Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V2050-07 de 28 de Septiembre de 2007

"c) Cuando se trate de operaciones canalizadas a través de una entidad de compensación y depósito de valores reconocida a estos efectos por la normativa española o por la de otro país miembro de la OCDE, la entidad en cuestión deberá, de acuerdo con lo que conste en sus propios registros, certificar el nombre y residencia fiscal de cada titular de los valores, en la forma prevista en el anexo II de la Orden de 16 de septiembre de 1991".
Como puede observarse, en los casos, como el que se plantea, en que la entidad consultante canaliza la gestión del pago de las rentas y realiza el servicio de devolución de retenciones, habrá de ser dicha entidad la emisora del certificado, con independencia de los posteriores intermediarios a través de los cuales se canalice su remisión.
Respecto de la fecha que debe constar al pie de los documentos previstos en los anexos I y II de la Orden de 16 de septiembre de 1991, a los cuales se remiten los párrafos a), b) y c) del artículo 12 del Real Decreto 2281/1998, para su validez, ha de señalarse que ninguna de las dos disposiciones citadas regula expresamente esta cuestión.
No obstante, del análisis del propio procedimiento de devolución de las retenciones del Real Decreto 2281/1998, así como del previsto para el caso de la Deuda Pública en el Real Decreto1285/1991, de 2 de agosto, y su Orden de desarrollo (la referida Orden de 16 de septiembre de 1991), si cabe extraer determinadas conclusiones.
En primer lugar, como se ha señalado, el procedimiento previsto en el Real Decreto 2281/1998 es el de devolución de la retención con posterioridad al pago de los intereses, al igual que el que prevé el Real Decreto 1285/1991.
Por otra parte, el Real Decreto 1285/1991 y el texto dispositivo de la Orden de 16 de septiembre de 1991, aunque no resulten de aplicación directa al caso consultado, sí proporcionan ciertas pautas para determinar que fecha han de tener los documentos.
Así, conforme al artículo 2.1 del citado Real Decreto 1285/1991, las Entidades Gestoras del Mercado de Deuda Pública deben remitir a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, a través de la Central de Anotaciones del Banco de España, una declaración comprensiva del importe total de los rendimientos correspondientes a inversores no residentes a los que sea de aplicación la exención, declaración que, conforme previene la citada Orden de desarrollo, debe presentarse el día anterior a la fecha de vencimiento de los intereses, "reflejando la situación al cierre del mercado de ese mismo día", y una posterior relación, en el plazo de un mes desde la fecha de vencimiento de los intereses, comprensiva de los titulares no residentes, su país de residencia y el importe de las rentas, que deberán confeccionar sobre la base de los documentos acreditativos de la residencia fiscal previstos en los anexos I y II.
Por último, el artículo 2.4 del último Real Decreto citado establece la obligación para las Entidades gestoras de adoptar las medidas oportunas que garanticen que los titulares no residentes que consten en su cuenta de terceros como perceptores de intereses sean los mismos incluidos en la mencionada relación.
De lo expuesto cabe concluir que la fecha que deben tener los documentos contenidos en los Anexos I y II de la Orden de 16 de septiembre de 1991 no debe ser anterior al día antes del pago de los intereses, de forma que pueda entenderse que, tanto en el caso de titularidad propia de las entidades clientes de la consultante, como en el caso de titularidad de los clientes de aquéllos, estos documentos están reflejando la situación al cierre del mercado del día anterior al pago, ya que con anterioridad a dicha fecha podrían haberse realizado transmisiones que modifiquen dicha relación, por lo que en el caso de una fecha anterior habría que entender que no recogerían tales transmisiones, sino la situación correspondiente a la fecha de firma.
En cambio, no parece que haya obstáculo en admitir que los documentos se emitan con fecha posterior al pago de los intereses, ya que los datos que recogen siempre se entienden referidos al momento del pago de los correspondientes intereses y no la situación de titularidad que pueda existir con posterioridad a dicho pago. Por otra parte, la propia alusión realizada en el artículo 12.4 del Real Decreto 2281/1998 al vencimiento del plazo de ingreso de las retenciones lleva a concluir que la fecha de tales documentos ha de estar comprendida en el periodo temporal previsto para el ingreso de las retenciones.
En cuanto a la segunda cuestión, relativa a la posibilidad de remitir a la entidad obligada a retener los documentos con anterioridad a la fecha del pago de los intereses, ha de reiterarse que el Real Decreto 2281/1998 no prevé la posibilidad de exclusión de la retención en la fuente, y, por las razones expuestas en los párrafos anteriores, una relación, enviada en una fecha previa anterior, no inmediata a la fecha de pago, aun siendo esta última la que conste en el documento, podría no corresponderse con la situación real de titularidad en la fecha de pago, en cuanto hayan podido existir operaciones previas al vencimiento de los intereses efectuadas desde la fecha de remisión del documento hasta la fecha de pago, que, lógicamente, al ser posteriores a su envío, no tendrían su reflejo en la documentación. En consecuencia, a juicio de este Centro Directivo, este último procedimiento no se corresponde con el sistema previsto por el Real Decreto 2281/1998 en materia de aplicación de la exención para no residentes establecida en la disposición adicional segunda de la Ley 13/1985 relativa a las rentas derivadas de participaciones preferentes y otros instrumentos de deuda regulados en la misma.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.