Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V2196-15 de 15 de Julio de 2015

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  • Órgano: SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas
  • Fecha: 15 de Julio de 2015
  • Núm. Resolución: V2196-15

Normativa

LIS, Ley 27/2014 arts: 76.2.1ºc) y 89.2

Cuestión

M-CONSULTA V2196-15

Descripción

La entidad consultante es una empresa familiar que pertenece a dos hermanos, titulares del 55% y del 45% respectivamente. El objeto social de la entidad consultante es la fabricación, manipulación, comercialización y venta de productos y derivados de plástico, papel y cartón. Asimismo, la sociedad se dedicará al negocio inmobiliario en su más amplia extensión, incluyendo la promoción y construcción, comercio y explotación, gestión y aprovechamiento de inmuebles.

Hasta diciembre de 2012, la sociedad desarrollaba las siguientes actividades:

1º) La actividad industrial y comercial de fabricación, manipulación, comercialización y venta de productos y derivados de plástico, papel y cartón. A partir del 2013, dicha actividad se ha venido desarrollando en parte directamente, en parte a través de la entidad participada M. Para el desarrollo de esta actividad tanto la entidad consultante como la entidad M cuentan con las oportunas organizaciones de medios personales y materiales necesarios que les permite gestionarlas.

El objeto social de la entidad M consiste en el arrendamiento de toda clase de bienes inmuebles en general. La entidad M desarrolla prácticamente la totalidad de la actividad de carácter inmobiliario de la entidad consultante. El capital social de la entidad M se distribuye entre dos personas físicas que ostentan un 0,03% y un 0,02% respectivamente de participación y la entidad consultante que ostenta el 99,95% restante

Inicialmente, la entidad consultante desarrolló la actividad de forma total y directa bajo una única personalidad jurídica.

El desarrollo de la actividad de extrusión del film de plásticos, tanto por razones de espacio como funcionales y de organización, obligó a la entidad consultante a dotar nuevos espacios industriales, y por el volumen de actividad se hizo necesario desarrollar esta actividad a través de la entidad participada al 100% por la entidad consultante, la entidad E. Posteriormente la entidad E fue vendida a terceros independientes, continuando los nuevos propietarios con los mismos contratos de arrendamiento que habían sido firmado con la entidad consultante.

Iniciada la actividad inmobiliaria por la entidad consultante, ésta le dio continuidad adquiriendo otros inmuebles, unos destinados a alquiler y otros en los que, inicialmente, preveía construir naves industriales donde trasladar sus actividades industriales.

Los inmuebles destinados a la actividad de alquiler son los siguientes:

a) Un local destinado a parking y pupilaje de automóviles, la explotación de esta actividad de parking la realiza un tercero, al amparo del correspondiente contrato de alquiler de local de negocio.

b) Una nave industrial que se encuentra arrendada a una tercera sociedad propiedad de terceros independientes.

c) Una serie de solares adquiridos en febrero de 1999 con intención de trasladar las actividades industriales de la entidad consultante.

Por otra parte, la entidad R fue constituida en enero de 2005 siendo su objeto social la administración, la compra y venta, comercialización, explotación, incluido el arrendamiento, excepto el financiero activo, de parcelas y toda clase de fincas y construcciones rústicas, solares urbanizaciones y de todo tipo de edificaciones constituidas o no en propiedad horizontal, pisos, locales de negocio o industriales o aparcamientos, y en general todas aquellas actividades comprendidas en la promoción inmobiliaria rústica y urbana, toda clase de actividades constructoras por cuenta propia o de terceros, la reparcelación de terrenos así como su consolidación y preparación, explanación de callas, obras de infraestructura, instalación de servicios urbanísticos, la ejecución de excavaciones, demoliciones y derribos, entre otras actividades.

Una vez constituida está entidad, la entidad consultante adquirió una participación del 50% de su capital social.

La entidad consultante plantea realizar una operación de reestructuración consistente en una operación de escisión financiera, mediante la segregación y transmisión a una sociedad de nueva creación de aquella parte de su patrimonio social constituido por las participaciones en el capital social de la entidad M dedicada a la actividad inmobiliaria recibiendo a cambio los actuales socios de la entidad consultante valores representativos del capital de la sociedad beneficiaria de la escisión que atribuiría a ambos y en proporción idéntica a sus actuales participaciones en la entidad consultante que vería reducido su capital social y sus reservas en la cuantía necesaria.

Los motivos económicos que impulsan la realización de esta operación de reestructuración son:

-Posibilitar acuerdos de fabricación y distribución con terceros, sin las dificultades que supone tratar de asociarse o cerrar acuerdos.

-Facilitar una gestión más eficaz y descentralizada de los distintos negocios.

-Garantizar la autonomía y especialización de cada actividad.

-Permitir/obligar a disponer de cuentas de explotación diferenciadas para cada una de ellas.

-Ofrecer una imagen fiel en cada entidad, respecto a su actividad.

-Dar como resultado que cada empresa asuma sus propios objetivos y riesgos.

-Garantizar, la adopción de decisiones empresariales según las necesidades concretas de cada empresa en cada actividad.

-Permitir desvincular e independizar las decisiones de inversión.

Contestación

El capítulo VII del título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre del Impuesto sobre Sociedades (LIS), regula el régimen especial de las operaciones de fusión, escisión, aportación de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea.

Al respecto, el artículo 76.2.1ºc) de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, considera escisión, la operación por la cual "una entidad segrega una parte de su patrimonio social, constituida por participaciones en el capital de otras entidades que confieran la mayoría del capital social de éstas, y las transmite en bloque a una o varias entidades de nueva creación o ya existentes, manteniendo en su patrimonio al menos participaciones de similares características en el capital de otra u otras entidades o bien una rama de actividad, recibiendo a cambio valores representativos del capital social de estas últimas, que deberán atribuirse a sus socios en proporción a sus respectivas participaciones, reduciendo el capital social y las reservas en la cuantía necesaria y, en su caso, una compensación en dinero en los términos de la letra a) anterior."

A tales efectos, con arreglo a lo establecido en el apartado 4 del mismo artículo 76 de la LIS, se entenderá por rama de actividad "el conjunto de elementos patrimoniales que sean susceptibles de constituir una unidad económica autónoma determinante de una explotación económica, es decir, un conjunto capaz de funcionar por sus propios medios. Podrán ser atribuidas a la sociedad adquirente las deudas contraídas para la organización o el funcionamiento de los elementos que se traspasan".

En este sentido, la delimitación de los supuestos que constituyen una escisión parcial susceptible de ampararse en el régimen fiscal especial (rama de actividad, cartera de control) debe partir de la concurrencia, como mínimo, de los requisitos exigidos en la normativa mercantil. Desde esta perspectiva el patrimonio segregado debe estar constituido por participaciones mayoritarias en una o varias entidades. Igualmente, resulta necesario que el patrimonio que permanece en sede de la entidad escindida esté constituido al menos por participaciones mayoritarias en otra u otras entidades, o bien por una rama de actividad. Cumpliéndose esta circunstancia, la operación de escisión financiera planteada podrá acogerse al régimen fiscal especial del capítulo VII del título VII de la LIS.

De los datos que se derivan de la consulta, la entidad consultante va a proceder a la escisión financiera de sus participaciones en la entidad M, dedicada a la actividad inmobiliaria, constituyendo dichas participaciones la mayoría del capital social de la entidad M (el 99,95%).

Por otra parte, la entidad escindida consultante mantendrá en su patrimonio la rama de actividad consistente en la actividad industrial y comercial de fabricación, manipulado, comercialización y venta de productos y derivados de plástico, papel y cartón, en particular, bolsas, álbumes, carpetas, fundas y similares.

En consecuencia, la operación de escisión financiera planteada podrá acogerse al régimen fiscal especial del capítulo VII del título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Adicionalmente, la aplicación del régimen especial exige analizar lo dispuesto en el artículo 89.2 de la LIS, según el cual:

"2. No se aplicará el régimen establecido en el presente capítulo cuando la operación realizada tenga como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal. En particular, el régimen no se aplicará cuando la operación no se efectúe por motivos económicos válidos, tales como la reestructuración o la racionalización de las actividades de las entidades que participan en la operación, sino con la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal.

(…)"

Este precepto recoge de forma expresa la razón de ser del régimen especial de las operaciones de fusión, escisión, aportación de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro, que justifica que a las mismas les sea de aplicación dicho régimen en lugar del régimen general establecido para esas mismas operaciones en el artículo 17 de la LIS. El fundamento del régimen especial reside en que la fiscalidad no debe ser un freno ni un estímulo en las tomas de decisiones de las empresas sobre operaciones de reorganización, cuando la causa que impulsa su realización se sustenta en motivos económicos válidos, en cuyo caso la fiscalidad quiere tener un papel neutral en esas operaciones.

Por el contrario, cuando la causa que motiva la realización de dichas operaciones es meramente fiscal, esto es, su finalidad es conseguir una ventaja fiscal al margen de cualquier razón económica diferente, no es de aplicación el régimen especial.

En el escrito de consulta se indica que la operación proyectada se realiza con la finalidad posibilitar acuerdos de fabricación y distribución con terceros, sin las dificultades que supone tratar de asociarse o cerrar acuerdos, facilitar una gestión más eficaz y descentralizada de los distintos negocios, garantizar la autonomía y especialización de cada actividad, permitir/obligar a disponer de cuentas de explotación diferenciadas para cada una de ellas, ofrecer una imagen fiel en cada entidad, respecto a su actividad, dar como resultado que cada empresa asuma sus propios objetivos y riesgos, garantizar, la adopción de decisiones empresariales según las necesidades concretas de cada empresa en cada actividad, permitir desvincular e independizar las decisiones de inversión, facilitar la elección y especialización de los respectivos equipos humanos, obligar a que cada una funcione con sus propios medios de financiación, facilitar el relevo generacional, abrir mayores posibilidades para acuerdos de asociación o cooperación con terceros en el campo industrial, que permitan darle continuidad, fortalecerla y dotarla de mayor viabilidad, establecer lazos de asociación con terceros, en alguna de las especialidades de sus negocios industriales y salvaguardar el patrimonio familiar dotándole de mayores garantías de continuidad al patrimonio familiar, separando el correspondiente a la actividad inmobiliaria, de los riesgos y del día a día de las actividades industriales. Los motivos señalados se consideran económicamente válidos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 89.2 de la LIS.

La presente contestación se realiza conforme a la información proporcionada por el consultante, sin tener en cuenta otras circunstancias no mencionadas, que pudieran tener relevancia en la determinación del propósito principal de la operación proyectada, de tal modo que podría alterar el juicio de la misma, lo que podrá ser objeto de comprobación administrativa a la vista de la totalidad de las circunstancias previas, simultáneas y posteriores concurrentes en la operación realizada.

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Capital social
Comercialización
Objeto social
Entidad participada
Garaje
Solares
Impuesto sobre sociedades
Patrimonio social
Empresa familiar
Bienes inmuebles
Personalidad jurídica
Persona física
Dueño
Arrendamiento de local para negocio
Régimen fusiones, escisiones, aportaciones de activo y canje de valores.
Aportaciones de activos
Propiedad horizontal
Canje de valores
Sociedad cooperativa
Traslado del domicilio social
Local comercial
Reparcelación
Servicios urbanísticos
Empresa de nueva creación
Valores representativos del capital social
Elementos patrimoniales
Explotación económica
Cartera de control
Evasión fiscal
Fraude
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