Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V1669-08 de 15 de Septiembre de 2008

TIEMPO DE LECTURA:

  • Órgano: SG de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos
  • Fecha: 15 de Septiembre de 2008
  • Núm. Resolución: V1669-08

Normativa

Ley 29/1987 art. 3-1-b). RISD Real Decreto1629/1991 art. 7 y 12-c)

Cuestión

Si la inclusión del consultante en la escritura de préstamo hipotecario, se podría considerar como una transmisión onerosa como asunción de deuda.

Descripción

Los consultantes compraron un inmueble estando la escritura de compraventa a nombre de los dos en un 40 y un 60 por 100 respectivamente. Solicitaron una hipoteca que fue concedida únicamente a ella por tener el consultante un alto nivel de endeudamiento por hipoteca.
Actualmente el consultante, que ya no tiene hipoteca pendiente, ha solicitado ser titular de la hipoteca para formar parte de la deuda. Por tanto, el banco está preparando una novación de hipoteca por ampliación de titular.

Contestación

El artículo 7 del Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por el Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre (BOE de 16 de noviembre de 1991) –en adelante, RISD– dispone que "El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se exigirá con arreglo a la verdadera naturaleza del acto o contrato que sea causa de la adquisición, cualquiera que sea la forma elegida o la denominación utilizada por los interesados, prescindiendo de los defectos intrínsecos o de forma que puedan afectar a su validez y eficacia, sin perjuicio del derecho a la devolución en los casos que proceda". Análoga redacción tiene el artículo 2 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre (BOE de 20 de octubre de 1993), que determina en su apartado primero que "El impuesto se exigirá con arreglo a la verdadera naturaleza jurídica del acto o contrato liquidable, cualquiera que sea la denominación que las partes le hayan dado, prescindiendo de los defectos, tanto de forma como intrínsecos, que puedan afectar a su validez y eficacia".
Los preceptos transcritos se refieren al llamado principio de calificación, en virtud del cual la Administración tributaria está facultada para efectuar una calificación jurídica del acto o contrato celebrado, a fin de hacerlo tributar en función de su naturaleza jurídica real, sin que, a estos efectos, sea determinante –ni siquiera tiene que ser relevante– la denominación que las partes hayan dado al acto o contrato en cuestión. En el supuesto objeto de consulta, se trata de calificar jurídicamente un contrato de préstamo hipotecario a favor de un prestatario, pero cuyo importe han utilizado dos personas –los dos consultantes– para la adquisición de una vivienda que es propiedad de los dos y que está devolviendo íntegramente con su dinero la consultante, negocio jurídico que puede encubrir una donación por parte de la prestataria –la consultante–, que ha adquirido sólo el 60 por 100 de la propiedad de dicha vivienda, no toda la propiedad, por lo que debe analizarse si la inclusión únicamente de una prestataria constituye una donación. En definitiva, se trata de determinar si el contrato de préstamo hipotecario celebrado o la novación que pretende hacerse pueden encubrir sendas donaciones, negocios jurídicos todos ellos regulados en el Código Civil. Por tanto, para calificarlos jurídicamente, debe tenerse en cuenta la normativa sobre interpretación de los contratos contenida en ese cuerpo legal, en concreto, en los artículos 1.281 a 1.289.
A este respecto, el artículo 1.281 del Código Civil establece en su párrafo primero que "Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes se estará al sentido literal de sus cláusulas" y en el segundo, que "Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas". Además, como complemento de las reglas anteriores, el artículo 1.282 prescribe que "Para juzgar de la intención de los contratantes, deberá atenderse principalmente a los actos de éstos, coetáneos y posteriores al contrato". De acuerdo con estos preceptos, debe atenderse, en principio, a la propia letra del contrato, si ésta no ofrece dudas; pero, en caso contrario, debe tomarse en consideración la intención de los contratantes, que prevalece sobre las palabras, para lo cual ha de efectuarse una labor de exégesis de tal intención en función de los actos de los contratantes referentes al contrato en cuestión.
Ahora bien, conviene precisar que la operación de calificación jurídica de los actos o contratos gravados corresponde a la Administración tributaria gestora del tributo, que es la que ha de efectuar la liquidación del impuesto o la comprobación de la autoliquidación presentada por el obligado tributario, tal como prescribe el artículo 34.1 de la Ley 29/1987, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, de 18 de diciembre (BOE de 19 de diciembre de 1987) –en adelante, LISD–, y no a este Centro Directivo, cuya función, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18 de diciembre de 2003) es informar a los obligados tributarios con respecto al régimen, la clasificación o la calificación tributaria que en cada caso les corresponda. Por tanto, la contestación que se expone a continuación se refiere al tratamiento fiscal de los actos y contratos descritos en el escrito de consulta, según la calificación jurídica que se les dé, pero sin prejuzgar tal calificación jurídica, cuestión para la que este Centro Directivo carece de datos suficientes y que deberá realizar la Administración tributaria gestora del impuesto, –la de la Comunidad Autónoma competente en función del punto de conexión– de acuerdo con las pruebas obtenidas por ella o aportadas por los obligados tributarios.
En cuanto al fondo del asunto, dos son las cuestiones que se pueden plantear:
Primera: Si la novación del préstamo consistente en la inclusión del consultante como coprestatario supondría una donación del mismo, por asumir una deuda de ella sin contraprestación.
En estas circunstancias, si se efectúa una novación del préstamo consistente en incluir al consultante como codeudor, asumiendo el consultante su deuda, y, además, esta liberación de la deuda de ella se realiza sin contraprestación, se habrá producido uno de los supuestos que configuran el hecho imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, por el concepto de donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e "intervivos" (artículo 3.1.b) de la LISD), tal como preceptúa el artículo 12 del RISD, en su letra c), que dice que "Entre otros, tienen la consideración de negocios jurídicos gratuitos e "inter vivos" a los efectos de este impuesto, además de la donación, los siguientes: … c) La asunción liberatoria de la deuda de otro sin contraprestación, salvo en el caso previsto en el artículo 37 de este Reglamento".
Ahora bien, parece que, si bien la consultante fue destinataria del préstamo, todo el importe obtenido se destinó al pago del piso en cuestión, en cuyo caso, podría entenderse que, en el fondo, la consultante le prestaba a éste su mitad del préstamo para pagar el piso (segundo préstamo, distinto del préstamo bancario). Si esto es así, en la novación del préstamo consistente en incluir al consultante como prestatario, asumiendo el consultante su deuda, no cabría entender que esta liberación de la deuda de ella se realiza sin contraprestación, pues constituiría la contraprestación del préstamo que ella le hizo a él; es decir, la liberación de la deuda sería la forma en que él le devuelve a ella el dinero prestado. En tal caso, la novación descrita no constituiría el hecho imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones referido en el párrafo anterior, ya que faltaría el "animus donandi" –la intención de hacer una liberalidad– inherente a los negocios lucrativos y necesario para la configuración del hecho imponible de este impuesto, sino la devolución del préstamo efectuado por la consultante al otro consultante, cuya extinción no es hecho imponible ni de este impuesto ni del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
No obstante, todas estas circunstancias deben ser probadas por los consultantes suficientemente.
Segunda: Si la circunstancia de que la consultante figure como única prestataria del préstamo hipotecario utilizado para la compra de una vivienda de los dos consultantes supone una donación de aquélla a éste por el 40 por 100 de cada pago que se hace al banco.
Esta segunda cuestión está íntimamente ligada a la primera y su contestación ya se ha efectuado en parte en el epígrafe anterior. En primer lugar, cabe indicar que, en principio, la circunstancia de que la consultante figure como única prestataria del préstamo hipotecario utilizado para la compra de una vivienda privativa de los dos sí parece suponer una donación de aquélla a éste por el 40 por 100 de cada pago que se hace al banco, ya que estaría contribuyendo a abonar el 40 por 100 de cada uno de tales pagos, pagos que han servido para financiar la compra de un piso de los dos. En este caso, efectivamente, en cada pago se produciría el hecho imponible regulado en el artículo 3.1.b) de la LISD, que establece que "Constituye el hecho imponible: … b) La adquisición de bienes y derechos por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e intervivos".
Sin embargo, para ello, sería necesario que la consultante contribuyera efectivamente a cada pago del préstamo, abonando todo su importe, pues en caso contrario, no se produciría ninguna adquisición de bienes y derechos por parte del consultante a título gratuito e inter vivos, ya que la totalidad del importe a pagar estaría repartido en proporción a su cuota de adquisición. Por ello, si el consultante contribuye a los pagos efectuados al banco en devolución del préstamo hipotecario, no se producirá el hecho imponible descrito en el párrafo anterior.
Ahora bien, al igual que ocurre en el caso analizado en el epígrafe primero, todas estas circunstancias deben ser probadas por los consultantes, pues del escrito de la consulta no se puede deducir, y si el consultante no contribuye a los pagos al banco, se producirá el devengo del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en cada uno de tales pagos, por el 40 por 100 que ella aporte.
CONCLUSIONES:
Primera: En la novación de un préstamo consistente en incluir al consultante en condición de deudor, asumiendo el consultante parte de la deuda de la consultante, si la liberación de la deuda de ella se realiza sin contraprestación, tal operación está sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, por el concepto de donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e "intervivos", por tratarse de la asunción liberatoria de la deuda de otro sin contraprestación (artículo 12, RISD).
Segunda: No obstante lo anterior, si la parte del importe del préstamo correspondiente al consultante fue prestado por la consultante, la novación descrita no constituiría el hecho imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones referido en la conclusión anterior, ya que faltaría el "animus donandi" –la intención de hacer una liberalidad– inherente a los negocios lucrativos y necesario para la configuración del hecho imponible de este impuesto, circunstancia que deberá ser suficientemente probada por los interesados, para enervar la presunción que se deriva del contrato de préstamo hipotecario formalizado en escritura pública.
Tercera: La circunstancia de que el consultante no figure como coprestatario del préstamo hipotecario utilizado para la compra de una vivienda en la que el consultante tiene un 40 por 100 y la consultante tiene un 60 por 100 de la propiedad supone, en principio, una donación de aquélla a éste por el 40 por 100 de cada pago que se hace al banco, en cuyo caso, en cada pago se produciría el hecho imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones regulado en el artículo 3.1.b) de la LISD (adquisición de bienes y derechos por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e intervivos"). Sin embargo, si el consultante contribuye efectivamente en un 40 por 100 a los pagos efectuados al banco en devolución del préstamo hipotecario, no se producirá el hecho imponible descrito, cuestión que deberá ser probada suficientemente por los interesados, para invalidar la presunción de que ella, como prestataria, satisface la totalidad de cada pago.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Donación
Prestatario
Hipoteca
Negocio jurídico
Impuesto sobre sucesiones y donaciones
Novación
Préstamo hipotecario
Contrato de hipoteca
Contraprestación
Contrato de préstamo hipotecario
Obligado tributario
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
A título gratuito
Asunción de deuda
Hecho imponible Impuesto Sucesiones y Donaciones
Novación hipotecaria
Interpretación de los contratos
Liquidaciones tributarias
Fondo del asunto
Animus donandi
Vivienda privativa
Devengo Impuesto Sucesiones y Donaciones
Escritura pública

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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