Resolución de 12 de septiembre de 2018, del Director, por la que se adoptan criterios de justificación en determinadas convocatorias de subvención con cargo al programa de corporaciones locales. - Boletín Oficial de Canarias de 21-09-2018

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  • Boletín: Boletín Oficial de Canarias
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
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Examinada la documentación perteneciente a distintas convocatorias de subvención, con cargo al programa de colaboración con Corporaciones Locales de Canarias, para el desarrollo de actividades de interés general y social, resultan los siguientes

ANTECEDENTES

I.- Desde el ejercicio 2010, hasta el ejercicio 2016, ambos inclusive, se han tramitado y concedido varias convocatorias de subvención con cargo al programa de colaboración con las Corporaciones Locales Canarias, para el desarrollo de obras y servicios de interés general y social.

II.- Común a todas estas convocatorias es el estado actual de justificación en el que se encuentran, caracterizado por altas tasas de retraso temporal en las mismas, motivado, entre otras, por las siguientes razones:

a) Acumulación de convocatorias con diferentes características, todas ellas tramitadas por las mismas unidades orgánicas de la Subdirección de Empleo del Servicio Canario de Empleo, y todas ellas con una alta complejidad, tanto en la fase de concesión, como en las ulteriores fases de gestión y justificación. Dichas convocatorias se han ido sucediendo, sin solución de continuidad, durante los años 2010 al 2016, coincidiendo más de una convocatoria en cada ejercicio, con un incremento paulatino en el presupuesto asignado a las mismas, que ha conllevado un incremento en el número de trabajadores contratados en el programa.

b) En la mayor parte de dichas convocatorias, el sistema de justificación empleado pasa por el examen exhaustivo de cada una de las nóminas y documentos TC-1 y TC-2 generados durante su ejecución, debiendo llevarse a cabo una compleja tarea de cálculo para determinar los importes de salario y seguridad social subvencionables en cada caso.

c) Todo ello coexiste con los cambios y modificaciones normativas, de gestión y/o procedimentales, que se han ido sucediendo a lo largo de estos años, que han tenido una directa incidencia en cada una de las citadas convocatorias, y que no han ayudado a su justificación en unos plazos razonables.

d) Desde el 2010 se ha producido una pérdida de personal en el Organismo que, por razones establecidas en las distintas leyes de presupuestos, no se han podido cubrir. Esta situación ha generado que en los distintos años se haya priorizado la concesión de las distintas convocatorias, frente a la fase de justificación de las mismas, como es obvio.

III.- El retraso en las tareas propias de justificación, reintegro y cierre de dichos expedientes, motiva que exista un cierto peligro de prescripción de las acciones tendentes al reintegro de las cantidades no justificadas, lo que originaría un perjuicio considerable al interés público, cuyo principal objetivo pasa por lograr una correcta justificación de las subvenciones públicas concedidas, y en su defecto, un reintegro de las cantidades no correctamente justificadas, todo ello con las debidas medidas en materia de seguridad jurídica, control de legalidad, defensa y contradicción, que deben presidir el actuar administrativo.

IV.- La solución a este problema pasa ineludiblemente por la adopción de cuantas medidas sean necesarias para lograr agilizar el proceso de justificación de los expedientes y convocatorias afectados por esta problemática, medidas que, no obstante, deben aplicarse con estricto sometimiento a la legalidad vigente, y dentro de un marco de seguridad jurídica que no conculque derechos de legítimos afectados.

Entre las medidas a adoptar, adquieren especial relevancia todas aquellas que permitan una disminución de la complejidad inherente a las tareas de control, análisis y examen de la ingente documentación justificativa aportada por las entidades beneficiarias. Lógicamente, una disminución de dichas tareas de análisis y examen permitirá una enorme disminución del tiempo necesario para lograr una correcta justificación de la subvención.

V.- En este contexto, se ha procedido a un análisis de la normativa de aplicación, con el objetivo de estudiar la posibilidad de establecer nuevos criterios de justificación, que permitan obtener este resultado.

En este sentido, resulta clave el hecho de que nos encontramos, en todos los casos afectados por la presente resolución, ante subvenciones cuya financiación no corre a cargo de Fondos Europeos, por lo que no resulta exigible la justificación de las mismas por medio de un examen pormenorizado de las facturas y nóminas generados durante su ejecución.

En base a ello, se trata de subvenciones que, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Gobierno de 6 de octubre de 2009, en desarrollo de las medidas de choque para la simplificación y reducción de cargas en la tramitación administrativa y mejora de la regulación, aprobadas por Resolución de 26 de septiembre de 2008 (BOC de 30.9.08), se encuentran sometidas al sistema de control basado en la modalidad de control financiero permanente.

Sentados los citados antecedentes, resultan de aplicación las siguientes

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La Dirección del Servicio Canario de Empleo es el órgano competente para adoptar la presente resolución, como órgano concedente de las subvenciones de las que trae causa, de conformidad con lo establecido en el artículo 9.2.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo (BOC de 28.4.03), según redacción dada por la Ley 3/2011, de 18 de febrero, de modificación de aquella (BOC de 2.3.11), y de conformidad asimismo, con sus funciones en materia de dirección y planificación de las tareas encomendadas al Organismo, según lo consignado en los puntos a) y d) del mismo artículo.

Segunda.- En primer lugar, y tal y como se ha expuesto en los antecedentes, conviene llevar a cabo un examen de la diversa normativa aplicable a las convocatorias afectadas, en orden a corroborar la posibilidad de aplicar unos criterios de justificación más flexibles y ágiles.

En primer lugar, la propia Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de fecha 26 de octubre de 1998, reguladora de las bases del programa de colaboración, determina en su Disposición adicional segunda, que:

'Las Comunidades Autónomas que hayan asumido los traspasos de servicios en materia de gestión del Programa Público de Empleo de colaboración con las corporaciones locales para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y social, podrán acomodar la presente norma a las especialidades que se deriven de su propia organización.'

Idéntica previsión se contempla en la Disposición adicional segunda de la Orden TAS 816/2005, de 21 de marzo, por la que se adecuan a la Ley 38/2003, los diferentes programas de subvenciones de índole estatal, donde específicamente se añade que dicha adaptación podrá hacerse a las peculiaridades derivadas no solo de su organización, sino de la normativa aplicable en su ámbito territorial.

Estas previsiones hemos de ponerlas en directa y estrecha relación con lo contemplado en el artículo 34 del Decreto 36/2009, por el que se establece el régimen general de subvenciones de nuestra Comunidad Autónoma:

'Las Corporaciones Locales Canarias, siempre que así se prevea en las bases reguladoras o, en su defecto, en la resolución de concesión, podrán justificar las subvenciones concedidas por la Comunidad Autónoma a través de un certificado emitido por el titular del órgano que ha percibido la subvención por el que se acredite la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad de la subvención, así como del informe emitido por la Intervención u órgano de control equivalente de la Entidad Local, que acredite la veracidad y la regularidad de la documentación justificativa de la subvención'.

Tercera.- En este preciso contexto, hemos de advertir que la justificación de las subvenciones concedidas con cargo al programa de colaboración con las Corporaciones Locales Canarias que son objeto de la presente Resolución (convocatorias 2010-2016, con las exclusiones que veremos más adelante), pasaba por la aportación, entre otra, de la siguiente documentación:

Por un lado, tenemos la Certificación de pago final donde queda reflejado los importes de subvención correctamente gastados con ocasión de la subvención concedida, memoria de la actuación llevada a cabo y el Informe emitido por la Intervención u órgano de control equivalente de la Entidad Local, que acredite la veracidad y la regularidad de la documentación justificativa de la subvención, según redacción del artº. 34 del Decreto 36.

En este sentido conviene recordar el papel de los órganos de Intervención de las Corporaciones Locales, y en general, de todo el sector público, cuyo objeto no es otro que fiscalizar todos los actos de la entidad pública, que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquellos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos.

Se trata, por consiguiente, de un auténtico fedatario del destino y uso de los caudales públicos conferidos a una entidad, de ahí el papel que la diversa normativa en materia de subvenciones públicas da a las certificaciones y declaraciones firmadas por dichos órganos, atribuyéndolas una capacidad de justificación de las subvenciones plena, tal y como se recoge no solo en el mencionado artículo 34 de nuestro Decreto 36/2009, sino en la propia Disposición adicional novena del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/20103, General de Subvenciones.

Junto a los citados documentos, a través de las resoluciones de concesión se añade la presentación, por parte de las diferentes entidades beneficiarias, de todos los documentos Tc-1, Tc-2 de la Seguridad Social, recibos de nómina y de ingresos del IRPF ocasionados durante la ejecución del proyecto, por todo el personal contratado. El análisis de dicha documentación ha generado el problema de ralentización de la justificación de este tipo de subvenciones, que conlleva una enorme complejidad, no solo de índole puramente instrumental, dado el número de documentos, sino de carácter puramente funcional y de gestión, dada la enorme labor de análisis y cuantificación de los mismos.

La razón de la exigencia de dicha documentación hemos de encontrarla en el hecho de que, en las convocatorias a las que hacemos referencia, la financiación prevista podría estar financiada con cargo a fondos provenientes de la Unión Europea, de tal forma que la justificación de las mismas debía ser exhaustiva, y contemplar obligatoriamente la aportación y examen pormenorizado de cada una de las facturas y recibos de gastos generados a lo largo de su ejecución.

Sin embargo, y aquí aparece un elemento clave en todo este proceso, con posterioridad a su concesión, y por motivos de índole presupuestaria y contable, dichas subvenciones finalmente no han sido objeto certificación a la Unión Europea, por lo que su financiación ha dejado de estar vinculada a fondos provenientes de Europa. Ello implica un cambio trascendental, toda vez que el examen exhaustivo de dicha documentación ya no resulta necesario ni obligado, pudiendo acudirse a sistemas de justificación más ágiles, pero no carentes de la misma seguridad y legalidad.

En efecto, teniendo en cuenta que el examen de las facturas ya no es necesaria, y que existen documentos y certificados de justificación que se encuentran suscritos por el órgano de Intervención de la Corporación, parece razonable que la justificación de las subvenciones pase, exclusivamente, por el examen de dichas certificaciones y cuentas justificativas, de acuerdo con el procedimiento de justificación que se encuentra previsto en nuestro ordenamiento jurídico, y que resulta aplicable a las Corporaciones Locales.

Las ventajas son enormes: el proceso de justificación se agiliza enormemente, sin poner en peligro los principios de transparencia, legalidad y seguridad jurídica y contable, que debe presidir el actuar administrativo en materia de justificación.

Se trata, en definitiva, de utilizar los documentos justificativos que ya obran en los expedientes, y dotarles del carácter de prueba suficiente, que nuestro ordenamiento jurídico ya les atribuye. No se innova por tanto el procedimiento, sino que se redefine, utilizando los medios ya existentes de una forma más eficiente y ágil.

Cuarta.- Tal y como ya ha quedado advertido, los criterios de justificación que se adoptan en la presente resolución, solo serán aplicables a los expedientes pendientes de revisar en la fase de justificación, excluyéndose los expedientes pertenecientes a convocatorias cuya justificación ya incorporaba Cuenta Justificativa con aportación de Informe de Auditor, pues en ellas ya no es preceptivo la aportación de las facturas y nóminas, así como los expedientes ejecutados en virtud de Acuerdos Marco que prevean la justificación mediante informe del Interventor de la Corporación Local.

Por todo lo expuesto, y en ejercicio de las competencias legalmente atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Adoptar nuevos criterios en la justificación de los expedientes pertenecientes a las convocatorias de subvención concedidos con cargo al programa de colaboración con Corporaciones Locales Canarias, para el desarrollo de actividades de interés general y social, entre los ejercicios 2010 y 2016, ambos inclusive, que no se hayan justificado. Esta resolución no es aplicable, por lo tanto, a expedientes con resolución de justificación o con Acuerdo de Inicio de reintegro ya tramitado.

Así mismo, se excluyen expresamente de la aplicación de dichos nuevos criterios las convocatorias cofinanciadas por el Fondo Social Europeo a través del Programa de Garantía Juvenil.

Segundo.- En los expedientes a los que resulte de aplicación la presente resolución, el sistema de justificación a emplear, pasará por el examen de los documentos 'Certificación de Pago Final', e Informe emitido por la Intervención u órgano de control equivalente de la Entidad Local, que acredite la veracidad y la regularidad de la documentación justificativa de la subvención, según redacción del artº. 34 del Decreto 36, sin perjuicio de que dichos expedientes puedan ser objeto de análisis en un procedimiento de muestreo, o con carácter posterior, tanto por el SCE, como por cualquier órgano con competencias en materia de fiscalización y control económico-financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse por la persona interesada recurso de alzada ante la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, en el plazo de un mes, que se computará a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación y concluirá el mismo día en que se produjo la notificación en el mes de vencimiento, conforme a lo dispuesto en los artículos 30, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de septiembre de 2018.- El Director, Sergio Fernando Alonso Rodríguez.

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