilar entre 100.000 y 2.000.000 de pesetas, lo cierto es que la Sección gestora debería de haberse atenido en la imposición de la sanción a los criterios de graduación previstos en el artículo 119 del Reglamento de Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio. En efecto: dicho precepto establece un criterio de graduación basado en la potencia fiscal del vehículo en el que se hubiere hallado el gasóleo bonificado. En el presente caso, la sanción impuesta (300.000 pesetas y dos meses de inmovilización de la maquinaria o vehículo) es la mínima dentro del grupo correspondiente a motores de más de 10 y hasta 25 CV, pero lo cierto es que no ha venido a acreditarse cuál sea la potencia fiscal del vehículo en el que se halló el gasóleo bonificado. Ante tal imposibilidad de juzgar si la graduación de la sanción es la correcta y debida, ha de procederse a la reducción de la sanción hasta su grado mínimo, esto es, 100.000 pesetas de multa y un mes de inmovilización del vehículo, sin que pueda atenderse, por otro lado, a las alegaciones efectuadas por el reclamante en el sentido de haber de atenderse a la escasa cantidad de gasóleo empleado en la comisión de la infracción, por no ser éste un criterio válido de graduación a tenor de lo que dispone el artículo 119 del Reglamento de los Impuestos Especiales.

Y, en consecuencia, este Tribunal, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda estimar en parte la reclamación económico-administrativa interpuesta por don (?) contra Resolución del Jefe de la Sección de Impuestos Especiales, sobre Primas de Seguros y Tasas, de (?) de octubre de 1999, por la que vino a imponerse sanción de 300.000 pesetas y precintado e inmovilización del vehículo Tractor Fiat 780, matrícula (...), por un período de dos meses, habiendo de procederse a la reducción de la sanción en los términos previstos en la parte final de la fundamentación del presente Acuerdo.

Impuestos especiales
Cultivos
Actividad agrícola
Comisiones
Acto administrativo impugnado
Actividades de refuerzo y/o extraescolares
Comunidad de regantes
Electricidad
Abastecimiento de agua

Real Decreto 1165/1995 de 7 de Jul (Reglamento de los Impuestos Especiales) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 179 Fecha de Publicación: 28/07/1995 Fecha de entrada en vigor: 01/10/1995 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

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