Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 990842 de 31 de Marzo de 2000

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  • Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra
  • Fecha: 31 de Marzo de 2000
  • Núm. Resolución: 990842

Resumen

Insiste el interesado en fase de reposición que se consideren como exentas las rentas percibidas con motivo de su cese en la empresa. Se desestima. Se ratifica el Organo en su argumentación de que convenio colectivo y negociación derivada del expediente de regulación de empleo son instituciones distintas, lo cual permite no identificar ambas en el ámbito tributario, sin perjuicio de que por uno u otro concepto el pacto alcanzado entre el trabajador y la empresa sea válido en el ámbito laboral. También indica el Organo que a la expresión ?convenio colectivo? no se le puede dar otro sentido diferente al que el legislador quiso darle, ya que de otro modo se hubiese recurrido a expresiones más genéricas del tipo ?negociación o contratación colectiva?. Por todo ello, no cabe concluir que la prestación que el interesado percibió con motivo de cese de relación laboral provenga de un convenio colectivo ?stricto sensu?, con lo cual dicha prestación no puede considerarse renta exenta. Entra el Organo a analizar el carácter irregular de la prestación. Señala que el hecho de que la prestación tenga carácter indemnizatorio no hace necesariamente que tenga que ser irregular; más bien hay que atender al período de generación. Teniendo el complemento el objetivo de que mantenga el interesado un nivel adquisitivo, se entiende que se trata de percepciones que se devengan cada año, con lo que se considera que tienen un carácter regular.

Cuestión

1º) Rentas exentas. 2º) Rendimientos irregulares.

Contestación

Visto escrito presentado por Don (?), con D.N.I. número (?) y domicilio en (?) (Navarra), en relación con anterior Acuerdo de este Organo, de 15 de octubre de 1999.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El ahora recurrente presentó su reglamentaria declaración-liquidación número (?)/97 por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y año 1997, en 6 de junio de 1998, resultando de la misma una cantidad a devolver de 410.959 pesetas, coincidente con el importe de las retenciones y pagos a cuenta, por inexistencia de cuota líquida.

SEGUNDO.- Practicada liquidación provisional modificativa de la primitiva declaración-liquidación y tras alguna vicisitud impugnatoria que dio lugar a su rechazo por la Sección gestora, vino el interesado a interponer recurso de alzada ante este Organo, que fue resuelto mediante Acuerdo de 15 de octubre de 1999, ratificado por el Gobierno de Navarra en su sesión del día 8 de noviembre de 1999 y debidamente notificado, con resultado de desestimación de sus pretensiones.

TERCERO.- Disconforme con el pronunciamiento contenido en dicho Acuerdo, viene ahora el interesado a interponer recurso de reposición ante este Organo mediante escrito presentado en el Departamento de Economía en 15 de diciembre de 1999, insistiendo en su pretensión de que se declare la exención de las percepciones obtenidas con motivo de su cese en la empresa ?(?), S.A.?

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ha de declararse la competencia de este Organo para el conocimiento y resolución del recurso de reposición interpuesto, habiendo sido formulado el recurso en plazo hábil y por persona debidamente legitimada al efecto.

SEGUNDO.- Unicamente responderemos a aquellas alegaciones que supongan una novedad respecto del anterior escrito de interposición de recurso de alzada, puesto que es innecesario, a nuestro juicio, volver nuevamente sobre lo que ya se dijo en el Acuerdo impugnado. E incluso habrá de darse contestación a aquellas alegaciones que, curiosamente, hacen referencia a cuestiones que no se tocaron en el Acuerdo impugnado (aunque el interesado en su escrito indica que en el dicho Acuerdo se examinaron ciertos asuntos a los que ninguna referencia se hizo).

TERCERO.- Indica el interesado en su escrito que no entiende por qué el Organo basó su argumentación en la diferencia que, a su juicio, existe entre las figuras jurídicas del convenio colectivo y el expediente de regulación de empleo, cuando tal alegación no fue utilizada por el interesado. En este sentido, ha de indicarse que los órganos administrativos, para la resolución de los recursos que se les plantean, no han de ajustarse necesariamente a las alegaciones formuladas por los interesados, sino que, por el contrario, deben examinar todas aquellas cuestiones que pueda suscitar el expediente administrativo con su lectura. Así que no puede tacharse de incongruente a este Organo al utilizar una argumentación que no corresponde con las alegaciones formuladas por el interesado, puesto que la única finalidad pretendida con tal argumentación es la de procurar hallar una solución acomodada a Derecho acerca de la cuestión que se le plantea.

CUARTO.- Se alega por la interesada que debe atribuirse al resultado de la negociación del expediente de regulación de empleo el carácter de convenio colectivo, puesto que así ha venido a reconocerlo la jurisprudencia. Pues bien: una cosa es que la jurisprudencia social atribuya al resultado de la negociación anexa a un expediente de regulación de empleo el valor de convenio colectivo y otra, que se identifiquen ambas instituciones propias del Derecho Laboral. Cuando la normativa tributaria vigente habla de ?convenio colectivo?, se refiere exclusivamente a esta figura entendida como tal, y ya quedó suficientemente claro, a nuestro juicio, en el Acuerdo impugnado que no es posible la plena identificación de esta figura con la de la negociación anexa a un expediente de regulación de empleo.

No se discute, por otro lado, en el Acuerdo impugnado la validez y la eficacia desde el punto de vista laboral del pacto alcanzado entre la empresa y los representantes de los trabajadores: sólo se subraya la imposibilidad de identificarlo plenamente, desde el punto de vista jurídico, con el convenio colectivo. Es decir, hemos de repetir aquí que el convenio colectivo y la negociación derivada del expediente de regulación de empleo son instituciones distintas, a la luz de la naturaleza jurídica de las mismas y del propio contenido del Estatuto de los Trabajadores. Y perfectamente se puede sostener la validez y eficacia del pacto desde el punto de vista laboral, por un lado, y la imposibilidad de identificar ambas instituciones en el marco de la resolución de este recurso tributario, puesto que la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (artículo 4), tanto en su versión anterior (del año 1958) como en la actualmente vigente, permiten semejante posibilidad (?La competencia de la Jurisdicción contencioso-administrativa se extenderá al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden administrativo, directamente relacionadas con un recurso contencioso-administrativo, salvo de las de carácter penal?, pero ?la decisión que se dicte no producirá efecto fuera del proceso en que se dicte?, precepto del que hizo uso el Tribunal Superior de Justicia de Navarra en Sentencia de 31 de diciembre de 1998).

QUINTO.- Tampoco puede, a nuestro juicio, atribuirse a la expresión ?convenio colectivo? una interpretación distinta de la que resulta del examen del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, no cabe atribuirle un significado usual o más amplio, distinto del técnico-jurídico (observese que la expresión no es propia del lenguaje coloquial sino que nace de la técnica jurídica, que le dota de unos contornos bien precisos), por lo que si al final el legislador, tras el correspondiente debate parlamentario, al plasmar en la norma jurídica su voluntad incluyó la expresión ?convenio colectivo?, ha de estarse al contenido de tan precisa terminología jurídica, ya que si otra cosa hubiera querido plasmar, habría utilizado las más genéricas expresiones de ?negociación colectiva? o ?contratación colectiva?. Todo ello nos lleva a desestimar nuevamente la pretensión del interesado, ya que, al no provenir la prestación del caso de un convenio colectivo ?stricto sensu?, no es posible declarar la exención de gravamen del mismo.

SEXTO.- Finalmente, y aunque nada se arguyó por el interesado en este sentido, y nada se dijo en el Acuerdo impugnado acerca de este particular, ha de entrarse en el examen de la naturaleza regular o irregular de los rendimientos objeto de nuestro examen, materia acerca de la cual se pronuncia este Organo por vez primera en este expediente. El carácter irregular de las prestaciones examinadas (complementos a la prestaciones por desempleo) no debe vincularse directa y exclusivamente al hecho de que se trate de su carácter indemnizatorio, proclamado reiteradamente por la jurisprudencia, sino más bien al período de su generación o a la regularidad en su percepción desde el punto de vista temporal (artículo 55 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). El complemento que el interesado percibe en este caso, y siempre de acuerdo con el contenido de la Sentencia de 7 de mayo de 1996, antes citada, trata de garantizar que el trabajador mantenga un determinado nivel adquisitivo, es decir, se trata de complementar cada año la prestación por desempleo que se pueda llegar a percibir. Por ello, ha de entenderse que se trata de percepciones que se devengan cada año, al estilo de lo que sucede con los salarios, prestaciones por desempleo o pensiones de jubilación, lo que conlleva su consideración como rendimientos regulares. Ello conduce, a la desestimación, sin más, de su pretensión de que sean considerados tales rendimientos como rentas irregulares.

Y, en consecuencia, este Organo, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda desestimar el recurso de reposición interpuesto por Don (?) contra anterior Acuerdo de este Organo, de 15 de octubre de 1997, que versaba sobre liquidación provisional número (?) practicada por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 1997, confirmándose dicho Acuerdo en todos sus extremos.
Convenio colectivo
Expediente de regulación de empleo
Declaraciones-autoliquidaciones
Modelo 564. Impuesto sobre Hidrocarburos
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Liquidación provisional del impuesto
Pagos a cuenta
Cuota líquida
Jurisdicción contencioso-administrativa
Prestación por desempleo
Representación de los trabajadores
Cuestiones prejudiciales
Competencia de la jurisdicción
Negociación colectiva
Voluntad
Renta irregular
Prestación de jubilación

RDLeg. 1/1995 de 24 de Mar (Estatuto de los Trabajadores) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 75 Fecha de Publicación: 29/03/1995 Fecha de entrada en vigor: 01/05/1995 Órgano Emisor: Ministerio De Trabajo Y Seguridad Social

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