Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V2002-21 de 24 de Junio de 2021

TIEMPO DE LECTURA:

  • Órgano: SG de Tributos
  • Fecha: 24 de Junio de 2021
  • Núm. Resolución: V2002-21

Normativa

RD 1065/2007: arts. 33.1 y 2 y 34.2.c)

Resumen

Cuestión

Si la sociedad limitada tiene obligación de declarar en el modelo 347 la cantidad percibida del juzgado y la cantidad entregada a la comunidad de propietarios del edificio, pues no existe factura, y, afirma, no existe actividad empresarial en este caso.

Descripción

Sociedad limitada que es propietaria en 2009 de varias viviendas en una comunidad de propietarios de un edificio. Ante la negativa de la directiva de la comunidad de propietarios, presidida por la promotora del edificio, de exigir la responsabilidad de la promotora por los paneles instalados en la fachada del edificio, la consultante en nombre propio y en beneficio de la comunidad de propietarios demandó a la promotora, obteniendo sentencia condenatoria de esta por la que le reparó en 2017 los paneles correspondientes a las viviendas de las que había sido propietaria pero no el del resto de propietarios. Después de apelar obtiene sentencia condenatoria para que repare la totalidad del resto de inmuebles afectados. Y, en ejecución de sentencia sin que la promotora acometa la reparación, y previo peritaje judicial, el juzgado le ordenó el depósito del valor peritado, tras lo cual la consultante recibió en 2020 del juzgado 898.780,88 € en concepto de 'valor de obligación de hacer'. Tras deducir las minutas de abogado y procurador pendientes, para su pago, la diferencia, 864.403,26 €, lo ingresa la consultante en la cuenta bancaria de la comunidad de propietarios del edificio.

Contestación

Con carácter previo debe señalarse que la presente consulta se pronuncia exclusivamente respecto a si las operaciones descritas deben ser declaradas en la declaración de operaciones con terceras personas (modelo 347). En particular, esta consulta no se pronuncia sobre la eventual aplicación de la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido.

En segundo lugar, es necesario precisar que a efectos de la contestación es necesario distinguir dos operaciones:

La indemnización percibida por la consultante.

Las cantidades detraídas de la anterior indemnización para satisfacción de los servicios de abogado y procurador del proceso judicial, así como el servicio por las cantidades procedentes de la anterior indemnización puestas a disposición de la Comunidad de Propietarios.

Primero.- La indemnización percibida por la consultante.

El artículo 31.1 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, (BOE de 5 de septiembre), en adelante RGAT; determina los obligados a suministrar información sobre operaciones con terceras personas en los siguientes términos:

“1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de dicha ley, que desarrollen actividades empresariales o profesionales, deberán presentar una declaración anual relativa a sus operaciones con terceras personas.

A estos efectos, se considerarán actividades empresariales o profesionales todas las definidas como tales en el artículo 5.dos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Asimismo, tendrán esta consideración las actividades realizadas por quienes sean calificados de empresarios o profesionales en el artículo 5.uno de dicha ley, con excepción de lo dispuesto en su párrafo e).

(…)”

Por su parte el artículo 33.1 y 2 del RGAT regula el contenido de la declaración anual de operaciones con terceras personas en los siguientes términos:

“1. Los obligados tributarios a que se refiere el artículo 31.1 de este reglamento deberán relacionar en la declaración anual todas aquellas personas o entidades, cualquiera que sea su naturaleza o carácter, con quienes hayan efectuado operaciones que en su conjunto para cada una de dichas personas o entidades hayan superado la cifra de 3.005,06 euros durante el año natural correspondiente.

La información sobre las operaciones a las que se refiere el párrafo anterior se suministrará desglosada trimestralmente. A tales efectos, se computarán de forma separada las entregas y las adquisiciones de bienes y servicios.

A efectos de lo dispuesto en los párrafos anteriores, tendrán la consideración de operaciones tanto las entregas de bienes y prestaciones de servicios como las adquisiciones de los mismos. En ambos casos, se incluirán las operaciones típicas y habituales, las ocasionales, las operaciones inmobiliarias y las subvenciones, auxilios o ayudas no reintegrables que puedan otorgar o recibir.

Con las excepciones que se señalan en el apartado siguiente, en la declaración anual se incluirán las entregas, prestaciones o adquisiciones de bienes y servicios sujetas y no exentas en el Impuesto sobre el Valor Añadido, así como las no sujetas o exentas de dicho impuesto.

Las entidades aseguradoras incluirán en su declaración anual las operaciones de seguro. A estos efectos, se atenderá al importe de las primas o contraprestaciones percibidas y a las indemnizaciones o prestaciones satisfechas y no será de aplicación a estas operaciones, en ningún caso, lo dispuesto en el párrafo a) del apartado siguiente.

(…)

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, quedan excluidas del deber de declaración las siguientes operaciones:

a) Aquellas que hayan supuesto entregas de bienes o prestaciones de servicios por las que los obligados tributarios no debieron expedir y entregar factura, así como aquellas en las que no debieron consignar los datos de identificación del destinatario o no debieron firmar el recibo emitido por el adquirente en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido.

(…)”

Además, el artículo 34 del RGAT que contempla la cumplimentación de la declaración anual de operaciones con terceras personas, en su apartado 2.c) establece:

“2. En la determinación del importe total de las operaciones realizadas con cada persona o entidad, se observarán los siguientes criterios:

(…)

c) A efectos de lo dispuesto en esta subsección, se entenderá por importe total de la contraprestación el que resulte de aplicar las normas de determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido contenidas en los artículos 78, 79 y 80 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso respecto de aquellas operaciones no sujetas o exentas del mismo que deban incluirse en la declaración anual de operaciones con terceras personas, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo.”

Señalando el artículo 78, apartado Tres, número 1º de la ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, (BOE del 29), en adelante LIVA, lo siguiente:

“Tres. No se incluirán en la base imponible:

1.º Las cantidades percibidas por razón de indemnizaciones, distintas de las contempladas en el apartado anterior que, por su naturaleza y función, no constituyan contraprestación o compensación de las entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al impuesto.”

La mención expresa del último párrafo del apartado 1 del artículo 33 del RGAT a que solo las entidades aseguradoras deberán incluir en el contenido las indemnizaciones satisfechas sin que resulte de aplicación lo dispuesto en la letra a) del apartado 2 del artículo 33 del RGAT, previamente transcritos, es indicativo de que tal exclusión respecto de las indemnizaciones se aplica únicamente a las entidades aseguradoras, siendo aplicable, el artículo 33.2.a) del mencionado Real Decreto al resto de los obligados tributarios por las indemnizaciones que no son contraprestación de la entrega de un bien o la prestación de un servicio sujeto al IVA.

En virtud de lo anterior, puesto que, en el supuesto concreto analizado, la satisfacción de la indemnización es una operación por la que la promotora no debe expedir factura, y la consultante, en cuanto mediadora en el pago de la indemnización, no deberá incluirla en factura, por tanto, ambas cuantías no han de reflejarse en su Declaración Anual de Operaciones con Terceras Personas. Lo anteriormente expresado es conforme con la doctrina manifestada por este Centro Directivo en la consulta vinculante con nº de referencia V0233-19 de 5 de febrero.

Segundo.- Las cantidades detraídas de la anterior indemnización para satisfacción de los servicios de abogado y procurador del proceso judicial, así como el servicio por las cantidades procedentes de la anterior indemnización puestas a disposición de la Comunidad de Propietarios.

1. En lo que respecta al servicio por las cantidades procedentes de la anterior indemnización puestas a disposición de la Comunidad de Propietarios, debe de calificarse la actuación de la consultante, por los hechos que relata, como de mediación en la obtención de la declaración judicial de responsabilidad por defectos constructivos del promotor en beneficio de la comunidad de propietarios, lo que justifica el pago que efectúa a esta.

Asimismo, cabe señalar que, aunque la consultante manifiesta en la consulta que en el caso planteado no realiza actividad empresarial, sin embargo, es necesario precisar que conforme al último inciso del párrafo segundo del artículo 31.1 del RGAT, antes transcrito, por la remisión que efectúa al artículo 5.Uno.b) de la LIVA con excepción de su párrafo e), se considera, a los efectos de la Declaración Anual de Operaciones con Terceras Personas, que las actividades de las sociedades mercantiles son actividades empresariales o profesionales, en cuanto dichas entidades se califican de empresarios o profesionales, salvo prueba en contrario.

Por ello, si puede probar que una actividad no es empresarial o profesional, de acuerdo con el párrafo b) del artículo 33.2 del RGAT, quedan excluidas del deber de declaración aquellas operaciones realizadas al margen de la actividad empresarial o profesional del obligado tributario.

En caso contrario, el consultante deberá atender, en su caso, a lo dispuesto en el artículo 34.3 del RGAT, que establece:

“3. En las operaciones de mediación y en las de agencia o comisión en las que el agente o comisionista actúe en nombre ajeno, deberá declararse el importe total individualizado de las contraprestaciones correspondientes a estas prestaciones de servicios, incluidas las cuotas repercutidas o soportadas en concepto del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Si el agente o comisionista actuase en nombre propio, se entenderá que ha recibido y entregado o prestado por sí mismo los correspondientes bienes o servicios y deberá declarar el importe total de las correspondientes contraprestaciones, cuotas y recargos.”

De modo que las operaciones de mediación, tanto en nombre ajeno como en nombre propio, deben incluirse en la Declaración Anual de Operaciones con Terceras Personas.

2. No obstante, en relación con las minutas de abogado y procurador por las que retiene una cantidad, debe señalarse, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 34.2.c) del RGAT antes transcrito, que el número 3º del apartado Tres del artículo 78 de la LIVA establece que no se incluirán en la base imponible:

“3.º Las sumas pagadas en nombre y por cuenta del cliente en virtud de mandato expreso del mismo. El sujeto pasivo vendrá obligado a justificar la cuantía efectiva de tales gastos y no podrá proceder a la deducción del impuesto que eventualmente los hubiera gravado.”

Por lo que, cumpliéndose los requisitos de este último precepto, dichas minutas, en cuanto puedan calificarse de suplidos, tampoco han de reflejarse en su Declaración Anual de Operaciones con Terceras Personas.

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Comunidad de propietarios
Impuesto sobre el Valor Añadido
Declaración anual Terceros
Sentencia de condena
Modelo 347. Declaración anual operaciones terceros.
Peritaje
Contraprestación
Actividades empresariales y profesionales
Obligado tributario
Prestación de servicios
Actividades empresariales
Entrega de bienes
Asegurador
Sociedad de responsabilidad limitada
Minuta
Fachadas
Ejecución de sentencia
Ejecución de la sentencia
Obligación de hacer
Cuentas bancarias
Persona física
Inspección tributaria
Operaciones inmobiliarias
Operaciones de seguro reaseguro capitalización
Determinación de la base imponible
Pesca
Pago de la indemnización
Comisionista
Responsabilidad por vicios o defectos constructivos
Sociedades mercantiles
Prueba en contrario
Mandato expreso

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 1065/2007 de 27 de Jul (Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas de los procedimientos de aplicación de los tributos) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 213 Fecha de Publicación: 05/09/2007 Fecha de entrada en vigor: 01/01/2008 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

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