DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 207/2011, de 13 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 60/2011, de 22 de marzo, por el que se regula la ayuda especial para la inclusión social. - Boletín Oficial de Bizkaia de 21-12-2011

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El Parlamento Vasco, en su sesión del 24 de noviembre de 2011 ha aprobado la modificación de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, dicha modificación afecta por un lado al modelo existente hasta entonces del Sistema Vasco de garantía de Ingresos e Inclusión Social y por otro a las prestaciones del sistema. Por lo que a la Renta de Garantía de Ingresos se refiere, la modificación producida en la exigencia, entre otras, de acreditar 3 años de empadronamiento, o en su defecto 1 año de empadronamiento y 5 años de actividad laboral remunerada, o 5 años de empadronamiento continuado dentro de los 10 inmediatamente anteriores, incide directamente en las Ayudas Especiales para la Inclusión Social, en cuanto que con la regulación actual el acceso a las mismas se vería incrementado en un numero tal que económicamente para la Diputación foral sería inviable.

No obstante, el nuevo modelo aprobado por el Parlamento a través de la modificación de la Ley 18/2008, directamente asociado a la estrategia integral de inclusión activa que articula, junto a las medidas orientadas a la garantía de ingresos y a la inclusión social y laboral, siguen existiendo personas y unidades de convivencia que, por no cumplir los requisitos de acceso al Sistema Vasco de Garantía de Ingresos, permanecen en una situación de necesidad desprovista de cobertura económica por un lado y por otro desprovistas de los recursos personales necesarios para incorporarse al sistema de formación profesional e incorporación al mercado laboral a través de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Estas dos situaciones, carencia económica y carencia de recursos básicos personales previos a la incorporación al mercado laboral, justifican por un lado el mantenimiento de las ayudas objeto del decreto y por otro la modificación que se propone permitiendo el sostenimiento económico de la ayuda, aunque, eso sí, vinculando la misma directamente a actividades formativas y de capacitación laboral así como a acciones de mejora de la empleabilidad y al desempeño de actividades socialmente útiles.

En virtud de lo expuesto y vistos los artículos 17, 39 k), y 64.3 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, y en uso de las facultades conferidas por la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral, así como cuanto regula el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 34/2010, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Subvenciones, de desarrollo de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, anteriormente citada, y por el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 38/2008, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento Foral de Acción Social, a propuesta del Sr. Diputado Foral de Acción Social y previa deliberación y aprobación por el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia, en su reunión de fecha 13 de diciembre de 2011,.

DISPONGO:

Artículo único.

Modificación del articulado del Decreto Foral 60/2011, de 22 de marzo, por el que se regula la Ayuda Especial para la Inclusión Social.

Los artículos del decreto Foral 60/2011, de 22 de marzo, por el que se regulan Ayudas Especiales para la Inclusión Social, que a continuación se relacionan, quedarán redactados como sigue:

1. «Artículo 4.-Vinculación con el plan individual de atención/intervención.

1. El reconocimiento a percibir la Ayuda Especial para la Inclusión Social está vinculada a que previamente se haya establecido con la persona titular de la solicitud un plan individual de atención/intervención, al objeto de facilitar su inclusión social y/o laboral.

2. Cuando la persona titular cuente con un empleo, la Ayuda Especial para la Inclusión Social quedará vinculada al establecimiento de un plan individual de atención/intervención específicamente orientado a la mejora de su situación laboral y si se estimara necesario, a su inclusión social y a la inclusión social o laboral de otros componentes de su unidad de convivencia. Cuando la persona no tenga un empleo, el plan recogerá, específicamente acciones dirigidas a la capacitación laboral, mejora de la empleabilidad, desempeño de actividades socialmente útiles además de cualquier otra que, en función del diagnóstico social, se consideren necesarias en relación a su proceso de inclusión socio-laboral.

3. Cuando la persona titular se encuentre en situación de exclusión residencial, la Ayuda Especial para la Inclusión Social quedará vinculada al establecimiento de un plan individual de atención/intervención que deberá comprender necesariamente acciones dirigidas al acceso a una vivienda, servicio residencial u otra fórmula alternativa de convivencia. Todo ello, sin perjuicio de otras actuaciones que, en función del diagnóstico social, se consideren necesarias para su inclusión social y laboral y la de otros componentes de su unidad de convivencia.

4. En el caso de personas que estén llevando a cabo un proceso de inserción social en centros o servicios de competencia foral, la Ayuda Especial para la Inclusión Social quedará vinculada al establecimiento de un plan individual de atención/intervención que deberá comprender necesariamente acciones dirigidas a la administración económica y gestión del ahorro así como a la adquisición o mejora de habilidades y competencias sociales básicas. Asimismo, en el caso de exclusión residencial y/o carencia de empleo, se atenderá a lo recogido en los puntos precedentes y, en su caso y en función del diagnóstico social, se incluirán también acciones orientadas a la formación académica, organización de la vida cotidiana y al seguimiento de tratamientos específicos, adquisición de hábitos de autocuidado y reducción de riesgos.».

2. «Artículo 6.-Requisitos para acceder a la titularidad del derecho.

1. Podrán ser titulares de la Ayuda Especial para la Inclusión Social las personas mayores de 18 años, en situación de exclusión social, que reúnan los siguientes requisitos, al momento de la solicitud:

a) No tener derecho a la Renta de Garantía de Ingresos en cualquiera de sus modalidades por no cumplir el requisito de edad mínima.

b) Constituir una unidad de convivencia como mínimo con 12 meses de antelación a la fecha de presentación de la solicitud. Quedarán exceptuadas del cumplimiento de dicho plazo las siguientes personas:

- Personas que dejen de ser atendidas en los dispositivos de atención y protección a la infancia y la adolescencia al alcanzar la mayoría de edad.

c) Estar empadronadas y tener la residencia efectiva en un municipio del Territorio Histórico de Bizkaia con una antigüedad mínima de 30 meses, inmediatamente anteriores y continuados, a la fecha de solicitud. Quedarán exceptuadas del cumplimiento de dicho plazo las siguientes personas:

- Personas que, como máximo, con 18 meses de antelación a la fecha de presentación de la solicitud, dejen de ser atendidas en los dispositivos de atención y protección a la infancia y la adolescencia al alcanzar la mayoría de edad. En este supuesto, el tiempo de empadronamiento y residencia efectiva en un municipio del Territorio Histórico de Bizkaia será de 6 meses.

d) No disponer de recursos suficientes, considerándose que no se dispone de tales recursos cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

- Disponer de unos ingresos o rendimientos mensuales computables inferiores a la cuantía mensual de esta Ayuda que pudiera corresponder en función del número de personas miembros de la unidad de convivencia y del tipo de unidad de convivencia.

- No disponer de ningún bien inmueble.

- Disponer de dinero, títulos, valores, vehículos y en general cualquier otro bien mueble de los referidos en la Sección 4.ª del Capítulo III del Decreto 147/2010, de 25 de mayo de la Renta de Garantía de Ingresos, por una cuantía máxima equivalente a seis mensualidades de la Ayuda Especial para la Inclusión Social que les pudiera corresponder en el supuesto de ausencia total de recursos, en función del número total de personas miembros de la unidad de convivencia y del tipo de unidad de convivencia.

La determinación de los ingresos o rendimientos y del patrimonio obedecerá a lo establecido en las Secciones 1.ª, 2.ª y 3.ª del Capítulo III del Decreto 147/2010, de 25 de mayo de la Renta de Garantía de Ingresos.

e) Tener firmado un plan individual de atención/intervención y estar cumpliéndolo en todos sus términos.

f) No tener extinguida o suspendida, total o parcialmente, la Renta de Garantía de Ingresos u otra prestación por causas asociadas al incumplimiento de obligaciones o a la comisión de infracciones.

g) Estar inscrita en el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide.

2. En todo caso, las ayudas reguladas en el presente Decreto Foral, tendrán como límite las correspondientes dotaciones presupuestarias establecidas al efecto en el presente Decreto Foral, y, en consecuencia, no bastará con que la persona solicitante reúna las condiciones y requisitos exigidos, sino que se precisará, además, que su solicitud pueda ser atendida teniendo en cuenta las respectivas dotaciones presupuestarias.».

3. «Artículo 8.-Obligaciones.

Las personas titulares de la Ayuda Especial para la Inclusión Social adquirirán, al ejercer su derecho a dicha prestación económica, las siguientes obligaciones:

a) Aplicar la prestación económica a la cobertura de necesidades básicas o a la de los gatos derivados de un proceso de inclusión social y/o laboral de todas las personas componentes de la unidad de convivencia, sin posibilidad de cesión total o parcial de la misma. Queda específicamente excluido el envío de remesas a familiares tanto dentro como fuera del territorio nacional.

b) Hacer valer, tanto con carácter previo a la solicitud como durante todo el periodo de duración de la prestación, todo derecho o prestación de contenido económico que le pudiera corresponder o que pudiera corresponder a cualquiera de las personas componentes de la unidad de convivencia.

c) Administrar responsablemente los recursos disponibles con el fin de evitar el agravamiento de la situación económica o de la situación de exclusión.

d) Escolarizar y poner los medios para garantizar la asistencia efectiva al centro educativo de las personas menores de edad que se encuentren a su cargo.

e) No practicar la mendicidad ni permitir o forzar su práctica a otros componentes de la unidad de convivencia.

f) Comunicar al Ayuntamiento al que se hubiera dirigido la solicitud de la Ayuda Especial para la Inclusión Social o, en su caso, al Departamento de Acción Social, los hechos sobrevenidos en relación al cumplimiento de los requisitos:

- Cualquier cambio relativo al domicilio de residencia habitual de la persona titular.

- Modificación de los recursos que hayan servido de base para el cálculo de la prestación.

- Cualquier modificación que afecte a la composición de la unidad de convivencia.

- Cualquier otra situación que pudiera implicar la pérdida temporal o definitiva de alguno de los requisitos exigidos para el reconocimiento de la prestación.

Dicha comunicación deberá hacerse en el plazo máximo de 15 días naturales contados a partir del momento en que acaecieron los hechos sobrevenidos de los que se trate.

g) Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas o en cuantía indebida.

h) Cumplir con el plan individual de atención/intervención suscrito con la solicitud o negociar y suscribir uno nuevo cuando proceda, en los términos previstos en el artículo 4 del presente Decreto Foral.

i) Mantenerse tanto la persona titular de la prestación como las componentes de su unidad de convivencia que se encuentren en edad laboral, disponibles para el empleo, salvo cuando se trate de:

- Personas titulares de invalidez absoluta.

- Personas en situación de alta exclusión que, a juicio de los servicios sociales de base y/o de los servicios de empleo, no se encuentren en situación de incorporarse al mercado laboral.

Esta disponibilidad incluirá también el compromiso de permanecer inscritas ininterrumpidamente en el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide, de no rechazar un empleo adecuado, de no darse de baja voluntaria -ni definitiva ni temporaldel empleo y de no acogerse a una situación de excedencia laboral sin causa extrema justificada.

j) Mantenerse tanto la persona titular de la prestación como las componentes de su unidad de convivencia mayores de edad, disponibles para el desempeño de actividades socialmente útiles.

k) Comparecer ante la Administración y colaborar con la misma cuando sea requerida por cualquiera de los organismos competentes en materia de servicios sociales, sin perjuicio, en su caso, de las peculiaridades que se hayan previsto en el plan individual de atención/intervención.

Y, en general, cumpliran con las demás obligaciones previstas en el artículo 13 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral y en el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 34/2010, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Subvenciones, de desarrollo de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, anteriormente citada.».

4. «Artículo 10.-Solicitud.

1. El procedimiento de solicitud será el siguiente:

a) El reconocimiento de la Ayuda Especial para la Inclusión Social se realizará previa solicitud (Anexo I) de la persona interesada dirigida al Ayuntamiento del municipio en el que tenga su empadronamiento y residencia efectiva, y presentada ante el servicio social correspondiente.

b) La solicitud (Anexo I) regulada en el apartado anterior deberá ir acompañada de la documentación, actualizada con una antigüedad máxima de 30 días anteriores a la fecha de solicitud, necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos de acceso a la prestación:

1) Fotocopia del documento acreditativo de la identidad de la persona solicitante y de las demás personas miembros de la unidad de convivencia de edad igual o superior a 14 años.

2) Fotocopia del libro de familia correspondiente o, en su caso, de los documentos que acrediten la guarda y custodia o la tutela.

3) En el caso de existencia de relaciones permanentes análogas a la conyugal, la misma será acreditada en cualquiera de las formas siguientes:

- Mediante certificación del Registro de Parejas de Hecho en el que conste dicha unión, ya se trate de un registro municipal, ya del Registro de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ya de un registro de naturaleza equivalente situado en otra Comunidad Autónoma o en otro país.

- En los casos de mera convivencia de hecho sin inscripción registral alguna, la citada convivencia será acreditada mediante declaración jurada de las personas miembros de la pareja, o mediante copia compulsada de resolución judicial que acredite la convivencia de hecho.

4) En el caso de separación, divorcio o nulidad matrimonial, fotocopia de la correspondiente resolución y en el caso de ruptura de la unión de hecho, certificado del registro correspondiente acreditando la cancelación de la inscripción de dicha unión o, en su caso, declaración jurada de las personas miembros de la pareja manifestando el cese de la convivencia de hecho.

5) En los supuestos de partes de marcos físicos de residencia colectiva, cuando sean utilizados de forma independiente por las unidades de convivencia, documento actualizado que acredite cada circunstancia específica, tales como:

- Factura de alojamiento turístico.

- Certificado de residencia en centro de acogida.

- Contrato de subarriendo, de coarriendo, de hospedaje o de alquiler de habitaciones en vigor, acompañado de los correspondientes recibos.

- Contrato de arrendamiento en vigor, acompañado de los correspondientes recibos.

6) Declaración jurada de ingresos o rendimientos referida al mes de presentación de la solicitud, así como del patrimonio de todas las personas miembros de la unidad de convivencia. A esta declaración jurada se adjuntarán los siguientes documentos:

- Certificados bancarios relativos al estado de cuentas y títulos bancarios.

- En el caso de personas trabajadoras por cuenta ajena, fotocopia de la última nómina mensual y, en su caso, del contrato de trabajo.

- En el caso de personas pensionistas, fotocopia del recibo de la última pensión o certificado del INSS de pensión actualizada.

- En el caso de personas desempleadas con prestación o subsidio de desempleo, fotocopia del recibo del último pago de prestación o subsidio o certificado de INEM de prestación o subsidios actualizados.

- En el caso de otras prestaciones periódicas, fotocopia del recibo del último pago, convenio regulador o resolución correspondiente.

- En el caso de personas empresarias o profesionales, copia de la última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

7) En el caso de las personas menores de 23 años y mayores de 18 que se encuentren en situación de orfandad absoluta presentarán los documentos necesarios que acrediten esta situación.

8) Justificante de asistencia y aprovechamiento al curso o actividades formativas que se estén realizando.

9) Copia del contrato educativo pactado con la/s entidad/es vinculadas al plan individual de atención/intervención.

10) En su caso, justificante de asistencia y aprovechamiento de las actividades socialmente útiles que se estén desempeñando.

11) En el supuesto de residencia en centro de acogida, documento acreditativo emitido por la entidad gestora del número de plazas del dispositivo, así como, a fin de poder determinar que se cumple el límite de ayudas en el artículo 7, punto 3, relación de las personas acogidas en el mismo.

12) En el supuesto de estar vinculada la ayuda al ingreso y permanencia en un determinado centro o servicio, justificante emitido por la entidad gestora en relación a ambos aspectos.

13) En su caso, aquellos documentos que la persona solicitante considere oportuno incorporar al expediente.

14) En su caso, otros documentos que la Administración considere oportuno solicitar a fin de acreditar el cumplimiento de los requisitos.

c) El Ayuntamiento informará a las personas solicitantes del plazo máximo establecido para la resolución y notificación del procedimiento, así como de los efectos que producirá el silencio administrativo. Esta información deberá contenerse en una comunicación que dirigirá al efecto en el momento de presentación de la solicitud o dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro. La comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida, la cual tendrá valor a efectos de devengo de la prestación.

Asimismo, el Ayuntamiento informará a la persona solicitante de que desde el momento de presentación de la solicitud está obligada a comunicar cualquier cambio en la unidad de convivencia, así como de las obligaciones que se adquieren con el acceso a la titularidad de la prestación y de las consecuencias derivadas de su incumplimiento.

d) En cualquier caso, al objeto de hacer efectivos los principios de agilidad y economía administrativa, y en cumplimiento del deber de cooperación y coordinación entre las administraciones públicas, éstas adoptarán, en la marco de la gestión de la Ayuda Especial para la Inclusión Social, las medidas oportunas para garantizar el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a no aportar datos y documentos que ya obren en poder de las citadas administraciones.

En particular, dichas administraciones utilizarán medios electrónicos para recabar dicha información siempre que, en el caso de datos de carácter personal, se cuente con el consentimiento de las personas interesadas en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, o una norma con rango de Ley así lo determine, salvo que existan restricciones conforme a la normativa de aplicación a los datos y documentos recabados. El citado consentimiento podrá emitirse y recabarse por medios electrónicos.

e) En su caso, los servicios sociales municipales derivarán a los servicios de empleo a todas aquellas personas solicitantes de la Ayuda Especial para la Inclusión Social susceptibles de incorporarse al mercado laboral o de mejorar su situación en el mismo.

2. En los casos de personas que hayan dejado de ser atendidas en los dispositivos de atención y protección a la infancia y la adolescencia al alcanzar la mayoría de edad y hayan accedido en ese momento a servicios residenciales para la emancipación de competencia foral, la solicitud inicial de acceso a la Ayuda Especial para la Inclusión Social se tramitará, respectivamente, desde la unidad responsable de los servicios residenciales para la emancipación que atiendan a los que a su mayoría de edad accedieron a esa alternativa, o desde el servicio de la Diputación Foral de Bizkaia competente en materia de atención y protección de menores. En este último caso, la solicitud podrá ser tramitada con antelación al cumplimiento de la mayoría de edad, teniendo efectos desde el día 1 del mes siguiente al de cumplir 18 años.» .

5. «Artículo 15.-Duración del derecho.

1. La prestación se otorgará por un periodo de 12 meses o, en el caso de restar menos tiempo para el cumplimiento de empadronamiento y residencia efectiva exigidos para el acceso a la Renta de Garantía de Ingresos, por un periodo equivalente. La Ayuda Especial para la Inclusión Social podrá renovarse si la propuesta realizada por el ayuntamiento de empadronamiento y residencia efectiva o, según el caso, por la unidad responsable de los servicios residenciales para la emancipación del Departamento de Acción Social es acorde, por periodos de 6 meses, seguidos o discontinuos, hasta un máximo de 30 meses, siempre y cuando quede suficientemente probado que dichas personas, además de seguir reuniendo los requisitos exigidos, cumplen los compromisos adquiridos en el marco del plan individual de atención/intervención.

2. Con el fin de evitar periodos desprovistos de cobertura, se adoptarán las siguientes medidas:

- La presente Ayuda Especial para la Inclusión Social se prorrogará de forma automática hasta el final del mes natural en que finalizase el plazo de concesión de la misma en situaciones en que no proceda la renovación.».

6. «Artículo 19.-Extinción del derecho.

1. El derecho a la Ayuda Especial para la Inclusión Social se extinguirá por las siguientes causas:

a) Fallecimiento de la persona titular, cuando se trate de unidades de convivencia unipersonales o el resto de componentes de la unidad de convivencia no puedan ser acreedores de un cambio de titular.

b) Cambio de residencia fuera de Bizkaia.

c) Finalización del periodo de vigencia de la prestación.

d) Pérdida definitiva de alguno de los requisitos exigidos para su reconocimiento, incluido el ingreso de la persona titular en servicios residenciales de carácter permanente, ya sean de tipo social, sanitario o socio-sanitario.

e) Inicio de la percepción de alguna modalidad de la Renta de Garantía de Ingresos por parte de la persona titular o de alguna de las componentes de su unidad de convivencia o considerarse acogida a una unidad de convivencia perceptora de dicha prestación autonómica.

f) Renuncia de la persona titular.

g) Incumplimiento de la obligación prevista en el apartado b) del artículo 8 del presente Decreto Foral.

h) Cuando sea de aplicación, rechazar, sin causa justificada, un empleo o una mejora en las condiciones de trabajo que pudiera conllevar un aumento del nivel de ingresos.

i) Cuando sea de aplicación, no estar disponible para el empleo, no permanecer inscrita como demandante de empleo o rechazar un empleo.

j) No estar disponibles para el desempeño de actividades socialmente útiles, tanto la persona titular de la prestación como las componentes de su unidad de convivencia mayores de edad.

k) En el supuesto de estar vinculada la ayuda al ingreso y permanencia en un determinado centro o servicio, no ingreso o salida voluntaria del mismo.

l) Incumplimiento por parte de la persona titular o de alguna de las componentes miembro de su unidad de convivencia de las obligaciones asumidas al acceder a la prestación, en particular:

I. Negarse a renegociar o volver a suscribir un plan individual de atención/intervención cuando éste se encontrase superado por las circunstancias o cuando se vaya a solicitar una renovación de la prestación.

II. No cumplir los compromisos asumidos en el marco del plan individual de atención/intervención que se encuentre en vigor. ».

7. «Artículo 20.-Efectos de la extinción.

En el caso de extinción del derecho se procederá por mensualidades completas, teniéndose derecho al abono de la mensualidad correspondiente al mes de la fecha en que ocurrieron los motivos del cambio.

Si se extinguiera la prestación por causas asociadas al incumplimiento de obligaciones, la persona titular no tendrá la posibilidad de volver a solicitar la Ayuda Especial a la Inclusión, hasta que hayan transcurrido 12 meses contabilizados desde el cumplimiento del periodo de tiempo de concesión inicial. Esta imposibilidad se hará extensiva a cualquiera de las personas miembros de la unidad de convivencia que pudiera ostentar la condición de titular salvo informe-propuesta del Servicio Social de Base referente debidamente motivado.».

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.

Única.

Las Ayudas Especiales para la Inserción, tanto en su modalidad familiar como individual, concedidas al amparo del Decreto Foral 64/2000, de 23 de mayo, se mantendrán en vigor hasta la finalización del periodo concedido, no pudiendo ser objeto de nuevas renovaciones. No obstante, las personas beneficiarias, antes de la finalización del periodo concedido, podrán renunciar por escrito a la ayuda, en beneficio de la regulada en el presente Decreto y previa solicitud y cumplimiento de los requisitos marcados en el mismo.

El límite máximo de 30 meses de percepción de la ayuda será de aplicación asimismo a las personas que estén percibiendo la ayuda especial para la inclusión social, computándose al efecto los periodos cobrados con anterioridad a la aprobación de la modificación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.

Única.

Aplicación de la normativa reguladora de la Renta de Garantía de Ingresos, que esté vigente en cada momento.

1. A los efectos del presente Decreto Foral, se aplicarán las definiciones de unidad de convivencia y de vivienda o alojamiento previstas en la normativa reguladora de la Renta de Garantía de Ingresos, en lo que no se oponga a lo regulado de forma expresa en el presente Decreto Foral.

Asimismo, serán de aplicación las disposiciones reguladoras en dicha normativa de los siguientes aspectos: la documentación a adjuntar a la solicitud de acceso a la prestación, la determinación del nivel de recursos económicos, el régimen económico de las prestaciones en lo referente al reintegro de las prestaciones indebidas y a la prescripción y caducidad, las normas referidas a los procedimientos de modificación y extinción así como, con carácter general, el principio de confidencialidad de los datos y el deber de colaboración entre las Administraciones.

2. Las remisiones contenidas en el presente Decreto Foral a la normativa reguladora de la Renta de Garantía de Ingresos deberá entenderse referida propiamente a las disposiciones reguladoras de dicha Renta de Garantía de Ingresos (actualmente Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social -«B.O.P.V.» 31 de diciembre, número 250, rect. «B.O.P.V.» 26 enero 2009, número 26- y Decreto de desarrollo 147/2010, de 25 de mayo, de la Renta de Garantía de Ingresos. -«B.O.P.V.» 17 de junio de 2010, número 114-) y, en su defecto, en todo cuanto se encuentren vigentes, a las disposiciones reguladoras de la Renta Básica y del Ingreso Mínimo de Inserción, siempre y cuando no estuviese regulado de forma especial en el presente Decreto Foral.».

DISPOSICIONES FINALES.

Primera.

El cómputo total de ayudas económicas individuales que se concedan al amparo del presente Decreto Foral se harán efectivas con cargo a los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia, partida consignada como: Departamento (03), Orgánico (0305), Programa (320301), Económico (46100), PEP 2007/0265, cuya consignación tendrá como límite en origen para el ejercicio 2012 la cantidad de setecientos treinta y siete mil cuarenta y dos euros (737.042,00 euros).

Segunda.

Se autoriza a la Diputada Foral de Acción Social a dictar cuantas disposiciones resulten pertinentes en orden al desarrollo, ejecución y aplicación de lo previsto en el presente Decreto Foral y sus Anexos.

Tercera.

En todo lo no previsto en el presente Decreto Foral y sus Anexos, serán de aplicación supletoria las normas generales contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Ley 4/1999, de modificación de la Ley anterior, así como las correspondientes disposiciones legales vigentes que resulten de concordante y pertinente aplicación.

Cuarta.

El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Bilbao, a 13 de diciembre de 2011.

La diputada foral de Acción Social,.

MARÍA PILAR ARDANZA URIBARREN.

El Diputado General,.

JOSE LUIS BILBAO EGUREN.

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