Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 990827 de 01 de Julio de 2003

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  • Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra
  • Fecha: 01 de Julio de 2003
  • Núm. Resolución: 990827

Resumen

El recurrente solicita que le sea correctamente notificado el acto por el que se le impone sanción por utilización de gasóleo no autorizado. Se desestima el recurso. Aun cuando la expresión del recurso a interponer no es totalmente exacta, si el interesado pudo recurrir y no se generó indefensión, ello no ha de generar la anulación del acto administrativo así notificado. Aunque hubiera error en la calificación del recurso por parte del reclamante, no seria obstáculo para su tramitación, pues habría de tenerse como inducido por la propia Administración. Pero es que además el interesado interpuso recurso ante el Órgano con idéntico fin, acto que supone el conocimiento del contenido de la resolución objeto de la notificación, que en consecuencia, tendrá efecto desde dicha fecha.

Cuestión

Notificación de sanción impuesta por utilización de gasóleo no autorizado.

Contestación

Vistos escritos presentados por don (?), con D.N.I. número (?) y domicilio en Huesca, en relación con notificación de sanción impuesta por infracción de la normativa sobre Impuestos Especiales.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Mediante acta de denuncia número (...) levantada el día (?) de abril de 1999 por parte de la Comandancia de Navarra de la Guardia Civil, Unidad de (...), se constata que por el vehículo Retroexcavadora Case 580 Super LE, matrícula (?), de titularidad del reclamante, se estaba utilizando gasóleo tipo B.

SEGUNDO.- Habiéndose ofrecido al interesado el correspondiente trámite de alegaciones, el procedimiento administrativo culminó con la imposición de sanción, mediante Resolución del Jefe de la Sección de Impuestos Especiales, sobre Primas de Seguros y Tasas, de (?) de septiembre de 1999, por entender que con la comisión de dicha conducta se habría producido infracción de la normativa vigente en materia de Impuestos Especiales, ya que el vehículo citado en el expositivo anterior no está autorizado a utilizar ese tipo de combustible en las circunstancias que se describen en el acta de denuncia. En dicha Resolución se ofrecía recurso del siguiente modo: ?Contra la presente Resolución podrá interponer, en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente a la recepción de la notificación, recurso ante el Gobierno de Navarra?.

TERCERO.- En (?) de octubre de 1999 el interesado dirigió escrito ante el Jefe de la Sección antes citada, en el que denunciaba que la notificación efectuada era defectuosa por no haberse indicado en la misma el tipo o clase de recurso procedente ni el órgano del Gobierno de Navarra ante el que hubiere de formularse el mismo. A ello respondió el citado Jefe de la Sección que la propia normativa de Impuestos Especiales establece que los recursos se interpondrán ante el Gobierno de Navarra, sin perjuicio de que en otras normas se indique (así era en aquel momento) que la competencia efectiva para la resolución de recursos en materia tributaria recaiga sobre el Órgano de Informe y Resolución en Materia Tributaria.

CUARTO.- Disconforme con dicho pronunciamiento viene ahora el interesado a interponer reclamación económico-administrativa ante este Tribunal mediante escrito con fecha de entrada en el Registro de la Subdelegación del Gobierno de Huesca, de (...) de noviembre de 1999, insistiendo en su pretensión de que le sea correctamente notificado el acto administrativo a que se viene haciendo alusión. A tal escrito viene a añadirse otro, presentado también en el Registro de la Subdelegación del Gobierno de Huesca en (...) de febrero de 2000, en el que viene a abundar en las razones antes expuestas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ha de declararse la competencia de este Tribunal para el conocimiento y resolución de la reclamación económico-administrativa interpuesta, dada la naturaleza del acto administrativo impugnado, en virtud de lo que disponen los artículos 154 y 155 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y 18 y 19 del Reglamento del recurso de reposición y de las impugnaciones económico-administrativas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 178/2001, de 2 de julio, habiendo sido formulada en tiempo hábil y por persona debidamente legitimada al efecto.

SEGUNDO.- Hemos de convenir con la Sección gestora emisora del acto administrativo cuya correcta notificación se reclama que, incluso en la normativa foral correspondiente a los Impuestos Especiales se indica que ?contra las liquidaciones giradas y otros actos dictados por los órganos del Departamento de Economía y Hacienda podrá interponerse recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes desde su notificación formal? (artículo 50.1 de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre). Ello da lugar a que la notificación efectuada se acomode a las prescripciones legales en la materia.

TERCERO.- Junto a lo anterior, ha de verse que aun cuando se considerase que la expresión del recurso a interponer no es totalmente exacta, lo cierto es que la jurisprudencia es constante en indicar que si el interesado pudo recurrir y con la defectuosa indicación de los recursos a interponer y del órgano ante el que hubieren de interponerse no se generó indefensión, ello no ha de generar la anulación del acto administrativo así notificado. Véase, si no, lo que dice la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 30 de junio de 1995: ?no consta que se cumplieran los demás requisitos exigidos, la determinación de los medios de impugnación con indicación de los plazos y organismos en que deberán interponerlos, ni el lugar, tiempo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria, sin embargo, tales requisitos no tienen la consideración de elementos esenciales al referirlos exclusivamente el citado artículo a los comprendidos en su apartado a) y siendo así que los defectos formales sólo determinan la anulabilidad del acto recurrido, antes artículo 48.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo, hoy artículo 63.2 de la Ley 30/1992 de 26 noviembre, de Bases de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados, no cabe acoger este motivo de impugnación pues ni se han omitido los elementos esenciales de las liquidaciones que impidieran conocer los motivos o circunstancias por los que se gira la liquidación reclamada, ni ha situado en una posición de indefensión al demandante cuando se ha valido de los medios de impugnación procedentes y de los medios de prueba que ha tenido por conveniente en defensa y protección de sus derechos e intereses legítimos?.

CUARTO.- Es más: es infundado el temor del interesado en cuanto a las consecuencias de una incorrecta interposición del recurso procedente, puesto que con haberlo dirigido al Gobierno de Navarra y no haber procedido a realizar calificación alguna ya hubiera obrado de forma adecuada. Obsérvese que aun cuando pudiera llegar a reputarse que el reclamante cometía algún error a la hora de interponer la reclamación, tal error habría de ser tenido como inducido por la propia Administración. En efecto: véase que el artículo 110.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que ?el error en la calificación del recurso por parte del reclamante no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter?. Tal formulación legal no es sino reflejo de la constante jurisprudencia acerca de este particular (vid., entre otras, Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 2001, 12 de abril de 2000, 9 de febrero de 1999, 16 de noviembre de 1998, 16 de enero de 1996, 12 de mayo de 1995, 10 de febrero de 1995, 1 de diciembre de 1994, 2 de abril de 1992, 30 de enero de 1992, 14 de octubre de 1991 y 7 de septiembre de 1990). Así que, aun cuando se apreciase defecto en la expresión del recurso procedente y del órgano ante el que hubiere de interponerse, no puede decirse que con ello se causase una radical indefensión.

QUINTO.- Pero es que hay finalmente un argumento de mucho más peso que los anteriores y que no viene sino a ratificar que no es necesaria la nueva notificación solicitada. En efecto: el interesado acude finalmente en dos ocasiones ante el Órgano de Informe y Resolución en Materia Tributaria (concretamente, a través de escritos presentados en la Subdelegación del Gobierno de Huesca en (...) de noviembre de 1999 y (...) de febrero de 2000) en demanda de la correcta notificación del acto administrativo objeto de debate. Es decir, ha terminado por acudir al órgano administrativo que tiene atribuida la competencia para la resolución de esta clase de recursos y ante él podía haber planteado (simultáneamente con su queja acerca de la, a su juicio, incorrecta notificación) la reclamación contra el acto administrativo. Así que, con esta actitud no ha hecho sino incurrir en la circunstancia a la que alude el artículo 58.3 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: ?Las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o resolución, o interponga cualquier recurso que proceda?. Por todas las razones anteriormente indicadas no procede admitir la pretensión del interesado.

Y, en consecuencia, este Tribunal, en sesión celebrada el día de la fecha arriba indicada, acuerda desestimar la reclamación económico-administrativa interpuesta por don (?) contra Resolución del Jefe de la Sección de Impuestos Especiales, sobre Primas de Seguros y Tasas, de (?) de octubre de 1999, por la que vino a denegarse la práctica de nueva notificación de su Resolución de (?) de septiembre de 1999, por la que vino a imponerse al interesado sanción de 300.000 pesetas e inmovilización por un período de dos meses del vehículo Retroexcavadora Case 580 Super LE, matrícula (?), confirmándose dicha Resolución de (?) de octubre de 1999 en todos sus extremos.

Impuestos especiales
Indefensión
Anulación de los actos administrativos
Comisiones
Recepción de la notificación
Acto administrativo impugnado
Liquidación girada
Deuda tributaria
Medios de prueba
Interés legitimo
Notificación de los actos administrativos

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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