Procedimiento para la concesión de prestaciones económicas destinadas a la atención de personas con necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social, para el año 2015 - Boletín Oficial de Burgos de 06-04-2015

  • Boletín: Boletín Oficial de Burgos
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 06/04/2015 hasta 06/10/2015
  • Documento en formato PDF

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Burgos, en sesión celebrada el 20 de marzo de 2015, prestó su aprobación a las prestaciones aludidas, la cuales se regirán por las siguientes:

REGLAS

De la Excma. Diputación Provincial de Burgos que regirán el procedimiento para la concesión de prestaciones económicas destinadas a la atención de personas con necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social, para el año 2015.

PREÁMBULO. - MARCO JURÍDICO

La Constitución Española, en su Título I, Capítulo III, enuncia los principios rectores de la política social y económica, atribuyendo a los poderes públicos el aseguramiento de la protección social, económica y jurídica de la familia, el mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo, la provisión de las condiciones para la efectividad del derecho a una vivienda digna y la ejecución de políticas sociales de atención a las personas con discapacidad y a las personas mayores.

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León enumera, en su artículo 13, los derechos sociales de los castellanos y leoneses, entre los que se ha de destacar el derecho a acceder en condiciones de igualdad al Sistema de Acción Social de Castilla y León y a recibir información sobre las prestaciones de la red de servicios sociales de responsabilidad pública y el derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía cuando se encuentren en situación de exclusión social y a la integración social de estas personas en situación de exclusión.

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, encomienda, en su artículo 36.1, a las Diputaciones Provinciales en el marco de las leyes sectoriales del Estado y la Comunidad Autónoma la asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión, la prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal y la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social.

En el artículo 19 de la Ley 16/2012, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, se definen las prestaciones esenciales, que constituyen un derecho subjetivo de obligatoria provisión y deben estar públicamente garantizadas, entre las que figuran las prestaciones destinadas a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social, que figuran en la letra d) del apartado segundo del citado precepto. Asimismo, se prevé que en el catálogo de prestaciones sociales de Castilla y León sea un criterio para el acceso prioritario a las prestaciones esenciales la situación de desamparo personal y las situaciones de necesidad social extrema que requieran una intervención urgente y la aplicación de las prestaciones de esta naturaleza susceptibles de activación inmediata.

A su vez, el artículo 14.3 de la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León define las prestaciones económicas como aquellas aportaciones dinerarias provistas por la Administración de la Comunidad de Castilla y León o por las Entidades Locales con competencia en servicios sociales, orientadas a la integración social, a la atención a situaciones de urgencia, a la promoción de la autonomía y la atención a personas dependientes, y aquellas otras que se determinen en el ámbito de esta Ley.

El Título IV de la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, en su artículo 47, establece la distribución material de competencias, siendo de especial relevancia la recogida en el apartado g), donde se prevé que corresponde a la Junta de Castilla y León el establecimiento del régimen jurídico de los servicios sociales públicos en sus aspectos básicos y la determinación de los criterios y condiciones básicas para el reconocimiento y disfrute de las prestaciones. Del mismo modo, en el artículo 48.g) 4.º se encomienda la creación, organización, mantenimiento, dirección y gestión de programas, servicios, centros y recursos en relación con las prestaciones de ayudas básicas de emergencia o urgencia social a las Entidades Locales.

El Decreto 12/2013, de 21 de marzo, de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, regula la prestación económica destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social en la Comunidad de Castilla y León, abordando el marco jurídico de dicha prestación económica y estableciendo los requisitos de los destinatarios, los criterios para su concesión y cuantificación y las reglas básicas de su gestión en condiciones homogéneas y con criterios objetivos en toda la Comunidad de Castilla y León por parte de las entidades locales con competencia en materia de servicios sociales.

Por lo tanto, en vista de lo anterior, y dentro del marco competencial de la Diputación, se elaboran las siguientes Reglas que regirán el procedimiento para la concesión de prestaciones económicas destinadas a la atención de personas con necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social, para el año 2015.

CAPíTULO I. - DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. - Objeto.

Las presentes Reglas tienen por objeto regular los criterios, condiciones esenciales y establecer el procedimiento de acceso a la prestación económica destinada a atender a personas con necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social, dentro del ámbito de actuación de la Diputación Provincial, conforme a lo establecido en la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León y en el Decreto 12/2013, de 21 de marzo, de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por el que se regula la prestación destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social en la Comunidad de Castilla y León.

Artículo 2. - Definición de la prestación económica, tipos, finalidad y objetivos.

A) Prestación económica en situaciones de urgencia social:

1. La prestación económica en situaciones de urgencia social es una ayuda temporal, finalista, inembargable, extraordinaria y de pago único.

No obstante lo anterior, respecto al pago único de la prestación, éste podrá fraccionarse, a propuesta técnica, siempre que se justifique su conveniencia para preservar la finalidad de la prestación.

Esta prestación va dirigida a atender de forma temporal la cobertura de las necesidades básicas de subsistencia, tanto por razones sobrevenidas como por falta continuada de recursos, de aquellas personas que no puedan hacer frente a gastos específicos, considerados necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión social y que no puedan ser sufragados por sus medios, ni desde otros recursos sociales, ni en ese momento a través de la ayuda de terceros obligados legalmente, asumiendo, no obstante, el compromiso de solicitar dicha ayuda.

Esta prestación, en ningún supuesto, podrá tener carácter indefinido, al objeto de evitar situaciones de cronicidad en la recepción de la prestación, ni ir destinada a liquidar obligaciones tributarias y deudas contraídas con las Administraciones Públicas.

Las situaciones de cronicidad deberán ser derivadas a otros recursos sociales.

2. Prestación económica extraordinaria frente a situaciones de deuda hipotecaria con riesgo de desahucio:

La prestación económica extraordinaria en situaciones de urgencia social es una ayuda temporal, finalista, inembargable, extraordinaria y de pago único.

No obstante lo anterior, respecto al pago único de la prestación, éste podrá fraccionarse, a propuesta técnica, siempre que se justifique su conveniencia para preservar la finalidad de la prestación.

Esta prestación va dirigida a atender de forma temporal y continuada, mientras dure la situación de necesidad, la cuota hipotecaria y otros gastos específicos relacionados con la vivienda habitual, al objeto de evitar la perdida de esta, previa valoración técnica que se realice al efecto, situaciones de sobreendeudamiento consecuencia de dificultades económicas coyunturales o sobrevenidas por la crisis económica y en familias con todos sus miembros en paro, dirigida a la cobertura de los gastos relacionados con los préstamos hipotecarios, cuyo impago puede conducir a la pérdida de la vivienda.

En todo caso, los objetivos de ambas prestaciones son:

a) Responder a situaciones urgentes o de grave necesidad producidas por carecer de medios socio-económicas que afectan a los recursos o ingresos de personas o familias.

b) Evitar la aparición de situaciones de marginación o exclusión como consecuencia de imprevistos ocasionales o carencias económicas de emergencia.

Artículo 3. - Compatibilidad.

La prestación económica destinada a atender las necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social será compatible con cualquier otro recurso, ingreso o prestación que obtengan sus destinatarios, con independencia de cuál sea su naturaleza y origen, incluida la prestación de Renta Garantizada de Ciudadanía, siempre que la suma de todos ellos no supere el coste del objeto de la ayuda y la disponibilidad presupuestaria establecida a tal fin.

Artículo 4. - Publicidad.

La Diputación Provincial de Burgos realizará, anualmente, publicidad de estas prestaciones económicas, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en la página web de la Corporación.

Artículo 5. - Financiación y dotación presupuestaria.

1. La financiación de la prestación se realizará de forma compartida entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y la Diputación Provincial de Burgos en los términos previstos en el artículo 110 de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León.

2. La Diputación de Burgos dotará económicamente, a través del presupuesto general anual, de conformidad con la disponibilidad financiera existente, el correspondiente crédito presupuestario en la aplicación presupuestaria con cargo a la cual se imputarán las prestaciones económicas para la atención de necesidades básicas de subsistencia en situación de urgencia social.

Artículo 6. - Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarios de esta prestación las unidades familiares, de cualquier nacionalidad, que se encuentren en situación de grave necesidad o extrema urgencia, siempre que reúnan los requisitos enumerados en los artículos 7 a 9 de las presentes Reglas.

2. Se considerarán unidades familiares, a efectos de la prestación económica para situaciones de urgencia social, las constituidas por:

a) Dos personas unidas por matrimonio o relación análoga a la conyugal.

b) Dos o más personas que convivan en el mismo domicilio y estén unidas por parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o adopción.

c) Dos personas o más que convivan en el mismo domicilio por razón de tutela o acogimiento familiar.

3. También se considerarán unidades familiares independientes de las anteriores, con independencia de formar parte de una unidad familiar o de convivencia por concurrir circunstancias de convivencia en un mismo domicilio y la existencia de vínculos señalados en el apartado anterior y a los efectos del reconocimiento de prestaciones diferenciadas, las que, aisladamente consideradas, reúnan los requisitos generales exigidos y se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: a) Las que incluyan a una o más personas y a sus descendientes cuando éstos sean menores de edad o cuando sean mayores de edad con discapacidad.

b) Las constituidas por una persona con hijos que se encuentre en proceso de nulidad, divorcio, separación legal o ausencia, o de extinción de la unión de hecho o cese acreditado de la relación de convivencia análoga a la conyugal, o cuyo previo vínculo matrimonial o relación de convivencia de la naturaleza referida se haya extinguido por fallecimiento.

c) Las familias monoparentales.

4. También se considerarán destinatarios para sí de la prestación regulada en estas Reglas:

a) Las personas que vivan solas, de manera autónoma e independiente.

b) Las personas que convivan con otras en el mismo domicilio y no tengan con ellas los vínculos de parentesco establecidos en el punto 2 del presente artículo.

c) Las personas que se encuentren en proceso o situación de nulidad, divorcio, separación legal o ausencia, o de extinción de la unión de hecho o cese acreditado de la relación de convivencia análoga a la conyugal, o cuyo previo vínculo matrimonial o relación de convivencia de la naturaleza referida se haya extinguido por fallecimiento y no tengan hijos.

d) Las mujeres víctimas de violencia de género.

Artículo 7. - Requisitos generales de los beneficiarios.

1. Para la obtención de esta prestación, dirigida a cubrir situaciones de grave necesidad, se deberán reunir los siguientes requisitos.

a) Residir, y estar empadronado de manera continuada con, al menos 6 meses de antelación a la fecha de solicitud o de inicio del procedimiento de reconocimiento de la prestación, tanto el titular como el resto de los miembros de la unidad de familiar o de convivencia, en algún municipio de la provincia de Burgos con población inferior a 20.000 habitantes. Dicho requisito no será exigible en los siguientes casos:

I. Emigrantes castellanos y leoneses retornados.

II. Personas víctimas de malos tratos o violencia de género o en su caso que hayan tenido que trasladar su residencia a esta provincia por análogas razones de seguridad.

III. Solicitantes de protección internacional que se hallen en los casos contemplados en la legislación sobre el derecho de asilo y protección subsidiaria.

Excepcionalmente, ante situaciones que comprometan gravemente la subsistencia del destinatario y, en su caso, de su unidad familiar o de convivencia, a propuesta técnica de forma motivada, podrá eximirse a alguno o a todos los miembros de la unidad familiar o de convivencia del cumplimiento del requisito de antigüedad en el empadronamiento.

b) No poder cubrir en ese momento sus necesidades básicas de subsistencia por sus medios, ni a través de la ayuda de terceros obligados legalmente o desde otros recursos sociales. c) Que el medio, sistema o tratamiento mediante el cual el solicitante pretenda satisfacer la necesidad sea el adecuado para el fin pretendido.

d) Que el solicitante no haya rechazado otro recurso que se considere adecuado a su situación.

e) No haber sido beneficiario de esta prestación en el año natural en el que se inicie el procedimiento de su reconocimiento, salvo situaciones que, a propuesta técnica y apreciadas por la Comisión de Valoración, sean consideradas excepcionales y que comprometan gravemente la subsistencia de la unidad familiar de convivencia.

f) El cumplimiento efectivo de los compromisos contemplados en los proyectos individualizados correspondientes al año inmediatamente anterior, y los del año en curso.

g) No residir en Centros que pertenezcan a instituciones o entidades que por sus normas de organización estén obligados a prestarles la asistencia necesaria para atender a sus necesidades básicas de subsistencia, salvo que dichas entidades de manera excepcional y justificada no cubran coyunturalmente alguna de las necesidades previstas en las presentes Reglas.

h) Que la ayuda solicitada reúna los requisitos específicos contemplados en las presentes Reglas.

Artículo 8. - Requisitos económicos de los beneficiarios.

1. No superar los ingresos anuales la cuantía equivalente a 1,2 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual, incrementado en el caso de unidad familiar o de convivencia, en un porcentaje por cada miembro adicional (20% por el primer miembro, 10% por el segundo y 5% por el tercero y siguientes), hasta un límite máximo de 1,8 del IPREM anual por unidad familiar.

Por lo tanto, conforme a lo anterior, se establecerá anualmente, según el IPREM Por lo tanto, conforme a lo anterior, se establecerá anualmente, según el IPREM vigente, un vigente, un indicador Máximo de Ingresos Anuales Familiares (Máx_IAF) para el indicador Máximo de Ingresos Anuales Familiares (Máx_IAF) para el reconocimiento de la reconocimiento de la prestación, tal y como se indica en la siguiente tabla: prestación, tal y como se indica en la siguiente tabla:

UF = 1 Máximo de ingresos anuales familiares para unidad de 1 miembro Máx_IAF (1) = IPREM +20%IPREM

UF = 2 Máximo de ingresos anuales familiares para unidad de 2 miembros Máx_IAF (2) = IPREM +40%IPREM

UF = 3 Máximo de ingresos anuales familiares para unidad de 3 miembros Máx_IAF (3) = IPREM +50%IPREM

UF = 4 Máximo de ingresos anuales familiares para unidad de 4 miembros Máx_IAF (4) = IPREM +55%IPREM

UF = 5 Máximo de ingresos anuales familiares para unidad de 5 miembros Máx_IAF (5) = IPREM +60%IPREM

UF = 6 Máximo de ingresos anuales familiares para unidad de 6 miembros Máx_IAF (6) = IPREM +65%IPREM

UF = 7 Máximo de ingresos anuales familiares para unidad de 7 miembros Máx_IAF (7) = IPREM +70%IPREM

UF = 8 Máximo de ingresos anuales familiares para unidad de 8 miembros Máx_IAF (8) = IPREM +75%IPREM

UF > = 9 Máximo de ingresos anuales familiares para unidad de 9 o más miembros Máx_IAF (9) = IPREM +80%IPREM

Artículo 9. - Requisitos específicos para la prestación económica extraordinaria.

Podrán ser beneficiarios de esta ayuda aquellas unidades familiares que cumplan los siguientes requisitos:

1. Que la persona titular de la vivienda este domiciliada en algún municipio de la provincia de Burgos con población inferior a 20.000 habitantes con al menos doce meses de antigüedad al momento de la fecha de inicio del correspondiente procedimiento. En su caso el resto de los miembros de la unidad familiar o de convivencia deberán estar empadronados en algún municipio de la provincia de Burgos de menos de 20.000 habitantes al momento de la fecha del inicio del correspondiente procedimiento.

2. Que todos sus miembros en edad laboral estén en situación de desempleo.

3. Que, según informe técnico, se encuentren en situación de riesgo de impago de las cuotas del préstamo hipotecario de su vivienda habitual o en situación de riesgo de impago de algunas cuotas aunque todavía no hayan recibido notificación de la entidad financiera o demanda de ejecución judicial o extrajudicial.

Que previa cita al 012 estén siendo atendidos por la oficina local de insolvencia hipotecaria.

4. Que la vivienda habitual esté ubicada en algún municipio de la provincia de Burgos con población inferior a 20.000 habitantes, sea la única de su titularidad y se haya adquirido por un precio inferior a 300.000 euros.

5. Que no dispongan de recurso alguno para cubrir sus necesidades básicas de subsistencia.

Asimismo, también podrán tener la condición de beneficiarias las personas desempleadas en las que concurran las circunstancias previstas en el apartado anterior y no formen parte de una unidad familiar.

CAPÍTULO II. - TIPOS DE NECESIDADES BÁSICAS Y CUANTÍA DE LA PRESTACIÓN

.SECCIÓN 1ª TIPOS DE NECESIDADES BÁSICAS DE SUBSISTENCIA

Artículo 10. - Tipos de necesidades básicas de subsistencia que atiende la prestación económica de urgencia social.

1. - La prestación va destinada a cubrir los gastos específicos derivados de cualquiera de las siguientes necesidades básicas de subsistencia:

a) Manutención: Alimentación, higiene personal y vestido.

b) Alojamiento temporal en casos de urgencia social: La prestación por este concepto tiene por objeto proporcionar ayuda inmediata para alojamiento en circunstancias de siniestros, catástrofes, traslados, desahucios, conflictividad familiar grave u otras situaciones urgentes en las que haya de incorporarse al individuo a otras formas alternativas de convivencia.

c) Otras necesidades básicas esenciales: La prestación por otras necesidades básicas esenciales engloba los gastos ocasionados por aquellos conceptos que a juicio de los profesionales de los Centros de Acción Social (CEAS) sean imprescindibles para asegurar la integridad física de las personas, su estabilidad laboral y social, la prevención de un riesgo grave de exclusión social, la permanencia en el domicilio habitual, o cualquiera otra circunstancia análoga.

En particular, la citada prestación puede abarcar los gastos relativos a los siguientes conceptos:

1. Gastos relativos al uso y mantenimiento de la vivienda o alojamiento habitual:

a) Adaptación funcional de la vivienda o reparaciones de carácter urgente.

b) Suministros esenciales: Luz, agua, gas, gas-oil de calefacción….

c) Alquiler o hipoteca.

d) Adquisición de mobiliario o electrodomésticos básicos.

2. Cuidados para la salud:

a) Tratamientos sanitarios y/o farmacéuticos.

b) Adquisición de ayudas técnicas.

3. Otras situaciones de emergencia u otros supuestos urgentes que estén en consonancia a juicio técnico con las características generales de la prestación regulada en las presentes Reglas y que favorezcan la integración social, profesional o laboral del solicitante y su unidad familiar.

2. - No serán objeto de prestación, en ningún caso, los gastos originados por:

a) Obligaciones tributarias y deudas con la Administración Pública.

b) Deudas procedentes de gastos suntuarios.

c) Deudas generadas por tratamientos médicos no prescritos por facultativos del Sistema Público de Salud.

d) Aquellos otros gastos que, a juicio técnico, no se consideren urgentes ni necesarios para el desarrollo personal, familiar y/o laboral del solicitante y su unidad familiar.

Artículo 11. - Tipos de gastos específicos que atiende la prestación económica extraordinaria de urgencia social.

Con la prestación se podrán atender:

a) Pago de la cuota hipotecaria.

b) Gastos ordinarios de novación de préstamo hipotecario o de resolución del mismo en los casos de dación en pago: Tasación, notaría, gestoría y registro.

c) Cuotas vencidas cuando dicha deuda imposibilite los acuerdos con la entidad financiera o suponga riesgo inminente de inicio de ejecución hipotecaria que entorpezca o suponga el cierre de la interlocución.

d) Levantamiento de embargos de pequeña cuantía.

e) Gastos extraordinarios de mudanza y alquiler.

SECCIÓN 2. ª - CRITERIOS DE OTORGAMIENTO Y CUANTÍA DE LA PRESTACIÓN .

Artículo 12. - Cuantía máxima de la prestación.

1. El importe máximo global que de esta prestación puede percibir un mismo titular o su unidad familiar o de convivencia, a lo largo del año natural, no superará 0,5 veces el IPREM anual.

2. La cuantía de la prestación podrá percibirse por más de un concepto, si fuera necesario atender a varias necesidades básicas de subsistencia del beneficiario, sin superar, en todo caso, el importe máximo global indicado anteriormente.

3. La cuantía máxima de la prestación a conceder no podrá exceder, en ningún caso, del coste real del servicio o de la prestación atendible, ni de las cuantías máximas establecidas a continuación para cada tipo de ayuda:

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Artículo 13. - Cálculo de los Ingresos Anuales Familiares.

1.Para establecer la situación económica de la unidad familiar se atenderá a los ingresos Anuales Familiares (IAF).

2 .Para el cálculo de los Ingresos Anuales Familiares (IAF)se considerarán los ingresos brutos de todos los miembros de la unidad familiar o de convivencia, contabilizados en el momento en el que se inicia el procedimiento.

Los conceptos,prorrateados anualmente,que se tendrán en cuenta para el cálculo de los ingresos serán los siguientes:

a)Ingresos procedentes de rendimientos de trabajo,por cuenta propia o ajena.

b)Ingresos procedentes de prestaciones periódicas (pensiones,subsidios, prestaciones …).

c)Ingresos procedentes de otras ganancias o rendimientos.

d)Pensiones compensatorias y de alimentos.

e) Ingresos procedentes del patrimonio:

I. Bienes inmuebles (urbanos o rústicos) arrendados o que den lugar a ingresos derivados de su explotación, se computará el total de la renta que produzcan.

II. Capital mobiliario: Se computará el total de rendimientos que produzcan dichos bienes (depósitos, acciones, dinero, títulos, fondos de inversión…).

No se computarán como ingresos aquellos de carácter finalista cuya concesión esté condicionada a un destino concreto, salvo que sea para la misma finalidad a la que va destinada esta prestación.

De la cuantía global de ingresos computables se deducirán, en su caso, aquellos gastos ocasionados por alquiler o préstamo hipotecario de la vivienda habitual de la unidad familiar o de convivencia, hasta un máximo del 80% del IPREM vigente en cada año. De la cuantía global de ingresos computables se deducirán, en su caso, aquellos gastos

Artículo 14. - Cálculo de la prestación.

1. Para la concesión de la prestación se tendrá en cuenta la situación económica de la unidad familiar, así como el número de miembros que la conforman.

2. Con carácter general, y teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio, se aplicará a todas las solicitudes con derecho a la prestación el baremo establecido en el presente artículo. No obstante lo anterior y a juicio técnico, podrá concederse un importe superior al resultante tras aplicar el baremo, siempre que no se superen los importes máximos establecidos en el artículo 12 de las presentes Reglas.

3. Para determinar el importe de la prestación, se aplicará un porcentaje sobre la cantidad menor de entre las siguientes:

a) La cuantía máxima establecida en el artículo 10 de las presentes Reglas para cada concepto.

b) La cuantía establecida en el presupuesto o factura que acompañe a la solicitud.

c) La cuantía que, a juicio técnico del profesional que informe la solicitud, y establecida por éste, sea necesaria para el cumplimiento de los fines pretendidos con esta prestación.

4. Para determinar el porcentaje aplicable, se compararán los Ingresos Anuales Familiares (IAF) con el Indicador Máximo de Ingresos Familiares (Máx_IAF) correspondiente al número de miembros de la unidad familiar o de convivencia, establecido en el artículo 8 de las presentes Reglas, según la siguiente tabla:

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Donde:

- n se corresponde con el número de miembros que componen la unidad familiar o de convivencia.

- IAF corresponde a los Ingresos Anuales Familiares, calculados según lo establecido en el artículo 13.

- Máx_IAF corresponde al Indicador Máximo de Ingresos Anuales Familiares, establecido en el artículo 8 de las presentes Reglas, correspondiente al número de miembros de la unidad familiar o de convivencia.

5. La cuantía obtenida aplicando el porcentaje descrito nunca podrá ser superior al precio de referencia, superar el coste real, la cuantía máxima establecida para tipo de necesidad ni la cuantía máxima global por año natural para cada unidad familiar o de convivencia.

CAPÍTULO III. - PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA PRESTACIÓN

SECCIÓN 1. ª - INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO .

Artículo 15. - Iniciación de oficio.

1. El procedimiento de reconocimiento y concesión de la prestación podrá iniciarse de oficio como consecuencia de petición formulada por los Trabajadores Sociales de los Centros de Acción Social.

2. La petición formulada por los Trabajadores Sociales de los Centros de Acción Social se realizará mediante informe social en el que se harán constar, como mínimo, los siguientes extremos:

a) La configuración de la unidad familiar o de convivencia.

b) La situación económica de los integrantes de la unidad familiar o de convivencia (ingresos, pensiones, prestaciones, patrimonio mobiliario e inmobiliario, gastos, etc…).

c) La situación social de los integrantes de la unidad familiar o de convivencia (minusvalías, desempleo, situaciones de dependencia, marginación, drogadicción, violencia de género, etc…).

d) La existencia de la situación de urgencia social, valoración de la idoneidad de la prestación, y las necesidades a cuya cobertura irá destinada la prestación.

A la petición se le acompañará, copia del Proyecto Individualizado de Inserción (PII), así como la documentación establecida en los artículos 17 y 18 de las presentes Reglas. 3. Con anterioridad al acuerdo de iniciación, se pondrá en conocimiento del interesado tal circunstancia, pudiendo requerirse al mismo para que, en el plazo de diez días presente la documentación preceptiva, con indicación de que si así no lo hiciera, se entenderá que renuncia a su derecho de reconocimiento de la prestación, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 16. - Iniciación a instancia de parte: Solicitud, plazo y lugar de presentación.

1. Por parte de los interesados que cumplan los requisitos establecidos para la concesión de la prestación, el procedimiento podrá iniciarse mediante la presentación de solicitud en el modelo normalizado fijado por la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.

2. Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General de la Diputación Provincial de Burgos o en los lugares dispuestos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. Cuando la implantación del Registro Telemático de la Diputación lo permita, las solicitudes y demás documentación podrán presentarse vía telemática en el mencionado Registro, mediante firma electrónica admitida, con indicación de los datos de presentación de la documentación impresa.

No obstante lo anterior, y con el fin de agilizar la elaboración de la documentación de oficio establecida en el artículo 19 de las presentes Reglas, se recomienda a los interesados que presenten la solicitud en el Centro de Acción Social que les corresponda según su domicilio.

3. A la solicitud deberá acompañarse la documentación a la que hace referencia los artículos 17 y 18 de las presentes Reglas.

4. Como consecuencia de la naturaleza de esta prestación, las solicitudes podrán realizarse a lo largo del ejercicio económico, en función del momento en el que surge la situación de urgencia.

A partir de la entrada en vigor de estas Reglas, podrán atenderse solicitudes de ayudas presentadas en respuesta a las Reglas del ejercicio precedente en función de los requisitos que les era de aplicación en el momento de ser solicitadas y con cargo a los créditos presupuestarios previstos en 2015, siempre que concurran las siguientes premisas:

a) Que no hubieran sido atendidas en el respectivo ejercicio, por la imposibilidad material de tramitarlas o por otro motivo acreditado que impidió resolverlas dentro del año 2014.

b) Que no hubieran sido resueltas de forma expresa o no se haya impugnado el efecto del silencio administrativo.

c) Que el solicitante no haya manifestado expresamente su voluntad de desistir de su solicitud.

Artículo 17. - Documentación general.

Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación común para todas las peticiones:

I. Fotocopia del D.N.I. del interesado y, en su caso, del representante legal que formule la petición, así como la acreditación de dicha representación.

II. En las situaciones de separación, divorcio o custodia compartida se presentará copia del convenio regulador, medidas provisionales, denuncia de impago de pensión de alimentos o cualquier otro documento que acredite las circunstancias familiares sobre el reparto de cargas.

III. Certificado expedido por el Ayuntamiento correspondiente, acreditativo del empadronamiento del solicitante en municipio con población inferior a 20.000 habitantes de la provincia de Burgos, en el que conste la fecha de alta en el padrón.

IV. Declaración de la composición de la Unidad Familiar, mediante Certificación Municipal de Convivencia expedida por el Ayuntamiento.

V. Ficha de alta de terceros cumplimentada y firmada por el solicitante o representante legal, en su caso, y sellada por la entidad bancaria donde se realizará el abono de la prestación.

VI. Los miembros de la unidad familiar afectados por dependencia, incapacidad o minusvalía, presentarán fotocopia del certificado oficial correspondiente.

VII. Acreditación de las circunstancias económicas del solicitante y demás miembros de la unidad familiar, a través de los siguientes documentos (original o fotocopia):

a) Certificado actual de haberes, pensiones o prestaciones que perciba cada uno de los componentes de la unidad familiar, expedido por el organismo público o empresa correspondiente.

b) Certificado de las entidades bancarias sobre las cuentas y depósitos de cada uno de los miembros de la unidad familiar, con el saldo medio de éstas en los 90 días anteriores a la solicitud o fotocopia, cotejada por el profesional que informe la solicitud, de la libreta o libretas en la que se recoja los movimientos de los últimos 90 días anteriores a la solicitud.

c) Certificado del ECYL de hallarse inscrito como demandante de empleo, en el caso de desempleo de alguno de los miembros de la unidad familiar.

VIII. Documento/s acreditativo/s del presupuesto del gasto (copia de la factura o presupuesto/s), salvo en el caso de que la solicitud sea por el concepto de alimentación, vestido e higiene.

Artículo 18. - Documentación específica.

Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación específica dependiendo del tipo de necesidad planteada:

a) Si la ayuda planteada se deriva de un problema de salud: Informe médico (original o fotocopia) emitido por profesional del sistema público de salud (Atención Primaria y/o Especialista) que acredite la dificultad de desenvolvimiento o perjuicio de la salud por carencia de gafas, audífonos, prótesis, tratamiento odontológico prescrito, otro tratamiento médico-farmacéutico o de rehabilitación o limitación funcional.

Deberán adjuntarse al menos dos presupuestos de entidades diferentes, en los que consten: los conceptos individualmente considerados, indicando el precio y el número de unidades a realizar y las distintas posibilidades de financiación o forma de pago.

b) Si la ayuda planteada es por alquiler de vivienda: Fotocopia completa del contrato de arrendamiento, debiendo coincidir ésta con la vivienda habitual de la unidad familiar y siendo uno de los arrendatarios de dicho contrato el solicitante, así como documento que acredite que no es propietario o usufructuario de otro bien inmueble que cumpla con las condiciones mínimas de habitabilidad.

c) Si la ayuda planteada es por amortización hipotecaria: Certificado o documento acreditativo de la entidad bancaria en el que conste:

- Nombre y apellidos de los titulares del préstamo hipotecario, siendo alguno de éstos el solicitante.

- Bien inmueble sobre el que recae el citado préstamo, que deberá coincidir con la vivienda habitual del solicitante siendo utilizada como tal de manera permanente.

- Cuantía total del préstamo, cuantía pendiente de amortizar (capital e intereses) e importe de la mensualidad correspondiente.

d) Si la ayuda planteada es para el pago de alojamiento alternativo en centro residencial privado de tercera edad: Copia de la solicitud de la plaza en un Centro Público.

e) La persona solicitante podrá presentar cualesquiera otros documentos necesarios para la verificación de su cumplimiento, asimismo la Unidad de Bienestar Social podrá solicitar la documentación que considere necesaria para la verificación de la información facilitada y el cumplimiento de la finalidad de la ayuda.

Artículo 19. - Documentación de oficio.

A los expedientes de solicitud de reconocimiento de la prestación, se incorporará de oficio la siguiente documentación para las prestaciones económicas en situación de urgencia social:

a) Informe Social: Elaborado por el Trabajador Social del Centro de Acción Social que corresponda al solicitante según su domicilio y en el que se hagan constar los siguientes extremos:

- La existencia de una situación de urgencia social y la valoración de la idoneidad de la prestación, así como la imposibilidad de ser resuelta a través de otros recursos.

- Las circunstancias de los integrantes de la unidad familiar o de convivencia y los derechos económicos que les pudieran corresponder, incluidas las pensiones compensatorias para casos de separación o divorcio y las prestaciones alimenticias de parientes obligados a ello que pudieran hacerlo sin desatender las necesidades propias.

- Las necesidades a cuya cobertura irá destinada la prestación. b) Proyecto Individualizado de Inserción (PII): La concesión de la prestación estará vinculada a la elaboración de un proyecto individualizado de inserción, debidamente suscrito por el Equipo de CEAS y el solicitante. Cuando ya exista, la prestación se integrará en dicho proyecto. En todos los casos, es necesario la suscripción del proyecto individualizado de inserción.

c) Certificado emitido por la Agencia Tributaria relativo al IRPF de todos los miembros de la unidad familiar o convivencia, conforme a la autorización firmada por el solicitante junto a la solicitud de iniciación del procedimiento.

En las prestaciones económicas extraordinarias, para personas en situación de urgencia social:

a) Informe social elaborado por los equipos profesionales de los centros de acción social (CEAS), de forma complementaria y coordinada con las actuaciones que se hayan realizado por parte del Servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio, y una vez valorada por los CEAS la idoneidad de la prestación, así como la imposibilidad de que la situación de necesidad sea resuelta a través de otros recursos sociales.

b) Proyecto individualizado de inserción que definirá el itinerario, los recursos y el conjunto de obligaciones y compromisos del beneficiario y de su unidad familiar, orientado a la planificación económica personal, familiar, profesional y social.

SECCIÓN 2ª INSTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE

Artículo 20. - Órgano competente para la instrucción del expediente.

1. La instrucción del expediente corresponderá a la Unidad de Bienestar Social de la Diputación Provincial de Burgos que comprobará que la solicitud reúne los requisitos exigidos en las presentes Reglas y que se aporta la documentación necesaria para la valoración del expediente.

2. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en las presentes Reglas, la Unidad de Bienestar Social requerirá al interesado para que los subsane en el plazo máximo improrrogable de diez días, indicándole que si no lo hiciere se le tendrá por desistido en su petición en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, previa resolución dictada de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del mismo texto legal.

3. El expediente, una vez completo o cuya documentación permita su valoración, será remitido a la Comisión de Valoración Técnica para que ésta proceda a formular la correspondiente propuesta de resolución.

Artículo 21. - Comisión de Valoración Técnica.

1. La valoración del expediente se efectuará por una Comisión Técnica de Valoración que estará integrada por:

a) Presidente: Coordinadora de CEAS, con voz y voto en las deliberaciones.

b) Vocales: Dos Trabajadores Sociales de CEAS, con voz y voto en las deliberaciones. c) Secretario: Un Administrativo del Departamento de Bienestar Social, con voz pero sin voto en las deliberaciones de la Comisión.

2. Con carácter general, serán funciones básicas de la Comisión Técnica de Valoración las siguientes:

a) Examinar el cumplimiento de los requisitos de acceso a la prestación.

b) Valorar los expedientes.

c) Elaborar las propuestas de resoluciones, determinando la cuantía a conceder en el caso de concesión, así como proponer la denegación y desistimiento, cuando proceda.

d) Resolver las reclamaciones que se presenten ante la Comisión y realizar las aclaraciones que le sean requeridas.

3. La Comisión Técnica de Valoración será convocada con carácter ordinario, con veinticuatro horas de antelación al inicio de la correspondiente sesión, por el Presidente de la misma, al menos una vez cada quince días. Para su celebración se exige, en todo caso, la presencia de todos los miembros de ésta o persona que les sustituyan.

4. De las reuniones de dicha Comisión, el Secretario levantará acta sobre los asuntos tratados y extremos acordados. De no celebrarse la sesión por el motivo que fuere, el Secretario suplirá el acta por una diligencia autorizada con su firma, en la que se consigne la causa. En caso de falta de quórum se añadirá el motivo, el nombre de los presentes y de los que hubieran excusado su asistencia.

5. Efectuada la valoración de los expedientes, el Presidente de la Comisión solicitará a la Unidad de Intervención el correspondiente documento de retención de crédito por el importe total de concesión acordado en la reunión.

6. El Presidente de la Comisión, una vez constatada la retención de crédito anteriormente citada, elevará la correspondiente propuesta de resolución al Excelentísimo Sr. Presidente de la Diputación o persona en quién delegue, para que proceda a su resolución definitiva mediante Decreto.

SECCIÓN 3ª FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 22. - Terminación del procedimiento: Resolución y notificación.

1. Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en el que se funde la solicitud, la declaración de caducidad y la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso.

2. El Excmo. señor Presidente de la Diputación Provincial o persona en quien delegue es el órgano competente para resolver sobre las solicitudes presentadas, el cual, a la vista de los informes y propuestas emitidos, dictará resolución motivada.

3. El plazo máximo para resolver la solicitud de la prestación, notificar la resolución y proceder al pago de ésta, en su caso, será de un mes desde la fecha en que fuera registrada la solicitud o desde la fecha en la que se produzca el acuerdo de iniciación de oficio del procedimiento de reconocimiento de la citada prestación. 4. El plazo máximo indicado en el punto 3 se podrá suspender cuando deba requerirse al interesado para la subsanación de deficiencias y la aportación de documentos u otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o en su defecto, el transcurso del plazo concedido.

5. En todo caso, una vez transcurrido el plazo citado en el punto 3, sin haber recaído resolución expresa, podrá entenderse estimado el reconocimiento de la prestación, facultando al interesado a solicitar el pago inmediato de la cuantía económica que le correspondiera, en su caso.

6. La resolución sobre la prestación solicitada se notificará a los interesados en el plazo establecido en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, señalando los motivos en que se fundamenta.

Dicha resolución pone fin la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma recurso potestativo de reposición ante la Presidencia de esta Diputación en el plazo de un mes, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de interponer directamente en el plazo de dos meses Recurso Contencioso-Administrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

SECCIÓN 4. ª - F ORMA DE PAGO DE LA PRESTACIÓN .

Artículo 23. - Abono de la prestación.

El abono de la prestación concedida se realizará mediante transferencia bancaria por el importe total de la misma a la cuenta del titular de la unidad familiar o de convivencia o representante legal de éste.

No obstante lo anterior, el abono de la citada prestación, en virtud de casos particulares y debidamente razonados por criterios técnicos, podrá efectuarse a Entidad o persona física o jurídica distinta del solicitante, que por extrema urgencia hubiera anticipado el gasto.

La Unidad de Bienestar Social, a través de los Trabajadores Sociales de los CEAS, realizará el seguimiento continuado de los beneficiarios de estas prestaciones a efectos de verificar que las cuantías concedidas se aplican a los fines previstos, de comprobar que se mantienen los requisitos exigidos para su concesión y que se cumplen los compromisos establecidos en el Proyecto Individualizado de Inserción.

Para el cumplimiento de lo expuesto en el punto anterior, y junto con la notificación de la resolución de concesión, la Unidad de Bienestar Social requerirá a los beneficiarios de la prestación que justifiquen, con anterioridad al 31 de diciembre del ejercicio económico correspondiente, el destino de la prestación mediante factura o facturas originales correspondientes a los gastos realizados, acompañada/s del recibí correspondiente o documento justificativo de haberse efectuado el pago de las mismas. La factura o facturas deberán reunir los requisitos establecidos en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, debiendo figurar los siguientes datos: Número de factura, nombre y número de identificación fiscal de la empresa y del destinatario, domicilio de la empresa y del destinatario, fecha de expedición y detalle de concepto subvencionado.

No obstante lo anterior, podrán presentarse justificaciones con fecha posterior al 31 de diciembre y durante el mes siguiente a la resolución, pasando así al ejercicio siguiente, siempre que correspondan a solicitudes que por ser tramitadas los últimos días del año precedente, haya sido imposible su justificación dentro del mismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16.4 de las presentes Reglas.

SECCIÓN 5. ª - DENEGACIÓN , EXTINCIÓN Y REINTEGRO .

Artículo 24. - Causas de denegación de la prestación.

Serán posibles causas de denegación de la prestación solicitada las siguientes:

a) No cumplir uno o varios de los requisitos establecidos en los artículos 7 y 8 de las presentes Reglas.

b) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Proyecto Individualizado de Inserción suscrito.

c) La falsedad u omisión de los datos o declaraciones efectuadas por el solicitante.

d) No ajustarse a las características, finalidad y/o tipos de necesidad establecidas las presentes Reglas.

e) Haber agotado el importe máximo global a percibir en el ejercicio, según lo expuesto en el artículo 12 de las presentes Reglas.

f) No haber justificado, en tiempo y forma, una prestación o ayuda concedida en el ejercicio precedente.

g) Dificultar el acceso a los datos relativos a la situación personal, familiar, económica y social para la valoración de la situación de necesidad planteada.

Artículo 25. - Extinción de la prestación.

La prestación regulada en las presentes Reglas se extinguirá por las siguientes causas:

a) El fallecimiento del solicitante cuando éste sea el único integrante de la unidad familiar.

b) Por desaparición de la situación de necesidad que dio lugar a su concesión.

Artículo 26. - Reintegro de la prestación.

1. Los beneficiarios de la prestación o, en su caso, los representantes legales, deberán proceder al reintegro de las cantidades concedidas en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 27 de las presentes Reglas.

2. El procedimiento de reintegro se regulará por las normas establecidas en la legislación vigente.

CAPÍTULO IV. - OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS

Artículo 27. - Obligaciones de los beneficiarios.

Constituyen obligaciones de los beneficiarios de estas ayudas, además del cumplimiento general de las previsiones contenidas en las normas de servicios sociales que pudieran resultarles de aplicación, las siguientes:

a) Aplicar las cantidades recibidas a los fines para los que la ayuda fue concedida. En su caso, deberá comunicarse, en el plazo de diez días, cualquier eventualidad que altere, dificulte o impida la aplicación de la ayuda a la finalidad por la que se concedió.

b) Comunicar a la Diputación Provincial la obtención de ayudas para la misma finalidad procedentes de cualquier Administración Pública o Ente público o privado.

c) Cumplir las obligaciones específicas establecidas en la resolución de concesión de la prestación y en el proyecto individualizado de inserción.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación, control y seguimiento de la aplicación de la prestación por parte de la Diputación Provincial de Burgos.

e) Efectuar la justificación de la prestación conforme se establece en el artículo 21 de las presentes Reglas.

f) Facilitar la labor de los Trabajadores Sociales en el desarrollo de sus intervenciones profesionales de evaluación y seguimiento de la prestación.

g) Comunicar a la Trabajadora Social, cualquier alteración de su situación económica, social, de domicilio, o cualquier otra relevante en la tramitación de la ayuda.

La ocultación o falseamiento de la información aportada por los interesados, así como la pérdida de los requisitos para la obtención o el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en estas Reglas, dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la prestación y a la exigencia de las cantidades indebidamente percibidas.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

1. Conforme a lo establecido en el artículo 14.1 de las presentes Reglas y hasta que la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León articule y elabore un modelo normalizado de solicitud para todas las Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma, se establece, como modelo de solicitud para el reconocimiento de la citada prestación económica, la solicitud que se adjunta como Anexo I a las presentes Reglas.

2. A la espera de las directrices que la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León realice sobre la gestión administrativa de la prestación, las características generales del informe social, del proyecto individualizado de inserción (PII), sobre las reglas para la utilización del sistema de información y registro único y respecto al contenido de los informes de seguimiento, se mantendrán los modelos que se venían aplicando en esta Diputación Provincial para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva bajo la fórmula de ayudas individuales y de urgente necesidad. DISPOSICIóN FINAL

Las presentes Reglas entrarán en vigor al día siguiente a aquel en que se publique el texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia.

Burgos, 25 de marzo de 2015.

El Presidente, El Secretario General,

César Rico Ruiz José Luis M.ª González de Miguel

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