Aprobación definitiva de la Ordenanza de Ayudas de Emergencia Social. - Boletín Oficial de Cantabria de 07-09-2016

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  • Boletín: Boletín Oficial de Cantabria
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 07/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
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Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo Plenario inicial, de 26 de mayo de 2016, aprobatorio de la Ordenanza de Ayudas de Emergencia Social, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL

ARTÍCULO 1. Objeto de las Subvenciones

Por medio de la presente Ordenanza Específica se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por el Ayuntamiento de Ampuero, teniendo por objeto la cobertura de las necesidades básicas de las personas en situación de emergencia social

ARTÍCULO 2. Beneficiarios

Serán personas beneficiarias finales de las ayudas aquellas personas físicas con empadronamiento y residencia efectiva en el municipio de Ampuero que, previa valoración técnica por parte de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad económica y emergencia social.

ARTÍCULO 3. Iniciación y Procedimiento para la Concesión de la Subvención

Cuando por los servicios sociales del Ayuntamiento o los de la Mancomunidad a la que éste estuviera adherido detecten el caso de una persona o familia en situación de vulnerabilidad, con serias dificultades para el pago del suministro de electricidad o de gas, se realizará una valoración técnica de la situación para determinar si pueden resultar beneficiarios de la ayuda económica destinada a la satisfacción de la deuda derivada del impago del suministro energético.

Se informará a los posibles beneficiarios de la posibilidad de solicitar las ayudas.

Se recabará por escrito el consentimiento al solicitante de la ayuda para el intercambio de sus datos de carácter personal con las empresas comercializadoras de suministros energéticos.

ARTÍCULO 4. Instrucción del Procedimiento

Los Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP) evaluarán las solicitudes de ayuda de financiación del suministro energético y la situación de vulnerabilidad y emergencia social.

Si el titular del suministro y la persona que solicita no coincidiesen, los SSAP comprobarán, atendiendo al Padrón Municipal, que la persona solicitante es la persona que hace uso habitual de la vivienda y que es la obligada al pago del suministro, y se le informará de la conveniencia de realizar el cambio de titularidad en las facturas.

Se pondrá en conocimiento de la empresa suministradora a través del correo electrónico que facilite que se ha iniciado el procedimiento y se ha efectuado la valoración técnica positiva para la concesión de la ayuda a fin de que no se suspenda el suministro energético por facturas impagadas.

Para la evaluación de cada solicitud los SSAP podrán pedir cuantos informes se consideren necesario para resolver o que sean exigidos por las normas que regulan la subvención.

En particular se podrá exigir la aportación de la siguiente documentación:

- Documentos que acrediten la situación sociofamiliar (plan de intervención familiar, sentencias de separación o divorcio, facturas de gastos, etc.).

- Certificados de ingresos provenientes de salarios, pensiones o subsidios de todos los miembros de la unidad familiar.

- Informes de vida laboral de los miembros de la unidad familiar.

- Declaraciones tributarias del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los integrantes de la unidad familiar.

- Declaración jurada de bienes muebles e inmuebles y de derechos reconocidos de la unidad familiar.

- Copias de escrituras de propiedad o contratos de arrendamiento de la vivienda familiar.

ARTÍCULO 5. Resolución

No se podrá adoptar resolución alguna hasta que no se acredite la existencia de consignación presupuestaria suficiente en el expediente.

Aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y, en su caso, en la correspondiente norma o convocatoria, el órgano competente resolverá el procedimiento motivadamente y, en todo caso deberán quedar acreditados los fundamentos de la resolución que se adopte y los compromisos asumidos por los beneficiarios.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses. El vencimiento de este plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada por silencia administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La práctica de dicha notificación o publicación se ajustará a las disposiciones contenidas en el artículo 59 de la citada Ley.

ARTÍCULO 6. Obligaciones de los Beneficiarios

Las obligaciones de los beneficiarios son las siguientes:

a) Aplicar las cantidades percibidas a los suministros que son objeto de esta subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente o la Entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la Entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente o a la Entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.

e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

f) Si se estuviera en curso de alguna de las causas de reintegro, se deberá proceder al reintegro de la cuantía recibida.

ARTÍCULO 7. Cuantía

La cuantía total de la subvención será la de los suministros pagados y no podrá superar la cantidad de 300 euros por ayuda, con un máximo de dos ayudas por solicitante y año, existiendo entre las dos ayudas al menos 60 días de diferencia en su concesión, salvo informe de riesgo extremo formulado por los Servicios Sociales.

La concesión de subvenciones por el Ayuntamiento será compatible con cualquier otro tipo de subvención o ayuda.

En ningún caso el importe de la subvención podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.

ARTÍCULO 8. Justificación y Cobro

Una vez resuelta por el Ayuntamiento la concesión de la ayuda y por parte del Ayuntamiento se pagará el importe de la factura o facturas pendientes de abono a la persona beneficiaria de la misma. Si se acuerda el abono de consumos futuros, se abonará tan pronto sea expedida la factura.

Se recabará la justificación de los pagos a la persona beneficiaria.

Se comunicará a la empresa la concesión de la ayuda y que se ha realizado el pago.

Se comunicará al ICASS la justificación de las cuantías económicas ejecutadas.

ARTÍCULO 9. El Reintegro

El beneficiario deberá cumplir todos los requisitos que fundamentaron la concesión de la subvención y cumplir los compromisos asumidos con motivo de la misma.

En otro caso procederá exigir el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, y en la cuantía fijada en el artículo 38.2 de la Ley General de Subvenciones, en los casos señalados en el artículo 11 de la Ordenanza General, independientemente de las acciones penales que pudieran proceder en su caso.

Serán causas de reintegro de las subvenciones:

- Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.

- Incumplimiento total o parcial de los requisitos que fundamentan la concesión de la subvención.

- Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.

- Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

- Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

- Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad

de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

El beneficiario tendrá la obligación de colaborar en dicha inspección, proporcionando los datos requeridos y facilitando, en su caso, el acceso a dependencias con que se realizan las actividades.

ARTÍCULO 10. Entrada en Vigor

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado íntegramente su texto en el Boletín Oficial de Cantabria, y transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Contra el presente acuerdo se interpondrá recurso contenciosoadministrativo, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.

Ampuero, 24 de agosto de 2016.

El alcalde,

Patricio Martínez Cedrún.

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