RESOLUCIÓN GAH/657/2017, de 27 de marzo, por la que se establecen las condiciones para acceder a las prestaciones para el pago del alquiler destinadas a colectivos específicos, y se hace pública la convocatoria para el año 2017. - Diario Oficial de Cataluña de 31-03-2017

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  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 31/03/2017 hasta ----
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El Decreto 2/2016, de 13 de enero, de creación, denominación y determinación del ámbito de competencia de los departamentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña, en el artículo 2 regula la organización de la Administración de la Generalidad de Cataluña en los departamentos correspondientes, entre los cuales se incluye el Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda.

El Decreto 262/2016, de 7 de junio, de reestructuración del Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, en el artículo 1.2.b), dispone que la Agencia de la Vivienda de Cataluña, mediante la Secretaría de Vivienda y Mejora Urbana, se adscribe a este Departamento.

El artículo 11 del Decreto 75/2014, de 27 de mayo, del Plan para el derecho a la vivienda, establece el objeto y la finalidad de las ayudas para el pago de la vivienda, entre los cuales se incluyen las prestaciones para el pago del alquiler. Este precepto dispone que la convocatoria podrá establecer, de manera excepcional, ayudas para pagar rentas correspondientes a subarrendamientos legales y consentidos.

El artículo 12 dispone que las características de las prestaciones para el pago del alquiler son las que define el artículo 72 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda.

El artículo 72.2.a) mencionado regula las prestaciones para el pago del alquiler, y establece que tienen el carácter de prestaciones económicas de derecho de concurrencia, y que se rigen supletoriamente por la legislación vigente en materia de prestaciones sociales de carácter económico.

El artículo 5.3 de la Ley 13/2006, de 27 de julio, de prestaciones sociales de carácter económico, dispone que la concesión de las prestaciones de derecho de concurrencia está limitada por las disponibilidades presupuestarias y debe someterse a concurrencia pública y a la priorización de las situaciones de mayor necesidad.

El artículo 5.2.h) de la Ley 13/2009, de 22 de julio, de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, establece que corresponde al presidente o presidenta de la Agencia: aprobar les bases reguladoras, las convocatorias y la concesión de subvenciones o prestaciones previstas en los planes para el derecho a la vivienda, y también las que tienen como finalidad la financiación de proyectos y actuaciones en barrios de vivienda pública que administra o gestiona la Agencia, sin perjuicio de que se pueda delegar la función de conceder las subvenciones o prestaciones en otros órganos de la Agencia.

La Resolución GAH/380/2016, de 15 de febrero, de delegación de competencias de la persona titular de la presidencia de la Agencia, dispone que la concesión de las prestaciones para el pago del alquiler y de otras subvenciones o prestaciones de los programas sociales previstas en los planes de vivienda, hasta un importe de 100.000 euros, corresponde a la persona titular de la Dirección de Programas Sociales de Vivienda.

El artículo 25 del Decreto 157/2010, de 2 de noviembre, de reestructuración de la Secretaria de Vivienda, creación del Observatorio del Hábitat y la Segregación Urbana y aprobación de los Estatutos de la Agencia, regula las funciones de la Dirección de Programas Sociales de Vivienda, y en la letra b) establece que le corresponde tramitar, gestionar, inspeccionar, autorizar y abonar las prestaciones para el pago del alquiler, en los términos establecidos en las normas reguladoras.

En uso de las facultades que atribuye el artículo 5 de la Ley 13/2009 de 22 de julio, de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, a la persona titular de la presidencia y a propuesta de la Dirección de Programas Sociales de Vivienda,

Resuelvo:

-1 Hacer pública la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, destinada a colectivos específicos, para la concesión de prestaciones para el pago del alquiler, reguladas en el artículo 72.2.a), de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, correspondientes al año 2017.

-2 Dotación presupuestaria

La dotación máxima inicial para las prestaciones al alquiler de esta convocatoria, con cargo a la partida presupuestaria D/4800001 del presupuesto del 2017 de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, es de 2.200.000 euros.

El crédito inicial disponible se podrá ampliar en función de las disponibilidades presupuestarias, de acuerdo con la normativa vigente y mediante una resolución del presidente de la Agencia.

En el caso de que la dotación presupuestaria no se agote en su totalidad, la Agencia de la Vivienda de Cataluña la destinará a la misma finalidad, para cubrir las prestaciones para el pago del alquiler en convocatorias posteriores, de acuerdo con lo establecido en el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña y en la Ley de presupuestos correspondiente.

-3 Objeto

El objeto de esta convocatoria es determinar las condiciones para poder solicitar las prestaciones para el pago del alquiler reguladas en el artículo 72.2.a), de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, dirigidas a colectivos específicos, en el marco de las dotaciones y disponibilidades del presupuesto.

-4 Personas destinatarias

Las prestaciones reguladas por esta convocatoria se destinan a las personas físicas que, además de cumplir los requisitos establecidos en el punto 8, y de ser titulares de un contrato de alquiler o, excepcionalmente, de un contrato de subarrendamiento legal y consentido, de la vivienda que constituye su domicilio habitual y permanente, se encuentren en alguna de las situaciones siguientes:

a) Personas solicitantes titulares de contratos celebrados a partir del 1 de noviembre de 2016, obtenidos a través de las bolsas de mediación para el alquiler social, o gestionados por entidades sin ánimo de lucro, o

b) Personas solicitantes que han sido beneficiarias de las prestaciones económicas de especial urgencia, dirigidas a personas que han perdido la vivienda a consecuencia de un proceso de desahucio o de ejecución hipotecaria, reguladas en la Resolución TES/7/2016, de 4 de enero.

c) Personas solicitantes que han sido beneficiarias de las prestaciones complementarias para dar continuidad al pago del alquiler, reguladas en la Resolución citada en el apartado anterior.

-5 Plazos de presentación

Los plazos de presentación de solicitudes son los siguientes:

a) para las solicitudes de personas incluidas en el apartado a) del punto 4, el plazo de presentación se inicia el día siguiente al de publicación de esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y finaliza el 31 de octubre de 2017 incluido.

b) para las solicitudes de personas incluidas en el apartado b) y c) del punto 4, el plazo de presentación se inicia el día siguiente al de publicación de esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y finaliza el 29 de mayo de 2017 incluido.

-6 Definiciones

A los efectos de esta convocatoria, se establecen las definiciones siguientes:

a) Se considera unidad de convivencia la persona o el conjunto de personas empadronadas en un domicilio, tanto si tienen parentesco entre sí como si no.

b) Se considera alquiler concertado el importe que hace efectivo la persona arrendataria.

c) Se considera alquiler justo el importe que debería pagar la persona arrendataria para no superar el 20% o el 30% de sus ingresos, en función de que estos sean inferiores o superiores a 0,94 veces el indicador de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC), ponderado.

d) Se considera que existe riesgo de exclusión social cuando la unidad de convivencia a la que pertenece la persona que solicita la prestación paga un alquiler superior al definido como alquiler justo en el apartado anterior.

e) Se considera que una persona tiene la residencia legal cuando es titular de una autorización de residencia, conforme a lo establecido en la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y en el Real decreto 557/2011, de 20 de abril, que aprueba su Reglamento.

f) Se considera subarrendamiento legal y consentido el definido en el artículo 8.2 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos.

-7 Solicitud de la prestación

7.1 Las solicitudes deben formalizarse en impreso normalizado, debidamente firmadas por la persona solicitante, acompañadas de la documentación que se indica en el punto 9 y deben presentarse en:

a) Las bolsas que forman parte de la Red de Mediación para el Alquiler Social o en las oficinas locales de vivienda, que colaboran mediante un convenio con la Agencia de la Vivienda de Cataluña. En el supuesto de que no se haya constituido una bolsa, ni exista una oficina de vivienda en un determinado ámbito territorial, las solicitudes pueden presentarse en las dependencias de los servicios de la Agencia de la Vivienda de Cataluña de cada demarcación.

b) La Agencia de la Vivienda de Cataluña, por los medios que establecen los artículos 25 de la Ley 26/2010, del 3 de agosto, de régimen jurídico y procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, y 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas

7.2 Los modelos de los impresos normalizados de las solicitudes pueden obtenerse en las dependencias que se indican y en la web Trámites gencat, http://www.tramits.gencat.cat/es.

7.3 La presentación de las solicitudes implica la plena aceptación de las condiciones de esta convocatoria.

7.4 La presentación de la solicitud comporta la autorización de la persona solicitante y de todas las personas de la unidad de convivencia para que los órganos que gestionan las prestaciones puedan solicitar y obtener datos relacionados con la tramitación y el seguimiento de la solicitud a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), al Servicio Público de Ocupación Estatal (SEPE), al padrón municipal correspondiente, al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, al Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC), a la Dirección General de la Policía, a la Dirección General del Catastro, y al Registro de la Propiedad.

-8 Requisitos de las personas solicitantes

8.1 Pueden ser perceptoras de las prestaciones de esta convocatoria las personas que, se encuentren en alguna de las situaciones reguladas en el punto 4 y cumplan los requisitos siguientes:

a) Acreditar la residencia legal en Cataluña durante cinco años, dos de los cuales deben ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, excepto los catalanes retornados que cumplan los requisitos que establece el artículo 6 de la Ley 25/2002, de 25 de noviembre, de medidas de apoyo al regreso de los catalanes emigrados y de sus descendientes, a los que no se exige el período mínimo de residencia.

b) Estar en riesgo de exclusión social según define el artículo 72 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, y acreditar unos ingresos de la unidad de convivencia no superiores a 1,5 veces el indicador de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC), ponderado en función del número de miembros que la componen y de la zona donde está ubicada la vivienda, y no inferiores a los necesarios para pagar el alquiler. La ponderación de los ingresos consta en la tabla del IRSC del anexo.

c) No pagar un alquiler o renta mensual por la vivienda superior a:

Barcelona ciudad: 750 euros.

Demarcación de Barcelona: 600 euros.

Demarcaciones de Girona y Tarragona: 450 euros.

Demarcación de Lleida: 400 euros.

Demarcación de les Terres de l'Ebre: 350 euros.

d) Tener domiciliado el cobro de la prestación en una entidad financiera.

e) Estar al corriente del pago de las rentas del alquiler o del subarrendamiento en el momento de presentar la solicitud.

f) Pagar el alquiler de la vivienda mediante transferencia bancaria, recibo domiciliado, ingreso en cuenta o recibo emitido por la persona administradora de la finca, como mínimo a partir del mes siguiente a la fecha de presentación de la solicitud.

8.2 No pueden ser perceptoras de las prestaciones:

a) Las unidades de convivencia en que la persona titular del contrato de arrendamiento o de subarrendamiento, o cualquier otro miembro de la unidad de convivencia tenga parentesco por vínculo de matrimonio u otra relación estable análoga, por consanguinidad, adopción o afinidad hasta el segundo grado, con las personas arrendadoras. Este mismo criterio se aplicará a la relación entre la persona arrendadora y la persona arrendataria o subarrendataria, cuando la primera sea una persona jurídica, con respecto a cualquiera de sus socios o partícipes.

b) Las unidades de convivencia en que la persona titular del contrato de arrendamiento o subarrendamiento, o cualquier otro miembro sea propietario o usufructuario de una vivienda, excepto si no dispone del uso y disfrute por causas ajenas a su voluntad.

c) Las unidades de convivencia cuando el importe de la base imponible del ahorro que consta en la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas (casilla 395) sea superior a 500 euros. Se exceptúa de esta prohibición el supuesto en que este importe sea el resultado de una dación en pago a consecuencia de una ejecución hipotecaria relativa a una vivienda que haya constituido el domicilio habitual y permanente de la persona solicitante.

d) Las personas arrendatarias de viviendas gestionadas o administradas por la Agencia de la Vivienda de Cataluña o una Administración local de Cataluña.

e) Las personas solicitantes que han sido beneficiarias de la prestación objeto de la Resolución GAH/940/2016, de 5 de abril, por la que se hace pública la convocatoria para la concesión de prestaciones para el pago del alquiler para el año 2016 para colectivos específicos.

-9 Documentación

9.1 Junto con la solicitud, hay que presentar la documentación siguiente:

a) Acreditación de la residencia legal en Cataluña de la persona solicitante durante cinco años, dos de los cuales deben ser inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud, mediante la presentación de la documentación siguiente:

a.1) Personas solicitantes con nacionalidad española, de algún país miembro de la Unión Europea o de otro país del espacio económico europeo: los certificados o volantes de los diferentes padrones municipales.

a.2) Otras personas solicitantes: cuando en su NIE no conste la leyenda 'Permanente o larga duración', el certificado de residencia expedido por la oficina de extranjeros o por las comisarías de policía nacional, junto con los certificados o volantes de los diferentes padrones municipales.

b) Justificante de los ingresos de la persona solicitante y de cada uno de los miembros que integran la unidad de convivencia en edad laboral. Los ingresos deben acreditarse de la siguiente manera:

b.1) Declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) correspondiente al periodo impositivo inmediatamente anterior, con plazo de presentación vencido a la fecha de presentación de la solicitud de la persona solicitante y de cada uno de los miembros que integran la unidad de convivencia en edad laboral.

De acuerdo con el artículo 4.1 del Decreto 75/2014, de 27 de mayo, del Plan para el derecho a la vivienda, en concordancia con el artículo 6.2.b) del Real decreto 233/2016, de 5 de abril, cuando los beneficiarios sean personas físicas o unidades de convivencia constituidas por diversas personas físicas, para la determinación de los ingresos de la persona o unidad, a los efectos de su valoración para la obtención de la prestación, se partirá de la cuantías de la base imponible general y del ahorro, reguladas en los artículos 48 y 49 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, correspondientes a las declaraciones presentadas por cada uno de los miembros de la unidad familiar, relativa al último período impositivo, con plazo de presentación vencido, en el momento de la solicitud de la prestación.

b.2) En el caso de que la persona solicitante u otros miembros de la unidad de convivencia en edad laboral, no estén obligados a presentar la declaración del IRPF, deberán aportar un certificado de imputaciones suministrado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), y el informe de vida laboral o el correspondiente certificado de las pensiones o ayudas exentas de tributación.

b.3) No obstante lo anterior, en el supuesto de que con los ingresos de la declaración de la renta no se cumpla el requisito de tener unos ingresos mínimos, para que quede acreditado que la persona solicitante está al corriente de pago del alquiler, si algún miembro de la unidad de convivencia percibe ingresos que no constan en la declaración del IRPF, se admitirá una declaración responsable de ingresos anuales de la persona solicitante o de cualquier miembro de la unidad de convivencia en edad laboral donde consten los ingresos complementarios a los declarados en el IRPF del mismo ejercicio fiscal. Esta declaración debe firmarse únicamente por el miembro de la unidad de convivencia que perciba estos ingresos complementarios.

b.4) Informe socioeconómico emitido por los servicios básicos de atención social municipales o por los técnicos mediadores de entidades colaboradoras para la gestión de estas prestaciones, en el caso de que todos los ingresos de una unidad de convivencia se acrediten mediante una declaración responsable, sin perjuicio de la correspondiente comprobación administrativa.

b.5) Excepcionalmente, cuando la persona solicitante o alguno de los miembros de la unidad de convivencia haya tenido durante el año en curso un cambio significativo en relación con los ingresos declarados de acuerdo con los apartados b.1) y b.2), se admitirán los ingresos del año en curso para la persona de la unidad de convivencia afectada por el cambio. En este caso, la persona solicitante debe aportar una declaración responsable donde conste: 1) la causa que ha provocado el cambio significativo de ingresos en relación con el período general que debe acreditarse según la convocatoria y 2) los ingresos del año en curso. Esta declaración debe firmarse únicamente por el miembro de la unidad de convivencia que perciba estos ingresos complementarios.

c) Libro de familia, si procede.

d) El contrato de alquiler o de subarrendamiento a nombre de la persona solicitante. En el caso de que los efectos del contrato sean a partir del 1 de junio de 2013, deberá incluir el cumplimiento de la obligación de la persona arrendataria del pago de la fianza a la persona arrendadora, de conformidad con la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, la Ley 13/1996, de 29 de julio, del registro y el depósito de fianzas de los contratos de alquiler de fincas urbanas, su Reglamento, y otras disposiciones concordantes.

d.1) En el caso de que la persona solicitante de la prestación que viva en la vivienda sea el cónyuge de la persona titular contractual o esté incluida en los supuestos que regulan los artículos 15 y 16 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, debe aportar la documentación acreditativa de la atribución del derecho de uso sobre la vivienda, ya sea por subrogación, por convenio o por sentencia de separación o divorcio, o por otros títulos válidos en derecho.

d.2) En el caso de alquileres no documentados mediante un contrato, para acreditar la condición de inquilino de la persona solicitante será suficiente la presentación de los recibos de los pagos mensuales.

d.3) En los casos de mujeres víctimas de violencia de género que, como consecuencia de una orden de alejamiento o sentencia judicial, tengan atribuida la vivienda como su domicilio habitual y permanente, se les podrá reconocer el derecho al cobro de la prestación si justifican que se hacen cargo del pago del alquiler de la vivienda. Para acreditar la condición de víctima de violencia de género, deberá aportarse un medio de prueba cualificado de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista.

e) Todos los recibos de alquiler o de subarrendamiento correspondientes al año 2017, pagados hasta la fecha de presentación de la solicitud. En el caso de que el sistema de pago de la renta sea el recibo domiciliado, en este deberán constar los datos siguientes: la referencia, el NIF del emisor y el sufijo.

En los casos de viviendas gestionadas por entidades sin ánimo de lucro, los gestores de las viviendas pueden aportar, en sustitución de los recibos de alquiler pagados, un certificado donde consten el nombre y apellidos de las personas solicitantes, el NIF, los datos identificativos de la vivienda y los meses de alquiler pagados.

f) Declaración responsable de cumplir los requisitos establecidos en estas bases reguladoras y de no incurrir en ningún motivo de exclusión de los establecidos en la base 8.2 y 11.

g) Impreso normalizado a nombre de la persona solicitante con los datos bancarios de la cuenta donde debe ingresarse la prestación.

h) Número de cuenta bancaria de la persona propietaria de la vivienda, o de quien la represente, donde se paga el alquiler si el sistema de pago del alquiler es la transferencia.

9.2 Las personas solicitantes que denieguen la autorización para que el órgano gestor pueda hacer las consultas que se detallan en la base reguladora 7.4 deben aportar la documentación siguiente:

a) El DNI/NIF/NIE o documento equivalente vigente de la persona solicitante y de todos los miembros que forman la unidad de convivencia. En caso de que algún miembro de la unidad de convivencia no disponga de DNI/NIF/NIE, deberá aportar el documento de identificación de que disponga. En el caso de personas recién llegadas que han obtenido el DNI, deberán hacer constar en la solicitud el NIE anterior.

b) El certificado o volante de convivencia que acredite el domicilio de la persona solicitante y de las personas que forman la unidad de convivencia.

c) La declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), correspondiente al período impositivo inmediatamente anterior, con plazo de presentación vencido a la fecha de presentación de la solicitud de la persona solicitante y de cada uno de los miembros que integran la unidad de convivencia en edad laboral.

De acuerdo con los planes de vivienda vigentes, para la determinación de los ingresos de la persona o unidad de convivencia, a los efectos de su valoración para la obtención de la prestación, se partirá de las cuantías de la base imponible general y del ahorro, reguladas en los artículos 48 y 49 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, correspondientes a las declaraciones presentadas por cada uno de los miembros de la unidad familiar, relativa al último período impositivo, con plazo de presentación vencido, en el momento de la solicitud de la prestación.

En la declaración del IRPF del ejercicio 2015, que es la que debe presentarse, estos importes son los que constan en las casillas 380 y 395, respectivamente.

d) La acreditación del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, en el caso de las personas con alguna discapacidad.

9.3 La Agencia de la Vivienda de Cataluña puede solicitar, directamente o a través de las entidades colaboradoras en la gestión de estas prestaciones, documentación complementaria para ampliar su conocimiento sobre la solicitud presentada.

-10 Cuantía de la prestación

10.1 La cuantía mensual de la prestación se determina por la diferencia entre el importe del alquiler que paga la persona arrendataria, alquiler concertado, y el importe que debería pagar, alquiler justo, de acuerdo con los conceptos definidos en el punto 6, letras b) y c).

10.2 Para determinar la cuantía de la prestación se tendrá en cuenta el importe del recibo de alquiler o de subarrendamiento correspondiente al mes anterior a la presentación de la solicitud. A estos efectos, se incluye en este importe el de la renta, sus atrasos, y los importes correspondientes a la repercusión de las obras de mejora, del impuesto de bienes inmuebles (IBI) y de la tasa por el servicio de recogida de basuras.

10.3 En caso de que la persona solicitante aporte, con posterioridad a la presentación de la solicitud y antes de dictarse la resolución, un nuevo contrato de arrendamiento o subarrendamiento, una adenda al contrato vigente o un pacto firmado entre las partes, siempre y cuando con la documentación aportada se cumplan los requisitos, se tendrá en cuenta, para el cálculo de la prestación, el importe del último recibo de alquiler pagado correspondiente al nuevo contrato, adenda o pacto.

10.4 El importe mensual de la prestación es de un máximo de 200 euros y de un mínimo de 20 euros, cuando el resultado de los cálculos que determinen el importe sea inferior a esta cantidad.

10.5 La prestación se reconoce:

a) Para las personas solicitantes titulares de contratos de alquiler o de subarrendamiento firmados entre el 1 de noviembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2016, por la cuantía correspondiente a todo el año 2017.

b) Para las personas solicitantes titulares de contratos de alquiler o de subarrendamiento firmados entre el 1 de enero de 2017 y la fecha en que termina el plazo de presentación de solicitudes, por la cuantía correspondiente a las mensualidades incluidas entre el mes posterior a la fecha de vigencia del contrato presentado en el momento de la solicitud y el mes de diciembre de 2017, incluido.

c) Para las personas solicitantes titulares de contratos de alquiler o de subarrendamiento de una vivienda que hayan sido beneficiarias de las prestaciones económicas de especial urgencia dirigidas a personas que han perdido la vivienda a consecuencia de un proceso de desahucio o de ejecución hipotecaria, reguladas en la Resolución TES/7/2016, de 4 de enero, por la cuantía correspondiente a las mensualidades que no hayan percibido del ejercicio 2017 y hasta el mes de diciembre de 2017, incluido.

d) En los casos en que se produzca alguna de las incompatibilidades previstas en el punto 11, la prestación se reconocerá para los meses a los que se tenga derecho que no sean coincidentes con otras ayudas o prestaciones reconocidas.

-11 Incompatibilidades

11.1 Estas prestaciones son incompatibles, para las mismas mensualidades del año en curso, con la percepción de las prestaciones económicas de especial urgencia para el pago del alquiler que establece el artículo 72.2.b) de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, y con otras ayudas procedentes de otras administraciones públicas u otras entidades que tengan la misma finalidad.

11.2 En el caso de que se produzca la coincidencia en el derecho a la percepción de las prestaciones de especial urgencia y de las prestaciones de esta convocatoria, la suma de ambas no podrá superar los 3.000 euros.

11.3 Estas prestaciones son incompatibles para las mismas mensualidades del mismo año con la percepción de la renta básica de emancipación de los jóvenes, que regula el Real decreto 1472/2007, de 2 de noviembre.

11.4 Estas prestaciones son incompatibles para las mismas mensualidades del mismo año con la percepción de las ayudas implícitas, que regula el artículo 11.1.c) del Decreto 75/2014, de 27 de mayo, del Plan para el derecho a la vivienda, destinadas a personas en riesgo de exclusión social, usuarias del parque de alquiler, propiedad o gestionado por la Generalidad de Cataluña.

11.5 También son incompatibles con las prestaciones para el pago del alquiler objeto de convocatorias del Consorcio de la Vivienda de Barcelona.

-12 Cálculo de los ingresos computables

La determinación de los ingresos computables para poder obtener la prestación se hará de acuerdo con los siguientes criterios:

a) No se incluye en este cómputo el importe de la prestación para el pago del alquiler percibido en la anualidad correspondiente, en su caso.

b) Tampoco se incluyen las ayudas recibidas por la persona solicitante o por cualquier miembro integrante de la unidad de convivencia, en aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

c) Se incluyen los importes de las pensiones y/o ingresos exentos de tributación que pueda percibir la persona solicitante o alguna persona miembro de la unidad de convivencia.

-13 Determinación del alquiler justo

13.1 Para determinar el alquiler justo, y al efecto de obtener una relación más justa entre los ingresos reales, la composición de la unidad de convivencia y la situación geográfica de la vivienda, los ingresos de la unidad de convivencia deben compararse con las tablas del indicador de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC), a fin de establecer la equivalencia con este índice ponderado.

13.2 Las tablas del IRSC son las que constan en el anexo y se pueden consultar en la web Trámites gencat, http://www.tramits.gencat.cat/es.

13.3 Si en una unidad de convivencia hay una o más personas afectadas por alguna discapacidad acreditada igual o superior al 33%, declarada por el Departamento de Trabajo, Bienestar Social y Familias, los ingresos de esta unidad deben compararse con los del siguiente tramo de las tablas del IRSC.

13.4 Una vez efectuada la comparación que determina el punto 13.1, si los ingresos resultantes son inferiores a 0,94 veces el IRSC, el alquiler justo, conforme se define en el punto 6.c), no debe exceder del 20% de los ingresos de la unidad de convivencia o del 30% de los ingresos, cuando están entre 0,94 y 1,5 veces el IRSC.

13.5 Para calcular el importe del alquiler justo, los ingresos de la unidad de convivencia deben multiplicarse, en función del número de miembros que la integren, por los coeficientes siguientes:

1 miembro: 1.

2 miembros: 0,93.

3 miembros: 0,83.

4 miembros: 0,77.

5 miembros o más: 0,70.

A fin de obtener el importe del alquiler justo, se aplicará el porcentaje del 20% o del 30%, en función de lo establecido en el punto 13.4, a la cantidad resultante.

-14 Criterios de valoración

14.1 Las prestaciones se conceden mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, de acuerdo con el orden de prelación que resulte de aplicar los criterios de valoración siguientes:

a) Personas solicitantes arrendatarias de una vivienda, o excepcionalmente de un contrato de subarrendamiento de vivienda, que hayan sido beneficiarias de las prestaciones económicas de especial urgencia dirigidas a personas que han perdido la vivienda a consecuencia de un proceso de desahucio o de ejecución hipotecaria, reguladas en la Resolución TES/7/2016, de 4 de enero.

b) Personas solicitantes titulares de arrendamientos o subarrendamientos de viviendas de alquiler, gestionadas por entidades sin ánimo de lucro.

c) Personas solicitantes titulares de un contrato de alquiler o, excepcionalmente, de un contrato de subarrendamiento de vivienda obtenidos a través de las bolsas de mediación para el alquiler social.

14.2 Para resolver situaciones de igualdad, después de la aplicación de los criterios de valoración anteriores, se dará prioridad al orden de entrada de la solicitud en el registro correspondiente, con la documentación completa.

-15 Instrucción, resolución y notificación

15.1 Las solicitudes se instruyen mediante las entidades colaboradoras a las que hace referencia el punto 18.

15.2 La competencia para resolver las solicitudes de estas prestaciones corresponde a la persona titular de la Dirección de Programas Sociales de Vivienda, en virtud de la Resolución GAH/380/2016, de 15 de febrero, de delegación de competencias.

15.3 La prestación se otorga para el año de la convocatoria. Sólo en el caso de que la persona beneficiaria mantenga las condiciones de elegibilidad, se podrá conceder la prórroga de la prestación para posteriores anualidades, siempre que la persona interesada lo solicite y lo permitan las dotaciones presupuestarias de cada ejercicio.

15.4 Las personas interesadas pueden entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo cuando hayan transcurrido tres meses desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes sin que se haya notificado la resolución.

15.5 La notificación de los actos de tramitación y resolutorios de estas prestaciones, de acuerdo con el artículo 58 de la Ley 26/2010, del 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, y los artículos 40 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se hará mediante la exposición de listas en los tablones de anuncios de las entidades colaboradoras en la gestión de las prestaciones, y también en el tablón de anuncios de las oficinas gestoras del expediente, en el Tablón electrónico de la Generalidad de Cataluña (e-Tauler) https://tauler.seu.cat/, y en la web de la Agencia de la Vivienda de Cataluña www.agenciahabitatge.cat.

15.6 Se entiende aceptada la concesión de la prestación por parte de las personas beneficiarias, si en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de la notificación, no han manifestado expresamente su renuncia.

15.7 Contra las resoluciones de concesión o denegación de estas prestaciones, que agotan la vía administrativa, puede interponerse un recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación, ante la persona titular de la presidencia de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, o un recurso contencioso administrativo, ante el órgano judicial que sea competente, en el plazo de dos meses.

-16 Publicidad

Debe darse publicidad, en el portal Transparencia gencat, de la información a que se refiere el artículo 15 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

-17 Justificación y pago de la prestación

17.1 El pago de la prestación queda condicionado a la disponibilidad de las dotaciones de esta convocatoria y al hecho de que la Agencia de la Vivienda de Cataluña tenga conocimiento de que la persona se halla al corriente del pago de los recibos de alquiler mediante la aportación de recibos, la información facilitada por las entidades financieras que colaboran en la gestión de estas prestaciones, o por otros medios.

17.2 Se justificará el pago de todos los recibos del ejercicio, como máximo hasta la finalización del período de presentación de solicitudes de la convocatoria del año siguiente.

17.3 De acuerdo con el artículo 72.7 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, y con el punto 8.1.e) de esta Resolución, el pago de la prestación debe hacerse mediante una entidad financiera.

17.4 Las prestaciones se pueden abonar directamente a la persona beneficiaria o, si se autoriza expresamente, a la que presta un servicio de tutela o mediación, a cuyo favor se ceda este derecho.

17.5 Las entidades financieras que han firmado un convenio con la Agencia de la Vivienda de Cataluña también pueden realizar el seguimiento y el control de los pagos de los recibos de alquiler. Esta colaboración puede ser ampliada a otras entidades que lo soliciten.

-18 Entidades colaboradoras

Son entidades colaboradoras de esta convocatoria las bolsas de alquiler de la Red de Mediación para el Alquiler Social y las administraciones o empresas públicas de ámbito local que suscriban un convenio de colaboración con la Agencia de la Vivienda de Cataluña, con la finalidad de facilitar los trámites de presentación y gestión de las solicitudes.

-19 Inspección y control

19.1 La Agencia de la Vivienda de Cataluña llevará a cabo las actividades de inspección y control necesarias para garantizar el cumplimiento de la finalidad de las prestaciones otorgadas.

19.2 Las personas perceptoras de esta prestación deben comunicar en el plazo máximo de un mes, a la Agencia de la Vivienda de Cataluña o a las entidades colaboradoras que participan en la gestión de esta prestación, cualquier hecho sobrevenido que, de acuerdo con lo establecido en esta Resolución, pueda dar lugar a la modificación de las circunstancias que determinaron su concesión. Las modificaciones de estas condiciones pueden dar lugar a la revisión de la cuantía de la prestación concedida por el órgano competente.

19.3 Las personas beneficiarias y las entidades colaboradoras deben proporcionar en todo momento la información que se les solicite con respecto a la prestación concedida y someterse a las actuaciones de comprobación de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, de la Intervención General de la Generalidad de Cataluña, de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña y de otros órganos competentes.

-20 Suspensión del derecho al cobro de las prestaciones y extinción

20.1 Son causas de suspensión automática del pago:

a) Tener tres recibos impagados de alquiler.

b) Dejar de pagar el alquiler por los sistemas previstos en el punto 8.1.f).

c) Dejar de atender injustificadamente dos requerimientos que el ente u órgano gestor haya llevado a cabo para comprobar la continuidad de los requisitos de acceso a la prestación concedida. Se entiende por requerimientos los que han sido notificados de acuerdo con los requisitos establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

d) Dejar de residir en Cataluña durante un periodo superior a tres meses.

e) Cualquier otra causa que la norma de creación determine.

20.2 Son causas de extinción automática de las prestaciones:

a) Que las causas de suspensión del apartado anterior se mantengan durante tres meses.

b) La muerte de la persona beneficiaria.

c) La renuncia expresa de la persona beneficiaria.

e) La desaparición de la situación de necesidad que ha motivado la concesión de la prestación.

f) El engaño en la acreditación de los requisitos.

g) Dejar de residir en Cataluña, con la suspensión previa de la prestación durante un período de tres meses.

20.3 Las personas perceptoras de la prestación, o los miembros de la unidad familiar o de la unidad de convivencia, están obligados a comunicar a la entidad gestora que se ha producido alguna de las causas de suspensión o de extinción indicadas en los apartados anteriores.

20.4 Las personas beneficiarias y, cuando corresponda, los miembros de la unidad familiar o de convivencia y, si procede, las entidades financieras deben reintegrar, por propia iniciativa o a requerimiento de la Administración, las cuantías aportadas en exceso en la cuenta de la persona beneficiaria a partir del mes siguiente a la fecha de extinción del derecho a la prestación. También deben reintegrar las cantidades indebidamente percibidas cuando se produzca una de las causas de la suspensión o extinción del pago de la prestación o cualquier otra causa admitida en derecho.

20.5 La resolución de declaración de extinción o la suspensión de la prestación por alguna de las causas mencionadas en los apartados anteriores, puede dar lugar al reintegro de las prestaciones otorgadas indebidamente, mediante el procedimiento de revocación.

-21 Revocación

Es causa de revocación de la resolución de concesión de la prestación el incumplimiento, por parte de las personas beneficiarias, de las obligaciones establecidas en esta Resolución y en el artículo 99 del Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre. El artículo 100 de dicha Ley prevé el procedimiento de revocación.

-22 Protección de datos de carácter personal

Los datos de carácter personal que las personas interesadas deben facilitar para obtener la prestación se incorporarán al fichero 'Ayudas sociales en materia de vivienda', de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, regulado en la Orden GAH/39/2016, de 23 de febrero, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda. La finalidad del fichero es la gestión de las solicitudes de ayudas y prestaciones en materia de vivienda.

De acuerdo con la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y el Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento que la desarrolla, los datos personales de las personas solicitantes serán tratados con la finalidad de gestionar y tramitar esta convocatoria, de acuerdo con los principios de seguridad y confidencialidad que la normativa establece.

Las personas interesadas podrán ejercitar sus derechos de acceso, de rectificación, de cancelación y de oposición con relación a sus datos personales. Con la presentación de la solicitud firmada, se considera que aceptan que la Agencia de la Vivienda de Cataluña trate sus datos.

-23 Régimen jurídico

Las prestaciones objeto de esta Resolución están sujetas al régimen fiscal aplicable a las aportaciones dinerarias, según lo previsto en el artículo 8 de la Ley 13/2006, de prestaciones sociales de carácter económico.

En lo no previsto expresamente en esta Resolución son de aplicación las disposiciones siguientes: el artículo 72 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda; el Decreto 75/2014, de 27 de mayo, del Plan para el derecho a la vivienda; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común; la Ley 26/2010, del 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña; el Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre y, de manera subsidiaria, la Ley 13/2006, de 27 de julio, de prestaciones sociales de carácter económico y la Ley 12/2007, de 11 de octubre, de servicios sociales; la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y la Ley de presupuestos de la Generalidad de Cataluña, aplicable al ejercicio presupuestario correspondiente.

-24 Producción de efectos

Esta Resolución producirá efectos a partir del día siguiente a la fecha de publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

De conformidad con el artículo 11 de la Ley 13/2009, de 22 de julio, de la Agencia de Vivienda de Cataluña, contra esta Resolución se puede interponer un recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes, de acuerdo con el artículo 77 de la Ley 26/2010, del 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, y los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o un recurso contencioso-administrativo, ante el órgano judicial que sea competente, según los criterios de distribución competencial previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998.

Barcelona, 27 de marzo de 2017

Carles Sala i Roca

Presidente

Anexo

Tablas del indicador de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC) aplicables a esta convocatoria

0,94

1 miembro

2 miembros

3 miembros

4 miembros

A

9.986,22

10.295,07

10.737,87

11.095,80

B

9.362,08

9.651,63

10.066,76

10.402,31

C

8.811,37

9.083,89

9.474,59

9.790,41

D

7.489,67

7.721,31

8.053,40

8.321,85

1,50

1 miembro

2 miembros

3 miembros

4 miembros

A

15.935,46

16.428,31

17.134,90

17.706,07

B

14.939,49

15.401,54

16.063,97

16.599,44

C

14.060,70

14.495,57

15.119,03

15.623,00

D

11.951,60

12.321,23

12.851,18

13.279,55

En el supuesto de que algún miembro de la unidad familiar o de convivencia esté afectado por alguna discapacidad, en las condiciones que establece la normativa del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), se aplicará el tramo siguiente de la composición familiar.

Vivienda
Alquiler de vivienda
Inclusión social
Vivienda e hipotecas
Ejecuciones hipotecarias
Familia
Víctimas de violencia de género
Empleo y contratación
Empleo
Atención social
Discapacidad
Seguridad Social
Policía nacional y local
Pago de Impuestos/Recibos
Igualdad
Seguridad
Empresa
Alquiler para jóvenes
Bienestar social
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Dependencia
Obras de rehabilitación
Emancipación juvenil
Exposiciones