Orden HAC/43/2015, de 19 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAC/35/2015, de 28 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el ejercicio 2015-2017, de las subvenciones en materia de formación de oferta mediante la ejecución de planes formativos dirigidos prioritariamente a las personas trabajadoras ocupadas. - Boletín Oficial de Cantabria de 25-11-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Cantabria
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 25/11/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ÿI

En el Boletín Oficial de Cantabria Extraordinario número 76, de 1 de octubre de 2015, se publicó la Orden HAC/35/2015, de 28 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el ejercicio 2015-2017, de las subvenciones en materia de formación de oferta mediante la ejecución de planes formativos dirigidos prioritariamente a las personas trabajadoras ocupadas.

El 30 de octubre de 2015 fue presentada, ante el Ministerio de Economía y Competitividad, reclamación a la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado, según lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, contra la citada orden, por presunta vulneración de los principios de libertad de establecimiento y de circulación de los operadores económicos, al exigir la convocatoria la previa inscripción y/o acreditación en el Registro Autonómico de Centros y Entidades de Formación de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

En este sentido, el artículo 18 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, trata de las actuaciones que limitan la libertad de establecimiento y la libertad de circulación. En su apartado primero se dispone que 'cada autoridad competente se asegurará de que cualquier medida, límite o requisito que adopte o mantenga en vigor no tenga como efecto la creación o el mantenimiento de un obstáculo o barrera a la unidad de mercado'. Añadiendo su apartado segundo:

'Serán consideradas actuaciones que limitan el libre establecimiento y la libre circulación por no cumplir los principios recogidos en el Capítulo II de esta Ley los actos, disposiciones y medios de intervención de las autoridades competentes que contengan o apliquen:

a) Requisitos discriminatorios para el acceso a una actividad económica o su ejercicio, para la obtención de ventajas económicas o para la adjudicación de contratos públicos, basados directa o indirectamente en el lugar de residencia o establecimiento del operador. Entre estos requisitos se incluyen, en particular:

1.º Que el establecimiento o el domicilio social se encuentre en el territorio de la autoridad competente, o que disponga de un establecimiento físico dentro de su territorio. (...)

3.º Que el operador haya estado inscrito en registros de dicho territorio. (...)

5.º Que el operador deba realizar un curso de formación dentro del territorio de la autoridad competente.'

No obstante, dicho precepto debe ser aplicado de conformidad con el 'Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del EstadoComunidad Autónoma de Galicia en relación con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado', publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 262, de 29 de octubre de 2014, según el cual:

'd) En relación con las discrepancias manifestadas sobre el artículo 18.2.a) ambas partes coinciden en interpretar que su contenido no obsta a que se pueda exigir el ejercicio de una actividad económica en el territorio para la obtención de ventajas económicas vinculadas a

políticas de fomento, sin ello implique discriminación por razón de la nacionalidad o domicilio social de la empresa.'

Este acuerdo acota el alcance del artículo 18.2.a) de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre. La base para esta interpretación radica en el mismo bloque de la constitucionalidad ('además de los preceptos constitucionales, las Leyes que, dentro del marco constitucional, se hubieran dictado para delimitar las competencias del Estado y las diferentes Comunidades Autónomas o para regular o armonizar el ejercicio de las competencias de éstas', art. 28.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional). Así, respecto del artículo 16 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del EstadoComunidad Autónoma de Galicia, alcanzó el siguiente acuerdo interpretativo:

'b) En relación con las discrepancias manifestadas sobre el artículo 16 ambas partes coinciden en interpretar que el mismo se está remitiendo a la regulación contenida en los artículos 17 y 18, sin impedir el ejercicio de las competencias autonómicas allí donde esté amparado por el bloque de constitucionalidad.'

Y ello en la medida en que una interpretación literal de lo establecido en el artículo 18 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, supondría soslayar las competencias que ostentan las Comunidades Autónomas de acuerdo con las normas que integran el referido bloque de la constitucionalidad, pues al no poder establecer requisitos ligados al territorio, no podrían ejercer aquéllas.

II

El requisito consistente en que las entidades de formación estén inscritas y/o acreditadas en el Registro persigue garantizar que las mismas cumplen los requisitos establecidos en cuanto a instalaciones y recursos humanos suficientes que garanticen su solvencia técnica para impartir la formación, tanto teórica como práctica, así como la calidad de la misma, tal y como dispone el artículo 15.3 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral. Estos requisitos deben ser verificados con carácter general por la Administración autonómica competente, que en el caso de instalaciones y recursos radicados en la Comunidad Autónoma de Cantabria resulta ser el Servicio Cántabro de Empleo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Cantabria 1/2003, de 18 de marzo, de Creación del Servicio Cántabro de Empleo, en relación con el artículo 15.2 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre. No obstante, la Administración competente será el Servicio Público de Empleo Estatal, bien cuando en la modalidad de teleformación, los centros en los que se desarrollen las sesiones de formación presencial y/o pruebas de evaluación presenciales estén ubicados en más de una comunidad autónoma, bien tratándose de centros móviles, cuando su actuación formativa se desarrolle en más de una comunidad autónoma. Asimismo, podrán solicitar su acreditación e inscripción al citado organismo las entidades de formación que dispongan de instalaciones y recursos formativos permanentes en más de una comunidad autónoma.

Por otro lado, el artículo 15.4 in de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, dispone que 'en todo caso, la acreditación y/o inscripción será única y válida para la prestación de servicios en todo el territorio nacional, conforme a lo previsto en el artículo 20 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.'

El artículo 20 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, en su apartado primero establece:

'Tendrán plena eficacia en todo el territorio nacional, sin necesidad de que el operador económico realice ningún trámite adicional o cumpla nuevos requisitos, todos los medios de intervención de las autoridades competentes que permitan el acceso a una actividad económica o su ejercicio, o acrediten el cumplimiento de ciertas calidades, cualificaciones o circunstancias. En particular, tendrán plena eficacia en todo el territorio nacional sin que pueda exigirse al operador económico el cumplimiento de nuevos requisitos u otros trámites adicionales:

a) Las autorizaciones, licencias, habilitaciones y cualificaciones profesionales obtenidas de una autoridad competente para el acceso o el ejercicio de una actividad, para la producción o la puesta en el mercado de un bien, producto o servicio.

b) Las declaraciones responsables y comunicaciones presentadas ante una autoridad competente para el acceso o el ejercicio de una actividad económica.

c) Las inscripciones en registros que sean necesarias para el acceso o ejercicio de una actividad económica.

d) Cualesquiera otros requisitos normativamente establecidos que permitan acceder a una actividad económica o ejercerla.'

No obstante, el apartado cuatro del mismo precepto dispone que 'el principio de eficacia en todo el territorio nacional no se aplicará en caso de autorizaciones, declaraciones responsables y comunicaciones vinculadas a una concreta instalación o infraestructura física'.

III

La Orden HAC/35/2015, de 28 de septiembre, convocó subvenciones para planes de formación que contuviesen acciones formativas con las siguientes características:

1.º Incluidas en el Catálogo de Especialidades Formativas:

A) Especialidades vinculadas a los certificados de profesionalidad, a impartir en modalidad presencial.

B) Especialidades no vinculadas a certificados de profesionalidad, a impartir en modalidad presencial.

2.º No incluidas en el Catálogo de Especialidades Formativas, no normalizadas, a impartir en la modalidad presencial, teleformación o mixta.

A dichas subvenciones para la ejecución de los distintos tipos de planes de formación, de ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, podrían optar las entidades de formación acreditadas o inscritas y en situación de alta en el Registro Autonómico de Centros y Entidades de Formación del Servicio Cántabro de Empleo en la fecha de publicación de la Orden de convocatoria, teniendo en cuenta lo siguiente:

1.º Las Entidades de formación deben estar acreditadas en el certificado o los certificados de profesionalidad para los que presenten solicitud en el Plan de formación, o inscritas en las especialidades formativas objeto de la formación y consten como tales en el Registro Autonómico de Centros y Entidades de Formación del Servicio Cántabro de Empleo, teniendo en cuenta que la formación deberá impartirse, necesariamente, en modalidad presencial, en instalaciones ubicadas en Cantabria, al ser el alumnado personas residentes o que trabajen en el territorio de la Comunidad Autónoma.

2.º Las Entidades inscritas y/o acreditadas que constan como tales en el Registro Autonómico de Centros de formación del Servicio Cántabro de Empleo pueden solicitar, en el Plan de Formación, acciones formativas NO normalizadas y NO incluidas en el Catálogo de Especialidades Formativas. Dicha formación puede impartirse en las modalidades presencial, teleformación o mixta. Las modalidades presencial y mixta exigen disponer de instalaciones y recursos ubicados en Cantabria, teniendo en cuenta que el alumnado asistente serán personas residentes o que trabajen en el territorio de la Comunidad Autónoma. No sucede lo mismo en el caso de la modalidad de teleformación, supuesto para el que la Orden de convocatoria no exige la realización de sesiones presenciales o pruebas de evaluación presenciales que, necesariamente, atendiendo al alumnado participante, debieran estar ubicadas en Cantabria.

Por tanto, teniendo en cuenta que para la impartición de acciones formativas en modalidad presencial o mixta se requiere disponer de instalaciones y recursos formativos ubicados en la Comunidad Autónoma de Cantabria y que la competencia para proceder a inscribir y acreditar a las entidades de formación puede corresponder, con carácter general al Servicio Cántabro de Empleo, pero también en supuestos especiales al Servicio Público de Empleo Estatal, es

necesario modificar la referencia que en la Orden HAC/35/2015, de 28 de septiembre, se realiza para estos casos al Registro Autonómico de Centros y Entidades de Formación del Servicio Cántabro de Empleo, sustituyéndola por la referencia al Registro de Centros y Entidades de Formación del Servicio Cántabro de Empleo o del Servicio Público de Empleo Estatal, según corresponda.

Asimismo, teniendo en cuenta que para la impartición de acciones formativas en modalidad teleformación, que únicamente pueden consistir en acciones de formación no normalizada, no requiere la realización de sesiones presenciales o pruebas de evaluación presenciales, es necesario modificar la referencia que en la Orden HAC/35/2015, de 28 de septiembre, se realiza para estos casos al Registro Autonómico de Centros y Entidades de Formación del Servicio Cántabro de Empleo, sustituyéndola por la referencia al Registro de entidades de formación que en cada caso corresponda.

En todo caso, el requisito de inscripción o acreditación en el registro que corresponda en cada supuesto deberá cumplirse en la fecha de publicación de la Orden HAC/35/2015, de 28 de septiembre.

IV

La introducción de las modificaciones descritas implica la necesidad de abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes para que aquellas entidades de formación que no pudieron presentarlas, por no reunir los requisitos establecidos en la redacción originaria de la Orden de convocatoria, puedan hacerlo ahora. Dicho plazo debe ser necesariamente el mismo en duración que el previsto en el artículo 11.1, esto es, de diez días hábiles.

No obstante, este nuevo plazo no deberá abrirse para aquellas entidades de formación que hubiesen presentado ya solicitud de subvención, tanto en el caso de entidades que podían resultar beneficiarias de acuerdo con la anterior redacción, como en el caso de entidades que no cumpliendo los requisitos originarios, sí hubiesen procedido a presentar su solicitud, la cual será tramitada observando las modificaciones que ahora se introducen.

Por todo lo anteriormente expuesto, de conformidad con las competencias atribuidas en los artículos 16 y 23 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, y en el artículo 33 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,

DISPONGO

Artículo único. Modificación de la Orden HAC/35/2015, de 28 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el ejercicio 2015-2017, de las subvenciones en materia de formación de oferta mediante la ejecución de planes formativos dirigidos prioritariamente a las personas trabajadoras ocupadas.

La Orden HAC/35/2015, de 28 de septiembre, queda modificada en los siguientes términos:

Uno. Se da nueva redacción al artículo 3, que queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 3. Beneficiarios y requisitos.

Podrán acceder a la condición de beneficiarios, siempre que no incurran en ninguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, las Entidades de formación descritas en este artículo.

Podrán solicitar subvenciones para la ejecución de los distintos tipos de planes de formación, de ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, previstos en el artículo 2, las entidades de formación acreditadas o inscritas y en situación de Alta en el correspondiente registro en la fecha de publicación de esta Orden, de acuerdo con lo siguiente:

1. Las Entidades de formación acreditadas en el certificado o los certificados de profesionalidad para los que presenten solicitud en el Plan de formación, o inscritas en las especialidades formativas objeto de la formación, que consten como tales en el Registro Autonómico de Centros y Entidades de Formación del Servicio Cántabro de Empleo o del Servicio Público de Empleo Estatal, según corresponda, siempre y cuando dispongan de instalaciones en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria debidamente inscritas/acreditadas.

2. No obstante lo anterior las Entidades inscritas y/o acreditadas que constan como tales en el Registro Autonómico de Centros y Entidades de Formación del Servicio Cántabro de Empleo o del Servicio Público de Empleo Estatal, siempre y cuando dispongan de instalaciones en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria debidamente inscritas/acreditadas, podrán solicitar, en el Plan de Formación, acciones formativas NO normalizadas y NO incluidas en el Catálogo de Especialidades Formativas. A tal efecto, el modelo de solicitud contendrá la declaración responsable referente a las acciones formativas mencionadas en este párrafo, lo que supondrá que dicha inscripción será de aplicación únicamente en el supuesto de que las mismas resulten aprobadas en el Plan de Formación y tendrá una vigencia limitada a la de la propia duración de su impartición.

Asimismo, podrán solicitar para planes de formación que incluyan únicamente acciones formativas NO normalizadas para su impartición exclusivamente en modalidad de teleformación, el resto de Entidades inscritas y/o acreditadas para impartir formación en dicha modalidad y que consten como tales en el registro que corresponda. A tal efecto, el modelo de solicitud contendrá la declaración responsable referente a las acciones formativas mencionadas en este párrafo, lo que supondrá que dicha inscripción será de aplicación únicamente en el supuesto de que las mismas resulten aprobadas en el Plan de Formación y tendrá una vigencia limitada a la de la propia duración de su impartición.

La inexactitud o la falsedad en cualquier dato, manifestación o documento, de carácter esencial, que se hubiera acompañado o incorporado a la declaración responsable a que se hace mención en los párrafos anteriores, determinará la imposibilidad de continuar con la actividad de impartición de las acciones formativas, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común».

Dos. Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 17, 'Subcontratación', que queda redactado como sigue:

«1. Las entidades de formación beneficiarias, no podrán subcontratar con terceros la ejecución de las acciones formativas. A estos efectos, la contratación directa por parte del beneficiario del personal docente para la impartición de la formación subvencionada sin que medien terceros no se considerará subcontratación.

Tampoco se considerará subcontratación la contratación con un tercero de la puesta a disposición de una plataforma de teleformación, siempre que la entidad beneficiaria mantenga el control del acceso y aprendizaje del alumnado y de las personas responsables de la tutoría».

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Apertura de nuevo plazo de presentación de solicitudes

Para las Entidades de formación que a tenor de la redacción originaria de la Orden HAC/35/2015, de 28 de septiembre, no podían resultar beneficiarias pero que tras su modisí pueden obtener esta condición, se abre un plazo de presentación de solicitudes de diez días, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial de Cantabria».

No obstante, en ningún caso podrán presentar nuevas solicitudes aquellas Entidades de formación que lo hubieren hecho en el plazo establecido en la Orden HAC/35/2015, de 28 de septiembre. En caso de hacerlo no serán admitidas a trámite.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Efectos

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de Cantabria».

Santander, 19 de noviembre de 2015.

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo,

Juan José Sota Verdión.

Formación
Empleo
Actividades económicas
Formación para el empleo
Alumnado
Empresa
Profesorado