Alegaciones a las medidas cautelares (procedimiento de inspección tributaria)

Atendiendo al art. 146 de la Ley General Tributaria (LGT), durante un procedimiento de inspección, se pueden aplicar medidas cautelares debidamente justificadas para evitar la desaparición, destrucción o alteración de pruebas relevantes para la existencia o cumplimiento de obligaciones tributarias. Estas medidas pueden incluir el precinto, depósito o incautación de mercancías, productos gravados, libros, registros, documentos, archivos, locales o equipos electrónicos que contengan información relevante.

Estas medidas cautelares deben ser proporcionadas y temporalmente limitadas a los fines mencionados, evitando causar un perjuicio difícil o imposible de reparar. Deben ser ratificadas por el órgano competente para liquidar en un plazo de 15 días desde su adopción y levantarse si desaparecen las circunstancias que las motivaron.

El artículo 181 del Real Decreto 1065/2007 establece que la adopción de medidas cautelares debe documentarse con una diligencia que incluya la medida tomada, un inventario de los bienes afectados y una breve explicación de las circunstancias y finalidad que llevaron a su adopción. El obligado tributario debe ser informado de su derecho a presentar alegaciones. Esta diligencia se realiza en el momento de la adopción, salvo imposibilidad, y se envía una copia al obligado tributario.

Cuando la medida consista en el depósito, se registra la identidad del depositario, su aceptación expresa y su advertencia sobre el deber de conservar los elementos depositados a disposición de la inspección, así como las posibles responsabilidades civiles o penales por incumplimiento.

En un plazo de cinco días a partir de la notificación de la medida cautelar, el obligado tributario puede presentar alegaciones al órgano competente para liquidar. Este órgano debe ratificar, modificar o levantar la medida en un plazo de 15 días desde su adopción, y el acuerdo debe comunicarse al obligado. Este acuerdo no es susceptible de recurso o reclamación económico-administrativa, aunque la procedencia de las medidas cautelares puede discutirse en recursos o reclamaciones contra la resolución final del procedimiento de inspección.