¿Las empresas están obligadas a realizar test o pruebas para la detección del COVID-19?

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  • Autor: José Juan Candamio Boutureira
  • Materia: Laboral
  • Fecha: 10/06/2021

Noticias Iberley

 

Distintas sentencias del Tribunal Supremo han aplicado el mismo criterio: No hay previsión legal de la que se desprenda la obligación de la empresa de realizar esa clase de pruebas diagnósticas. 

Destacando la multitud de normas legales de toda clase y naturaleza que se han venido dictando con posterioridad al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en orden a determinar cuáles hayan de ser las obligaciones exigibles a la empresa en esta materia, el TS mantiene que no existe obligación legal por parte de las empresas de realizar test o pruebas para la detección del COVID-19 a sus trabajadores.

Tres sentencias han analizado este aspecto siguiendo la normativa vigente en cada momento, llegando incluso a analizar el artículo 8.1 del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo:

STS n.º 218/2021, de 18 de febrero de 2021, ECLI:ES:TS:2021:502

Se analiza el deber de efectuar el test de coronavirus a las personas agentes de la Ertzaintza llegando a la siguiente conclusión:

  • De los núms. 2, 6 y 7 del apartado primero de la Orden INT/226/2020, de 15 de marzo, no cabe deducir que impongan tan específicas obligaciones, toda vez que el apartado primero se limita a regular los destinatarios y objeto de la Orden, así como los criterios de actuación de los servicios policiales y agentes de autoridad. Por su parte, los apartados cuarto y quinto de la Orden INT/226/2020, a que la sentencia hace indirecta referencia, regulan la ejecución de medidas de seguridad con ocasión de la declaración del estado de alarma y el régimen sancionador, sin tampoco mencionar en momento alguno la realización de test o pruebas.
  • El Protocolo de Vigilancia Epidemiológica de 12 de marzo del Departamento de Salud del Gobierno Vasco que se menciona en los hechos probados noveno y décimo, se refería -tal como se recoge en estos mismos hechos probados- a que la prueba de detección mediante prueba PRC debía hacerse «a quienes presentaran un cuadro clínico de infección respiratoria aguda y de cualquier gravedad», estableciendo, asimismo, «criterios de alta, respecto a las personas que hubieran dado positivo en la primera prueba de PCR». El Protocolo no parecía imponer, en consecuencia, la realización de test generalizados.
  • Durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, las comunidades autónomas, aunque mantuvieran su gestión, tenían que respetar la dirección del Ministerio de Sanidad, en tanto que autoridad competente delegada (artículos 4 y 12). Concretamente, respecto de la protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo a la que tienen derecho los funcionarios policiales, el apartado tercero.1 de la Orden INT/226/2020 establece que «se observarán en todo caso las recomendaciones e instrucciones impartidas en cada caso por las Autoridades sanitarias en relación con la prevención de la transmisión del coronavirus Covid-19.»
  • Tampoco es posible extraer, en fin, del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, obligaciones tan específicas como las que se requerían de la Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco en los números 3 a 5 de la demanda interpuesta por el sindicato ESAN ante la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco.

STS n.º 425/2021, de 22 de abril de 2021, ECLI:ES:TS:2021:1523

Nuevamente ante una demanda sindical de tutela de derechos fundamentales y prevención de riesgos laborales por parte de la Ertzaintza

"No lo compartimos, porque de los núms. 2, 6 y 7 del apartado primero de la Orden INT/226/2020, de 15 de marzo, no cabe deducir que impongan tan específicas obligaciones, toda vez que el apartado primero se limita a regular los destinatarios y objeto de la Orden, así como los criterios de actuación de los servicios policiales y agentes de autoridad. Por su parte, los apartados cuarto y quinto de la Orden INT/226/2020, a que la sentencia hace indirecta referencia, regulan la ejecución de medidas de seguridad con ocasión de la declaración del estado de alarma y el régimen sancionador, sin tampoco mencionar en momento alguno la realización de test o pruebas.

Tampoco puede deducirse del Protocolo de Vigilancia Epidemiológica de 12 de marzo del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, mencionado en el hecho probado quinto, puesto que del mismo se desprende que el procedimiento de detección mediante prueba PRC debía hacerse 'a quienes presentaran un cuadro clínico de infección respiratoria aguda y de cualquier gravedad', estableciendo, asimismo, 'criterios de alta', respecto a las personas que hubieran dado positivo en la primera prueba de PCR, en el Anexo II, lo cual nos permite deducir que, el Protocolo no parecía imponer, en consecuencia, la realización de test generalizados.

En tercer lugar, ha de recordarse que, durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, las comunidades autónomas, aunque mantuvieran su gestión, tenían que respetar la dirección del Ministerio de Sanidad, en tanto que autoridad competente delegada (artículos 4 y 12). Concretamente, respecto de la protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo a la que tienen derecho los funcionarios policiales, el apartado tercero.1 de la Orden INT/226/2020 establece que 'se observarán en todo caso las recomendaciones e instrucciones impartidas en cada caso por las Autoridades sanitarias en relación con la prevención de la transmisión del coronavirus Covid-19.'

Tampoco es posible extraer, en fin, del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, tal y como advertimos en STS 18- 02-2021, rec. 105/2020, obligaciones tan específicas, a cuyos razonamientos nos remitimos.

No está de más señalar que, cuando se dictó la sentencia recurrida, ni siquiera había entrado en vigor la Orden TES/1180/2020, de 4 de diciembre, por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, incorporando al derecho español la Directiva (UE) 2020/739 de la Comisión, de 3 de junio de 2020, por la que se modifica el anexo III de la Directiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la inclusión del SARS-CoV-2 en la lista de agentes biológicos que son patógenos humanos conocidos, así como la Directiva (UE) 2019/1833 de la Comisión."

STS n.º 130/2020, de 20 de mayor de 2021, ECLI:ES:TS:2021:2144

Analizando si Servicio ambulancias País Vasco está obligado a realizar test rápido o test prueba PCR a sus trabajadores. En este fallo el TS recuerda las previsiones del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que en su art. 7 regula las obligaciones exigibles a las empresas en sus centros de trabajo, señalando que:

"1. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y del resto de la normativa laboral que resulte de aplicación, el titular de la actividad económica o, en su caso, el director de los centros y entidades, deberá:

a) Adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los centros de trabajo, con arreglo a los protocolos que se establezcan en cada caso.

b) Poner a disposición de los trabajadores agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.

c) Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los trabajadores. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo.

d) Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto trabajadores como clientes o usuarios, en los centros de trabajo durante las franjas horarias de previsible mayor afluencia.

e) Adoptar medidas para la reincorporación progresiva de forma presencial a los puestos de trabajo y la potenciación del uso del teletrabajo cuando por la naturaleza de la actividad laboral sea posible.

2. Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 o estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19 o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con COVID-19 no deberán acudir a su centro de trabajo.

3. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, se contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la comunidad autónoma o centro de salud correspondiente, y, en su caso, con los correspondientes servicios de prevención de riesgos laborales. De manera inmediata, el trabajador se colocará una mascarilla y seguirá las recomendaciones que se le indiquen, hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario".

En la dicción literal del precepto, en ningún momento se impone a la empresa la obligación de realizar test de detección del Covid-19.

 

PRL frente al COVID-19.

Coronavirus
Estado de alarma
Medidas de seguridad
Funcionarios públicos
Prevención de riesgos laborales
Sindicatos
Centro de trabajo
Tutela
Derechos fundamentales
Puesto de trabajo
Actividades económicas
Condiciones de trabajo
Trabajo a distancia
Actividad laboral
Servicios de prevención

RD-Ley 21/2020 de 9 de Jun (Medidas urgentes de prevención, contención y coordinación por COVID-19) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 163 Fecha de Publicación: 10/06/2020 Fecha de entrada en vigor: 11/06/2020 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Orden TES/1180/2020 de 4 de Dic (Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 322 Fecha de Publicación: 10/12/2020 Fecha de entrada en vigor: 11/12/2020 Órgano Emisor: Ministerio De Trabajo Y Economia Social

Orden INT/226/2020 de 15 de Mar (Criterios de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con el RD. 463/2020 -COVID-19-) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 68 Fecha de Publicación: 15/03/2020 Fecha de entrada en vigor: 15/03/2020 Órgano Emisor: Ministerio Del Interior

Real Decreto 463/2020 de 14 de Mar (Declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 66 Fecha de Publicación: 14/03/2020 Fecha de entrada en vigor: 14/03/2020 Órgano Emisor: Ministerio De La Presidencia, Relaciones Con Las Cortes Y Memoria Democratica

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