Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V1813-15 de 09 de Junio de 2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Órgano: SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas
  • Fecha: 09 de Junio de 2015
  • Núm. Resolución: V1813-15

Normativa

LIRPF Ley 35/2006 art. 8, 22, 88 y 89LIVA Ley 37/1992 art. 4 y 5TRLIS RDLeg 4/2004 art. 10 y 19

Cuestión

Tributación de la comunidad de propietarios y de la entidad consultante en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el Valor Añadido y/o Impuesto sobre Sociedades por la autorización del uso de la terraza.

Descripción

La entidad consultante (X) posee un piso en un edificio. La junta de propietarios del mencionado edificio acordó autorizar el uso de la terraza existente en la fachada lateral a un restaurante, arrendatario de los locales, para instalar unas mesas, sillas y sombrillas, durante los meses de mayo a octubre de 2013.

La autorización de uso se hizo a cambio de una contraprestación mensual, en concepto de voluntaria coparticipación en los gastos de mantenimiento y conservación de la finca.

Contestación

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades:

Las comunidades de bienes (término que incluye las comunidades de propietarios del régimen de propiedad horizontal) no son contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sino que se configuran como una agrupación de los mismos, a quienes se atribuyen las rentas generadas en la entidad, tal como establece el artículo 8.3 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de los no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre).

El artículo 88 del mismo texto legal dispone que "las rentas de las entidades en régimen de atribución de rentas atribuidas a los socios, herederos, comuneros o partícipes tendrán la naturaleza derivada de la actividad o fuente de donde procedan para cada uno de ellos".

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley del Impuesto:

"1. Para el cálculo de las rentas a atribuir a cada uno de los socios, herederos, comuneros o partícipes, se aplicarán las siguientes reglas:

1.ª Las rentas se determinarán con arreglo a las normas de este Impuesto, y no serán aplicables las reducciones previstas en los artículos 23.2, 23.3, 26.2 y 32 de esta Ley, con las siguientes especialidades:

a) La renta atribuible se determinará de acuerdo con lo previsto en la normativa del Impuesto sobre Sociedades cuando todos los miembros de la entidad en régimen de atribución de rentas sean sujetos pasivos de dicho Impuesto o contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente.

(…).

3. Las rentas se atribuirán a los socios, herederos, comuneros o partícipes según las normas o pactos aplicables en cada caso y, si éstos no constaran a la Administración tributaria en forma fehaciente, se atribuirán por partes iguales.

(…)".

Conforme con lo expuesto, las rentas obtenidas por la comunidad de propietarios , en la que no todos sus miembros son sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, se determinarán con arreglo a las normas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se atribuirán a cada uno de los propietarios en función de su coeficiente de participación en la comunidad, en cuanto este es el módulo para determinar la participación de cada propietario en las cargas y beneficios de la misma, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal.

El caso consultado se trata de la cesión, por parte de la comunidad de propietarios, del uso de un espacio común del edificio para la instalación, por el inquilino de los locales del mismo edificio en los que desarrolla la actividad de restaurante, de unas mesas, sillas y sombrillas, a cambio de la entrega de una cantidad mensual en concepto de voluntaria coparticipación en los gastos de mantenimiento y conservación de la finca.

El artículo 22 de la Ley 35/2006 establece lo siguiente:

"1. Tendrán la consideración de rendimientos íntegros procedentes de la titularidad de bienes inmuebles rústicos y urbanos o de derechos reales que recaigan sobre ellos, todos los que se deriven del arrendamiento o de la constitución o cesión de derechos o facultades de uso o disfrute sobre aquéllos, cualquiera que sea su denominación o naturaleza.

2. Se computará como rendimiento íntegro el importe que por todos los conceptos deba satisfacer el adquirente, cesionario, arrendatario o subarrendatario, incluido, en su caso, el correspondiente a todos aquellos bienes cedidos con el inmueble y excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido o, en su caso, el Impuesto General Indirecto Canario."

De acuerdo con el citado precepto, la calificación de los importes percibidos por la comunidad de propietarios por la citada cesión de uso será la de rendimiento del capital inmobiliario.

En cuanto a la tributación de la entidad consultante, el artículo 10.3 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS), aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, dispone que:

"3. En el método de estimación directa, la base imponible se calculará, corrigiendo, mediante la aplicación de los preceptos establecidos en esta ley, el resultado contable determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio, en las demás leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas."

Y el artículo 19 del TRLIS señala:

"1. Los ingresos y los gastos se imputarán en el período impositivo en que se devenguen, atendiendo a la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera, respetando la debida correlación entre unos y otros.

(…)"

Desde el punto de vista contable, la norma de registro y valoración 20ª del Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, considera dentro de los negocios conjuntos a aquellos que no se manifiestan a través de la constitución de una empresa ni el establecimiento de una estructura financiera independiente de los partícipes, como son las uniones temporales de empresas y las comunidades de bienes, entre las que se distinguen las explotaciones controladas de forma conjunta y los activos controlados de forma conjunta. Estos últimos se definen como activos que son propiedad o están controlados conjuntamente por los partícipes, estableciéndose que en este caso, el partícipe reconocerá en su cuenta de pérdidas y ganancias la parte que le corresponda de los ingresos generados y de los gastos incurridos por el negocio conjunto, así como los gastos incurridos en relación con su participación en el negocio conjunto, y que de acuerdo con lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad deban ser imputados a la cuenta de pérdidas y ganancias.

De acuerdo con ello, en el caso planteado, la entidad consultante registrará en su cuenta de pérdidas y ganancias la parte que le corresponda de la contraprestación mensual satisfecha por el restaurante, que quedará incluida en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades del período impositivo de devengo, en los términos dispuestos en el artículo 10.3 del TRLIS.

Impuesto sobre el Valor Añadido:

El artículo 4, apartado uno de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre) dispone que estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servi-cios realizadas en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con ca-rác-ter habitual u oca-sional, en el desarrollo de su actividad em-presarial o pro-fesional, incluso si se efectúan en favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que las realicen.

Según establece el artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, que regula el concepto de empresario o profesional a efectos de dicho Impuesto, tendrán la consideración de empresarios o profesionales las personas o entidades que realicen actividades que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. El mismo precepto señala que, en particular, tienen la consideración de actividades empresariales o profesionales las extractivas, de fabricación, comercio y prestación de servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras y el ejercicio de profesionales liberales y artísticas.

En consecuencia, las comunidades de propietarios (comunidades de vecinos), con carácter general, no reúnen los requisitos establecidos por la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido para atribuirles la condición de empresarios o profesionales. Es criterio reiterado de este Centro Directivo que la actividad que realizan, que se concreta en la adquisición de los bienes y servicios necesarios para el mantenimiento, utilización, funcionamiento, etc., de los bienes, elementos, pertenencias y servicios comunes, y en la distribución de los gastos efectuados por tal concepto entre los miembros de la misma, no constituye una actividad de carácter empresarial o profesional a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido.

El artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, establece en su apartado uno, letras a) y c), lo siguiente:

"Uno. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se re-putarán empresarios o profesionales:

a) Las personas o entidades que realicen las actividades empresariales o profesionales definidas en el apartado siguiente de este artículo.

No obstante, no tendrán la consideración de empresarios o pro-fe-sio-nales quienes realicen exclusivamente entregas de bienes o prestaciones de servicios a título gratuito, sin perjuicio de lo establecido en la letra siguiente.

(…)

c) Quienes realicen una o varias entregas de bienes o prestaciones de servicios que supongan la explotación de un bien corporal o incorporal con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo.

En particular, tendrán dicha consideración los arrendadores de bienes.".

De acuerdo con lo anterior, en la medida que la cesión del mencionado espacio se efectúa con carácter oneroso, la citada cesión constituiría en empresario o profesional a la citada comunidad y la operación estaría sujeta y no exenta al Impuesto sobre el Valor Añadido, determinándose la base imponible conforme a lo establecido en los artículo 78 y 79 de la Ley 37/1992.

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Impuesto sobre sociedades
Comunidad de propietarios
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Impuesto sobre el Valor Añadido
Comuneros
Arrendatario
Terrazas
Propiedad horizontal
Conservación de la finca
Comunidad de bienes
Dueño
Contraprestación
Rendimientos íntegros
Junta de propietarios
Fachadas
Persona física
Contribuyentes del IRPF
Cuenta de pérdidas y ganancias
Rentas de entidades en régimen de atribución de rentas
Entidades en régimen de atribución de rentas
Establecimiento permanente
Contribuyentes del IRNR
Sujetos pasivos Impuesto sobre Sociedades
Período impositivo
Coeficiente de participación
Bienes inmuebles
Derechos reales
Cesión de derechos
Subarrendatario
Cesionario
Impuesto general indirecto canario
Entrega de bienes
Rendimiento capital inmobiliario
Estimación directa
Prestación de servicios
Normas de Registro y Valoración
Unión Temporal de Empresas
Empresario individual
Actividades empresariales y profesionales
Base imponible Impuesto sobre sociedades

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 35/2006 de 28 de Nov (IRPF -Impuesto sobre la renta de las personas físicas-) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 29/11/2006 Fecha de entrada en vigor: 01/01/2007 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

RDLeg. 4/2004 de 5 de Mar (TR. de la ley del impuesto sobre sociedades) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 61 Fecha de Publicación: 11/03/2004 Fecha de entrada en vigor: 12/03/2004 Órgano Emisor: Ministerio De Hacienda

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