ORDEN de 14 de febrero de 2012, por la que se aprueban las directrices para la concesión de las subvenciones nominadas para la gestión de centros y servicios sociosanitarios de atención a los drogodependientes y se convocan las correspondientes subvenciones al 2012. - Boletín Oficial de Canarias de 21-02-2012

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  • Boletín: Boletín Oficial de Canarias
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 21/02/2012 hasta 09/03/2012
  • Acción subvencionable: Las actividades a desarrollar por las entidades públicas o privadas nominadas en la Ley 12/2011, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2012, cuando ...
  • Requisitos: a) Contar con autorización como centro o servicio sociosanitario de atención a drogodependientes,
    regulada en el Decreto 118/1992, de 9 de julio, sobre autorizaciones para la creación, constru...
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La Ley 9/1998, de 22 de julio, sobre Prevención, Asistencia e Inserción Social en materia de Drogodependencias, considera que la actuación pública en materia de drogodependencias debe ir dirigida a la creación de un marco genérico que regule y arbitre los criterios básicos de actuación de las distintas Administraciones Públicas, organizaciones no gubernamentales y los diversos organismos implicados, estableciendo y regulando, en el marco de las competencias que el Estatuto de Autonomía de Canarias asigna al Gobierno en el ámbito territorial de Canarias, las medidas y acciones que permitirán una actuación efectiva de las Administraciones Públicas de Canarias, en el campo de la prevención y asistencia de las situaciones a que dan lugar las sustancias que puedan generar dependencia.

La sociedad actual se enfrenta a rápidas transformaciones que afectan a diferentes ámbitos de la vida de las personas. En este sentido, las drogas se "usan" y tienen impacto sobre la salud de las personas. Los conceptos de abuso, dependencia, adicción, uso inadecuado, uso habitual, uso esporádico, uso experimental o uso aislado no determinan la problemática biopsicosocial individual, ya que esta obedece a múltiples y variadas circunstancias dependiendo de cada persona. Actuar mediante una combinación de medidas que reduzcan la accesibilidad a las sustancias psicoactivas, que disminuyan el consumo y el daño asociado, es el planteamiento más apoyado por la evidencia científica para alcanzar una reducción significativa del impacto sanitario y social de este fenómeno.

En la Comunidad Autónoma de Canarias, existen entidades privadas y públicas que gestionan los centros y servicios sociosanitarios de atención a los drogodependientes; además de entidades públicas que desarrollan planes de prevención. En este sentido, concurren razones de interés público en la concesión de la subvención, ya que la misma conlleva la prestación de servicios totalmente necesarios en nuestra Comunidad, en el ámbito de la prevención, asistencia y la inserción social de las personas con problemas de drogadicción, que año tras año vienen siendo reconocidas por el Parlamento de Canarias con la nominación de subvenciones a favor de estas entidades apareciendo en los respectivos estados de gastos de cada una de las leyes de presupuestos generales.

Por otra parte, el III Plan Canario sobre Drogas (2010-2017) tiene el contenido previsto en el artículo 7 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que tiene la consideración de plan estratégico sectorial.

Además, en la Orden de 19 de marzo de 2010 de la Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, por la que se aprueba el Plan estratégico de subvenciones de la Consejería de Sanidad para el período 2010-2013, nº 94, se contemplan las subvenciones nominadas correspondientes al programa 313 A "Atención a las Drogodependencias", y gestionadas por la Dirección General de Atención a las Drogodependencias.

Se impone una guía común para la concesión de todas las subvenciones nominadas que comparten una misma finalidad dentro del plan estratégico sectorial, III Plan Canario sobre Drogas, que facilite el conocimiento de los potenciales beneficiarios de los requisitos exigidos, a la vez que publicite el procedimiento de gestión, concesión y pago. Contar con unas directrices comunes y de general conocimiento de todos los beneficiarios supondrá, de una parte, el establecimiento de un tratamiento uniforme para quienes contribuyen a la ejecución de aquel plan, a la vez que incrementar la seguridad jurídica de estos en lo que atañe a su condición de beneficiarios de subvenciones, sin perjuicio de las peculiaridades que la normativa de aplicación impone por razón de la naturaleza jurídica de cada uno.

Por último, en la Ley 12/2011, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 2012, se prevé la concesión de subvenciones nominadas a algunas entidades públicas y privadas que gestionan centros y servicios sociosanitarios de atención a los drogodependientes.

1) Cabildo Insular de Lanzarote. Red de Atención a Drogodependientes. Partida Presupuestaria G/231A/4600000/14499614. Importe: un millón setenta y cuatro mil seiscientos ochenta y cuatro euros (1.074.684,00 euros).

2) Cabildo Insular de La Palma. Red de Atención a Drogodependientes. Partida Presupuestaria G/231A/4600000/14499613. Importe: cuatrocientos setenta y ocho mil novecientos sesenta y seis euros (478.966,00 euros).

3) Cabildo Insular de Fuerteventura. Red de Atención a Drogodependientes. Partida Presupuestaria G/231A/4600000/14430002. Importe: trescientos cincuenta mil ciento seis euros (350.106,00 euros).

4) Cabildo Insular de La Gomera. Red de Atención a Drogodependientes. Partida Presupuestaria G/231A/4600000/14499612 Importe: veintinueve mil dieciocho euros (29.018,00 euros).

5) Cabildo Insular de El Hierro. Red de Atención a Drogodependientes. Partida Presupuestaria G/231A/4600000/14499611. Importe: veintinueve mil ciento tres euros (29.103,00 euros).

6) Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. Red de Atención a Drogodependientes. Partida Presupuestaria G/231A 4500000/14430402. Importe: novecientos treinta y dos mil seiscientos cincuenta y tres euros (932.653,00 euros).

7) Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Red de Atención a Drogodependientes. Partida Presupuestaria G/231A/4500000/14430202. Importe: doscientos ocho mil novecientos setenta y siete euros (208.977,00 euros).

8) Instituto Municipal de Toxicomanías de Gáldar. Red de Atención a Drogodependientes. Partida Presupuestaria G/231A/4200200/14430602. Importe cuatrocientos doce mil seiscientos sesenta y un euros (412.661,00 euros).

9) Ayuntamiento de Arucas. Red de Atención a Drogodependientes. Partida Presupuestaria G/231A/4500000/14430102. Importe: doscientos cuarenta y cinco mil ciento setenta y dos euros (245.172,00 euros).

10) Ayuntamiento de Tacoronte. Red de Atención a Drogodependientes. Partida Presupuestaria G/231A/4500000/14430502. Importe: treinta y dos mil setecientos nueve euros (32.709,00 euros).

11) Ayuntamiento de Agüimes. Red de Atención a Drogodependientes. Partida Presupuestaria G/231A/4500000/14431302. Importe: sesenta y un mil seiscientos cuarenta y dos (61.642,00 euros).

12) Asociación de Cooperación Juvenil San Miguel. Red de Atención a Drogodependientes. Partida Presupuestaria G/231A/4800000/14430702. Importe: un millón seiscientos sesenta y siete mil ciento sesenta y un euros (1.667.161 euros).

13) Asociación Norte de Tenerife de Atención a los y las Drogodependientes Antad. Red de Atención a Drogodependientes. Partida Presupuestaria G/231A/4800000/14430802. Importe: un millón doscientos sesenta y dos mil cuatrocientos dos euros (1.262.402 euros).

14) Asociación de Integración Social Calidad de Vida. Red de Atención a Drogodependientes. Partida Presupuestaria G/231A/4800000/14431702. Importe: ochocientos cuarenta y un mil ochocientos setenta y un euros (841.871,00 euros).

15) Fundación Canaria Sociosanitaria. Red de Atención a Drogodependientes. Partida Presupuestaria G/231A/4820000/14431402. Importe: setecientos setenta mil novecientos ochenta y nueve euros (770.989,00 euros)

16) Fundación Centro de Solidaridad Islas Canarias Proyecto Hombre "Cesica". Red de Atención a Drogodependientes. Partida Presupuestaria G/231A/4820000/14429202. Importe: setecientos treinta y nueve mil ochocientos veinticinco euros (739.825,00 euros)

17) Fundación Canaria Yrichen. Red de Atención a Drogodependientes. Partida Presupuestaria G/231A/4820000/14431602. Importe: quinientos noventa y nueve mil novecientos setenta y siete euros (599.977,00 euros).

18) Cáritas Diocesana de Tenerife. Red de Atención a Drogodependientes. Partida Presupuestaria G/231A/4800000/14432802. Importe: ciento treinta y siete mil doscientos cincuenta y cuatro euros (137.254,00 euros).

19) Cáritas Diocesana de Canarias. Red de Atención a Drogodependientes. Partida Presupuestaria G/231A/4800000/14432702. Importe: trescientos diecinueve mil cuarenta y seis euros (319.046,00 euros).

Por lo que a iniciativa de la Dirección General de Atención a las Drogodependencias, que manifiesta expresamente la adecuación de estas directrices a las especificaciones del III Plan Canario sobre Drogas; a propuesta de la Secretaría General Técnica y en ejercicio de la potestad reglamentaria atribuida por el artículo 34 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias,

RESUELVO:

Primero.- Aprobar las directrices para la concesión de las subvenciones nominadas a las entidades públicas o privadas que gestionan centros y servicios sociosanitarios de atención a los drogodependientes recogidas en el anexo I de la presente Orden.

En lo no previsto en estas directrices, se estará a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en su Reglamento, aprobado por Decreto 887/2006, de 21 de julio, y en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Segundo.- Abrir un plazo de quince días hábiles para la presentación de solicitudes de las subvenciones nominadas para el ejercicio 2012, a partir de la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la presente Orden.

Tercero.- La presente resolución producirá sus efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra el presente acto que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias; o directamente recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación, con indicación de que, en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta la resolución expresa del recurso o su desestimación presunta.

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de febrero de 2012.

LA CONSEJERA

DE SANIDAD,

Brígida Mendoza Betancor.

A N E X O I

DIRECTRICES PARA LA CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES NOMINADAS DESTINADAS A LA GESTIÓN DE CENTROS Y SERVICIOS SOCIOSANITARIOS DE ATENCIÓN A DROGODEPENDIENTES.

Primera.- Objeto.

Es objeto de estas directrices establecer un marco común para la concesión directa de las subvenciones nominadas para la gestión de centros y servicios sociosanitarios de atención a drogodependientes.

Segunda.- Actividades subvencionables.

Pueden ser objeto de subvención las actividades a desarrollar por las entidades públicas o privadas nominadas en la Ley 12/2011, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2012, cuando su finalidad sea garantizar la atención a los drogodependientes, de manera coordinada con los servicios sanitarios y sociales; que, impulsando y desarrollando fórmulas de integración en un entorno social normalizado durante todo el tratamiento asistencial, contemplen acciones y programas que cumplan con los objetivos establecidos en el III Plan Canario sobre Drogas especificados en el Área de Tratamiento e Integración Social y de Prevención (este último sólo para entidades públicas) y que son:

- Adaptar el abordaje terapéutico asistencial a la realidad del usuario o usuaria, a las nuevas sustancias, cambio de los patrones de consumo y patología dual.

- Potenciar el diagnóstico precoz e intervención temprana en drogodependencias.

- Garantizar al usuario o usuaria drogodependiente asistencia biopsicosocial en todas las áreas de salud de la Comunidad Canaria.

- Potenciar e incrementar programas de reducción de daños y mejora en la calidad de vida de los drogodependientes.

- Reducir los factores de exclusión social y automarginación de la población drogodependiente.

- Promover conjuntamente con la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y con la Administración General del Estado programas de actuación para drogodependientes con problemática legal.

Y, específicamente para las Entidades públicas, se añaden los objetivos de Prevención y Sensibilización:

- Sensibilizar e informar a todos los ciudadanos sobre los riesgos del uso de sustancias capaces de generar dependencia.

- Poner a disposición de todos los ciudadanos un servicio de información, orientación y atención sobre drogodependencias (primer nivel asistencial).

- Promover y potenciar modelos positivos saludables como referentes de conducta para favorecer los procesos de socialización.

- Incorporar actuaciones de prevención de drogodependencias en todos los proyectos de promoción de la salud.

- Impulsar la realización de actividades preventivas dirigidas a la población en general.

- Incrementar la percepción de riesgo sobre el uso de cualquier tipo de droga en aquellas personas que ya han tenido un contacto ocasional o experimental con ella.

Tercera.- Gastos subvencionables.

Se considerarán gastos subvencionables, a los efectos de las subvenciones objeto de estas directrices, aquellos que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y que se realicen en el plazo establecido en la directriz decimocuarta apartado 2 y, en todo caso, los siguientes:

- Gastos de personal, excepto las indemnizaciones por despido y jubilaciones anticipadas.

- Gastos de tratamientos dispensados.

- Gastos de viaje, con motivo de reuniones convocadas expresamente por la Dirección General de Atención a las Drogodependencias.

- Arrendamientos y cánones.

- Reparaciones y conservación.

- Gastos derivados de la revisión de la cuenta justificativa.

- Servicios profesionales independientes.

- Primas de seguros.

- Material de oficina, fotocopias e imprenta.

- Comunicaciones.

- Suministros.

- Gastos financieros si estos están directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada ejecución de la misma.

- Gastos de transporte si están directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada ejecución de la misma.

- Cuotas de suscripción a publicaciones o de inscripción en actividades, como las abonadas por pertenencia a otras asociaciones nacionales e internacionales.

- Los gastos ocasionados por el desarrollo de actividades relacionadas con la prevención en el caso de entidades públicas canarias.

Cuarta.- Requisitos de los peticionarios.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones nominadas a que se refieren estas directrices los designados como tales en la correspondiente previsión en el estado de gastos del presupuesto aprobado para el ejercicio en curso por la Ley 12/2011, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2012, que cumplan los siguientes requisitos:

a) Contar con autorización como centro o servicio sociosanitario de atención a drogodependientes, regulada en el Decreto 118/1992, de 9 de julio, sobre autorizaciones para la creación, construcción, modificación, adaptación, traslado, supresión o cierre de esos centros o servicios.

b) Estar inscrito, en su caso, en el registro oficial correspondiente por razón de su naturaleza jurídica.

c) No estar incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Quinta.- Cuantía de las subvenciones.

La cuantía determinada en la Ley 12/2011, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el 2012, para cada una de las subvenciones nominadas está vinculada a la ejecución de las acciones que figuran en el anexo C de las presentes directrices.

Sexta.- Procedimiento de concesión.

El procedimiento de concesión de las subvenciones a que se refieren estas directrices será el de concesión directa y se sujetará al régimen previsto en ellas.

Séptima.- Iniciación.

El procedimiento de concesión de las subvenciones se iniciará a solicitud de los interesados que habrán de presentarse en el plazo señalado en la orden por la que se aprueban estas directrices y se abre dicho plazo.

Octava.- Solicitudes.

1. Las solicitudes de subvención irán acompañadas de la siguiente documentación:

a) En caso de actuar a través de representante, acreditación de esa representación.

b) Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma, con la Agencia Tributaria Estatal, así como con la Seguridad Social.

c) Certificado de estar inscrito, en su caso, en el registro oficial correspondiente por razón de su naturaleza jurídica.

d) Alta de terceros en la Tesorería de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, en caso de cambio de la cuenta corriente de la entidad pública o privada, donde se ha de producir el pago.

e) Declaración responsable de no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003.

f) Proyecto ajustado en su forma y contenido a lo contemplado en el anexo A de estas directrices.

g) Plan de financiación y previsión de ingresos y gastos.

2. La documentación acreditativa de la concurrencia de los requisitos a que se refiere la directriz cuarta, salvo que ya estuviera en poder de cualquier órgano de la Administración actuante en cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo previsto en el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencias en que fue presentada o, en su caso, emitida y siempre que no haya transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que corresponda. Dicho plazo ha de computarse desde la notificación de la resolución que puso fin a dicho procedimiento.

3. La Administración comprobará de oficio la concurrencia del requisito de contar con autorización correspondiente y regulada en el Decreto 118/1992, de 9 de julio, sobre autorizaciones para la creación, construcción, modificación, adaptación, traslado, supresión o cierre de Centros y Servicios sociosanitarios de atención a drogodependientes.

4. La presentación de las solicitudes implicará la autorización del peticionario al órgano gestor de la consejería competente en materia de atención a las drogodependencias, para poder obtener los datos necesarios que acrediten el alta de terceros en el Sistema Económico Financiero de la Comunidad Autónoma de Canarias (S.E.F.C.A.N.).

5. Asimismo la presentación de la solicitud conllevará la aceptación de la subvención nominada y de las presentes directrices.

Novena.- Lugar de presentación de las solicitudes.

Las solicitudes, junto con la documentación requerida, se podrá presentar preferentemente en los registros de la Consejería de Sanidad, en las sedes de Santa Cruz de Tenerife, Rambla de Santa Cruz, 53, 38006 y en Las Palmas de Gran Canaria, Avenida Juan XXIII, nº 17, 35071, así como en cualquiera de las dependencias y formas determinadas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción actual.

Décima.- Instrucción y resolución del procedimiento.

1. El órgano competente por razón de la materia llevará a cabo los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba adoptarse la resolución; examinará si reúne los requisitos exigidos y si se acompaña a la misma la preceptiva documentación, requiriéndose en caso contrario al interesado para que, en el plazo de diez (10) días, subsane y complete los documentos y datos que deben presentarse, advirtiéndole de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, de conformidad con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Antes de formular la propuesta de resolución, el órgano instructor dará trámite de audiencia a los interesados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en aquellos casos en los que hayan de tenerse en cuenta para la resolución que pone fin al procedimiento, cualquier hecho, alegación o prueba distinta de las aducidas por los solicitantes.

3. Una vez instruido el procedimiento, el órgano competente para resolver dictará las resoluciones que pongan fin a los procedimientos. Dichas resoluciones se notificarán a los interesados de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, dispuesto en el artículo 84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. El plazo de resolución de las solicitudes que se presenten y su notificación será de tres meses.

5. Las resoluciones de concesión pondrán fin a la vía administrativa, excepto en los supuestos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

6. Sin perjuicio de la obligación de resolver, se entenderán desestimadas las solicitudes presentadas por los interesados sobre las que no recaiga resolución expresa en el plazo establecido.

Undécima.- Modificación de la Orden de concesión de la subvención.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.2 y 3 del repetido Decreto 36/2009, de 31 de marzo, dará lugar a la modificación de la orden de concesión por el órgano que la haya dictado, antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad y sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a) La alteración de las circunstancias o de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de una subvención.

b) La obtención por el beneficiario de subvenciones concedidas por otros órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma o por otras Administraciones o Entes públicos para el mismo destino o finalidad.

c) La obtención de ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o finalidad.

d) La superación de los topes previstos por la normativa comunitaria como consecuencia de la acumulación de subvenciones en los períodos establecidos en la misma.

Duodécima.- Abono.

1. El abono de las subvenciones objeto de estas directrices se realizará de forma anticipada y en su totalidad, al tratarse de entidades sin fines lucrativos.

2. Se extinguirá el derecho al cobro de la subvención, total o parcialmente, si concurre algún supuesto de nulidad o causa de reintegro de las previstas en los artículos 36 y 37, respectivamente, de la Ley General de Subvenciones.

3. Quedan exoneradas de constituir garantía de conformidad con lo establecido en las letras a) y d) del apartado 8 del artículo 38 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, las Administraciones Públicas y las entidades sin ánimo de lucro que desarrollen programas o proyectos de acción social.

Decimotercera.- Justificación y comprobación de la subvención.

1. Las entidades beneficiarias vendrán obligadas, de conformidad con lo establecido en el artº. 23.1 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, a justificar documentalmente ante la Dirección General de Atención a las Drogodependencias, antes del día 15 de marzo de 2013, el empleo de los fondos recibidos en la realización de la actividad subvencionada y el desarrollo de dicha actividad con las condiciones y plazo concedido a tal fin y su coste real, mediante presentación de cuenta justificativa simplificada, de conformidad con lo establecido en el artº. 75 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artº. 28 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, sustituyéndose la memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas a la que se refiere el artículo 51.2 del Decreto, por la cuenta justificativa con informe del auditor de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del mismo Decreto, debiendo cumplir, en todo caso, las siguientes obligaciones:

a) En el caso de las entidades privadas:

- La cuenta justificativa debe ir acompañada de un informe de un auditor de cuentas inscrito, como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuenta dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

- El auditor de cuentas debe llevar a cabo la revisión de la cuenta justificativa con el alcance establecido en el artículo 25.2 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

- La cuenta justificativa debe incorporar además de la memoria de actuaciones a que se refiere el artículo 25.1 del Decreto 36/2009, una memoria económica con el contenido que establece el artículo 25.2 del Decreto 36/2009, y en todo caso contendrá un estado representativo de los gastos incurridos en la realización de las actividades subvencionadas, debidamente agrupados, y en su caso, las cantidades inicialmente presupuestadas y las desviaciones acaecidas. La memoria de actuaciones deberá recoger los apartados reseñados en el anexo B de estas directrices.

b) Si son Administraciones Públicas canarias:

Podrán justificar las subvenciones concedidas por la Comunidad Autónoma a través de un certificado emitido, por el titular del órgano que ha percibido la subvención, donde se acredite la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad de la subvención, así como el informe emitido por la Intervención u órgano equivalente de la entidad pública en el que se acredite, la veracidad y la regularidad de la documentación justificativa de la subvención. Además de esta documentación tendrán que presentar una memoria de actuaciones que deberá recoger los apartados reseñados en el anexo B de estas directrices.

2. A los efectos anteriores debe tenerse en cuenta que solo tendrán la condición de gastos subvencionables los contemplados en el artículo 31 de la expresada Ley General de Subvenciones, y los reseñados en la directriz tercera, considerándose gasto realizado, el que se corresponde con el período de desarrollo del proyecto subvencionado, esto es del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012, pudiéndose realizar pagos relativos a estos gastos, hasta el 31 de enero de 2013.

3. Las entidades públicas o privadas deberán tener en cuenta que, para la justificación del pago de las facturas, deberá quedar constancia del abono, bien con el estampillado de "pagado" cuando sea en efectivo su tramitación (solo se admitirá el pago en metálico de facturas o documentos justificativos del gasto hasta un máximo de 3.000 euros por expediente), o el correspondiente reflejo bancario del pago, o cualquier otro medio que acredite el pago.

4. Por otro lado y de conformidad con el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público para el contrato menor en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la adquisición del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

5. La entidad beneficiaria deberá acreditar que ha ejecutado completamente el proyecto subvencionado del 1 de enero de 2012, hasta el 31 de diciembre de 2012, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

6. La Dirección General de Atención a las Drogodependencias comprobará, a través de técnicas de muestreo, la justificación de la subvención. En este caso, la muestra será del 25% como mínimo de la totalidad de las entidades públicas o privadas beneficiarias de estas subvenciones concedidas, las cuales se seleccionarán de manera aleatoria. Las entidades que sean seleccionadas por la muestra, deberán presentar junto con la cuenta justificativa simplificada la totalidad de las facturas, o cualquier otro medio establecido en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que justifiquen como mínimo, el importe subvencionado.

Decimocuarta.- Obligaciones del beneficiario.

1. Los beneficiarios de las subvenciones están sujetos a las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias y a las establecidas en las presentes directrices.

2. Además deberán cumplirse las siguientes obligaciones:

a) Ejecución: el plazo de realización de la actividad que fundamenta la concesión de la subvención, comprenderá desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012, pudiéndose admitir pagos relativos a los gastos generados en este período, hasta el 31 de enero de 2013.

b) Comunicar al órgano concedente, las alteraciones que se produzcan en las circunstancias tenidas en cuenta para la concesión de la subvención (programas, usuarios, recursos, etc.).

c) Comunicar el importe de ayudas o subvenciones concedidas con posterioridad por otros órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma o por otras Administraciones o Instituciones públicas así como, la obtención de ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el desarrollo de actividades complementarias al proyecto subvencionado.

d) Facilitar al órgano concedente a través de la Dirección General de Atención a las Drogodependencias, cuanta información le demande este centro directivo, en relación con el seguimiento de la ejecución del proyecto subvencionado, bien a través de la aplicación informática CEDRO bien a través de otros medios o soportes.

e) Utilizar para el registro de la información relacionada con el proyecto subvencionado la aplicación informática CEDRO en cumplimiento del III Plan Canario sobre Drogas.

Proporcionar a la Dirección General de Atención a las Drogodependencias, de forma trimestral y de acuerdo con las directrices emanadas de dicho Centro Directivo los datos de admisión a tratamiento y movimiento asistencial.

f) Ofrecer una respuesta asistencial adecuada y para ello deberán cumplir con los requisitos que aparecen contemplados en el Decreto 118/1992, de 9 de julio, sobre autorización para la creación, construcción, modificación, adaptación, traslado, supresión o cierre de centros y servicios sociosanitarios de atención a drogodependientes y los establecidos en la Orden de 13 de agosto de 1992 por la que se desarrolla el decreto anterior.

g) Garantizar la adecuación técnico-profesional de los programas asistenciales a las necesidades de la problemática de drogodependencias en la Comunidad Autónoma de Canarias.

h) Optimizar y adecuar los recursos materiales y humanos para garantizar una atención de calidad en función de las necesidades comunitarias, reorganizando el personal, tanto en horarios como en puntos de atención, de acuerdo a la demanda y a las necesidades de la población, para mantener el normal funcionamiento de los servicios, incluso trasladándose a otros centros acreditados dentro de la Red de Atención a las Drogodependencias si se diese la necesidad.

i) Cumplir un horario mínimo en las Unidades de Atención a las Drogodependencias (UAD) que abarque de lunes a viernes de las 8.00 horas hasta las 15.00 horas y un mínimo de cuatro horas una tarde a la semana, a elegir por la entidad subvencionada, con el fin de facilitar el acceso a los usuarios. Asimismo, en el caso de las Unidades Semirresidenciales y Residenciales para la Atención a las Drogodependencias (USAD y URAD), el horario estará adaptado a las características de cada programa y que se concretará en la resolución de concesión.

j) Prestar a la Administración la colaboración en situaciones de emergencia social y en caso de cierre atenerse a lo establecido en la Orden de 13 de agosto de 1992 autorización por la que se desarrolla el Decreto 118/1992, de 9 de julio, para la creación, construcción, modificación, adaptación, traslado, supresión o cierre de centros y servicios sociosanitarios de atención a drogodependientes.

k) Asimismo, en relación a los profesionales que prestan sus servicios en los diferentes recursos subvencionados en cada entidad, podrá la Dirección General de Atención a las Drogodependencias solicitar su colaboración en el desarrollo de actividades, acciones y programas de carácter asistencial, formativo y preventivo, con el objeto de garantizar una atención de calidad a la población de la Comunidad Autónoma de Canarias y asegurar el cumplimiento de los objetivos que se señalan en el III Plan Canario sobre Drogas.

También será obligatorio, la asistencia al Plan de Formación establecido por la Dirección General de Atención a las Drogodependencias y la Red específica, en función de las necesidades formativas cuya satisfacción se planifique. Este Plan de Formación será diseñado con la participación a través de una Comisión formada por representantes de los beneficiarios, dos de las entidades públicas, dos de las entidades privadas y dos representantes de la Dirección General de Atención a la Drogodependencias. El porcentaje de asistencia para cada colectivo profesional, vendrá determinado en la convocatoria de cada actividad formativa, garantizando la adecuada prestación del servicio.

l) No facilitar ni difundir datos relativos a la asistencia en drogodependencias objeto de estas subvenciones, sin el previo consentimiento de la Dirección General de Atención a las Drogodependencias.

m) Llevar los registros contables que permitan identificar de forma diferenciada las partidas o gastos concretos en que se han materializado las subvenciones concedidas, así como los demás ingresos propios o afectos a la actividad o conducta subvencionada, incluyendo las ayudas y subvenciones concedidas con el mismo objeto y por diferencia permita obtener un estado de rendición de cuentas de las cantidades o fondos públicos percibidos en concepto de subvención, no siendo la Consejería de Sanidad, responsable de los resultados de la gestión que conlleve la concesión de subvenciones a la entidad, por parte de otros Organismos y Entidades tanto públicas como privadas.

n) Dar la adecuada publicidad de la actividad subvencionada del carácter público de la financiación de la actividad, mediante la adopción de medidas de difusión que deberán adecuarse al objeto subvencionado, tanto en su forma como en su duración, estableciendo, en todo caso, como obligatoria la inclusión de la identidad corporativa gráfica del Gobierno de Canarias, así como leyendas relativas a la financiación pública en carteles, placas conmemorativas, materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales, o bien en menciones realizadas en medios de comunicación.

o) Justificar documentalmente ante la Dirección General de Atención a las Drogodependencias, antes del día 15 de marzo de 2013, el empleo de los fondos recibidos en la realización de la actividad subvencionada, su coste real y el desarrollo de dicha actividad en las condiciones y plazo en las que fue concedida.

Decimoquinta.- Subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios.

1. Se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada.

2. El beneficiario podrá subcontratar total o parcialmente la actividad subvencionada con terceros, sin limitación de clase alguna salvo lo señalado anteriormente. En ningún caso, podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma.

3. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20% del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que el contrato se celebre por escrito.

b) Que la celebración del mismo se autorice previamente por la entidad concedente de la subvención.

4. No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado anterior.

5. Los contratistas quedarán obligados solo ante el beneficiario, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración.

6. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, los beneficiarios serán responsables de que en la ejecución de la actividad subvencionada concertada con terceros se respeten los límites establecidos en las presentes directrices en cuanto a la naturaleza y cuantía de gastos subvencionables, y los contratistas estarán sujetos al deber de colaboración previsto en el artículo 46 de la Ley General de Subvenciones en cuanto a permitir la adecuada verificación del cumplimiento de dichos límites.

7. En ningún caso podrá concertarse por el beneficiario la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con:

a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad objeto de contratación.

c) Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje de coste total de la operación, a menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado del trabajo realizado o los servicios prestados.

d) Personas o entidades vinculadas con el beneficiario, artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, salvo que concurran las siguientes circunstancias:

1. Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado.

2. Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente en los términos que se fijen.

e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria y programa, que no hayan obtenido subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente.

Decimosexta.- Personal.

El tipo de vínculo que relacione a la entidad subvencionada con el personal de que disponga para el desarrollo de las acciones objeto de subvención será decidido libremente por la misma, sin que exista o pueda existir relación jurídica alguna entre el mencionado personal al servicio de la entidad beneficiaria y la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

Las retribuciones del personal no podrán ser superiores a las establecidas en el III convenio colectivo del personal laboral de la Comunidad Autónoma en cada una de sus categorías. Queda totalmente prohibido ningún incremento salarial distinto del que en su caso se apruebe a los trabajadores de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Decimoséptima.- Compatibilidades.

Las subvenciones nominadas objeto de estas directrices serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para el desarrollo de otros programas complementarios que enriquezcan las tareas biopsicosociales, integración social y de prevención, procedentes de cualquier entidad pública o privada, nacionales, de la Unión Europea o, de organismos internacionales.

Decimoctava.- Reintegro.

1. El beneficiario estará obligado al reintegro de las cantidades percibidas y se le exigirá el interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, como establece el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en la cuantía fijada en los artículos 37 y 38 de la misma, y conforme al procedimiento establecido en los artículos 40, 41 y 42 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello y ocultando aquellas que lo hubieran impedido. En este caso procederá el reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención. En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaje de incumplimiento.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su caso, de la presente Orden. En este supuesto deberán devolverse las cantidades no justificadas debidamente.

d) Incumplimiento de las obligaciones a adoptar en cuanto a la difusión del carácter público de la financiación de la actividad de acuerdo a lo establecido en la directriz decimocuarta, punto 2, apartado n), de esta resolución. En caso de incumplimiento total, deberá devolverse el 20 por ciento de la cantidad percibida; si el incumplimiento es parcial, en proporción a este.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como, el incumplimiento de las obligaciones contables, registrables o de conservación de documentos, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y la regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados nacionales, de la Unión Europea, o de organismos internacionales. En este caso procederá el reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a la entidad beneficiaria, así como de los compromisos por esta asumidos con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo o plazo en que se ha de realizar las actividades. En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido, equivalente al porcentaje de incumplimiento.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a la entidad beneficiaria, así como de los compromisos por esta asumidos con motivo de la concesión de la subvención distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido, equivalente al porcentaje de incumplimiento.

h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 al 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.

i) En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención.

2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario o, en su caso, entidad colaboradora se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por estos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de poscriterios enunciados en el párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en su caso, las establecidas en la normativa autonómica reguladora de la subvención.

3. Igualmente en caso que el importe de la subvención, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad o actividades subvencionadas, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad/es subvencionada/s, así como, la exigencia del interés de demora correspondiente.

Decimonovena.- Infracciones y sanciones administrativas.

En materia de infracciones y sanciones administrativas se estará a lo dispuesto en el Título IV, Capítulos I y II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Título IV del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, así como en los artículos 43, 44 y 45 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo y en el Título IX de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

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