Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V2632-09 de 26 de Noviembre de 2009

TIEMPO DE LECTURA:

  • Órgano: SG de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos
  • Fecha: 26 de Noviembre de 2009
  • Núm. Resolución: V2632-09

Normativa

Ley 230/1963, arts.105, 106, Ley 29/1987 art. 34, Ley 58/2003, arts. 69, 104

Cuestión

Conducta a adoptar en caso de silencio administrativo respecto a la solicitud de declaración de prescripción del derecho de dicha Administración tributaria a determinar una deuda tributaria, concretamente la correspondiente al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (modalidad sucesiones), realizada por un heredero.

Descripción

El consultante ha solicitado a la Comunidad Autónoma de Extremadura la declaración de prescripción del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones como responsable de la deuda de la causante, respecto a la herencia de su marido, y de la que es heredero junto con sus hermanos.

Contestación


El consultante es según manifestación propia heredero en relación con un supuesto de sucesión. Según el consultante se presentó en relación a dicha herencia declaración tributaria correspondiente al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en fecha 12/03/2003.
El silencio administrativo en los procedimientos tributarios está regulado básicamente por los apartados 3 y 4 del artículo 104 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, (BOE de 18 de diciembre), (LGT). Dicho precepto en sus apartados 3 y 4 establece respectivamente que:
"3. En los procedimientos iniciados a instancia de parte, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa producirá los efectos que establezca su normativa reguladora. A estos efectos, en todo procedimiento de aplicación de los tributos se deberá regular expresamente el régimen de actos presuntos que le corresponda.
En defecto de dicha regulación, los interesados podrán entender estimadas sus solicitudes por silencio administrativo, salvo las formuladas en los procedimientos de ejercicio del derecho de petición a que se refiere el artículo 29 de la Constitución y en los de impugnación de actos y disposiciones, en los que el silencio tendrá efecto desestimatorio.
Cuando se produzca la paralización del procedimiento por causa imputable al obligado tributario, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, podrá declarar la caducidad del mismo.
4. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya notificado resolución expresa producirá los efectos previstos en la normativa reguladora de cada procedimiento de aplicación de los tributos.
En ausencia de regulación expresa, se producirán los siguientes efectos:
a) Si se trata de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, los obligados tributarios podrán entender desestimados por silencio administrativo los posibles efectos favorables derivados del procedimiento.
b) En los procedimientos susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen se producirá la caducidad del procedimiento.".
En este sentido, la disposición adicional primera del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, (BOE de 5 de septiembre), (en adelante RGAT), regula los efectos de la falta de resolución en plazo de diversos procedimientos tributarios.
Asimismo, es necesario recordar que el artículo 104.3 y 4 de la LGT hay que ponerlo en relación con el artículo 103.1 de la LGT que regula la obligación de resolver en los siguientes términos:
"1. La Administración tributaria está obligada a resolver expresamente todas las cuestiones que se planteen en los procedimientos de aplicación de los tributos, así como a notificar dicha resolución expresa.".
De los preceptos anteriores se puede inferir que para que exista virtualidad del silencio administrativo en forma de acto presunto es necesario que exista un procedimiento y que se haya excedido el plazo máximo para notificar la resolución en dicho procedimiento. En ese caso, el silencio tendrá un valor u otro en función de lo que determine la norma correspondiente aplicando como derecho supletorio lo dispuesto en el artículo 104.3 y 4 de la LGT.
Por otro lado, el artículo 69.2 de la LGT señala que:
"2. La prescripción se aplicará de oficio, incluso en los casos en que se haya pagado la deuda tributaria, sin necesidad de que la invoque o excepcione el obligado tributario.".
Al margen de lo anterior, el artículo 105.c) de la Constitución establece que:
"La Ley regulará:
c). El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.".
A la vista de las disposiciones anteriores, se puede afirmar que, si bien es cierto que el artículo 69.2 de la LGT sostiene que la prescripción debe ser declarada de oficio, no es menos cierto que la aplicación del artículo 105.c) de la Constitución así como el principio de seguridad jurídica del artículo 9.3 de dicho cuerpo legal, implican que aquella se declare, con carácter general, al socaire de la tramitación de un procedimiento administrativo.
En este sentido, el fundamento jurídico tercero de la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 7 de marzo de 1988 señala que "el procedimiento administrativo no es sólo una exigencia legal recogida en el artículo 40 de la Ley de Procedimiento Administrativo, sino al mismo tiempo una imposición constitucional prevista en el artículo 105.c de la Constitución Española, de donde deriva el carácter de orden público de las normas que lo regulan", configurándose el procedimiento administrativo, en suma, no solo como un medio para que la Administración pueda realizar sus actuaciones, sino como una garantía para el ciudadano.
El hecho de que no exista dentro de nuestra regulación ningún procedimiento "ad hoc" para la declaración de la prescripción del derecho a determinar la obligación tributaria mediante la oportuna liquidación o del derecho para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas no debe ser óbice para que ésta se pueda declarar de oficio. Ello, provoca que la misma pueda ser declarada en la tramitación de cualquier procedimiento tributario que afecte a la deuda tributaria respecto de la cual se predica la prescripción.
En concreto, a título meramente indicativo, en el caso de la consulta se podría solicitar que se declarase la prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria en el procedimiento iniciado mediante declaración de la deuda tributaria del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que está en el origen del supuesto planteado, en el caso de que todavía no hubiera terminado.
Dada la fecha de presentación de la declaración que consta en la consulta, 12/3/2002, es de aplicación la disposición transitoria tercera.1 de la LGT que establece que:
"1. Los procedimientos tributarios iniciados antes de la fecha de entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa anterior a dicha fecha hasta su conclusión salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.".
Ello implica la aplicación de la normativa en vigor con anterioridad a la vigencia de la LGT, puesto que este cuerpo legal entró en vigor el día 1 de julio de 2004 de acuerdo con la disposición final undécima de la LGT.
Así, en cuanto a la gestión del impuesto, el artículo 34 de la Ley 29/1987, de 18 diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, (BOE de 19 de diciembre), (en adelante LISD), señala que:
"2. Las Comunidades Autónomas podrán regular los aspectos sobre la gestión y liquidación de este impuesto según lo previsto en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía. Cuando la Comunidad Autónoma no hubiese regulado dichos aspectos, se aplicarán las normas establecidas en esta Ley.".
En este sentido, el artículo 74.1 y 3 del Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones aprobado por Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, (BOE de 16 de noviembre), (en adelante RISD), dispone que:
"1. Presentado el documento o declaración en la oficina competente, ésta dará recibo haciendo constar la fecha de presentación y el número que le corresponda en el registro de presentación de documentos, que deberá llevarse con carácter específico.
(…).
3. Tratándose de documentos o declaraciones relativos a adquisiciones por causa de muerte, se procederá con arreglo a lo dispuesto en el número anterior, pero la práctica de las liquidaciones definitivas exigirá la comprobación completa del caudal hereditario del causante a efectos fiscales, debiendo procederse a la integración del declarado con las adiciones que resulten de las presunciones de los artículos 25 a 28 de este Reglamento y, en su caso, con el ajuar doméstico.".
Por otro lado, el artículo 79 del RISD establece que:
"Practicadas las liquidaciones que procedan, se notificarán al sujeto pasivo o al presentador del documento o declaración con indicación de su carácter y motivación, del lugar, plazos y forma de efectuar el ingreso, así como de los recursos que puedan ser interpuestos, con indicación de los plazos y órganos ante los que habrán de interponerse.".
Es decir, a la vista de los preceptos anteriormente reproducidos no se establece un plazo expreso para notificar la resolución expresa en el correspondiente procedimiento iniciado mediante declaración correspondiente al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (modalidad sucesiones) al cual se refiere la consulta. No obstante lo anterior, el artículo 105.1 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, (BOE de 31 de diciembre), (en adelante Ley 230/1963), que era la Ley vigente en aquel momento dispone que:
"1. En la reglamentación de la gestión tributaria se señalarán los plazos a los que habrá de ajustarse la realización de los respectivos trámites.".
Ello conduce a la aplicación de la normativa general propia del derecho administrativo por mandato del artículo 9.2 de la Ley 230/1963. Dicho precepto establece el principio de supletoriedad de las normas propias del derecho administrativo. Así, el artículo 42.3.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ) señala que:
"3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán:
b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.".
Por tanto, en la medida en que han transcurrido más de tres meses desde el inicio del procedimiento hasta la notificación de la resolución del mismo, sin que, en principio se haya apreciado en base a los datos que se expresan en la consulta ninguna circunstancia que suspenda el cómputo de dicho plazo, se habrá excedido el plazo del artículo 42.3.b) de la LRJ.
Ello implica la aplicación del artículo 105.2 de la Ley 230/1963 que señala que:
"2. La inobservancia de plazos por la Administración no implicará la caducidad de la acción administrativa, pero autorizará a los sujetos pasivos para reclamar en queja.".
En este sentido, el artículo 106 de la Ley 230/1963 establece que:

ONT SIZE=2>"1. En todo momento podrá reclamarse en queja contra los defectos de tramitación y en especial los que supongan paralización del procedimiento, infracción de los plazos señalados u omisión de trámites que puedan subsanarse antes de la resolución definitiva del asunto.".
Por tanto, el exceso de los plazos para notificar la resolución dentro del procedimiento habilitaría al consultante para reclamar en queja.
Por otro lado, el artículo 42.1, párrafos primero y segundo de la LRJ señala que:
"1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación.
En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como la desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables.".
En consecuencia, el exceso de los plazos para notificar la resolución no obsta para que se declare la prescripción.
En conclusión, en el procedimiento iniciado mediante declaración relativo al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (modalidad sucesiones) correspondiente a la consulta, se podrá instar por el obligado tributario que se declare haberse producido, en su caso, la prescripción del derecho de la Administración tributaria a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, si dicha prescripción se ha producido legalmente, estando la Administración tributaria competente obligada a contestar a dicha petición.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Impuesto sobre sucesiones y donaciones
Silencio administrativo
Deuda tributaria
Procedimientos Tributarios
Obligado tributario
Herencia
Vencimiento del plazo
Caducidad
Actos presuntos
Responsabilidad
Declaraciones Tributarias
Derecho de petición
Inspección tributaria
Audiencia del interesado
Seguridad jurídica
Extinción de deudas tributarias
Pago de la deuda tributaria
Obligaciones tributarias
Estatutos de autonomía
Presentación de documentos y dictámenes
Caudal hereditario
Ajuar doméstico
Mandato
Gestión tributaria
Caducidad de la acción
Resolución definitiva
Omisión

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 1065/2007 de 27 de Jul (Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas de los procedimientos de aplicación de los tributos) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 213 Fecha de Publicación: 05/09/2007 Fecha de entrada en vigor: 01/01/2008 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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