ORDEN PRE/535/2018, de 21 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a las entidades para la defensa de la memoria histórica. - Boletín Oficial de Castilla y León de 25-05-2018

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  • Beneficiarios: Asociaciones y economía social
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La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, establece que las Administraciones públicas, en el marco de sus competencias, facilitarán a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore, así como a las entidades que, constituidas antes del 1 de junio de 2014, incluyan el desarrollo de tales actividades entre sus fines.

El artículo 1.2 del Estatuto de Autonomía dispone que Castilla y León, como región de Europa, asume los valores de la Unión Europea y vela por el cumplimiento de sus objetivos y por la defensa de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico europeo.

Los valores democráticos y la defensa de las libertades se constituyen, en el Estatuto de Autonomía, como principios que han de regir todas las políticas públicas, que han de orientarse a la promoción de la cultura de la paz, de la tolerancia, del respeto y del civismo democráticos, rechazando cualquier actitud que promueva la violencia, el odio, la discriminación o la intolerancia, o que, de cualquier otra forma, atente contra la igualdad y la dignidad de las personas.

El Decreto 9/2018, de 12 de abril, de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León en su artículo 15 prevé el apoyo económico a las entidades para la defensa de la memoria histórica en Castilla y León.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en su artículo 9.2 que, con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las normas que establezcan las bases reguladoras de concesión en los términos establecidos en la ley.

Asimismo, la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, establece en su artículo 6 que las bases reguladoras, con el carácter de disposiciones generales, deben desarrollar el régimen jurídico de cada subvención con el contenido mínimo establecido en las normas básicas y en el propio artículo 6.

Mediante Orden de la Consejería de la Presidencia, se ha aprobado el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de la Presidencia 2016-2019.

Por todo ello, de conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, y demás normativa de aplicación.

DISPONGO

Artículo 1. Objeto y finalidad.

1. Esta orden tiene por finalidad establecer las bases para la concesión de subvenciones para el desarrollo de sus actividades a entidades con personalidad jurídica y sin ánimo de lucro que tengan entre sus fines la realización de actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore.

2. Las subvenciones a las que se refieren estas bases están condicionadas a la adopción de un comportamiento singular de las entidades beneficiarias, consistente en realizar actividades definidas en el artículo 3 por el importe de la subvención, lo que constituye su objeto.

Artículo 2. Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las entidades con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro con sede en la Comunidad de Castilla y León, que se hubieren constituido antes de la entrada en vigor de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, y cuyos estatutos incluyan entre sus fines la realización de actividades de indagación, localización e identificación de personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la dictadura franquista y cuyo paradero se ignore.

2. No podrán obtener la condición de beneficiario las entidades que concurran en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 3. Actividades y gastos subvencionables.

1. Serán gastos subvencionables aquellos que, de manera indubitada, y siendo estrictamente necesarios, respondan a la naturaleza de las actividades propias de las entidades, incluidos los gastos de asesoría jurídica y financiera, los notariales o registrales, los gastos periciales y los gastos de administración específicos, los gastos y honorarios de personal así como los derivados de prestación de servicios de hostelería y publicidad, si están directamente relacionados con las actividades propias de la entidad.

2. Serán subvencionables las siguientes actividades que se realicen en Castilla y León:

a) La elaboración de los proyectos encaminados a la posterior realización de trabajos de localización, investigación, exhumación e identificación, con independencia de su efectiva ejecución posterior.

b) La investigación histórica, la excavación arqueológica, el estudio antropológico-forense, el análisis de ADN, la restauración de objetos asociados, la inhumación en cementerio, o los actos de homenaje.

c) Exposiciones, jornadas, trabajos de edición, investigación y cualquier otra acción dirigida al conocimiento o difusión de los hechos que produjeron la desaparición violenta de personas durante la Guerra Civil o la dictadura franquista.

3. Se podrá admitir como gasto indirecto subvencionable la parte de los gastos administrativos y de funcionamiento de la entidad atribuible a la actividad hasta un límite del 20% del coste de ésta.

4. Los gastos subvencionables serán los que hayan sido efectivamente pagados dentro del plazo establecido por la convocatoria.

Artículo 4. Subcontratación.

1. La realización total o parcial de la actividad subvencionada podrá estar subcontratada con terceros por el beneficiario hasta el 100% del importe, con los límites y requisitos establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. Así mismo se autorizará al beneficiario a concertar la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con personas o entidades vinculadas con él, siempre y cuando así se prevea en cada convocatoria y de acuerdo con lo que ésta establezca.

Artículo 5. Cuantía de la subvención y criterios de valoración.

1. De acuerdo con la posibilidad prevista en el artículo 32 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 27 de noviembre, General de Subvenciones, el importe de la subvención constituye un importe cierto sin referencia a un porcentaje o fracción del coste total de la actividad.

2. De conformidad con la posibilidad establecida en el artículo 20.1 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, el crédito presupuestario disponible anualmente se prorrateará entre todos aquellos solicitantes que cumplan los requisitos establecidos en la normativa reguladora de estas subvenciones y en la convocatoria, con el límite de lo solicitado.

Artículo 6. Compatibilidad con otras subvenciones.

Estas ayudas son compatibles con la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos y privados nacionales o internacionales.

Artículo 7. Inicio del procedimiento.

1. El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en estas bases se tramitará en régimen de concurrencia competitiva y se iniciará mediante convocatoria aprobada por el titular de la consejería competente en materia de memoria histórica.

2. La publicación prevista en el artículo 17.3 b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se efectuará en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Artículo 8. Presentación de solicitudes y documentación.

1. Una vez publicado el extracto de la convocatoria, los interesados deberán presentar, dentro del plazo que ésta disponga, las solicitudes en el modelo normalizado aprobado al efecto junto con la documentación exigida en cada convocatoria, que estará disponible en la sede electrónica https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es

2. La presentación de la solicitud implica la plena aceptación de las bases.

3. Los solicitantes de la subvención deberán relacionarse con la Administración de Castilla y León a través de medios electrónicos en lo que respecta al procedimiento al que se refieren estas bases, conforme a lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4. La solicitud y cualquier documentación correspondiente al procedimiento de concesión deberá presentarse a través de los medios electrónicos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los términos establecidos en la normativa reguladora y de conformidad con lo que prevean las correspondientes convocatorias.

5. Si alguno de los solicitantes presentara su solicitud presencialmente, el órgano instructor le requerirá para que la subsane a través de su presentación electrónica, siempre que no hubiese finalizado ya el plazo de presentación de solicitudes. Se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que se haya realizado su subsanación a través de su presentación por medios electrónicos.

6. Si una vez requerido, el interesado presentara su solicitud por medios electrónicos fuera del plazo establecido en la correspondiente convocatoria para la presentación de solicitudes, se considerará presentada fuera de plazo y el órgano competente para resolver acordará su inadmisión.

7. Si una vez requerido, el interesado no presentara su solicitud por medios electrónicos se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución del órgano competente.

8. Si el solicitante no acompañase toda la documentación exigida o la presentada no reuniera todos los datos exigidos, se le requerirá para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez días subsane la falta o acompañe la documentación correspondiente, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución del órgano competente.

Artículo 9. Instrucción del procedimiento.

1. La instrucción del procedimiento corresponderá a la Secretaría General de la consejería competente en materia de memoria histórica que será competente para realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la propuesta de resolución.

2. Conforme a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, tendrá las siguientes atribuciones:

a) Solicitar cuantos informes estime necesarios para resolver y aquéllos que sean exigidos por las normas que regulan la subvención.

b) Verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario.

c) Remitir las actuaciones practicadas a la comisión de valoración.

d) Formular propuesta de resolución una vez recibido el informe de la comisión de valoración.

3. Se constituirá la comisión de valoración prevista en el artículo 21 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, que estará compuesta por un presidente y dos vocales, uno de los cuales actuará también como secretario, con voz y voto. La comisión de valoración será designada en la orden de convocatoria por el Secretario General de la Consejería de la Presidencia entre funcionarios adscritos a la consejería competente en materia de memoria histórica.

4. El funcionamiento de la comisión de valoración se regirá por lo previsto en el artículo 21 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre.

5. Una vez examinadas las solicitudes de subvención, la comisión de valoración emitirá un informe, de carácter vinculante, dirigido al titular del órgano directivo competente en la materia, como órgano instructor, en el que se concreten los beneficiarios y la cuantía de la subvención que corresponde a cada uno de ellos.

6. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe citado en el apartado anterior, formulará propuesta de resolución que, debidamente motivada, se elevará al órgano competente para resolver.

Artículo 10. Propuesta de resolución.

1. La propuesta de resolución deberá expresar la relación de los solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y su cuantía. Del mismo modo expresará la relación de aquellos para los que se propone la denegación de la subvención, debidamente motivada o la inadmisión de su solicitud.

2. La propuesta de resolución no crea derecho alguno a favor de los beneficiarios propuestos frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.

3. No será necesario notificar la propuesta de resolución a los interesados, ni recabar su aceptación previa a la resolución.

4. Si alguno de los beneficiarios desistiera de su solicitud una vez efectuada la propuesta de resolución y antes de efectuarse la resolución de la convocatoria, el órgano instructor formulará nueva propuesta de resolución prorrateando la cuantía que le hubiera correspondido al renunciante entre los demás beneficiarios.

Artículo 11. Resolución y publicación.

1. La resolución del procedimiento de concesión corresponde al titular de la consejería competente en materia de memoria histórica, sin perjuicio de las desconcentraciones o delegaciones de esta competencia que puedan realizarse.

2. El plazo máximo para dictar y notificar resolución expresa será el que se indique en la correspondiente convocatoria, sin que pueda exceder de tres meses computados a partir de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, salvo que una ley establezca un plazo mayor o así venga previsto en la normativa de la Unión Europea. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada.

3. La resolución de la convocatoria contendrá de modo expreso aquellas solicitudes que hayan sido subvencionadas y la desestimación o inadmisión del resto de solicitudes.

4. El régimen de publicidad de las subvenciones concedidas será el establecido en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 27.3 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre.

5. Contra la citada resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación, ante el mismo órgano que la hubiere dictado, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente, recurso ante el órgano jurisdiccional contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Artículo 12. Notificaciones.

1. De conformidad con el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la notificación de la resolución de la convocatoria se efectuará mediante publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

2. Las demás notificaciones y comunicaciones a los interesados en el procedimiento regulados en esta orden se efectuarán por medios electrónicos.

Artículo 13. Modificaciones.

1. La actividad subvencionada podrá ser modificada siempre que no se vea alterada su naturaleza ni la cuantía de la subvención.

2. Cualquier modificación sustancial de la actividad subvencionada deberá ser solicitada previa y expresamente y autorizada por el órgano competente para la resolución de la convocatoria.

3. Se considera modificación sustancial de la actividad subvencionada toda aquella que afecte a los objetivos, resultados y localización.

4. Las solicitudes de modificación de la actividad subvencionada deberán presentarse, por el solicitante, de forma motivada tan pronto como aparezcan las circunstancias que las justifiquen, junto con un informe explicativo en el que se especifiquen los cambios propuestos, la excepcionalidad de las causas que conducen a la modificación y las repercusiones presupuestarias que ello implica.

5. Transcurrido un plazo de treinta días sin haberse dictado y notificado resolución expresa, las entidades solicitantes pueden entender estimadas sus solicitudes por silencio administrativo.

6. Toda modificación sustancial no autorizada por el órgano competente para la resolución, implicará la cancelación total o parcial, previa tramitación del procedimiento contemplado a tal efecto.

Artículo 14. Cuenta justificativa.

1. Los beneficiarios deberán justificar el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y la correcta aplicación de los fondos recibidos mediante la aportación de cuenta justificativa con aportación de justificantes de gastos que tendrá el contenido previsto en esta base, que se dirigirá al órgano instructor.

2. La justificación de la subvención, según lo previsto en el artículo 30.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 75 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, revestirá la forma de cuenta justificativa simplificada, que tendrá carácter de documento con validez jurídica para la justificación de la subvención, y contendrá la siguiente información:

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, de haber adoptado el comportamiento que constituye su objeto y de los resultados obtenidos.

b) Una relación clasificada de los gastos con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago.

c) Declaración responsable de otras ayudas recibidas para la financiación de los gastos subvencionados y su importe.

d) Declaración responsable de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Artículo 15. Forma y plazo de justificación.

1. La orden de convocatoria podrá establecer la obligatoriedad de la aportación de cualquier otra documentación que se estime procedente para la correcta justificación de la subvención, así como sustituir por otros o no exigir alguno de los documentos señalados en el artículo anterior siempre que se respete lo establecido en la normativa vigente.

2. La presentación de la documentación justificativa de la subvención se efectuará por los beneficiarios según lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. El plazo de justificación por el beneficiario será de doce meses desde la finalización del plazo de presentación de las solicitudes.

4. Cuando la actividad subvencionada no pueda justificarse en el plazo previsto por causas debidamente justificadas, podrá concederse al beneficiario, a solicitud de éste, una prórroga del plazo, siempre que así lo determine la correspondiente convocatoria.

5. Cuando transcurra el plazo establecido para la justificación, sin que ésta haya sido presentada ante el órgano competente, éste requerirá al beneficiario para que sea presentada en el plazo improrrogable de 15 días. La falta de presentación de la justificación en este plazo dará lugar a la iniciación del procedimiento para determinar el incumplimiento y, en su caso, el reintegro.

Artículo 16. Comprobación de ejecución y justificación.

1. A los efectos de lo prescrito en el artículo 75.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la técnica de muestreo consistirá en la selección de un 2% de los documentos justificativos, o de al menos dos documentos justificativos, por cada subvención concedida que serán elegidos por un sistema de selección aleatoria.

2. Se requerirá a los beneficiarios la aportación de los justificantes de gasto seleccionados, que serán facturas o documentos de valor probatorio equivalente, originales o copias auténticas, según lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Artículo 17. Pago.

1. El pago de las subvenciones que se concedan se regirá por lo dispuesto en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de Castilla y León, la Ley 2/2006, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para el año correspondiente, y demás normativa que le sea de aplicación.

2. Podrán realizarse pagos anticipados sin necesidad de aportar garantías por parte de los beneficiarios, de acuerdo con lo establecido en la normativa sobre subvenciones, en los términos que establezca la orden de convocatoria.

Artículo 18. Incumplimiento y reintegros.

1. El incumplimiento por el beneficiario de las condiciones exigidas en el otorgamiento de la subvención ocasionará la cancelación total o parcial de la subvención y según los casos, la improcedencia del pago de aquella o reducción de la parte correspondiente o el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas con el interés de demora correspondiente.

2. El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en el Título IV de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre.

3. El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será el titular de la consejería competente en materia de memoria histórica de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre.

Artículo 19. Obligaciones de los beneficiarios.

Son obligaciones del beneficiario:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Artículo 20. Criterios de graduación de los incumplimientos.

1. La falta de justificación total del importe de la subvención concedida dará lugar a su cancelación o reintegro total en el supuesto de que haya sido anticipada.

2. La justificación parcial del importe de la subvención concedida dará lugar a la cancelación o reintegro por el importe de la cuantía de la subvención concedida que no haya sido justificada.

3. La justificación realizada fuera de plazo supondrá el reintegro parcial en los porcentajes siguientes, siempre que el beneficiario haya realizado completamente la actividad subvencionada y habiendo actuado, conforme prevé el artículo 37.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aproximándose al cumplimiento total en aras de satisfacer los compromisos previstos:

a) El retraso en la presentación de la documentación justificativa de 1 a 3 días con respecto al último plazo de justificación, supondrá un reintegro del 10% sobre el total de la subvención.

b) El retraso de 4 a 6 días supondrá un reintegro del 25% sobre el total de la subvención.

c) El retraso de 7 a 10 días supondrá un reintegro del 50% sobre el total de la subvención concedida.

d) Un retraso superior a 10 días implicará la cancelación y reintegro total de la subvención.

4. En todo caso, para proceder a la aplicación de los criterios anteriormente establecidos y que, en consecuencia se puedan considerar los gastos afectados como gastos realizados conforme dispone la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, es necesario que el incumplimiento no tenga carácter sustancial y que se haya producido por una causa justificada que ha de ser indicada por el propio beneficiario.

Artículo 21. Responsabilidad y régimen sancionador.

Los beneficiarios de las subvenciones quedarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones establece el Título IV tanto de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, como de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León.

Disposición adicional. Régimen jurídico.

Para todos aquellos extremos no previstos en la presente orden, será aplicable la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la Ley 5/2008 de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León y sus disposiciones de desarrollo, la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, las restantes normas del derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. Igualmente, resultará de aplicación el Decreto 27/2008, de 3 de abril, que regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en materia de subvenciones.

Disposición final. Entrada en vigor.

Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Valladolid

2018-05-21

El Consejero de la Presidencia, Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López

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