Ayudas correspondiente al Programa Talento y Empleo: Formación profesional a medida de las empresas en sectores estratégicos: automoción.

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Resolución por la que se aprueba la convocatoria para 2023 correspondiente al Programa Talento y Empleo: Formación profesional a medida de las empresas en sectores estratégicos: automoción.

  • Plazo de la solicitud: ABIERTO , 24/01/2023 hasta 24/02/2023
  • BDNS (Indetif.): 662789
  • Cuantía: La cuantia de esta subvencion es de 600.000,00 euros
  • Tipo: Convocatorias
  • Beneficiarios:
    • Empresas y autónomos
  • Boletín: Boletín Oficial de Cantabria
  • Categorías: Empleo y contratación, Educación y ciencia, Empresa, Seguridad, Igualdad, Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), Industria, Servicios Sociales, Medio Ambiente, Transporte y vehículos, Vivienda e hipotecas, Energía, Cultura e idiomas, Familia, Ferias y congresos, Comercio y marketing, Justicia
  • Finalidad: Se aprueba la convocatoria para los ejercicios 2023/2025 correspondiente al Programa "Talento y Empleo": formación profesional a medida de las empresas en sectores estratégicos, "Automoción", para la financiación de planes de formación desarrollados por empresas para centros de trabajo ubicados en la Comunidad Autónoma de Cantabria, dirigidas a la mejora de la empleabilidad de las personas trabajadoras mediante la adquisición de competencias profesionales adecuadas a las demandas empresariales, a través de la realización de acciones específicas de formación vinculadas a la adaptación a los cambios en los procesos productivos y que se ven directamente afectados por los avances hacia una economía verde, digital e inclusiva, entendidas como aquellas materias que incrementan las destrezas de las personas trabajadoras en el actual contexto de cambio tecnológico y hacia una sociedad más justa y respetuosa con el medio ambiente.
  • Requisitos: Podrán ser beneficiarias de las ayudas convocadas las empresas que, perteneciendo a los sectores identificados en el punto Primero, cumplan los requisitos generales establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, y, además: a) Presenten solicitud con un plan de formación dirigido a la recualificación y/o reciclaje profesional de las personas trabajadoras correspondientes a centros de trabajo ubicados en Cantabria, vinculado a la adaptación a los cambios en los procesos productivos y que se ven directamente afectados por los avances tecnológicos hacia una economía verde, digital e inclusiva. b) Se comprometan a mantener el nivel de empleo existente en todos sus centros de trabajo ubicados en Cantabria. A estos efectos, se tendrá en cuenta el número medio de personas trabajadoras de todos los centros de trabajo ubicados en Cantabria durante el año natural anterior a la publicación del extracto de convocatoria. Se entenderá incumplida la obligación de mantenimiento del empleo cuando dicho número medio se vea reducido en el año natural en que finalice la ejecución de la acción subvencionada. Las personas con jornadas a tiempo parcial computarán de manera proporcional a las mismas. No computarán como disminución del nivel de empleo los supuestos previstos en los artículos 37, apartados 4, 6 y 8, 45.1, 46, 47.2, 49.1, letras a), c), d), e), f) y m) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, así como en el artículo 6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, así como las situaciones análogas a las anteriores pactadas en convenio colectivo o acuerdo de empresa. En los cálculos no se computarán las personas contratadas a través de la modalidad de contrato de interinidad. c) Tengan elaborado e inscrito en el correspondiente registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo un plan de igualdad, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. La acreditación de este requisito se realizará de oficio mediante consulta a la Autoridad Laboral competente. En el caso de empresas que no estén obligadas legalmente a disponer de un plan de igualdad, junto con su solicitud deberán comprometerse a su elaboración e inscripción en el correspondiente registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo antes de que concluya la acción subvencionada. Estas empresas podrán acceder a las ayudas reguladas en el Decreto 76/2017, de 13 de octubre, por el que se regula el procedimiento de concesión directa de subvenciones destinadas a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, si cumplen los requisitos establecidos en el mismo. 2. Las empresas solicitantes, para ser beneficiarias, deberán acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución que se encuentran al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, frente a la Seguridad Social y de sus obligaciones con la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 3. No podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las empresas que: a) Incumplan, a la fecha de publicación del extracto de convocatoria, la obligación de reserva de cuota de un 2 por 100 a favor de personas trabajadoras con discapacidad, salvo que a dicha fecha: ? Tengan debidamente autorizadas medidas alternativas de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se establecen medidas alternativas de carácter excepcional relativas al cumplimiento de reserva de puestos de trabajo a favor de personas con discapacidad; o bien ? Tengan en trámite de autorización las medidas alternativas citadas. b) Hayan sido objeto de sanción firme en los dos años anteriores a la fecha de publicación del extracto de convocatoria por la comisión de cualquiera de las siguientes infracciones: 1º Infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo tipificada en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 2º Infracción muy grave tipificada en el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. 3º Infracción muy grave tipificada en la Ley de Cantabria 2/2019, de 7 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 4º Infracción muy grave tipificada en la Ley de Cantabria 8/2020, de 11 de noviembre, de Garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Trans, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales y No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género. c) Hayan sido sancionadas con la exclusión automática del acceso a beneficios derivados de la aplicación de los programas de formación profesional para el empleo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, durante el tiempo establecido en la resolución sancionadora. d) Estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda concedida por el Reino de España ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales. e) No cumplan los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014. 4. Serán personas destinatarias de la formación que se imparta las personas trabajadoras por cuenta ajena que desarrollen su labor en centros de trabajo ubicados en Cantabria y que mantengan un vínculo laboral con la empresa solicitante, incluidas las personas fijas- discontinuas durante el periodo de inactividad. Igualmente podrán ser destinatarias de la formación, en un porcentaje que no podrá superar el 30 por 100 del total de participantes programados en cada plan de formación, las personas inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Cántabro de Empleo, en desempleo u ocupadas en otras empresas, siempre que en este último caso tengan una jornada de trabajo igual o inferior al 50 por 100 de la ordinaria y su horario laboral sea compatible con el de la formación.

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Mediante Orden EPS/21/2021, de 10 de junio, se establecen las bases reguladoras del Programa "Talento y Empleo": Formación profesional a medida de las empresas en sectores estratégicos.
Dicho programa nace con vocación de ofrecer una formación adecuada a las personas trabajadoras en empresas de sectores estratégicos en nuestra Comunidad Autónoma, teniendo como principal objetivo fomentar la cualificación profesional de las personas trabajadoras, incidiendo en aquellas tareas que requieren una adaptación a los cambios en los procesos productivos y que se ven directamente afectados por los avances tecnológicos.
De esta forma, el programa "Talento y Empleo" se concibe como la vía de programación y financiación de planes de formación de las empresas, a medida de sus necesidades, para la recualificación y reciclaje profesional de sus personas trabajadoras ocupadas en centros de trabajo de la Comunidad Autónoma de Cantabria, incluyendo personas trabajadoras fijas- discontinuas, personas trabajadoras con contratos a tiempo parcial y también a personas trabajadoras desempleadas que puedan incorporarse en el futuro en dichas empresas.
El programa incide en aquellas tareas que requieren una adaptación a los cambios en los procesos productivos y que se ven directamente afectados por los avances tecnológicos hacia una economía verde, digital e inclusiva.
Esto conllevará que los planes formativos a financiar se compongan no solamente por acciones formativas específicas de la profesión o sector, sino también por aquellas que aporten, refuercen y, en su caso, actualicen las competencias transversales digitales de las personas trabajadoras.
Además, las acciones formativas diseñadas deberán tener en cuenta el perfil del trabajador/a en la empresa, priorizando el desarrollo de itinerarios formativos de aquellas personas:
a) Con un nivel más bajo de cualificación; es decir, aquellas personas que sin contar con esta formación puedan quedar finalmente excluidas del mercado laboral.
b) Con menores periodos de actividad, como en el caso de las personas trabajadoras fijas- discontinuas o las personas con contrato temporal o jornadas a tiempo parcial; en este apartado se incluyen también a las personas desempleadas que puedan ser contratadas durante o a la finalización de la formación por las empresas.
Contar con un capital humano que permita dar respuesta a estas necesidades de adaptación continua es condición indispensable para el mantenimiento y la consolidación de la actividad empresarial, lo que se traduce no solo en el mero mantenimiento del empleo, sino también en mayores inversiones productivas que generen a su vez nuevos puestos de trabajo de calidad.
Por lo expuesto, se configura el Programa "Talento y Empleo": formación profesional a medida de las empresas en sectores estratégicos, como un programa propio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, incluido en el Plan Anual de Política de Empleo dentro de su Eje 2: Formación, y a ejecutar a través de subvenciones públicas.

II.

El Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior, en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, modificado por el Reglamento (UE) n.º 1084/2017, de 14 de junio, por el Reglamento (UE) n.º 2020/972 de la Comisión de 2 de julio de 2020, y por el Reglamento (UE) n.º 2021/1237 de la Comisión de 23 de julio de 2021, posibilita la concesión de ayudas a la formación que quedan exceptuadas de la obligación de notificación siempre que dichas ayudas cumplan las condiciones establecidas por el propio Reglamento.
Las subvenciones, que cumpliendo las condiciones establecidas en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014, sean concedidas a empresas que concurran al presente programa, contribuirán a posibilitar la adecuación entre las competencias profesio- nales de las personas trabajadoras y las necesidades actuales de las mismas, lo cual redundará en beneficio de dichas personas, mejorando su cualificación profesional, y de las empresas, incrementando sus niveles de productividad, y, en consecuencia, de la economía regional.
La intensidad de ayuda no excederá del 50% de los costes subvencionables en el caso de grandes empresas, del 60% en el caso de medianas empresas y del 70% en el caso de pequeñas empresas.
Gozando las ayudas reguladas en la Orden EPS/21/2021, de 10 de junio, de la naturaleza jurídica de subvenciones, se rigen además por lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en cuanto constituyan legislación básica del Estado, y por la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
En este sentido, el artículo 9.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 8.2 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, establecen que "con carácter previo al otorga- miento de las subvenciones, deberán aprobarse las normas que establezcan las bases reguladoras de concesión" en los términos establecidos en estas leyes.
Por su parte, el artículo 23 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, añade que "el procedimiento para la concesión de subvenciones se inicia siempre de oficio, mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, que desarrollará el procedimiento para la concesión de las subvenciones convocadas según lo establecido en este capítulo y de acuerdo con los principios recogidos en la legislación de régimen jurídico y procedimiento administrativo."
En el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria o sus entidades vinculadas o dependientes la convocatoria será aprobada por la consejera o el consejero.
El procedimiento de concesión es en régimen de concurrencia competitiva, siendo de aplicación el procedimiento abreviado previsto en el artículo 28 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, ya que su concesión y justificación se realizará mediante la concurrencia en el solicitante de los requisitos establecidos en la normativa reguladora, y atendiendo a la prelación temporal de la solicitud, completa y conforme, hasta el agotamiento del crédito presupuestario.
Por otro lado, los trámites de presentación de las solicitudes y documentación requerida así como su subsanación y mejora, deben realizarse todo ello mediante firma y registro electrónico, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que establece que "en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo: a) Las personas jurídicas (...)".

III.

En el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para 2023 se contemplan créditos destinados a financiar el programa "Talento y Empleo" y, en concreto, para el sector "automoción".
La industria de fabricación de componentes de la automoción y auxiliar del automóvil atesora un gran peso específico en el sector industrial de nuestra Comunidad Autónoma que, no obstante, demanda que desde la Administración Laboral se redoblen los esfuerzos para garantizar la adaptación de las competencias profesionales de las personas trabajadoras a los cambios tecnológicos, en un entorno en el cual no existe la deseable correspondencia entre oferta y demanda formativas.
Este proceso de adaptación precisa de apoyo específico debido también al bajo nivel general de las competencias digitales, que puede suponer un freno de futuras inversiones en las plantas radicadas en nuestro territorio.
En la Recomendación del Consejo relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2020 de España, se recomienda a nuestro país tome medidas para respaldar el empleo mediante medidas encaminadas a preservar los puestos de trabajo, incentivos eficaces a la con- tratación y el desarrollo de las cualificaciones profesionales.
En efecto, como la propia Recomendación constata, las perspectivas de recuperación de la economía española dependerán de su capacidad para aumentar la productividad e impulsar la innovación, especialmente mediante la transición digital y ecológica. España obtiene peores resultados en materia de capacidad de las empresas para innovar, invertir en activos materiales e inmateriales ?como la formación- y utilizar de forma óptima las cualificaciones de su mano de obra, lo que podría afectar a su competitividad en una economía basada en el conocimiento.
Por ello es necesario fomentar el atractivo de la formación profesional y garantizar unas oportunidades flexibles de mejora de las capacidades y de reciclaje profesional, lo que contribuiría a satisfacer la demanda creciente de cualificaciones técnicas necesarias para las transiciones ecológica y digital que acompañarán a la recuperación.
En la industria del automóvil, supone adaptarse a la transición que supone la sustitución del motor de combustión interna por otros que utilicen fuentes de energías sostenibles.
Es necesario, por tanto, trabajar en planes de formación permanente de las plantillas que permitan una adaptación rápida y con garantías a las nuevas exigencias que demandan los clientes de dichas empresas, que operan en el mercado internacional.

IV.

En cumplimiento de lo previsto en las bases reguladoras del programa, en esta convocatoria se detallan:
a) Los sectores a que pertenezcan las empresas que puedan resultar beneficiarias. La determinación de dichos sectores se realiza de acuerdo con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009), aprobada mediante Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, teniendo en cuenta no solo la actividad económica principal de la empresa, sino también la actividad económica de los establecimientos radicados en la Comunidad Autónoma.
b) La financiación de la convocatoria, que tendrá carácter plurianual.
c) El porcentaje de participación de personas según su grupo de cotización será proporcional al peso que tenga cada grupo de cotización, o que la empresa prevea tener durante la ejecución del plan de formación, en el conjunto del personal con centro de trabajo en Cantabria.
d) El carácter de la formación (específica y transversal), así como la duración mínima y máxima de las acciones formativas.
e) La cuantía máxima de la subvención a solicitar.
f) El periodo de ejecución, que abarcará desde la notificación de la concesión de la subvención hasta 31 de agosto de 2025.
g) La cobertura de la póliza del seguro del alumnado que no sea personal de la empresa beneficiaria.
h) No se establecen especiales límites a la modificación de los planes de formación, más allá de los previstos en las bases reguladoras.
i) El régimen de justificación, de acuerdo con lo establecido en las bases reguladoras, en especial, el contenido y alcance del informe auditor de cuentas.

V.

El Esquema Nacional de Seguridad, aprobado por el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, tiene como meta hacer evolucionar la política de seguridad de todas las entidades del sector público español, tomando en cuenta las regulaciones de la Unión Europea dirigidas a incrementar el nivel de ciberseguridad de los sistemas de información. Su capítulo III se refiere a la Política de Seguridad y los requisitos mínimos para permitir una protección adecuada de la información y los servicios.
Así, el Decreto 79/2021, de 30 de septiembre, por el que se aprueba la Política Integral de Seguridad de la Información y la Organización competencial para la Protección de Datos Personales de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, establece los objetivos, principios básicos y la estructura organizativa para la gestión de la seguridad de la información en la Administración de Cantabria. En su artículo 29 dispone que: "Todos los tratamientos de datos personales, ya sean realizados de manera automatizada, no automatiza o mixta, así como los sistemas de información empleados para el tratamiento de datos personales, se ajustarán a los requisitos de seguridad requeridos por la normativa en materia de Protección de Datos Personales. Los realizados de manera automatizada, deberán también cumplir con los requisitos de seguridad establecidos por el Esquema Nacional de Seguridad. Toda información en soporte no electrónico, que haya sido causa o consecuencia directa de la información electrónica, y por lo tanto afectada por el Esquema Nacional de Seguridad, deberá estar protegida con el mismo grado de seguridad que ésta"; añadiendo en el artículo 33, apartado 1: "Cuando la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria preste servicios a otras entidades de derecho público o ceda información a terceros:
Se les hará partícipes de la Política de Seguridad de la Información y de Protección de Datos Personales establecida en el presente Decreto y de las normas de Seguridad de la Información o procedimientos de Seguridad de la Información relacionados con el servicio o la información afectados.
Se establecerán canales de información y coordinación entre los respectivos Responsables de la Seguridad de la Información y se establecerán procedimientos de seguridad para la reacción ante incidentes."
En la gestión de las ayudas previstas en estas bases reguladoras es necesario utilizar datos de carácter personal y tratar datos en ficheros automatizados y no automatizados, por lo que de acuerdo a lo definido en Reglamento (UE) n.º 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, el Servicio Cántabro de Empleo y las empresas beneficiarias asumirán la condición de responsables y encargados del tratamiento, de acuerdo con lo establecido en dicha norma.

En la elaboración de esta convocatoria ha emitido informe preceptivo la Intervención General, que ha fiscalizado la aprobación del gasto.
En virtud de lo expuesto, en el marco de lo dispuesto en la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 julio, de Subvenciones de Cantabria, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 35 de la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria,

RESUELVO

Primero. Aprobación de la convocatoria, régimen jurídico y ámbito.
1. Se aprueba la convocatoria para los ejercicios 2023/2025 correspondiente al Programa "Talento y Empleo": formación profesional a medida de las empresas en sectores estratégicos, "Automoción", para la financiación de planes de formación desarrollados por empresas para centros de trabajo ubicados en la Comunidad Autónoma de Cantabria, dirigidas a la mejora de la empleabilidad de las personas trabajadoras mediante la adquisición de competencias profesionales adecuadas a las demandas empresariales, a través de la realización de acciones específicas de formación vinculadas a la adaptación a los cambios en los procesos producti- vos y que se ven directamente afectados por los avances hacia una economía verde, digital e inclusiva, entendidas como aquellas materias que incrementan las destrezas de las personas trabajadoras en el actual contexto de cambio tecnológico y hacia una sociedad más justa y respetuosa con el medio ambiente.
2. El régimen jurídico al que se sujetan las subvenciones convocadas es el establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en cuanto constituyan legislación básica del Estado, y en la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, así como la Orden EPS/21/2021, de 10 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa "Talento y Empleo": formación profesional a medida de las empresas en sectores estratégicos (BOC 17/06/2021).
3. Las subvenciones convocadas tienen el carácter de ayudas compatibles con el mercado interior, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior, en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, modificado por el Reglamento (UE) n.º 1084/2017, de 14 de junio de 2017, por el Reglamento (UE) n.º 2020/972 de la Comisión, de 2 de julio de 2020, y por el Reglamento (UE) n.º 2021/1237 de la Comisión de 23 de julio de 2021.
A estos efectos, por "proyecto de formación" se entenderá la solicitud de subvención, que podrá contener un plan de formación, el cual se compondrá de una o más acciones formativas.
A efectos de determinar el carácter de grande, mediana y pequeña empresa, se estará a lo dispuesto en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
4. Las acciones subvencionables contenidas en esta convocatoria se extenderán a los supuestos realizados a partir de la notificación de resolución de concesión, debiendo finalizar no más tarde del 31 de agosto de 2025.
5. Los sectores a que pertenezcan las empresas que puedan resultar beneficiarias se realiza de acuerdo con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009), aprobada mediante Real Decreto 475/2007, de 13 de abril.
De esta forma podrán participar las empresas que tengan como actividad principal alguna de las siguientes actividades económicas o que, sin ser su actividad principal lo sea de un es- tablecido suyo radicado en Cantabria:
“TABLA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS; IMAGEN OMITIDA”
(CONSULTAR EN EL PDF)

En el caso de actividades identificadas con (*), la formación deberá estar relacionada con la automoción (fabricación de motores y componentes de automoción e industria auxiliar del automóvil).
También podrán participar las empresas de trabajo temporal, 7820 Actividades de las empresas de trabajo temporal, para formar a personas trabajadoras puestas a disposición en empresas que tengan como actividad principal alguna de las anteriores actividades económicas o que, sin ser su actividad principal lo sea de un establecimiento suyo radicado en Cantabria.
6. Las acciones formativas deberán desarrollarse en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Sin perjuicio de ello, los planes de formación financiados podrán contener acciones formativas que se desarrollen, en modalidad presencial tradicional, fuera del territorio de Cantabria, cuando no exista estructura de medios (instalaciones y equipamiento) en la Comunidad Autónoma.

Segundo. Financiación.
1. La financiación se hará con cargo al expediente de crédito plurianual de tramitación anticipada número 2022/SCE/24 (2022/988)), de acuerdo con el siguiente cuadro de financiación:
“TABLA CRÉDITO PRESUPUESTARIO; IMAGEN OMITIDA”
(CONSULTAR EN EL PDF)

quedando condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de su adjudicación.
2. Las ayudas que se concedan serán adjudicadas hasta el límite del crédito disponible en la aplicación presupuestaria citada, regulándose conforme a lo dispuesto en la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio.

Tercero. Empresas beneficiarias y personas destinatarias.
1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas convocadas las empresas que, perteneciendo a los sectores identificados en el punto Primero, cumplan los requisitos generales establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, y, además:
a) Presenten solicitud con un plan de formación dirigido a la recualificación y/o reciclaje profesional de las personas trabajadoras correspondientes a centros de trabajo ubicados en Cantabria, vinculado a la adaptación a los cambios en los procesos productivos y que se ven directamente afectados por los avances tecnológicos hacia una economía verde, digital e inclusiva.
b) Se comprometan a mantener el nivel de empleo existente en todos sus centros de trabajo ubicados en Cantabria.
A estos efectos, se tendrá en cuenta el número medio de personas trabajadoras de todos los centros de trabajo ubicados en Cantabria durante el año natural anterior a la publicación del extracto de convocatoria. Se entenderá incumplida la obligación de mantenimiento del empleo cuando dicho número medio se vea reducido en el año natural en que finalice la ejecución de la acción subvencionada.
Las personas con jornadas a tiempo parcial computarán de manera proporcional a las mismas.
No computarán como disminución del nivel de empleo los supuestos previstos en los artículos 37, apartados 4, 6 y 8, 45.1, 46, 47.2, 49.1, letras a), c), d), e), f) y m) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, así como en el artículo 6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, así como las situaciones análogas a las anteriores pactadas en convenio colectivo o acuerdo de empresa.
En los cálculos no se computarán las personas contratadas a través de la modalidad de contrato de interinidad.
c) Tengan elaborado e inscrito en el correspondiente registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo un plan de igualdad, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. La acreditación de este requisito se realizará de oficio mediante consulta a la Autoridad Laboral competente. En el caso de empresas que no estén obligadas legalmente a disponer de un plan de igualdad, junto con su solicitud deberán comprometerse a su elaboración e inscripción en el correspondiente registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo antes de que concluya la acción subvencionada. Estas empresas podrán acceder a las ayudas reguladas en el Decreto 76/2017, de 13 de octubre, por el que se regula el procedimiento de concesión directa de subvenciones destinadas a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, si cumplen los requisitos establecidos en el mismo.
2. Las empresas solicitantes, para ser beneficiarias, deberán acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución que se encuentran al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, frente a la Seguridad Social y de sus obligaciones con la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
3. No podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las empresas que:
a) Incumplan, a la fecha de publicación del extracto de convocatoria, la obligación de reserva de cuota de un 2 por 100 a favor de personas trabajadoras con discapacidad, salvo que a dicha fecha:
– Tengan debidamente autorizadas medidas alternativas de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se establecen medidas alternativas de carácter excepcional relativas al cumplimiento de reserva de puestos de trabajo a favor de personas con discapacidad; o bien
– Tengan en trámite de autorización las medidas alternativas citadas.
b) Hayan sido objeto de sanción firme en los dos años anteriores a la fecha de publicación del extracto de convocatoria por la comisión de cualquiera de las siguientes infracciones:
1º Infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo tipificada en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
2º Infracción muy grave tipificada en el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
3º Infracción muy grave tipificada en la Ley de Cantabria 2/2019, de 7 de marzo, para la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
4º Infracción muy grave tipificada en la Ley de Cantabria 8/2020, de 11 de noviembre, de Garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Trans, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales y No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género.
c) Hayan sido sancionadas con la exclusión automática del acceso a beneficios derivados de la aplicación de los programas de formación profesional para el empleo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, durante el tiempo establecido en la resolución sancionadora.
d) Estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda concedida por el Reino de España ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales.
e) No cumplan los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
4. Serán personas destinatarias de la formación que se imparta las personas trabajadoras por cuenta ajena que desarrollen su labor en centros de trabajo ubicados en Cantabria y que mantengan un vínculo laboral con la empresa solicitante, incluidas las personas fijas- discontinuas durante el periodo de inactividad.
Igualmente podrán ser destinatarias de la formación, en un porcentaje que no podrá superar el 30 por 100 del total de participantes programados en cada plan de formación, las personas inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Cántabro de Empleo, en desempleo u ocupadas en otras empresas, siempre que en este último caso tengan una jornada de trabajo igual o inferior al 50 por 100 de la ordinaria y su horario laboral sea compatible con el de la formación.

Cuarto. Actividad subvencionada.
1. Las subvenciones se destinarán a financiar planes de formación que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que contemplen acciones formativas dirigidas a la mejora de la empleabilidad de las personas trabajadoras mediante la adquisición de competencias profesionales adecuadas a las demandas empresariales en aquellas tareas que requieren una adaptación a los cambios en los procesos productivos y que se ven directamente afectados por los avances tecnológicos hacia una economía verde, digital e inclusiva.
Las acciones formativas deberán guardar relación con la actividad principal de la empresa solicitante. Estas acciones se desarrollarán con la flexibilidad necesaria en sus contenidos y en cuanto al momento de su impartición para atender las necesidades formativas de la empresa y las necesidades de conciliación de vida personal, familiar y formativa de las personas trabajadoras. Se atenderá primordialmente las necesidades formativas de las personas con necesidad de cualificación o recualificación profesional; el porcentaje de participación de personas según su grupo de cotización será proporcional al peso que tenga cada grupo de cotización, o que la empresa prevea tener durante la ejecución del plan de formación, en el conjunto del personal con centro de trabajo en Cantabria.
El diseño de los planes de formación se realizará respetando el derecho de información y consulta de la representación legal de las personas trabajadoras, de conformidad con lo establecido en el artículo 64, apartados 5 y 6, del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
La formación a incluir en los planes podrá ser de carácter específica y transversal; la formación transversal no podrá suponer más del 25 por 100 de las horas programadas.
La duración mínima de cada acción formativa se establece en 1 hora y la máxima en 160 horas.
La modalidad de impartición podrá ser presencial (incluyendo el método de aula virtual y el método mixto aula presencial y aula virtual), teleformación y/o mixta.
Cada acción formativa tendrá el número de participantes (alumnos/as) adecuado a la especialidad formativa.
Cada alumno/a podrá asistir a un máximo de ocho horas de formación por día lectivo y un máximo de cuarenta horas semanales.
b) Que las acciones formativas que contengan no resulten obligatorias de acuerdo con la normativa nacional.
c) Que den comienzo una vez recaída resolución de concesión.
d) Que la empresa solicitante se comprometa a cofinanciar:
1º En el caso de grandes empresas: un mínimo del 50 por 100 del coste total de cada plan.
2º En el caso de medianas empresas: un mínimo del 40 por 100 del coste total de cada plan.
3º En el caso de pequeñas empresas: un mínimo del 30 por 100 del coste de cada plan.
e)Que en el caso de formación práctica ésta se desarrolle para las personas trabajadoras de la empresa solicitante dentro de su jornada de trabajo, no pudiendo asistir a dicha formación las personas con el contrato en suspensión o en la parte reducida de su jornada de trabajo.
2. Se requerirá a las empresas la inscripción y, en su caso, acreditación como entidades de formación en el caso de impartir acciones formativas que figuren de alta en el Catálogo de Especialidades Formativas previsto en el artículo 20.3 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, con carácter previo a su inicio.

Quinto. Destino de la subvención y cuantía de la misma.
1. La subvención se destinará a cubrir los siguientes costes directos, con el límite de intensidad de ayuda establecido en función de si se trata de grandes, medianas o pequeñas empresas:
a) Los costes derivados de la contratación del personal formador propio, correspondientes a las horas en que estas personas participen en la formación.
b) Los costes de funcionamiento en que incurran el personal formador propio y las personas destinatarias de la formación, directamente relacionados con el plan de formación, como gastos de viaje y alojamiento, materiales y suministros vinculados directamente al plan, y la amortización de instrumentos y equipos, en la medida en que se utilicen exclusivamente para el plan de formación.
Los gastos de viaje y alojamiento serán subvencionables con el importe máximo fijado en
el Decreto 36/2011, de 5 de mayo, para los mismos conceptos para el Grupo 3.
No serán subvencionables los gastos de viaje en que incurran el personal formador propio y las personas destinatarias de la formación cuando no supongan un gasto adicional al que suponga la asistencia al trabajo por parte de dichas personas.
En el caso de personas que tengan derecho a las ayudas previstas en el Decreto 104/2008, de 16 de octubre, o norma que lo sustituya en el futuro, será subvencionable el gasto de viaje y alojamiento previsto en este apartado siempre que no haya sido objeto de subvención a través del citado decreto.
c) Los costes de servicios de asesoramiento relacionados con la solicitud aprobada. Se entenderán incluidos en este apartado los gastos relativos a la revisión de la cuenta justificativa y emisión del informe auditor realizados por un/a auditor/a de cuentas inscrito/a como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
d) Los costes de personal de las personas destinatarias de la formación que sean trabajadores/as por cuenta ajena de la empresa solicitante, por las horas en que éstas participen en la formación.
e) Los gastos de contratación de la impartición de la formación, cuando sea posible la subcontratación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Orden EPS/21/2021, de 10 de junio, siempre que se refiera a costes de contratación del personal formador y costes de funcionamiento directamente relacionados con el plan de formación.
2. Con el límite de intensidad de ayuda establecido en función de si se trata de grandes, medianas o pequeñas empresas, a la subvención también se podrán imputar los costes indirectos generales (gastos administrativos, alquileres, gastos generales) por las horas en las que las personas destinatarias participen en la formación.
Los costes indirectos no podrán superar el 10 por ciento del coste total de la actividad for-
mativa realizada y justificada.
3. No serán gastos subvencionables todos aquellos que no guarden relación directa con la actividad objeto de la subvención y, además:
a) Los tributos que no sean real y definitivamente soportados por la beneficiaria, entendiendo por tales los impuestos indirectos, cuando puedan repercutirse, recuperarse o compensarse por cualquier medio, y los impuestos personales sobre la renta.
El IVA será gasto subvencionable cuando sea real y efectivamente soportado por la beneficiaria. El IVA recuperable no será subvencionable.
b) Los gastos derivados de préstamos o créditos, así como los de apertura o mantenimiento de cuentas corrientes.
c) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
d) Los gastos de procedimientos judiciales.
e) Los intereses deudores de cuentas bancarias.
f) La adquisición de mobiliario, equipos, vehículos, infraestructuras, bienes inmuebles y terrenos.
4. La cuantía de la subvención vendrá determinada por la suma de la cuantía de cada acción formativa, que se obtendrá mediante la multiplicación del número de horas de duración, por el número de participantes y por el módulo económico que corresponda:
– En los planes de formación que se presenten con acuerdo de la representación legal de las personas trabajadoras, el módulo económico aplicable a todas las acciones formativas del plan será de 24 euros/hora/alumno-a. Este módulo también se aplicará en el caso de empresas en las que no exista representación legal de personas trabajadoras por no existir la obligación legal de contar con delegados/as de personal.
– En los planes de formación que se presenten sin acuerdo con la representación legal de las personas trabajadoras, el módulo económico aplicable a todas las acciones formativas del plan será de 18 euros/hora/alumno-a.
La cuantía máxima de la subvención a solicitar se establece en 600.000,00 euros.
5. Las subvenciones convocadas son compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualquier administración o entidad, pública o privada; nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que se respeten las normas sobre acumulación establecidas en el artículo 8 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.

Sexto. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión de estas ayudas será, en régimen de concurrencia competitiva, el procedimiento abreviado regulado en el artículo 28 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, en régimen de convocatoria abierta previsto en el artículo 59 del Reglamento de la Ley G Ley General de Subvenciones.
Las subvenciones se concederán en resoluciones sucesivas. Cada resolución corresponderá a cada uno de los periodos siguientes, referidos a la fecha de presentación de la solicitud en los que podrán concederse subvenciones por la cuantía máxima global del crédito asignado.
“TABLA DE PERIODOS; IMAGEN OMITIDA”
(CONSULTAR EN EL PDF)

Cuando a la finalización de primer periodo se hayan concedido las subvenciones correspondientes y no se haya agotado el importe máximo a otorgar, se podrá trasladar la cantidad no aplicada al periodo siguiente. En este supuesto, una vez recaída la resolución de adjudicación, el órgano concedente deberá acordar de forma expresa las cuantías a trasladar al periodo siguiente.
Las ayudas que se concedan serán adjudicadas teniendo en cuenta los principios de publicidad, igualdad, concurrencia competitiva y objetividad en su concesión.
La concurrencia competitiva se realizará mediante la comparación de las solicitudes presentadas que reúnan las condiciones para acceder a la subvención, atendiendo a la prelación temporal de la solicitud dentro de cada periodo, completa y conforme, hasta el agotamiento del crédito presupuestario.
El expediente estará completo desde la fecha en que los datos necesarios para la debida tramitación y resolución de la solicitud, y la documentación e informaciones acreditativas del cumplimiento de los requisitos exigidos, hayan tenido entrada en el Registro Electrónico General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
El procedimiento se inicia de oficio mediante la aprobación de la presente resolución, la cual será objeto de publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), y un extracto de la misma en el «Boletín Oficial de Cantabria».
En uso de la habilitación contenida en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todas las notificaciones que durante las distintas fases del procedimiento deban realizarse, serán sustituidas por su publicación en el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, accesible a través de su sede electrónica (https://sede.cantabria.es). La publicación en dicho tablón sustituirá a la notificación, surtiendo sus mismos efectos. A todos los efectos se entenderá practicada la notificación el primer día de exposición en el citado tablón, computándose los plazos a partir del día siguiente a dicha fecha.
A meros efectos informativos el Servicio de Formación podrá disponer la publicación de las notificaciones en el Tablón de anuncios de EmpleaCantabria, sitio Web del Servicio Cántabro de Empleo (www.empleacantabria.es).
4. Los trámites de presentación de las solicitudes y documentación requerida, así como su subsanación y mejora, se realizará todo ello mediante firma y registro electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Séptimo. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las solicitudes de subvención irán acompañadas de la documentación requerida y debe- rán ser presentadas obligatoriamente de manera telemática a través del Registro Electrónico General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, o bien a través del resto de registros electrónicos previstos en el artículo 134.8 de la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
2. Cada empresa podrá presentar una única solicitud en esta convocatoria, que contendrá un único plan de formación.
3. El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes, según lo establecido para cada una de las resoluciones sucesivas, siendo los siguientes:
“TABLA DE PERIODO; IMAGEN OMITIDA”
(CONSULTAR EN EL PDF)

4. La presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación incondicionada de las bases reguladoras.
5. De conformidad con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el Servicio Cántabro de Empleo podrá consultar o recabar, en ausencia de oposición expresa de la empresa interesada, la documentación que se indica a continuación:
a) Los datos o documentos emitidos o en poder de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
b) Documento Nacional de Identidad o documento acreditativo de la identidad o tarjeta equivalente de las personas extranjeras residentes en territorio español, de quien ejerza la representación de la empresa solicitante, caso de ser necesario.
c) Informe del número medio anual de trabajadores/as en situación de alta en la Seguridad Social.
d) Cumplimiento de obligaciones con la Seguridad Social.
e) Cumplimiento de obligaciones con la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
6. Además, la empresa interesada podrá autorizar expresamente al Servicio Cántabro de Empleo para recabar datos de carácter tributario a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) cuando resulten necesarios para la resolución de este procedimiento:
Alta en el Impuesto de Actividades Económicas o Declaración Censal, en su caso.
Cumplimiento de obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
7. La información sobre el tratamiento de datos de carácter personal a que se refieren los apartados anteriores figurará en la solicitud. Dicho tratamiento alcanzará a todas aquellas actuaciones de comprobación sobre los referidos datos que la Administración deba efectuar, tanto durante la tramitación de la convocatoria, como posteriormente durante el seguimiento, control y justificación de la subvención que pueda ser otorgada. No obstante, cada solicitante podrá oponerse de forma expresa en cualquier momento, a través de comunicación escrita al Servicio Cántabro de Empleo en tal sentido. En este supuesto, la interesada deberá aportar los documentos acreditativos correspondientes según sean necesarios a efectos de tramitación, seguimiento, control y/o justificación de la subvención, siendo la no aportación de éstos causa para requerirle de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68.1 y/o 73.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Este tratamiento de datos de carácter personal no alcanzará a los datos y documentos concernientes a personas distintas de las solicitantes, pero podrá extenderse a éstas siempre que medie su consentimiento expreso, determinado y por escrito, que deberá presentarse junto con la solicitud. El alcance de este consentimiento será el mismo que el previsto en el apartado anterior. Si no presentara dicho consentimiento, la persona solicitante deberá aportar los docu- mentos acreditativos correspondientes según sean necesarios a efectos de tramitación, seguimiento, control y/o justificación de la subvención, siendo la no aportación de éstos causa para requerirle de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68.1 y/o 73.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Alternativamente a dicha aportación, el Servicio Cántabro de Empleo dará la opción de que pueda ser presentado el citado consentimiento.

Octavo. Documentación.
1. Las solicitudes de subvenciones deberán presentarse en el modelo oficial aprobado por el Servicio Cántabro de Empleo y firmadas electrónicamente por la persona representante legal de la entidad solicitante; la solicitud contendrá al menos lo siguiente:
a) Identificación de la empresa solicitante.
b) Identificación y firma electrónica de la persona representante legal autorizada que formula la solicitud.
c) Cuantía de la subvención solicitada.
La declaración responsable de:
1º Que la solicitante no incurre en ninguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario de subvenciones, de conformidad con lo establecido en los artículos 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio.
2º Poseer las autorizaciones necesarias de las personas cuyos datos se derivan de la solicitud para el tratamiento de los mismos, a los efectos del Reglamento General de Protección de Datos.
3º Solvencia de la solicitante para cumplir con las obligaciones establecidas en el Reglamento General de Protección de Datos.
4º No incurrir en ninguno de los supuestos de exclusión del artículo 3.3 de la Orden
EPS/21/2021, de 10 de junio.
5º Si la empresa solicitante ha solicitado o percibido otras ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, expresión de las mismas.
e) La autorización, en su caso, de la solicitante para la comprobación y constancia por el Servicio Cántabro de Empleo de los datos y documentos mencionados en el punto Séptimo, apartado 6.
f) El compromiso o los compromisos a que se refieren las letras b) y c) del apartado 1 del punto Tercero.
g) Datos de la cuenta bancaria en la que será ingresada la subvención, en caso de concesión.
h) La declaración responsable final de la veracidad de los datos aportados y de los documentos que se acompañan.
2. Las solicitudes se presentarán acompañadas de:
a) Memoria-proyecto, firmada electrónicamente por la persona representante de la empresa, que contendrá la descripción detallada del plan de formación a realizar, incluyendo:
1º Nombre y tamaño de la empresa, expresando:
– Número de efectivos e importes financieros, de conformidad con lo establecido en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
– Número de personas trabajadoras en la empresa por centro de trabajo ubicado en Cantabria, clasificadas por grupo de cotización.
2º Estrategia de formación de la empresa, incluyendo otros instrumentos para la cualificación del personal que utilice o tenga previsto utilizar.
3º Descripción de cada plan de formación que incluya:
– Detalle de las acciones de formación: denominación, familia y área profesional a la que pertenecen, nivel, objetivo general, desarrollo, módulos formativos o contenido de la formación, modalidad de impartición, duración, número de participantes, requisitos de acceso del alumnado, prescripciones del personal formador, instalaciones y equipamiento necesario, vinculación con capacitaciones profesionales en su caso. En el caso de especialidades de alta en el Catálogo de Especialidades Formativas será suficiente consignar su código identificativo.
– Fechas de inicio y finalización; cronograma de actuaciones.
– Ubicaciones donde se desarrollará la formación.
– Previsión como participantes de personas demandantes de empleo inscritas en el Servicio Cántabro de Empleo.
– Total de participantes previstos.
– Presupuesto, relacionando los ingresos y los gastos de cada plan, especificando el importe de la financiación pública solicitada.
– Existencia, en su caso, de acuerdo con la representación legal de las personas trabajadoras.
4º Compromiso de impartir las acciones formativas subvencionadas con calidad en la gestión, transparencia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos. Este compromiso estará referido al seguimiento de la impartición y asistencia de todas las personas participantes, a su satisfacción con el desarrollo de la acción formativa, sus contenidos, sus resultados, la calidad del profesorado y las modalidades de impartición.
b) Documento acreditativo de la representación que ostente la persona que actúe en nombre de la solicitante, salvo que la persona representante firme la solicitud haciendo uso de un certificado electrónico de representación de persona jurídica.
c) Informe de la representación legal de las personas trabajadoras, de existir ésta, a que se refiere el artículo 64.5.e) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
d) En su caso, acuerdo con la representación legal de las personas trabajadoras sobre el plan de formación.
e) Copia original del informe de vida laboral de empresa relativo a todos los códigos de cuenta de cotización correspondientes a centros de trabajo ubicados en Cantabria.
f) En el caso de oposición para recabar o consultar los datos y documentos que se refieren en el apartado 5 del punto Séptimo y/o no autorizar la consulta de la información a que se refiere el apartado 6 del punto Séptimo, los documentos acreditativos correspondientes.
3. No será necesario remitir los documentos que ya estén en poder del Servicio Cántabro de Empleo por haber sido aportados con ocasión de la tramitación de anteriores solicitudes de subvenciones gestionadas por dicho organismo, salvo que los mismos hayan sufrido modificaciones. En este caso, la solicitante podrá acogerse a lo establecido en el artículo 53.1.d) de Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4. Recibida la solicitud de subvención, el Servicio de Formación del Servicio Cántabro de Empleo verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos anteriormente. Si la solicitud presentada careciera de alguno de los datos que en ella se requieren o la documentación recibida fuese defectuosa o faltase alguno de los documentos preceptivos, se requerirá a la solicitante para que en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles subsane la falta, siempre que fuera posible, o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, de conformidad con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, y el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Noveno. Instrucción.
1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento será el Servicio de Formación del Servicio Cántabro de Empleo, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.
2. El Servicio de Formación podrá recabar en cualquier momento la documentación que considere necesaria para acreditar mejor el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en las bases reguladoras, la adecuada valoración de la solicitud y la correcta evaluación de la subvención que, en su caso, pueda otorgarse.

Décimo. Propuesta de resolución.
1. El Servicio de Formación, a la vista del expediente formulará la propuesta de resolución para cada periodo, que deberá expresar la relación de solicitantes para las que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, así como la relación de solicitudes que se propone denegar.
2. La propuesta de resolución podrá incluir una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas para poder ser subvencionadas, no lo hayan sido por rebasarse la cuantía asignada del crédito fijado en esta convocatoria.
3. El Servicio de Formación emitirá informe en el que conste que de la información que sobre en su poder se desprende que las entidades propuestas como beneficiarias cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.

Undécimo. Resolución.
1. La competencia para resolver corresponderá a la Dirección del Servicio Cántabro de Empleo o al Consejo de Gobierno, en función de la cuantía de las subvenciones a conceder, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio.
2. En la resolución se acordará tanto el otorgamiento de las subvenciones, como la desestimación y la no concesión, por desistimiento, la renuncia al derecho o la imposibilidad material sobrevenida.
Adicionalmente, la resolución podrá incluir una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas para poder ser subvencionadas, no lo hayan sido por rebasarse la cuantía asignada del crédito fijado en esta convocatoria.
En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguna de las entidades beneficiarias, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención a la solicitante o solicitantes siguientes a aquél por su orden, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguna de las beneficiarias se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes denegadas.
3. El plazo máximo para notificar la resolución será de dos meses contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido el citado plazo sin que se haya notificado la resolución, la solicitud podrá entenderse desestimada.
4. Si la resolución la adoptase la Dirección del Servicio Cántabro de Empleo, no agotará la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejería de Empleo y Políticas Sociales en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación.
Si la resolución fuese dictada por el Consejo de Gobierno, agotará la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación ante la Sala del mismo orden del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
5. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones y ayudas otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
6. El importe de la subvención o ayuda que se otorgue al amparo de esta convocatoria en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente, o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas procedentes de otras administraciones públicas o de otros entes, públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad subvencionada. La cuantía de las subvenciones deberá reducirse en caso de que se supere el mencionado tope de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Ley G Ley General de Subvenciones.
7. De conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la Base de Datos Nacional de Subvenciones operará como sistema nacional de publicidad de subvenciones.

Duodécimo. Obligaciones de quienes resulten beneficiarias.
1. Las empresas que resulten beneficiarias de estas subvenciones tendrán las obligaciones
establecidas en el artículo 12 de la Orden EPS/21/2021, de 10 de junio.
2. Las empresas beneficiarias deberán cumplir las obligaciones contenidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en la Ley de Cantabria 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública, y en el Decreto 83/2020, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de Cantabria 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública.
En particular quedan sometidas a la obligación de publicidad activa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Ley de Cantabria 1/2018, de 21 de marzo, las empresas privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 25.000 euros o cuando al menos el 40 por ciento del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros, debiendo atenerse a los criterios determinados en el artículo 3.2 del Decreto 83/2020, de 19 de noviembre.
En virtud del artículo 6.2 de la Ley de Cantabria 1/2018, de 21 de marzo, la obligación de suministrar información será exigible a los beneficiarios de subvenciones o ayudas públicas.
Además, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.6 de la Ley de Cantabria 1/2018, de 21 de marzo, las personas jurídicas beneficiarias de subvenciones o ayudas públicas por importe mínimo de 10.000 euros, no sometidas a obligación de publicidad activa, previo requerimiento por parte del órgano concedente, comunicarán a éste las retribuciones anuales e indemnizaciones de los titulares de los órganos de administración o dirección, tales como presidente, secretario general, gerente, tesorero y director técnico, al efecto de hacerlas públicas
3. Para las personas participantes que no sean trabajadoras de la empresa será necesario suscribir un seguro de accidentes cuando la acción formativa se desarrolle en todo o en parte en modalidad presencial tradicional, con carácter previo a su inicio. El riesgo de accidente derivado de la asistencia a los mismos o a las tutorías, estará cubierto por una póliza siempre sin franquicia o, en su defecto, la carta de garantías del mismo, y tendrá al menos la siguiente cobertura:
a) Asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria para cualquier accidente ocurrido durante el horario de desarrollo de la acción formativa y las tutorías, incluyendo las salidas, visitas autorizadas y el tiempo necesario para el desplazamiento del alumnado desde su residencia habitual al lugar de impartición (el desplazamiento deberá cubrir cualquier medio de locomoción).
b) Una indemnización mínima de 30.000,00 euros por fallecimiento y mínima de 60.000,00 euros por invalidez permanente, derivadas ambas situaciones de un accidente en la acción formativa, en salidas - visita y en el desplazamiento.
La empresa beneficiaria estará obligada a mantener el seguro durante todo el periodo lectivo en que cada participante permanezca de alta en la acción formativa.
El alumnado del módulo de formación práctica en centros de trabajo deberá estar asegurado con las mismas coberturas que para la acción formativa principal.
Así mismo, también será obligatorio que la empresa beneficiaria tenga suscrita una póliza de responsabilidad civil frente a terceros, con una cobertura mínima de 150.000,00 euros, de forma que cubra los daños que con ocasión de la ejecución de la formación se puedan producir por los participantes.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria queda exonerada de cualquier responsabilidad por daños que se pudieran producir con ocasión de la ejecución de la formación.

Decimotercero. Pago.
1. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la empresa beneficiaria no se halle al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, frente a la Seguridad Social y de sus obligaciones con la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, o de cualquier otro ingreso de 2.
2. Una vez dictada la resolución de concesión y con carácter previo al inicio del plan de formación se procederá a la tramitación del expediente de reconocimiento de la obligación de pago del 25 por ciento del importe de la subvención concedida en concepto de anticipo, sin necesidad de constituir garantías a favor de la Administración concedente.
3. Acreditado el inicio del plan de formación el Servicio Cántabro de Empleo procederá a la tramitación del expediente de reconocimiento de la obligación de pago de:
a) El 35 por 100 de la subvención total concedida, sin necesidad de constituir garantías a favor de la Administración concedente. Para que el Servicio Cántabro de Empleo proceda a reconocer la obligación de pago de este anticipo la empresa beneficiaria deberá acreditar el inicio del plan de formación remitiendo a dicho organismo la correspondiente certificación de inicio de la primera acción formativa.
b) El 40 por 100 restante del importe de la subvención correspondiente se abonará una vez finalizado y justificado el plan de formación.
4. Los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados a las empresas beneficiarias no incrementarán el importe de la subvención concedida en razón de la escasa cuantía de los mismos y la dificultad de su aplicación a las actividades subvencionadas y de su seguimiento y control, de conformidad con lo previsto en el artículo 18.5 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio.

Decimocuarto. Justificación.
1. La justificación de las subvenciones deberá presentarse por la empresa beneficiaria en el plazo máximo de tres meses tras la finalización del plan de formación.
Con carácter general, podrán ser imputados y admitidos como gastos subvencionables los realizados en el período comprendido entre el inicio de cada plan de formación hasta su finalización, con la siguiente excepción: hasta la finalización del plazo de justificación los gastos derivados de la auditoría de la documentación justificativa de los gastos realizados y de la emisión por una auditora o un auditor de cuentas del informe que integra la cuenta justificativa.
Se considera gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justificación.
El órgano competente para la tramitación de la documentación justificativa de las subvenciones, así como para la comprobación técnico-económica de la misma será el Servicio de Formación del Servicio Cántabro de Empleo.
2. A los efectos previstos en el apartado anterior, la empresa beneficiaria justificará el cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en la resolución de concesión de la subvención mediante la presentación de una cuenta justificativa ante el Servicio de Formación. Dicha cuenta justificativa deberá presentarse con aportación de informe de auditor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley G Ley General de Subvenciones, presentando la siguiente documentación:
a) Memoria, firmada electrónicamente por la persona representante legal, de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención o con las modificaciones aprobadas por el Servicio Cántabro de Empleo, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. La memoria estará integrada por la certificación de finalización del plan de formación, la certificación de la ejecución de cada actividad formativa y las actuaciones de evaluación desarrolladas.
b) Memoria económica justificativa abreviada, firmada electrónicamente por la persona representante legal, que contendrá, al menos:
1º Estado representativo de los gastos incurridos en la realización de las actividades subvencionadas, debidamente agrupados, que incluirá una relación clasificada de los gastos subvencionados, con identificación del concepto de gasto elegible, acreedor, tipo de documento (factura, nómina...) y su fecha de emisión, tipo de documento de pago y su fecha, e importe del gasto. Los justificantes de gastos y pagos quedarán bajo custodia de la empresa beneficiaria, que estará obligada a aportarlos, en su caso, a requerimiento de los órganos competentes para el control y seguimiento de subvenciones. Respecto de los costes indirectos, la memoria contendrá los criterios de imputación de los gastos.
2º Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia, cuando los hubiere.
3º Justificante de la devolución a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la cuantía de la subvención recibida no utilizada.
c) Las tres ofertas que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, habrá solicitado la empresa beneficiaria, salvo en los supuestos previstos en dicho artículo, en cuyo caso se presentará una memoria explicativa. De acuerdo con lo establecido en dicho artículo, en relación con el artículo 118.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, cuando una parte de la actividad subvencionada haya sido realizada por terceros por un coste de valor estimado superior a los 15.000 euros, se deberán presentar tres presupuestos solicitados con carácter previo a la contracción del compromiso de prestación del servicio por parte de un proveedor o a la celebración del contrato con el subcontratista. Deberá presentarse una memoria justificativa de la elección cuando ésta no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
d) Informe de una auditora o un auditor de cuentas, inscrita/o como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditorías de Cuentas. La revisión de las cuentas justificativas por parte de la auditora o auditor, así como la elaboración del correspondiente informe deberán adecuarse a lo previsto en la Orden EPS/21/2021, de 10 de junio, y en la presente convocatoria, así como a lo establecido en la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley G Ley General de Subvenciones.
La auditora o el auditor será designado por la empresa beneficiaria, debiendo su informe cubrir el contenido y el alcance siguiente:
1º En relación con cada uno de los gastos que integran la relación clasificada presentada, un pronunciamiento expreso sobre el cumplimiento por los mismos de los requisitos exigidos, y sobre su admisibilidad o no como gastos subvencionables, indicando en su caso el motivo de la no admisibilidad. Si la empresa beneficiaria no facilitase toda la documentación que tiene obligación de presentarle, se mencionará tal circunstancia con indicación de la documentación omitida y de si esta omisión implica la admisibilidad o no del gasto como subvencionable.
2º Pronunciamiento expreso sobre la correcta contabilización de las ayudas objeto de la subvención de forma diferenciada del resto de las actividades que la empresa beneficiaria desempeñe, y que han llevado una contabilidad separada o un código contable adecuado en relación con todas las transacciones relacionadas con las actuaciones subvencionadas.
3º Pronunciamiento expreso sobre la adecuación a los valores normales de mercado de los bienes y servicios adquiridos o alquilados por la empresa beneficiaria. Se entenderá como valor normal del mercado aquel al que puedan ser adquiridos o alquilados dichos bienes o servicios en establecimientos dedicados habitualmente a su comercialización en el ámbito geográfico de impartición de la acción subvencionada. Si la auditora o el auditor de cuentas que lleve a cabo la revisión de la cuenta justificativa considerara, durante la ejecución de su trabajo, que es excesivo el valor relativo al alquiler o adquisición de un bien o un servicio (incluido la impartición de la formación), previa comprobación de la adecuación al valor de mercado, reducirá dichos importes hasta el citado valor normal del mercado.
4º Pronunciamiento expreso sobre el número de horas subvencionables en función del número de participantes finalizados.
5º Pronunciamiento expreso sobre el importe total justificado y aquél que debe ser objeto de reintegro, en su caso, detallando en este último caso la causa e importe afectado.
Los gastos derivados de la realización del informe serán subvencionables.
En ningún caso los costes indirectos podrán superar el 10 por ciento del coste total del plan de formación realizado y justificado.
3. Transcurrido el plazo establecido para la justificación de la subvención sin que se hubiese presentado la correspondiente documentación, el Servicio de Formación requerirá a la empresa beneficiaria para que en el plazo improrrogable de quince días aporte la misma.
La falta de presentación de la justificación, transcurrido este nuevo plazo, llevará aparejado el inicio del procedimiento de reintegro total.
En todo caso, si la documentación presentada fuese insuficiente para considerar correctamente justificada la subvención concedida, el Servicio de Formación pondrá en conocimiento de la empresa beneficiaria las insuficiencias observadas para que en el plazo de diez días sean subsanadas.
4. La empresa beneficiaria de la subvención estará obligada a conservar, durante un plazo de cuatro años los justificantes de la realización de la actividad que fundamenta la concesión de la subvención, así como de la aplicación de los fondos recibidos. El citado plazo se computará a partir del momento en que finalice el período establecido para presentar la citada justificación por parte de la empresa beneficiaria y quedará interrumpido por cualquier requerimiento que dirija el Servicio de Formación a la interesada y, en todo caso, por el inicio del procedimiento de revocación y reintegro de la subvención.
5. Una vez presentada la documentación señalada se realizará por el Servicio de Formación la correspondiente comprobación técnico-económica, que se basará en lo constatado por el informe auditor.
Si como resultado de dicha comprobación se dedujera que el coste subvencionable ha sido inferior a la subvención concedida o que se han incumplido, total o parcialmente, los requisitos establecidos en la normativa aplicable para la justificación de la subvención o los fines para los que fue concedida la misma, se comunicará tal circunstancia a la interesada junto con los resultados de la comprobación técnico-económica para que proceda a su reintegro voluntario; en caso contrario se iniciará el procedimiento de reintegro total o parcial de la subvención.

Decimoquinto. Revocación y reintegro de cantidades percibidas. Régimen sancionador.
1. Procederá la revocación y el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de intereses de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o bien la declaración de la pérdida del derecho al cobro de la misma, si éste no se hubiere efectuado, en los casos previstos en el artículo 18 de la Orden EPS/21/2021, de 10 de junio.
2. Será de aplicación el régimen de infracciones y sanciones previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Título IV de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, sin perjuicio de lo previsto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Decimosexto. Protección de datos de carácter personal y seguridad de la información.
1. El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, Reglamento General de Protección de Datos, RGPD), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, son de aplicación al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Reglamento General de Protección de Datos, se entenderá por:
a) «datos personales»: toda información sobre una persona física identificada o identificable («el/a interesado/a»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona;
b) «tratamiento»: cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción;
c) «fichero»: todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica;
d) «responsable del tratamiento» o «responsable»: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento; si el Derecho de la Unión, del Estado o de la Comunidad Autónoma determina los fines y medios del tratamiento, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrá establecerlos el Derecho de la Unión, del Estado o de la Comunidad Autónoma;
e) «encargado del tratamiento» o «encargado»: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento;
f) «consentimiento del interesado»: toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el/la interesado/a acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen;
3. De conformidad con lo establecido en el RGPD, tendrá la condición de «responsable del tratamiento» el Servicio Cántabro de Empleo, respecto de los datos de carácter personal necesarios para la correcta gestión de las ayudas previstas en estas bases reguladoras, y tendrán la condición de «encargado del tratamiento» de estos mismos datos, las entidades solicitantes y las que resulten beneficiarias en las mismas.
4. Las entidades solicitantes y las que resulten beneficiarias quedan informadas de:
a) Que los datos personales a los que tengan acceso por su condición de «encargado del tratamiento», deben ser tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con la persona interesada.
b) No serán tratados de manera incompatible a los fines determinados, explícitos y legítimos para los que fueron recogidos.
c) Las entidades beneficiarias, como encargadas del tratamiento, reconocerán expresamente que los datos a los que tengan acceso son de exclusiva propiedad del Servicio Cántabro de Empleo, por lo que no podrán aplicarlos o utilizarlos con fines distintos a los previstos en las bases reguladoras y la presente convocatoria; además, deberán tratar los datos de carácter personal conforme a las instrucciones que reciban del Servicio Cántabro de Empleo.
5. Cuando las personas interesadas solicitasen, ante una entidad beneficiaria que actúa como encargada del tratamiento el ejercicio de su derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatiza- das, ésta deberá dar traslado de la solicitud al Servicio Cántabro de Empleo para que resuelva.
6. La entidad beneficiaria en su condición de encargada del tratamiento, debe garantizar suficientemente su capacidad para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas, de manera que el tratamiento sea conforme con los requisitos del RGPD y garantice la protección de los derechos de la persona interesada.
7. El «encargado del tratamiento» no recurrirá a otro «encargado» sin la autorización previa por escrito, específica o general, del «responsable». En este último caso, el «encargado» informará al «responsable» de cualquier cambio previsto en la incorporación o sustitución de otros encargados, dando así al «responsable» la oportunidad de oponerse a dichos cambios.
Cuando un «encargado del tratamiento» recurra a otro «encargado» para llevar a cabo determinadas actividades de tratamiento por cuenta del «responsable», se impondrán a este otro «encargado», mediante contrato u otro acto jurídico establecido con arreglo al Derecho de la Unión, del Estado o de la Comunidad Autónoma, las mismas obligaciones de protección de datos que se deriven de la relación jurídica existente entre el «responsable» y el «encargado», en particular la prestación de garantías suficientes de aplicación de medidas técnicas y organizativas apropiadas de manera que el tratamiento sea conforme con las disposiciones del RGPD. Si ese otro «encargado» incumple sus obligaciones de protección de datos, el «encargado» inicial seguirá siendo plenamente responsable ante el «responsable del tratamiento» por lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones del otro «encargado».
8. El tratamiento por el «encargado» se regirá por la relación jurídica derivada de la solicitud de subvención, que vincula al «encargado», como beneficiario, respecto del «responsable», como órgano concedente o encargado de su gestión, que conllevará las siguientes obligaciones para el primero de ellos:
a) Tratará los datos personales únicamente siguiendo instrucciones documentadas del «responsable», inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer país o una organización internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión, del Estado o de la Comunidad Autónomo, que se aplique al «encargado»; en tal caso, el «encargado» informará al «responsable» de esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público.
b) Garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligación de confidencialidad de naturaleza estatutaria.
c) Tomará todas las medidas necesarias de conformidad con el artículo 32 del RGPD.
d) Respetará las condiciones indicadas para recurrir a otro «encargado» del tratamiento.
e) Asistirá al «responsable», teniendo cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que este pueda cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de las personas interesadas establecidos en el capítulo III del RGPD.
f) Ayudará al «responsable» a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información a disposición del «encargado».
g) A elección del «responsable», suprimirá o devolverá todos los datos personales una vez finalice la relación jurídica que motive el tratamiento, y suprimirá las copias existentes a menos que se requiera la conservación de los datos personales en virtud del Derecho de la Unión, del Estado o de la Comunidad Autónoma.
h) Pondrá a disposición del «responsable» toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente disposición, así como para permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte del «responsable» o de otro órgano auditor autorizado por dicho «responsable».
9. La adhesión del «encargado del tratamiento» a un código de conducta aprobado a tenor del artículo 40 del RGPD o a un mecanismo de certificación aprobado a tenor del artículo 42 del RGPD podrá utilizarse como elemento para demostrar la existencia de las garantías suficientes a que se refieren los apartados 1 y 4 del artículo 28 del RGPD.
10. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 82, 83 y 84 del RGPD, si un «encargado del tratamiento» infringe el RGPD al determinar los fines y medios del tratamiento, será considerado «responsable del tratamiento» con respecto a dicho tratamiento.
11. El «encargado del tratamiento» y cualquier persona que actúe bajo la autoridad del «responsable» o del «encargado» y tenga acceso a datos personales solo podrán tratar dichos datos siguiendo instrucciones del «responsable», a no ser que estén obligados a ello en virtud del Derecho de la Unión, del Estado o de la Comunidad Autónoma.
12. El «encargado del tratamiento» y, en su caso, sus representantes cooperarán con la autoridad de control que lo solicite en el desempeño de sus funciones.
13. El «encargado del tratamiento» aplicará medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, que en su caso incluya, entre otros:
a) La seudonimización y el cifrado de datos personales.
b) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
c) La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico.
d) Un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.
14. La adhesión a un código de conducta aprobado a tenor del artículo 40 del RGPD o a un mecanismo de certificación aprobado a tenor del artículo 42 del RGPD podrá servir de elemento para demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 32 del RGPD.
15. El «encargado del tratamiento» tomará medidas para garantizar que cualquier persona que actúe bajo su autoridad y tenga acceso a datos personales solo pueda tratar dichos datos siguiendo instrucciones del «responsable», salvo que esté obligada a ello en virtud del Derecho de la Unión, del Estado o de la Comunidad Autónoma.
16. El «encargado del tratamiento» notificará sin dilación indebida al «responsable del tratamiento» las violaciones de la seguridad de los datos personales de las que tenga conocimiento.
17. Las obligaciones en materia de confidencialidad y seguridad de la información de las entidades beneficiarias como encargadas del tratamiento de los datos y ficheros de carácter personal son las siguientes:
a) En aquellas tareas en las que necesiten acceder a información de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, independientemente de donde esté alojada, deberán respetar, la legislación vigente en materia de confidencialidad y seguridad de la información y de los sistemas de información, en todo lo que no se oponga al RGPD y, en particular:
– El Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.
– El Decreto 79/2021, de 30 de septiembre, por el que se aprueba la Política Integral de Seguridad de la Información y la Organización competencial para la Protección de Datos Personales de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
– Otras disposiciones que las desarrollen o sean de aplicación en materia de seguridad o confidencialidad.
b) Guardar secreto profesional, no revelando ni empleando en uso propio o de terceros, ni para un fin distinto al estipulado las bases reguladoras, la información que conozcan durante la ejecución de las acciones subvencionadas. Esta obligación subsistirá aún después de finalizar las acciones objeto de subvención.
c) No revelar ni compartir con terceras personas credenciales de acceso que le pudieran ser asignadas durante la ejecución de las acciones subvencionadas.
d) Respetar las cláusulas específicas sobre seguridad de la información y/o confidencialidad establecidas en las bases reguladoras de la subvención y la presente convocatoria.
e) Todo informe, dato o documento calificado de confidencial, que el Servicio Cántabro de Empleo deba transmitir a la entidad beneficiaria con motivo de la concesión de la subvención, incluida la información relacionada con técnicas o metodologías propias, sólo podrá ser utili- zada por ésta para el fin indicado, respondiendo, en consecuencia, de los daños y perjuicios que del incumplimiento de esta cuestión puedan derivarse para el Servicio Cántabro de Empleo.
f) Una vez finalizada la actividad, la entidad beneficiaria deberá devolver al Servicio Cántabro de Empleo cualquier información calificada de confidencial a la que haya tenido acceso durante la ejecución de las acciones subvencionadas y que resida en sistemas o soportes bajo su control, y deberá devolver o destruir cualquier soporte o documento que la pueda contener, salvo que exista una previsión legal que exija su conservación, en cuyo caso deberá estar debidamente bloqueada.
18. Secreto profesional:
El «encargado del tratamiento» tiene el deber de secreto profesional respecto de los datos personales objeto de tratamiento, manteniendo absoluta confidencialidad y reserva sobre ellos. Asimismo, se compromete a dar traslado al personal que intervenga en el tratamiento de tales datos, de su obligación de mantener secreto profesional respecto de los mismos y su deber de guardarlos. Estas obligaciones subsistirán aún después de finalizar las acciones objeto de subvención.

Decimoséptimo. Efectos.
Esta resolución surtirá efectos el día de publicación de su extracto en el «Boletín Oficial de Cantabria».

Cúmplase la anterior resolución y notifíquese en forma a: SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO, INTERVENCIÓN GENERAL, BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIONES Y BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA.

Santander, 29 de diciembre de 2022.
La consejera de Empleo y Políticas Sociales,
Eugenia Gómez de Diego.

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