Orden UMA/33/2018, de 21 de agosto, por la que se aprueban las bases de subvenciones a entidades del Tercer Sector para el desarrollo de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del I.R.P.F. - Boletín Oficial de Cantabria de 12-09-2018

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La concesión de subvenciones a entidades del Tercer Sector para el desarrollo de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en adelante IRPF, ha sido una medida del Estado consolidada en el tiempo, cuyas bases reguladoras se contenían en el Real Decreto 536/2013, de 12 de julio.

El Tribunal Constitucional, en sentencia de 19 de enero de 2017, estimó parcialmente el conflicto positivo de competencia 4777-2016 entendiendo que la convocatoria y concesión de estas subvenciones debía ser realizada por las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias, en la medida en que se trate de subvencionar actuaciones y programas de asistencia social, debiendo entender incluidos en dicho concepto las dirigidas a la atención de colectivos específicos desfavorecidos o en situación de riesgo de exclusión a fin de procurar su reinserción social, en los términos recogidos por el propio Tribunal, entre otras, por las SSTC 146/1986, 171/1988 o 18/2016.

El Consejo Territorial de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia en la sesión del día 26 de abril de 2017 acordó que en cumplimiento a la Sentencia del TC 9/2017, de 19 de enero, el futuro modelo de gestión del 0,7% del IRPF sea un modelo mixto con un tramo estatal y otro autonómico, conforme al modelo elaborado por la Comisión Delegada del Consejo Territorial

La Comisión Delegada del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, acordó en su reunión del día 19 de junio de 2017 los aspectos centrales del régimen de subvenciones destinadas a fines de interés social con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a gestionar por las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía.

Por su parte, la Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales, recoge en su artículo 10, como principios básicos reguladores del Sistema Público de Servicios Sociales los de responsabilidad pública, universalidad, igualdad, equidad y accesibilidad; promoción de la autonomía; atención integral y longitudinal; prevención, participación, integración y normalización; planificación y coordinación; calidad y resolución de problemas. Por otra parte, el Sistema contempla como finalidad potenciar la participación y el desarrollo de las personas y de los grupos dentro de la sociedad, así como fomentar el desarrollo comunitario. Para cumplir este objetivo, entre otras actuaciones, el artículo 47.5 de la Ley dispone que las Administraciones Públicas podrán subvencionar, en materia de Servicios Sociales, a instituciones que desarrollen su actividad en el territorio de Cantabria y que figuren inscritas en el registro correspondiente de la Comunidad Autónoma.

Por estas razones, la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, mediante la Orden UMA/43/2017, de 8 de septiembre, aprobó las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Transcurrido el primer año de gestión autonómica de estas subvenciones, la experiencia de dicha gestión determina una serie de cambios en las Bases Reguladoras que, desde un punto de vista práctico y por simplicidad normativa, se plasman en esta nueva Orden.

Al igual que en la Orden anterior, la tramitación y concesión de las subvenciones se llevará a cabo, de conformidad con la Ley de Cantabria 3/2009, de 27 de noviembre, de Creación del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, por dicho organismo autónomo, el cual tiene encomendada la gestión de prestaciones económicas y de ayudas públicas a personas e instituciones públicas o privadas, contempladas en la legislación de servicios sociales.

En su virtud y, en uso de las facultades conferidas por el artículo 16 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, y por el artículo 33.f) de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,

DISPONGO

Artículo 1. Objeto y finalidad de las subvenciones.

1. La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la realización de programas de interés general para atender fines de interés social con cargo a la asignación tributaria de IRPF a gestionar por la Comunidad Autónoma de Cantabria.

2. Las subvenciones irán destinadas a cubrir necesidades específicas de asistencia social dirigidas a la atención de las personas en situación de pobreza y exclusión social o que se encuentren en otras situaciones de especial vulnerabilidad atendidas mediante actuaciones desarrolladas por entidades del Tercer Sector de Acción Social, así como por la Cruz Roja Española.

3. Los programas subvencionables anualmente se determinarán en las respectivas convocatorias.

Artículo 2. Gastos subvencionables.

1. Podrá subvencionarse la ejecución de programas sociales de las entidades. Se entenderán por programas sociales las actuaciones específicamente planificadas para la consecución de un objetivo determinado, consistente en la promoción, prevención, intervención, incorporación o reinserción social dirigidas a hacer efectivo el derecho a la protección social de las personas, establecido en la Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales.

2. Podrá igualmente subvencionarse la ejecución de programas de inversión que incluyan equipamiento, obras de adaptación y rehabilitación, así como, con carácter preferente, la terminación de programas de inversión financiados en las convocatorias efectuadas anteriormente por la Administración General del Estado con cargo a la asignación del IRPF. No se financiarán programas de construcción de obra nueva y/o adquisición de terrenos o edificaciones.

3. Serán subvencionables aquellos gastos que se determinen en las convocatorias que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y que resulten estrictamente necesarios. Cuando los programas impliquen prestación de servicios, se requerirán las autorizaciones especiales que se regulen en la normativa específica que resulte de aplicación. En ningún caso el coste de estos gastos podrá ser superior al valor de mercado.

En los supuestos de ejecución de obra, suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, se estará a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 32 de la Ley 10/2006, de 17 de julio.

Las cuantías de las retribuciones y coste de Seguridad Social del personal laboral, imputables a la subvención serán admisibles con las limitaciones que, en su caso, se determinen en las convocatorias.

4. En ningún caso serán subvencionables los gastos de amortización de los bienes inventariables.

5. En las convocatorias se podrán establecer límites máximos y mínimos para el importe de las subvenciones a conceder a cada gasto subvencionable, así como el importe máximo que podrá recibir cada entidad con cargo a la convocatoria. También podrá limitarse el número de proyectos y/o programas que se podrán subvencionar a una misma entidad.

Artículo 3. Exclusiones y limitaciones.

1. No podrán concederse las subvenciones reguladas en esta Orden para la realización de los siguientes gastos, actividades o programas:

a) Las actividades, programas o servicios cuya competencia y sostenimiento corresponda a otros departamentos de las Administraciones General del Estado, Autonómica o Local, o de los organismos pertenecientes a los sectores públicos de las citadas administraciones públicas.

b) Los gastos de mantenimiento de las entidades

c) La financiación de plazas en centros de servicios sociales de atención diurna, nocturna o residencial, cuando estén incluidas en el Sistema Público de Servicios Sociales conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de marzo.

d) La amortización de préstamos, el pago de intereses u otros gastos financieros originados por la puesta en marcha de los programas y/o proyectos sociales.

e) Los programas que ya estén incluidos en conciertos o encomiendas de gestión con la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria u otras Administraciones Públicas o los organismos pertenecientes a los sectores públicos de los mismos, y cualquier programa que se lleve a cabo en centros cuando se desarrolle en el horario de atención que figure en los mismos.

2. Las entidades estarán obligadas a financiar los programas para los que se solicite la subvención, en la proporción del coste del proyecto o programa que se establezca en la convocatoria.

3. Esta subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

Artículo 4. Requisitos para obtener la condición de entidad beneficiaria.

Podrán obtener la condición de beneficiarias de las subvenciones a que se refiere esta Orden las entidades del Tercer Sector de Acción Social definidas en el artículo 2 de la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, así como la Cruz Roja Española, que cumplan los siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituida al menos con dos años de antelación a la fecha de publicación de la convocatoria de subvenciones o, en su caso, a la resolución de concesión de la subvención.

b) Estar inscritas en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales regulado mediante Decreto 40/2008, de 17 de abril por el que se regulan la Autorización, la Acreditación, el Registro y la Inspección de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales, o tener solicitada la inscripción en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y estar inscrita a fecha de resolución de la concesión, o bien en el registro correspondiente.

c) Carecer de fines de lucro.

d) Tener fines institucionales adecuados recogidos como tales en sus estatutos propios para la realización de las actividades consideradas subvencionables.

e) Acreditar experiencia y especialización en la atención al colectivo o colectivos al que se dirigen los programas.

f) Disponer de la estructura suficiente para garantizar el cumplimiento de sus fines acreditando la experiencia operativa necesaria para ello.

g) Tener ámbito de actuación en la Comunidad Autónoma de Cantabria y desarrollar sus actividades, de manera real y efectiva, en la misma.

h) No hallarse en alguna de las circunstancias que establece el artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

También podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las agrupaciones de organizaciones sin personalidad jurídica. Estas agrupaciones deberán indicar los compromisos asumidos por cada uno de sus miembros y el importe de la subvención a aplicar a cada uno de ellos. Asimismo, deberán nombrar un representante con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como entidad beneficiaria, corresponden a la agrupación. La agrupación no podrá disolverse hasta que haya transcurrido el periodo de prescripción previsto en los artículos 40 y 69 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

No se entenderán incluidas dentro de la tipología de entidades y organizaciones no gubernamentales las entidades de derecho público, los partidos políticos, las universidades, las sociedades civiles, los colegios profesionales, las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación, las organizaciones empresariales y los sindicatos y otras entidades con análogos fines específicos y naturaleza que los citados anteriormente.

Artículo 5. Publicación de las convocatorias

Las convocatorias que se efectúen en aplicación de las presentes bases reguladoras, se publicarán en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) (www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index), así como un extracto de las mismas en el Boletín Oficial de Cantabria, por conducto de la BDNS.

Asimismo, podrán consultarse las bases y las futuras convocatorias en la página www.serviciossocialescantabria.org.

Artículo 6. Presentación de solicitudes y plazo para efectuarla.

1. Las solicitudes, formalizadas en los modelos que se establezcan en las convocatorias y acompañadas de la documentación que se determine en cada caso, irán dirigidas a la Directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y se presentarán en el Registro delegado del citado Instituto, en el Paseo General Dávila 87, de Santander, o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 105.4 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

2. Las solicitudes se presentarán en el plazo fijado en la convocatoria correspondiente con un mínimo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

3. La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización al órgano gestor para recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Hacienda de la Comunidad Autónoma y por la Tesorería General de la Seguridad Social a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación en los términos previstos en el artículo 22 del Reglamento General de Subvenciones.

Artículo 7. Subsanación de solicitudes.

1. Una vez recibida la solicitud con la documentación exigida en la convocatoria, si alguna de ellas presentara defectos o resultara incompleta, se requerirá a la entidad solicitante para que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente a la recepción de la notificación correspondiente, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, de conformidad con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

2. Si la entidad interesada no subsanase las deficiencias o no aportase la documentación requerida, se le tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según lo dispuesto en el artículo 68 de la misma Ley.

Artículo 8. Instrucción y valoración de los expedientes.

1. Admitidas las solicitudes y subsanados los posibles defectos, se procederá a la instrucción de los expedientes por el Servicio de Acción Social e Integración del ICASS. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de las condiciones para adquirir la condición de beneficiario de la subvención. La comprobación de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en el resto de la documentación que se hubiere presentado, podrá comportar, en función de su importancia, la denegación de la ayuda solicitada, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse.

2. Las actividades de instrucción comprenderán:

a) La petición de cuantos informes estime necesarios para resolver y el requerimiento a las entidades solicitantes para que aporten cuantos datos, informaciones o documentos relacionados con la actividad se estimen necesarios.

b) La evaluación de las solicitudes, con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 10 de esta Orden.

3. La valoración de las solicitudes se realizará teniendo en cuenta la evaluación del proyecto, su oportunidad, su coste, el número de solicitudes recibidas y el crédito disponible, de conformidad con los criterios referidos en el artículo 10, dependiendo del objeto de la subvención y la naturaleza de la entidad solicitante. Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano colegiado a que se refiere el artículo siguiente emitirá un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación.

4. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del comité de valoración formulará la propuesta de resolución provisional y abrirá un trámite de audiencia por el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de la resolución provisional del procedimiento en el Boletín Oficial de Cantabria de acuerdo con lo previsto en el artículo 24.4 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio.

5. Cuando así lo disponga la convocatoria, se podrá instar de las personas interesadas la reformulación de sus solicitudes, a fin de ajustar los programas y proyectos subvencionables al importe fijado en la propuesta provisional de resolución, en el caso de que dicho importe fuera inferior al que figure en la solicitud. El escrito de reformulación se presentará en el mismo plazo previsto en el apartado anterior. En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, conforme a los criterios de valoración establecidos en esta Orden.

6. Si se ha previsto la posibilidad de reformulación, una vez que las presentadas merezcan la conformidad del Comité de Valoración, sin que quepa proponer nueva reformulación, y en todo caso, realizadas las actuaciones previstas en este artículo, el órgano instructor, previo informe del Comité de Valoración, formulará la propuesta de resolución definitiva, que expresará la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios seguidos para efectuarla y la elevará al órgano competente para resolver la convocatoria.

7. En caso de producirse el desistimiento a alguna solicitud de subvención propuesta en la resolución provisional, el crédito no aplicado podrá distribuirse entre las demás entidades, debidamente ordenadas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11.2, siempre que se respeten los límites de financiación que se establezcan en la convocatoria para cada objeto de la subvención.

8. Las propuestas de resolución no crean derecho alguno a favor de la entidad beneficiaria propuesta frente al ICASS, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.

Artículo 9. Comité de Valoración.

1. El Comité de Valoración estará constituido por:

a) El/la directora/a del ICASS o persona que le sustituya, que lo presidirá.

b) Cuatro vocales, designados/as por el/la presidente/a entre el personal del ICASS cuyos puestos de trabajo guarden relación con la materia a la que se refiere la subvención.

c) Un técnico/a jurídico/a con voz y sin voto, designado/a por el/la presidente/a.

d) Un secretario/a con voz y sin voto, designado/a en los mismos términos que los/las vocales.

e) Cuando el/la presidente/a lo estime necesario podrán incorporarse al Comité, con voz, pero sin voto, otros empleados/as públicos/as de los servicios competentes en las materias relacionadas con el objeto de la convocatoria de subvenciones.

2. El régimen jurídico del Comité será el previsto con carácter general en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

3. El Comité de Valoración será convocado por la persona que ejerza la secretaría a requerimiento del presidente/a, cuantas veces sea necesario hasta la finalización del proceso de tramitación de los expedientes.

Artículo 10. Criterios de valoración.

Para la concesión de las subvenciones, además de la cuantía del presupuesto global que condiciona las obligaciones que se contraigan a su cargo, se tendrán en cuenta todos o algunos de los siguientes criterios:

1. Criterios de valoración de las entidades solicitantes (máximo 60 puntos)

a) Implantación: Se valorará el mayor ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de las actuaciones y programas realizados por la entidad, así como el número de socios y afiliados.

b) Estructura y capacidad: Se valorará que la estructura de la entidad en la Comunidad Autónoma de Cantabria sea adecuada para gestionar las actividades previstas en los programas presentados.

c) Calidad en la gestión de la entidad: Se valorará que la entidad esté comprometida formalmente por sus órganos de gobierno en incorporar en su gestión valores, principios y criterios de calidad, mediante el desarrollo, implantación y mantenimiento de sistemas de gestión de calidad o mediante procesos de autoevaluación y mejora continua de forma periódica.

d) Auditoría externa: Se valorará que la entidad someta su gestión a controles periódicos mediante auditorías externas de cuentas.

e) Presupuesto y financiación: Se valorará el volumen del presupuesto de la entidad en el último año, su patrimonio, así como la financiación obtenida de otras instituciones y su capacidad para movilizar recursos de otros entes públicos y/o privados, primándose que se tenga una capacidad de financiación privada, de al menos, el 10% de su presupuesto total de ingreso.

f) Participación social y voluntariado: Se valorará que la entidad promueva la participación y movilización social y que cuente con un número relevante de voluntarios para el desarrollo de los programas, priorizándose aquéllas que dispongan de un sistema de formación de los voluntarios y de incorporación de éstos a las actividades de la entidad.

g) Antigüedad: Se valorarán los años de antigüedad de la entidad desde su constitución, siempre superior al requisito mínimo de dos años establecido en el artículo 4 a) de esta Orden.

h) Adecuación de los recursos humanos: Se valorarán las líneas de actuación de la entidad en materia de gestión de los recursos humanos que se adscriben a los diferentes programas, durante el periodo que se determine en la convocatoria

i) Planes de Igualdad: Se valorará la existencia de planes de igualdad en los términos previstos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres que contemplen entre otras medidas el fomento de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad.

2. Criterios de valoración de los programas (máximo 40 puntos)

a) Determinación de los objetivos: Se valorarán los objetivos que se pretenden alcanzar por la entidad solicitante, el impacto del proyecto y la población a la que van dirigidos.

b) Contenido técnico del programa: Se valorará el contenido técnico del programa y su adecuación al objetivo propuesto, el calendario de realización, la descripción de las actividades concretas que se pretenden realizar, así como los indicadores de evaluación y control de estas actividades en relación con los medios técnicos y materiales con los que cuenta la entidad. En todo caso, tanto para el diseño como para la ejecución de los programas, se habrá de contar con personal técnico debidamente cualificado.

c) Calidad: Se valorará que el programa contemple el desarrollo e implantación de un proceso de calidad. Asimismo, se tendrá en cuenta que el proceso de calidad desarrolle la gestión de acuerdo con las necesidades y las expectativas de los destinatarios finales, el fomento de la participación de todas las personas implicadas, la gestión por procesos y la mejora continua.

d) Presupuesto del programa: Se valorará el presupuesto presentado por la entidad para la realización del programa y el coste medio por usuario.

e) Cofinanciación: Se valorará que los programas cuenten en su presupuesto con otras fuentes de financiación pública provenientes de la Administración General del Estado, Unión Europea, otros Departamentos u organismos de la propia Comunidad Autónoma, Corporaciones Locales y análogos; así como fuentes privadas.

f) Corresponsabilización en la financiación del programa: Se valorarán los programas que se presenten cofinanciados por la propia entidad.

g) Ámbito del programa: Se valorarán en función del grado de amplitud del ámbito territorial y de la proporcionalidad de los programas respecto a la población a la que se prevé atender.

h) Voluntariado: Se valorará que el programa sea desarrollado por personal voluntario, en el mayor grado posible, así como que las actividades que el mismo desarrolle estén en consonancia con la formación que hayan recibido.

i) Programas de innovación: Se valorarán los programas innovadores y en especial los que se dirijan a atender necesidades sociales no cubiertas por los recursos sociales existentes.

j) Experiencia en la gestión de programas sociales: Se valorará la especialización en la gestión de programas de similar naturaleza al solicitado.

k) Impacto del programa: Se valorará el número de potenciales destinatarios finales de los programas.

l) Evaluación de las necesidades de las personas o grupos en los que se integran: Se valorará que el programa contenga un análisis o estudio sobre las necesidades reales que se pretendan abordar, que determine la inexistencia de cobertura pública o privada o que, en el caso de existir, resulte insuficiente.

m) Colaboración con otras Administraciones Públicas: Se valorará que las actividades del programa tiendan a complementar los programas previstos por las distintas Administraciones Públicas para la atención de necesidades sociales, valorándose el que acredite acuerdos de colaboración con las mismas.

3. Las subvenciones que se concedan lo serán por un importe proporcional a las puntuaciones obtenidas tras la valoración de las solicitudes. El Comité de Valoración podrá proceder al prorrateo del importe global de la subvención entre las entidades beneficiarias.

Artículo 11. Adjudicación de las subvenciones.

1. El/la directora/a del ICASS, o en su caso el Consejo de Gobierno, en los supuestos que establece el artículo 9 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, dictará la resolución motivada que corresponda en el plazo de seis meses, a contar desde la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

2. La resolución dispondrá tanto el otorgamiento de las subvenciones, incluyendo la relación de solicitantes a los que se concede la subvención y la cuantía de la misma, como la desestimación y la no concesión por desistimiento o imposibilidad material sobrevenida.

3. La subvención que se conceda no podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones Públicas, entes públicos o privados, nacionales o internacionales, y con cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, supere el coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria, o de la finalidad para la que se concedió la subvención; en tal supuesto, de haber sido percibida subvención del ICASS, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste, junto con los intereses de demora correspondientes al mismo.

4. Transcurridos seis meses desde la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria sin que se haya notificado resolución expresa, las personas interesadas podrán entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.

5. La concesión de una subvención no supondrá en ningún caso compromiso por parte de la Administración de financiación en ejercicios sucesivos.

Artículo 12. Pago.

1. Una vez concedida la subvención y notificada la resolución, se procederá a su abono mediante el ingreso de la suma correspondiente en la cuenta corriente indicada en la solicitud, realizándose un único pago de forma anticipada por la totalidad de la subvención sin necesidad de constitución de garantías, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional décimo primera de la Ley de Cantabria 1/2017, de 24 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para 2017, en relación con el artículo 42 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. Para proceder al pago, deberá quedar acreditado que las entidades interesadas están al corriente de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social, o de cualquier otro ingreso de Derecho público, conforme a lo que se establezca en la convocatoria.

Artículo 13. Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Las entidades beneficiarias de las subvenciones asumirán las siguientes obligaciones:

a) Hacer una aportación mínima, en el porcentaje que se establezca en la convocatoria, de los costes de la actividad o programa para los que se solicita la subvención, con financiación propia o concurrente de otras instituciones.

b) Ingresar el importe total de la subvención concedida en una cuenta bancaria abierta exclusivamente para los ingresos y pagos realizados con cargo a dicha subvención.

c) Realizar las actividades que fundamentan la concesión de la ayuda dentro del período que fije la correspondiente convocatoria, en la forma y con las condiciones que se establecen en la presente Orden y en la convocatoria, debiendo comunicar con al menos quince días hábiles de antelación al inicio del proyecto cualquier modificación justificada del mismo.

El plazo de realización de la actividad subvencionada no podrá ser objeto de prórroga.

La actividad subvencionada podrá subcontratarse en un 50% del importe del programa subvencionado o en un 100% cuando se financien proyectos de ejecución de obras, en los términos del artículo 30 de la Ley 10/2006, de 17 de julio. En caso de que, de conformidad con el citado precepto, se precise autorización para llevar a cabo la subcontratación, habrá de solicitarse la misma por escrito al órgano concedente, en el plazo de quince días desde la notificación de la resolución de concesión, habiendo de dictarse resolución en el plazo de un mes. Si no recae resolución en el citado plazo, podrá entenderse desestimada la solicitud.

d) Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías fijadas por la Ley de Contratos del Sector Público para el contrato menor, la entidad beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación o, en su caso, en la solicitud de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

e) Justificar la realización del proyecto y la aplicación al mismo de los fondos recibidos, en los términos que establece el artículo siguiente.

f) Someterse a las actuaciones de inspección y comprobación de la veracidad de los datos aportados y del destino dado a los fondos recibidos que efectúe el ICASS, a las de control financiero que correspondan a la Intervención General, y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas.

g) Comunicar al ICASS la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

i) Hacer constar expresamente el patrocinio del ICASS. A este respecto, todos los proyectos que cuenten con alguna de las subvenciones reguladas en esta Orden, estarán obligados a colocar y mantener en lugar visible y en la publicidad que se realice de todos sus servicios y actividades, así como en cualquier otro material impreso o audiovisual el logotipo del ICASS, así como aquél que permita identificar el origen de la subvención conforme al modelo que se incluya como anexo a las convocatorias.

j) Tener suscrita póliza de seguro de accidentes y enfermedad y de responsabilidad civil a favor del personal voluntario que participe en los programas subvencionados, conforme a lo exigido por los apartados 2 c) y 3 del artículo 14 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, del Voluntariado.

Asimismo, tener suscrita póliza de seguro de responsabilidad civil de la entidad para responder de los perjuicios que pudieran causarse durante el desarrollo de la actividad subvencionable.

k) Reinvertir, en cualquiera de los programas subvencionados, los posibles ingresos que generen los programas subvencionados u otros rendimientos financieros que se generen por los fondos librados a los beneficiarios.

De no aplicarse al supuesto señalado, la persona titular de la Dirección del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, a propuesta de la organización o entidad beneficiaria, podrá autorizar su aplicación a otros de los fines sociales previstos en la presente convocatoria, siendo procedente el reintegro de dicha cuantía en cualquier otro caso.

l) En los programas en los que se proponga la adaptación o rehabilitación de locales, durante el periodo de ejecución previsto en las convocatorias, la entidad solicitante del programa deberá ostentar la titularidad suficiente sobre los correspondientes locales y disponer de las respectivas licencias que permitan la realización de las obras para las que se solicita subvención

m) Las entidades habrán de destinar los locales rehabilitados y en los que se haya realizado mejoras de bienes inventariables no inscribibles en un registro público, al fin concreto para el que se concedió la subvención al menos durante cinco años.

El incumplimiento de la obligación de destino de dichos bienes, que se producirá en todo caso con su enajenación o gravamen, será causa de reintegro, quedando el bien afecto al pago del reintegro cualquiera que sea su poseedor.

No se considerará incumplida la obligación de destino cuando los bienes fueran sustituidos por otros que sirvan en condiciones análogas al fin para el que se concedió la subvención y este uso se mantenga hasta completar el periodo establecido, siempre que la sustitución haya sido autorizada por el ICASS, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.5 a) de la Ley 10/2006, de 17 de julio.

No se considerará incumplida la obligación de destino cuando el cambio de destino, enajenación o gravamen sea autorizado previamente por este Instituto y el adquirente asuma la obligación de destino, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.5.b) de la Ley 10/2006, de 17 de julio.

n) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos recogidos en el artículo 17 de esta Orden.

o) Comunicar al ICASS cualquier variación producida, desde la fecha de su presentación, en los estatutos o en la composición de la Junta Directiva u órgano de gobierno, aportando su inscripción en el registro correspondiente.

p) En el caso de que el proyecto subvencionado incluya la elaboración de material informativo de difusión, tanto escrito como audiovisual, previamente a su difusión deberá contar con la aprobación de la Dirección del ICASS.

q) Facilitar cuanta información y documentación se le requiera desde la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, siempre que no obren en poder de ésta.

r) Poner a disposición del ICASS el contenido y resultado de los programas, pudiendo hacer uso de estos el Gobierno de Cantabria en cualquier momento que considere oportuno.

s) En caso de que la realización de actividades objeto de la subvención implique contacto habitual con menores, la entidad beneficiaria de la subvención deberá apartar e impedir la realización de estas actividades al personal (incluido el personal voluntario) que haya sido condenado por sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata y explotación de menores, en los términos establecidos en el artículo 8.4 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado y apartado 8 de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

t) Las entidades beneficiarias de la subvención deberán notificar al ICASS la fecha de inicio del programa subvencionado, así como el cronograma del mismo, en el plazo de un mes contado desde la fecha de publicación de la resolución definitiva. Las modificaciones posteriores deberán ser asimismo comunicadas.

Igualmente, en el plazo de seis meses contado desde la fecha de publicación de la resolución definitiva, deberán presentar una memoria de seguimiento por cada uno de los programas subvencionados en la que refleje la evolución y grado de cumplimiento de las actividades y la relación nominal de los profesionales, así como de las personas usuarias que sean participantes en los programas a fecha de presentación de dicha memoria.

u) Las entidades beneficiarias de subvenciones por importe mínimo de 10.000 ?, deberán comunicar las retribuciones anuales e indemnizaciones de las personas titulares de los órganos de administración o dirección, tales como presidente, secretario general, gerente, tesorero y director técnico, al efecto de hacerlas públicas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Cantabria 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública.

Igualmente, estarán obligados a suministrar a la Administración en el plazo de 15 días hábiles, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada Ley.

Artículo 14. Justificación.

1. Las entidades perceptoras de subvenciones justificarán en el plazo que se establezca en la convocatoria, no sólo el destino dado a la subvención concedida, sino los gastos efectuados por el importe total del proyecto, programa o actividad que lleve a cabo la entidad y para cuya financiación parcial se conceda la subvención. Los documentos acreditativos de los gastos se presentarán ajustados a las normas fiscales y contables, o a aquellas que, según su naturaleza, les resulte de aplicación.

2. La justificación acreditará no sólo el destino dado a la subvención recibida del ICASS, sino también el importe y aplicación de fondos propios de la entidad y de otras subvenciones o recursos recibidos para la financiación de la actividad, así como la procedencia de estos últimos.

3. Las entidades beneficiarias deberán presentar al ICASS la documentación que se determine en la convocatoria, que habrá de incluir al menos, una memoria de las actuaciones realizadas, una memoria económica justificativa de los gastos realizados y las facturas y demás documentos con valor probatorio equivalente que se determinen en la convocatoria.

4. Las entidades beneficiarias podrán optar, a su elección, por realizar la justificación, bien a través de la cuenta justificativa regulada en el artículo 72 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, o bien a través de la cuenta justificativa con aportación de informe de auditor regulada en el artículo 74 del mismo texto legal. En este último caso, el beneficiario no está obligado a aportar justificación de gasto en la rendición de la cuenta, sin perjuicio de las actuaciones de comprobación y control que pueda realizar la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de sus competencias.

La verificación a realizar por el auditor de cuentas, en todo caso, tendrá el siguiente alcance:

a) El cumplimiento por parte de los beneficiarios de sus obligaciones en la gestión y aplicación de la subvención.

b) La adecuada y correcta justificación de la subvención por parte de los beneficiarios, conforme a las especificaciones del Instituto Cántabro de Servicios Sociales.

c) La realidad y la regularidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación presentada por los beneficiarios, han sido financiadas con la subvención.

d) La adecuada y correcta financiación de las actividades subvencionadas, en los términos establecidos en el apartado 3 del artículo 18 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

5. Los gastos efectuados con cargo a la subvención se presentarán por cada uno de los programas subvencionados, debiendo ir acompañados de una relación de justificantes y conceptos de gasto que se haya autorizado, diferenciado los gastos corrientes de los gastos de inversión y de los gastos de gestión y administración.

Cada una de dichas relaciones especificarán las diferentes partidas gastadas clasificadas como sigue:

a) Gastos corrientes:

1º Personal.

2º Mantenimiento y actividades.

3º Dietas y gastos de viaje.

b) Gastos de inversión:

1º Obras.

2º Equipamiento.

c) Gastos de gestión y administración.

No se admitirán compensaciones entre gastos corrientes, gastos de inversión y gastos de gestión y administración, estando cada uno de estos conceptos limitado por el importe asignado en la resolución de concesión.

En todos los casos, deberá justificarse la retención e ingreso en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria las cantidades correspondientes por rendimientos del trabajo, rendimientos de actividades económicas o por rendimientos procedentes del arrendamiento o subarriendo de inmuebles urbanos, en los términos establecidos en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Igualmente, en los casos de retribuciones de personal contratado laboral, deberá acreditarse el ingreso de las cotizaciones en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Los ingresos o rendimientos financieros generados a que se refiere la letra k) del artículo 13 deberán justificarse con indicación de los programas a los que se hayan imputado.

Cuando las actividades hayan sido financiadas, además con la subvención concedida con cargo a la presente Orden, con fondos propios o con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, deberá acreditarse en la justificación el importe, la procedencia y la aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.

6. Los justificantes originales presentados se marcarán con una estampilla, indicando en la misma la subvención para cuya justificación han sido presentados y si el importe del justificante se imputa total o parcialmente a la subvención, así como la cuantía exacta que resulte afectada por la subvención. Se estampillarán documentos justificativos hasta el importe de la cuantía concedida por la Administración.

Artículo 15. Inspección.

Los servicios competentes de la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social podrán, en uso de su facultad inspectora, comprobar de oficio la veracidad de los datos alegados por las entidades y el destino dado a los fondos obtenidos.

Artículo 16. Modificación de la subvención.

1. Las alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de la concesión.

2. Asimismo, el importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente supere el porcentaje establecido en el artículo 3.2, o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas procedentes de otras Administraciones Públicas o de otros Entes, públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria.

Artículo 17. Revocación y reintegro de cantidades percibidas.

1. Procederá la revocación, y en su caso el reintegro de las cantidades percibidas, además de la exigencia del interés de demora que resulte de aplicación desde el momento del pago de la subvención, por las causas siguientes:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieren impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad o del proyecto.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.

d) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 13 de esta Orden.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

f) Cuando concurra cualquiera de los demás supuestos relacionados en los artículos 37, en caso de declaración de nulidad o anulación de la resolución de concesión o 38 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

2. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público.

3. Si las entidades beneficiarias no cumplen sus obligaciones en los plazos acordados, por causas que les sean directamente imputables, la ayuda podrá ser reducida o revocada, previa notificación y audiencia de la Entidad, que podrá alegar en su favor las causas del incumplimiento.

4. En el supuesto de incumplimiento de alguna de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de la ayuda, se establecen los siguientes criterios de graduación:

a) En el supuesto de las obligaciones contenidas en los párrafos a), b), d), f), h), i), j), k), s) y u) del artículo 13, el incumplimiento será total. Este incumplimiento supondrá la revocación de la subvención

b) En los casos comprendidos en los párrafos c), e) y m) del artículo 13, se tendrá en cuenta como criterio de graduación del incumplimiento, el porcentaje del programa, proyecto o inversión sufragable realizado, o justificado, sobre el total del programa, proyecto o inversión sufragable. Si dicho grado de incumplimiento en porcentaje es inferior o igual al 50%, la cuantía de la ayuda se reducirá en el porcentaje de incumplimiento. En caso contrario resultará de aplicación el apartado primero de este artículo.

c) En los casos de las letras g), l), p) y t) del artículo 13, el porcentaje de devolución será del 25% del importe de la subvención concedida.

d) En los casos de las letras o), q) y r) del artículo 13, el porcentaje de devolución será del 10% del importe de la subvención concedida.

5. El procedimiento de reintegro se tramitará conforme a lo dispuesto en la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, siendo competente para la incoación del expediente la Subdirección de Protección Social y para su resolución el órgano concedente de la subvención.

6. La devolución voluntaria por parte de la entidad beneficiaria del total o parte de la subvención sin previo requerimiento de la Administración se realizará mediante el ingreso en la cuenta general de ingresos del Gobierno de Cantabria, debiendo remitir la correspondiente carta de pago acreditativa del ingreso realizado al órgano concedente.

En este caso, si procede, la Administración calculará los intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 39 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, y hasta el momento en que se haya producido la devolución efectiva por parte de la entidad beneficiaria.

Artículo 18. Régimen sancionador.

Las entidades beneficiarias quedarán sujetas al régimen de infracciones y sanciones previsto en el Título IV de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Derogación normativa

La presente Orden deroga la Orden UMA/43/2017, de 8 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango en cuanto se opongan en lo dispuesto en la presente Orden.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Régimen supletorio

En lo no previsto en la presente Orden, regirá lo dispuesto en la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás normativa en materia de subvenciones y ayudas públicas que resulte de aplicación.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Entrada en vigor

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 21 de agosto de 2018.

La consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social,

Eva Díaz Tezanos.

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